DR. PATCH ADAMS CONTRA LA PRIVATIZACION

Programa Buen Día, Canal 7. Entrevista de Edgar Silva al Dr. Patch Adams.

SALA CONSTITUCIONAL EN LA PICOTA

Intervención del Diputado José Merino del Río, en el plenario legislativo del día 25 de febrero de 2007, sobre el magistrado suplente de la Sala Constitucional que siendo beligerante en el debate público sobre el TLC, no se abstuvo, como correspondía, de participar en la consulta legislativa sobre el proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales.

MAGISTRADO DEL "SI AL TLC" DECIDE VOTACION SOBRE LEY UPOV

DIPUTADO MERINO CONSIDERA NULA LA SENTENCIA

La participación del magistrado suplente Federico Sosto López en el análisis de constitucionalidad del proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales, fue cuestionada por el Diputado José Merino del Río, por haber participado dicho juez activamente a favor del "Sí al TLC", durante la discusión pública de este Tratado.

El legislador del Frente Amplio citó como ejemplo de parcialidad el artículo "Más allá del TLC", publicado en La Nación del lunes 15 de enero del 2007, y firmado por el Licenciado Sosto López, en conjunto con los abogados Alan Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, todos miembros activos de la campaña del "Si", y uno de ellos asesor de la Casa Presidencial.

En el artículo mencionado el señor Sosto, junto a los otros autores, expresó públicamente opiniones favorables al TLC y muestra claramente su beligerancia, en un enfrentamiento abierto con académicos y profesionales vinculados a la Universidad de Costa Rica, en relación con aspectos como la "solución de controversias", las "medidas disconformes" y otros aspectos sustanciales del Tratado.

Según el Diputado Merino, el magistrado suplente debió abstenerse de participar como administrador de justicia para el conocimiento de este proyecto de ley y, en adelante, debe hacerlo en cualquier otro que sea parte de la llamada agenda de implementación del TLC.

Señaló Merino del Río que una de las causas de la "recusación", según el Código Procesal Civil es: "Haberse el recusado interesado, de algún modo, en el asunto, por la parte contraria, haberle dado consejos o haber externado opinión concreta a favor de ella".

De acuerdo con el Diputado Merino la participación del magistrado suplente en la evacuación de la consulta legislativa habiendo externado previamente opiniones favorables al TLC, permitiría solicitar la nulidad de la sentencia de la Sala Constitucional, en virtud de que en varios puntos consultados la votación quedó 4 a 3, siendo decisivo el voto del magistrado suplente Sosto López a favor de la mayoría.

Recordó finalmente el Diputado Merino otro artículo de La Nación titulado "Partidos se reparten elección de magistrados", del 29 de noviembre del 2005, donde se consigna que la elección del señor Federico Sosto fue recomendada por el Movimiento Libertario, y se lee que el entonces jefe de esta bancada, Carlos Herrera, admitió al periódico que es un "allegado a la fracción".

Comunicado de Prensa, 25 de febrero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

FRENTE AMPLIO LLAMA A FIRMAR CONTRA UPOV

El Diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, llama a intensificar la campaña de recolecta de firmas contra UPOV. Intervención en el plenario legislativo el día 18 de febrero de 2008.

NO HAY QUE ARRODILLARSE CUANDO SE DEFIENDE LA JUSTICIA

Frente Amplio se une a protesta cívica para 11 de febrero

El Diputado José Merino del Río anunció que el Partido Frente Amplio se une a todas las organizaciones cívicas, sociales y patrióticas que están convocando para manifestarse el próximo lunes 11 de febrero frente a la Asamblea Legislativa, “de manera pacífica pero firme”, para expresar la “solidaridad con ciudadanos que están siendo agredidos” y rechazar proyectos como el “supercombo” del ICE.

Indicó que se trata de proyectos que fueron rechazados por el pueblo en el año 2000 y los quieren imponer bajo el falso argumento de que forman parte de la “agenda de implementación”, cuando van más allá de lo comprometido en el TLC y “deben ser discutidos con toda la seriedad que merece el pueblo de Costa Rica y los intereses de la sociedad”.

Defendió el Diputado Merino el derecho a la protesta democrática, “sin miedo, con coraje, con firmeza, con talento”, fundamentada en los derechos que da la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo que invitó desde el Frente Amplio a participar “en los actos cívicos”.

“El Frente Amplio se une a esos actos cívicos desde su compromiso democrático, desde su respeto a la ciudadanía y con el deber de defender el derecho de nuestro pueblo a tener cada día mayor bienestar, una democracia más renovada y más profunda, a tener posibilidades de construir una nación donde quepamos todos y todas”, terminó diciendo el Diputado José Merino del Río.

ELIMINAN ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES

En una de las mega-mociones aprobadas por la "mayoría mecánica" del G-38 se eliminó el requisito del estudio de impacto ambiental, en el proceso de privatización de las bandas de telefonía celular. El Diputado José Merino del Río, denunció este abuso en el plenario de la Asamblea Legislativa el día 31 de enero de 2008.

RAZONES PARA OPONERSE AL TRATADO DE BUDAPEST

Intervención del Diputado José Merino del Río, en la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa del día 28 de enero de 2008, razonando la oposición del Partido Frente Amplio al Tratado de Budapest.

DIALOGO PARA “CURARNOS EN SALUD”

El Diputado José Merino del Río saludó la apertura de conversaciones entre las fracciones parlamentarias, con el fin de discutir una moción que sirve para proteger el derecho de acceso a los medicamentos de la población costarricense.

Según Merino del Río esta iniciativa presentada en la discusión de las reformas a la Ley de Patentes que se discute en el Expediente 16.118, “no entra en contradicción con las obligaciones del país en el TLC, y rechazarla es una clara demostración de las presiones que ejercen las compañías farmacéuticas para ir más allá del Tratado, con el fin de conseguir condiciones más favorables para sus intereses”.

El Diputado del Frente Amplio explica que lo que se pretende “es establecer que las licencias obligatorias también aplican sobre la obligación de exclusividad de datos de prueba. Es decir, que cuando el Estado determine la necesidad de aplicar una licencia obligatoria quede claro que ésta también aplica sobre los datos de prueba, de manera que la entidad que reciba la licencia pueda utilizar estos datos de prueba para fabricar rápidamente los medicamentos que son objeto de la licencia. Se trata de corregir una laguna existente, ya que la Ley vigente omite esta aclaración”.

El Capítulo 15 del TLC le impone al Estado costarricense la obligación denominada “exclusividad de datos de prueba”. Los datos de prueba son la información relativa a ensayos clínicos y otras datos que una compañía farmacéutica debe presentar ante las autoridades sanitarias, a fin de demostrar la seguridad y eficacia de un nuevo medicamento y obtener su registro y la autorización para su comercialización.

El interés en restringir el acceso a esta información radica en que usualmente los fabricantes de genéricos se apoyan en ella para obtener la autorización para comercializar sus productos. De no poder acceder, se verían obligados a realizar nuevos ensayos para demostrar la seguridad y eficacia del medicamento genérico, lo cual, además de tener altos costos, plantea cuestionamientos éticos.

El artículo 15.10.1 del tratado, crea un periodo de exclusividad de cinco años sobre los datos de prueba, utilizados para obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos. Esta exclusividad consiste en que, durante ese periodo, ninguna persona podrá utilizar esos datos si no cuenta con la autorización de la compañía farmacéutica que originalmente presentó la información.

“Ahora, debe quedar claro que este derecho de exclusividad es independiente de las patentes, por lo que nada impide que se aplique aún cuando éstas no se encuentren vigentes. En tal caso, puede constituirse en una barrera importante a la producción y comercialización de medicamentos genéricos, pues por una vía distinta obtiene un efecto similar a las patentes: impedir o retrasar la entrada de competencia al mercado”, siguió explicando el parlamentario.


Agregó el Diputado Merino que: “Existen muchas inquietudes en relación con las implicaciones que esta obligación podría acarrear para el derecho humano a la salud. Una de las principales, es la forma en que podría afectar la aplicación de licencias obligatorias por parte del Estado durante su plazo de vigencia”.

Hoy en día, las licencias obligatorias por motivos de utilidad pública, están reguladas en el artículo 20 de la Ley de Patentes y son la principal herramienta con que cuenta el Estado para evitar que la protección excesiva de las patentes se convierta en una barrera infranqueable, que impida la satisfacción de otros derechos de la población como el derecho humano a la salud. A través de este mecanismo los Gobiernos pueden dejar temporalmente sin efecto una patente y autorizar a terceros la fabricación, importación y comercialización de medicamentos genéricos por razones de interés público.

El problema que se presenta, afirma el Diputado Merino, “es que la legislación vigente no contempla excepción alguna a la obligación de dar exclusividad a los datos de prueba en el caso de licencias obligatorias. Contempla la obligación de romper la exclusividad de la patente, pero no respecto a la exclusividad de datos de prueba, que es una obligación independiente del estado de la patente”.

Como consecuencia de tal omisión, puede ocurrir que aunque el Estado emita una licencia obligatoria para dejar sin efecto las patentes que pesen sobre un determinado medicamento, la exclusividad de los datos de prueba continúe rigiendo si esa licencia se emite dentro del plazo de cinco años. De pasar esto, el titular de la licencia se vería imposibilitado de utilizar los datos de prueba, a fin de obtener de manera expedita el permiso para la comercialización del genérico.

“Las implicaciones de esta posible restricción son gravísimas. El peligro es real. Cinco años es un plazo largo cuando está en juego la salud humana. En ese lapso pueden presentarse epidemias, crisis sanitarias u otras situaciones apremiantes que justifiquen la aplicación de licencias obligatorias. Es mejor curarnos en salud”, terminó diciendo el Diputado del Frente Amplio.

Comunicado de Prensa, 25 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

PROYECTOS DEL ICE: MAS ALLA DEL TLC

Intervención del Diputado José Merino del Río, en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, del día 22 de enero de 2008.

DIPUTADO MERINO RECHAZA TERRORISMO VERBAL DEL PRESIDENTE ARIAS

“Inadmisibles y vergonzosos” son los términos utilizados por el Presidente de la República, Oscar Arias, para referirse a la oposición parlamentaria, considera el Diputado José Merino del Río.

En el plenario legislativo el representante del Frente Amplio manifestó que no recuerda que nunca en la vida política del país, un mandatario haya calificado a una oposición parlamentaria de terrorista, por hacer uso de los instrumentos que les da el régimen democrático,

“Me parece sumamente grave, muy preocupante, que el señor Presidente de la República califique de terrorismo parlamentario el derecho constitucional de un diputado a defender tantas mociones, como considere necesarias y le permita el Reglamento de la Asamblea Legislativa”, dijo Merino del Río.

“Es absolutamente inadmisible, viniendo de un presidente de la República, que, además, exhibe el título de Premio Nobel de la Paz, que use un lenguaje de una violencia inusitada en la vida política del país”, continuó diciendo.

“El presidente Arias ofende al Parlamento, no solamente a los diecinueve diputados que nos estamos oponiendo a esta Agenda de implementación, sino también a la institucionalidad democrática del país, usando un lenguaje que no debía ser válido en nuestra democracia y mucho menos en la relación del Poder Ejecutivo con otro poder independiente de la República, como es la Asamblea Legislativa”, argumentó el Diputado Merino.

El parlamentario aseveró que no acepta ese lenguaje del señor Arias y concluyó manifestándole al Presidente que “Si usted cree que al Frente Amplio y al diputado José Merino, usted le pueda amedrentar acusándole de que está practicando terrorismo parlamentario, se equivoca. Se equivoca si cree que se puede continuar con la campaña del miedo, aplicando el estilo de un memorándum que deshonra la historia republicana de Costa Rica”.

Comunicado de Prensa, 18 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

DOCE RAZONES DEL FRENTE AMPLIO PARA OPONERSE A UPOV

(LA LEY DE OBTENCIONES VEGETALES Y EL CONVENIO UPOV-91)

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

1. La UPOV niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio. A nivel particular, se cercena el derecho a guardar semilla para la siembra e intercambiarla libremente. Donde se ha aplicado ocasiona que pequeños agricultores y campesinos sean obligados a cancelar sumas millonarias a poderosas compañías transnacionales para poder hacer uso de las semillas de sus propias cosechas en cada nuevo cultivo, aún cuando inicialmente ya hubieran pagado por las primeras semillas. Lo anterior es posible, porque las patentes sobre plantas otorgan derechos monopólicos sobre el material vegetativo –incluida su capacidad reproductiva-, que restringen el derecho milenario de quienes cultivan la tierra a reutilizar, sembrar, fitomejorar, intercambiar y vender libremente el producto de su trabajo. Incluso se han presentado casos en países como Canadá y Estados Unidos de agricultores que han sido condenados a pagarle a compañías transnacionales porque en sus parcelas aparecieron rastros de variedades patentadas que no fueron sembradas por ellos, sino que fueron traídas por medios naturales. En sentido amplio, la UPOV no reconoce ni apoya los derechos a la biodiversidad inherentes a las comunidades, ni su derecho a un espacio para la innovación.

2. Las compañías del norte se adueñan de los sistemas nacionales de mejora vegetal en el Sur. En el régimen de la UPOV no hay implícito un código de transferencia de tecnología, a no ser que se quiera llamar así a la realidad pura y dura de que las compañías transnacionales pueden comercializar sus variedades en el Sur amparadas por una normativa hecha a la medida de sus ambiciones globales. Los fitomejoradores nacionales y las casas de semillas locales son compradas por las compañías extranjeras.

3. Las compañías del norte adquieren la biodiversidad del Sur en propiedad, sin obligación alguna de compartir los beneficios. A diferencia del Convenio de Diversidad Biológica (con nada menos que 170 estados miembros) la UPOV no incluye disposición alguna para que los beneficios de la explotación de la biodiversidad del Sur por parte del Norte sean compartidos. Los agricultores del Sur terminan por tener que pagar regalías por su propio material genético, manipulado en el Norte y presentado en un nuevo envoltorio. De esta forma, el Norte obtiene un control comercial completo sobre la biodiversidad y los conocimientos de las comunidades, y sobre los esfuerzos que han contribuído a su existencia.

4. Los criterios de “protección” de obtenciones de la UPOV promueven y favorecen la erosión de la biodiversidad. Esto es tremendamente peligroso, especialmente para los países pobres. La mayor vulnerabilidad de los cultivos suele compensarse a base de más productos químicos o de ingeniería genética, que los agricultores no pueden permitirse. La uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria.

5. La privatización de los recursos genéticos afecta negativamente a la investigación. Estudios sobre sus repercusiones realizados en EEUU y en otros lugares demuestran una correlación clara entre la aplicación de patentes sobre plantas y sistemas similares como UPOV y una disminución del intercambio de información y de germoplasma. Además, la normativa de la UPOV sobre variedades “esencialmente derivadas” desincentiva a los investigadores, dado que las transnacionales pueden intimidarles con amenazas de acusarles de plagio.

6. Los avances conseguidos para amparar la biodiversidad en sistemas de acceso negociado - como determina el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y la FAO - son socavados por la UPOV. La legislación sobre derechos de obtentor concede propiedad privada sobre recursos regidos por la soberanía nacional y, ciertamente, por la soberanía de las comunidades. El CDB, requiere que se compartan beneficios, mientras que la UPOV no contempla medida alguna en este sentido.

7. UPOV permite la apropiación privada del conocimiento tradicional y las variedades criollas de las comunidades locales indígenas y campesinas. El Convenio y su Ley no contienen medidas eficaces para evitar la biopiratería sobre el conocimiento tradicional y nuestra biodiversidad. Se permite patentar variedades “descubiertas y puestas a punto”. Los conceptos de variedad “nueva” y “distinta” son totalmente ambiguos y dejan grandes portillos para legitimar la apropiación de las variedades locales.

8. La adhesión a la UPOV supone ingresar -como parte- a un sistema que apoya cada vez más los derechos de los obtentores industriales en detrimento de los agricultores y de las comunidades. Las sucesivas revisiones de la UPOV vienen ampliando los derechos de los obtentores y debilitando los derechos de los agricultores y el interés público. Los países en desarrollo se verán obligados a secundar esta tendencia.

9. El grueso de los beneficios irá a parar al Norte. La UPOV ha sido diseñado para facilitar monopolios a las compañías dedicadas a mejora vegetal. Casi toda la mejora está destinada a los mercados internacionales. A pesar de 35 años de existencia de la Revolución Verde y la UPOV, la inseguridad alimentaria del Sur no ha sido eliminada. La incorporación a un sistema sesgado como la UPOV asegurará una mayor integración del Sur en mercados controlados por el Norte, pero no en beneficio de los que todavía hoy padecen hambre.

10. UPOV no es un requisito para cumplir con los Acuerdo de la OMC (ADPIC). Quienes afirman tal cosa mienten. Este acuerdo da un margen importante de flexibilidad a los países para adoptar sistemas alternativos o sui géneris realmente distintos a las patentes. Además, las obligaciones sobre este tema están en constante revisión en la OMC y pueden ser eliminadas antes de que los países en desarrollo hayan tenido que aplicarla.

11. La ley de UPOV impone sanciones brutales y desproporcionadas contra los agricultores que utilicen las semillas patentadas. Tras de que legaliza el despojo a nuestros agricultores de sus derechos milenarios, obliga al Estado a castigarlos si no aceptan ese despojo. La Ley de Obtenciones impone fuertes multas en dinero a los agricultores que usen las semillas producidas en su finca sin pagar por el permiso de las trasnacionales. Incluso se les puede decomisar los frutos de su producción y prohibirles exportar. Estos castigos se pueden aplicar como medidas cautelares, es decir, antes de que se demuestre en juicio la existencia de una infracción a la Ley. Se llega al extremo de autorizar la destrucción de los productos decomisados, no importa que se trate de alimentos.

12. UPOV nunca fue consultado a las comunidades indígenas de Costa Rica, violando el Convenio 169 de la OIT. UPOV contiene normas que afectan sensiblemente los derechos conferidos por la legislación nacional e internacional a los pueblos indígenas, en particular en relación con el acceso, uso y disfrute de la biodiversidad, las plantas, las semillas y los recursos naturales ubicados en los territorios que habitan y el conocimiento tradicional asociado a los mismos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Instrumento Internacional de Derechos Humanos, aprobado por Costa Rica mediante la Ley No. 7316, establece que este tipo de proyectos son de consulta obligatoria a las comunidades indígenas. Sin embargo, la Asamblea Legislativa ha ignorado sistemáticamente la gran cantidad de peticiones que estas comunidades han hecho para que respete el Convenio 169 de la OIT.

OTRO REGALO A LAS TRANSNACIONALES

APRUEBAN MOCIÓN PARA DARLE A LAS FARMACÉUTICAS UN AÑO MÁS DE DURACIÓN DE SUS PATENTES EN COSTA RICA

-Otro cambio que NO es exigido por el TLC ni por algún otro tratado internacional

-En perjuicio del derecho de acceso a los medicamentos del pueblo costarricense

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

El día miércoles 9 de enero la Comisión Plena Segunda de la Asamblea Legislativa que conoce el proyecto de la agenda implementación del TLC Nº 16.118 que reforma la Ley de Marcas y la Ley de Patentes, introdujo otro cambio que va mucho más allá de los compromisos contenidos en dicho Tratado.

Esta vez se trata de una moción sumamente preocupante que modificó sustancialmente el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Patentes vigente, que establece el plazo de duración de las patentes en nuestro país (veinte años) y el momento a partir del cual se empieza a computar este plazo.

Dice el texto actual: “Artículo 17.- Duración de la protección de la patente. La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen.”

El cambio aprobado establece que el plazo de 20 años no empieza a correr a partir del momento en que se presenta la primera solicitud de protección en su país de origen.

Ahora este plazo correrá a partir de que se presente la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, cuando las patentes sean tramitadas con base en el Convenio de Paris o a partir de la presentación de la solicitud internacional cuando el trámite de la patente sea con base en el Tratado de Cooperación en Patentes (PCT por sus siglas en inglés).

Quiero advertir a las y los costarricenses que este cambio puede significar REGALARLE AL MENOS UN AÑO MÁS DE DURACIÓN DE LAS PATENTES A LAS TRASNACIONALES FARMACÉUTICAS. ASÍ COMO SUENA, UN AÑO ADICIONAL GRATIS QUE ESTAS EMPRESAS SE GANARÍAN CON LA APROBACIÓN DE ESTA MOCIÓN. UN AÑO MÁS QUE ALARGARÍA LA DURACIÓN DE LAS PATENTES EN COSTA RICA.

¿Por qué ocurre esto? Porque en ambos casos los cambios que se proponen implican que el plazo de 20 años de duración de las patentes empezaría a correr más tarde.

Tanto la presentación en el Registro de Propiedad Industrial como la presentación de una solicitud internacional con base en el PCT son actos que usualmente ocurren después de las presentación de la solicitud de patente en su país de origen. Por lo tanto el plazo de 20 años empezaría a correr más tarde en Costa Rica, alargando la duración de la patente.

Por eso nuestra Ley de Patentes reformada en el 2000 sabiamente estableció que el plazo de 20 años correría a partir de la primera solicitud en el país de origen. Con esto se asegura que dicho plazo corra más rápido.

Por el contrario, el artículo 4.C del Convenio de Paris dice que quienes presenten una solicitud de patente en un país (país de origen) tienen un plazo de hasta doce meses para presentar esa misma solicitud en los demás países. Por eso, con la reforma propuesta se les estaría regalando hasta un año de protección. Hoy en día los 20 años corren a partir de la presentación en el país de origen. Con la moción propuesta los 20 años correrían a partir de la presentación en Costa Rica y esto podría ocurrir DOCE MESES DESPUÉS. Así, gratuitamente, se ganarían un año de protección en Costa Rica.

Por ejemplo, si la primera solicitud de una patente farmacéutica es presentada en su país de origen el 1 de febrero de 2008, nuestra Ley vigente dice que en Costa Rica el plazo de 20 años de la patente se computará a partir de esa fecha. Con la moción aprobada, los 20 años podrían empezar a contarse en Costa Rica a partir del 1 de febrero de 2009, que es la fecha límite que los solicitantes tendrían para presentar la solicitud en el país, manteniendo el derecho de prioridad.

Algo similar ocurre con las solicitudes internacionales presentadas con base en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Es importante destacar que EN NINGUNA PARTE DEL TLC SE LE EXIGE A COSTA RICA VARIAR ESTA NORMA. NO HAY DISPOSICIÓN ALGUNA EN DICHO TRATADO QUE NOS OBLIGUE A MODIFICAR LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL EMPIEZA A REGIR EL PLAZO DE 20 AÑOS DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES. Tampoco en la versión original de este proyecto se pretendía modificarla.

El TLC obliga a ampliar el plazo de las patentes por atrasos en su otorgamiento, pero no hay norma alguna que nos obligue a cambiar la norma vigente sobre el momento a partir del cual se cuentan los 20 años.

Además esta norma no ha sido cuestionada ni impugnada en la OMC, ni en ningún otro foro internacional. No hay ninguna demanda internacional o cuestionamiento planteado contra Costa Rica por la disposición vigente que dice que el plazo de 20 años corre a partir de la presentación de la solicitud en el país de origen.

Es importante reiterar que ni el TLC, ni otros Tratados, nos obligan a modificar lo establecido en el artículo 17 de nuestra Ley de Patentes.

Tampoco el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la OMC nos obliga a modificar esta norma. Ese Tratado dice que las patentes tendrán una duración de 20 años. Pero en ninguna parte dice que ese plazo debe computarse obligatoriamente a partir de la presentación de la solicitud en Costa Rica o a partir de la presentación de la solicitud internacional con base en el PCT.

El ADPIC le da flexibilidad a los países para definir este tema y por eso la OMC avaló nuestra Ley de patentes, reformada en el 2000, precisamente para cumplir con dicho Tratado. Repito: en esa oportunidad la OMC avaló nuestra Ley de Patentes y nadie cuestionó el artículo 17 vigente.

¿Cuáles son entonces los intereses que están detrás de esta norma? Una vez más forma de descarada y grosera se favorece a las transnacionales farmacéuticas, regalándoles al menos un año de protección.

El pueblo de Costa Rica debe conocer esta lamentable decisión de la “mayoría mecánica”. Debe saber lo que quieren hacer con este proyecto, donde una vez más tratan de meter por la cocina normas que ni siquiera son exigidas por el TLC.

IMPIDEN ACCESO UNIVERSAL REAL A TELECOMUNICACIONES

Varias propuestas del Diputado José Merino del Río para discutir mociones que aseguren el “acceso universal” en telecomunicaciones para todos los costarricenses, no fueron admitidas por el plenario legislativo en la discusión del proyecto para la apertura de las telecomunicaciones y el desmantelamiento del ICE.

El proyecto de ley del gobierno incluye varias declaraciones de buenas intenciones en materia de “acceso universal”, pero no asegura recursos para que el ICE o la ARESEP puedan convertirlas en realidad, de acuerdo con lo manifestado por el legislador del Frente Amplio.

El Diputado Merino propuso que en la ley quedara establecido que el Estado aportará los recursos para el establecimiento de centros de acceso gratuito a internet de banda ancha en las comunidades rurales y urbanas más pobres, y en particular, en albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas.

Igualmente Merino del Río defendió, frente a la oposición de la “mayoría mecánica”, una moción para que el Estado brinde los recursos necesarios para que se garantice acceso gratuito a internet de banda ancha a los hospitales, clínicas, y demás centros de salud comunitaria.

Otra iniciativa del Diputado José Merino solicitaba ampliar el acceso de banda ancha a todas las escuelas y colegios públicos, y no únicamente a aquellos que sean parte de los programas informáticos del Ministerio de Educación Pública, con lo que se lesiona el derecho humano a la educación.

A la par de lo anterior el parlamentario frenteamplista presentó una iniciativa que fue rechazada, para permitirle al ICE los “subsidios cruzados”, un instrumento indispensable para cumplir con los principios de universalidad y solidaridad.

La negativa a discutir estas mociones según el Diputado Merino, es una forma de mostrar los verdaderos propósitos de este proyecto de ley, que en lo fundamental se propone desmantelar el ICE, impide más allá de las declaraciones cumplir con el “acceso universal” de los costarricenses a las telecomunicaciones, y lesiona derechos humanos fundamentales a la educación y la salud.

Comunicado de prensa, 9 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

RECHAZAN AUMENTAR IMPUESTO PARA EMPRESAS DE RADIO Y TELEVISION

Una propuesta del Diputado José Merino del Río para conocer una moción que permita aumentar el impuesto a las empresas de radio y televisión, a un monto equivalente a un 2% del ingreso bruto, fue rechazada en el plenario legislativo.

Actualmente la Ley de Radio del año 1954 establece un impuesto a las empresas de radio y televisión con sumas que van desde los 1.000 hasta los 3.000 colones por año.

El representante del Frente Amplio dijo en su intervención que la Ley de Radio “permite que estaciones de radiodifusión y de televisión, usufructuando un bien público, tengan ganancias multimillonarias, algunas de ellas pagándole al Estado, sumas ridículas”.

Según el Diputado Merino: “La importancia de que las empresas de televisión y de radio paguen un impuesto justo, es fundamental para el país, pues no es posible que sigan teniendo utilidades desproporcionadas, sin contribuir adecuadamente por el uso del espectro radioeléctrico, al menos, con un porcentaje mínimo de sus ingresos”.

Recordó Merino que en una mega-moción, y contrario al texto del TLC, se incluyó la derogatoria del artículo 3 de la Ley de Radio, permitiendo de esa manera que empresarios extranjeros puedan ser dueños hasta del 100% de las radios y televisoras en el país.

Para el Diputado Merino estaríamos frente a una situación donde “Por un lado el gobierno de los hermanos Arias quiere permitir que grandes grupos extranjeros de la comunicación se apropien de los medios locales y, por otro, asegurarles prácticamente de regalo el uso del espectro radioeléctrico”, indicó el Diputado Merino.

Otras iniciativas con intención similar de las diputadas Zamora y Fonseca y de los diputados Rojas y Solís, todos del PAC, también fueron rechazadas por la “mayoría mecánica”.

Comunicado de Prensa, 8 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

FRENTE AMPLIO SE SOLIDARIZA CON COOPERATIVISTAS

El Diputado José Merino del Río manifestó en la Asamblea Legislativa su solidaridad con los trabajadores de COOPESA, R.L. y sus 950 familias, frente a la intención del gobierno de desplazar a esta empresa social hacia Liberia y entregar los servicios que brinda en Alajuela a una empresa extranjera.

Para el legislador del Frente Amplio se trata de una propuesta que tiene el objetivo de cerrar COOPESA, R.L., ya que es imposible que esta organización autogestionaria logre movilizar miles de personas que viven, estudian y trabajan en la Meseta Central, hasta 300 kilómetros de distancia.

Según el Diputado Merino: “Los hermanos Arias quieren trasladar las instalaciones de esta cooperativa, con 44 años de existencia y cientos de trabajadores, desde el Aeropuerto Juan Santamaría hasta Liberia, para abrirle paso a una transnacional”.

El legislador del Frente Amplio dijo que esta es una muestra más de las negociaciones empresariales ocultas detrás de la firma del TLC y otros acuerdos de inversión y comercio.

“Las transnacionales y sus socios locales se disponen, con el apoyo del gobierno, a profundizar de manera acelerada el proceso de desplazamiento y quiebra del empresariado nacional”, sostiene Merino del Río.

Señaló que en este caso incluso el gobierno quiere saltarse mecanismos de negociación acordados con COOPESA, respaldados por la ley, y que tienen vigencia hasta el año 2014.

“Al parecer la desesperación de los hermanos Arias es por concretar lo más rápidamente posible un negocio con determinada transnacional, y han recurrido a la Sala Constitucional con el fin de que no se les salga de las manos antes de finalizar la actual administración”, agregó finalmente el Diputado Merino.

Comunicado de Prensa, 7 de enero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

DESCONOCEN MOCIONES DE DIPUTADO MERINO EN COMISION DE TELECOMUNICACIONES

El Diputado José Merino del Río presentó una moción para reenviar a la Comisión Dictaminadora el proyecto de "Ley General de Telecomunicaciones", expediente 16.398, con el fin de que se conozcan tres mociones presentadas por él y una del Diputado Oscar López, que no fueron conocidas y a las que simplemente se les colocó el sello de "rechazadas".

Dicha moción fue rechazada por 23 legisladores presentes, mientras 15 la votaron a favor. Sin embargo el Presidente del Directorio, Francisco Antonio Pacheco anunció una investigación en forma independiente del resultado de la votación.

Según el legislador del Frente Amplio se trata de subsanar un "vicio sustancial del procedimiento" ya que, después de revisar la grabación de la sesión de la Comisión Especial, pudo constatar que las mociones no fueron anunciadas, ni discutidas, ni votadas, a pesar de lo cual aparecieron en el acta que se coloca en el Sistema de Información Legislativa (SIL).

Para el Diputado Merino se trata de un asunto grave, ya que hubo dos alteraciones del Acta de la sesión extraordinaria 91 del 12 de diciembre de 2007, primero al incluir el texto de unas mociones que de acuerdo a la grabación no se llegaron a discutir y a las que, después en una segunda versión, se les puso al final el texto "rechazada", con excepción de una de ellas.

El parlamentario solicitó que el proyecto de ley sea devuelto a Comisión por dos días, para que se conozcan las mociones que se excluyeron y también para que se inicie de inmediato un procedimiento que permita establecer quién y por qué altero el documento público.

Con anterioridad el Diputado Merino del Río había presentado una moción con intención similar, que fue rechazada en el plenario legislativo al argumentar el presidente de la Comisión que las mociones del representante del Frente Amplio estaban incluidas en el acta indicando "no solamente la votación, cuántos a favor, cuántos en contra, por qué se rechazó".

Lo anterior sin embargo no consta ni en el acta escrita ni en la grabación sonora de la sesión, por lo que corresponde, insistió el Diputado Merino, es devolver el proyecto a la Comisión, con el fin de que las mociones sean tramitadas.

Comunicado de Prensa, 20 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

MAS ALLA DEL TLC

Eliminan requisito de la Ley de Radio que exige mínimode capital nacional para empresas que exploten servicios inalámbricos

Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

-Cambio introducido a última hora en proyecto de Ley de Telecomunicaciones
-Otra reforma que no es requerida por el TLC para favorecer a grupos trasnacionales.
-Siguen usando las leyes de implementación para “meter goles”, que van mucho más allá de lo exigido por el tratado.

En el artículo 83 del proyecto de Ley de Telecomunicaciones (expediente Nº 16.398) introdujeron reforma para derogar el artículo 3 de la Ley de Radio, Nº 1758 que actualmente dice:

“Artículo 3º.- El establecimiento, manejo y explotación de empresas de servicios inalámbricos, que hagan negocio con sus trasmisiones, sólo podrán permitirse a ciudadanos costarricenses, o compañías cuyo capital en no menos de un 65% (sesenta y cinco por ciento) pertenezca a costarricenses. El establecimiento y funcionamiento de estaciones de radioaficionados no estará sometido a la indicada restricción, pero no se concederá derecho al extranjero con residencia en Costa Rica, en cuyo país de origen no se conceda el mismo a ciudadanos costarricenses. El Estado ejercerá la vigilancia y control de todas las instalaciones de servicios inalámbricos.”

Esta modificación la pretenden imponer, a pesar de que NO ES UN CAMBIO EXIGIDO POR EL TLC. Por el contrario, en dicho Tratado Costa Rica reservó expresamente su facultad de mantener la norma citada tal y como consta en el Anexo I de Medidas Disconformes, Lista de Costa Rica (páginas 585 y 586 del texto publicado en La Gaceta)

Es decir, una vez más pretenden usar la agenda de implementación del TLC como “caballo de Troya” para imponer cambios a nuestra legislación que ni siquiera son requeridos por el Tratado y que, más bien, fueron excluidos expresamente durante las negociaciones.

¿Quién se beneficia con la derogatoria del artículo 3 de la Ley de Radio? Esta reforma solo puede beneficiar a los grupos económicos trasnacionales que tienen intereses en empresas de servicios de radio difusión y televisión, ya que se eliminaría el requisito vigente en la actualidad de contar un mínimo de 65% de capital nacional.

Se consolidaría así el proceso de trasnacionalización de estas importantes actividades, favoreciendo el desplazamiento de las empresas nacionales.

Nos preguntamos si esta reforma será el motivo por el cual algunas empresas de radio y televisión apoyaron de forma tan ferviente el TLC durante la campaña del referéndum del 7 de octubre, aún contra los principios más elementales de la ética periodística y nuestra legislación electoral.

Es importante agregar que sobre la norma que pretenden derogar, la Sala Constitucional ha manifestado: “de conformidad con lo que dispone el numeral 121 inciso 14) de la Constitución Política, que impide la enajenación de diversos bienes estatales, entre ellos los servicios inalámbricos, las normas impugnadas no resultan inconstitucionales per se, ya que el mismo constituyente estableció un régimen diferenciado de tutela de tales derechos a favor de la colectividad, impidiendo su salida definitiva del patrimonio público y permitiendo apenas su uso por parte de terceros mediante los mecanismos de concesión especial otorgada de acuerdo con la Ley.”

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONFIRMA DENUNCIAS DE DIPUTADO MERINO

Proyecto de ley deberá volver al Plenario

La Corte Suprema de Justicia confirmó las denuncias del Diputado José Merino del Río en relación con las reformas que se pretendían introducir al proyecto de reformas a la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, al entregar a la Asamblea Legislativa su opinión sobre este texto.

De acuerdo con el Diputado Merino estas reformas que aprobó la “mayoría mecánica” en Comisión Plena, no solo iban más allá de lo que exige el TLC, “sino que respondían a exigencias que las grandes transnacionales hicieron con la mediación de agencias del gobierno de los Estados Unidos, y que fueron tramitadas en Costa Rica a través de los ministerios de Comercio Exterior y de Justicia”.

La Corte Suprema de Justicia en su comunicación a la Asamblea Legislativa cuestiona todos los aspectos previamente denunciados por el legislador del Frente Amplio. Indican que las sanciones carcelarias no respetan las reglas de “razonabilidad y proporcionalidad”, impidiendo que los personas condenadas puedan acceder al beneficio de la ejecución condicional de la pena.

También critican los magistrados la doble sanción con penas de cárcel y multas al mismo tiempo lo que supone una duplicidad en los procesos judiciales, así como los cambios confusos y ambiguos al “principio de lesividad”, que tal y como había manifestado el Diputado Merino podrían conducir a la cárcel a un estudiante o profesor por el hecho de hacer unas fotocopias de un libro.

Merino del Río dijo que se ha demostrado que “a través de la denuncia pública y el control político en el parlamento junto a la presión social, se puede impedir que los poderes transnacionales y sus socios locales, vayan más allá de lo que el TLC manda en el trámite de las leyes de implementación, o intentar moderar su impacto negativo para las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías”.

“El Frente Amplio no ha negociado nada con el Gobierno ni con su representación parlamentaria, sin embargo han tenido que reconocer los excesos en los proyectos de propiedad intelectual que ahora ratifica la Corte Suprema de Justicia, la falta de una página clave en el Tratado de Marcas, o ceder ante la pretensión de privatizar la telefonía fija o de quitarle al ICE la representación en el tratado eléctrico centroamericano”, agregó el parlamentario.

En relación con el procedimiento el Diputado José Merino considera que “ahora el proyecto de ley tendrá que volver al Plenario Legislativo para corregir su redacción porque las objeciones de la Corte se refieren a aspectos que afectan el funcionamiento del Poder Judicial lo que, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, califica su votación. Esta situación hace que el proyecto no pueda ser delegado a una Comisión Plena donde solo hay 19 diputados, ya que como lo ha dicho la Sala Constitucional en estos casos los proyectos objetados por la Corte deben ser conocidos por el Plenario Legislativo” y terminó diciendo que "Un proyecto con implicaciones tan serias para el país no puede ser tramitado en una Comisión Plena".

Comunicado de Prensa, 20 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

FRENTE AMPLIO EN TODO EL PAIS

El Diputado José Merino del Río, en su condición de presidente del Comité Ejecutivo del Frente Amplio, anunció el inicio del proceso de inscripción de esta agrupación política a nivel nacional.

El Frente Amplio participó por vez primera en los comicios de febrero de 2006 como partido provincial en San José, y ahora prepara para inicios del 2008 la asamblea general que acordará su transformación en partido nacional.

“Después de veinte meses de gestión parlamentaria y política de resistencia frente a las políticas neoliberales, el Frente Amplio ya es un referente nacional y lo que falta es dar todos los pasos para adquirir la legalidad institucional durante el próximo año 2008”, comentó el Diputado Merino.

Según el legislador el Frente Amplio “se inscribirá y construirá como una agrupación de izquierda patriótica, transformadora y latinoamericana, que reunirá seguramente a un amplio sector de luchadores y luchadoras del campo social y político”.

“Creemos que hay espacio en el país para un partido de izquierda democrática, de lucha y ética, capaz de proponer soluciones a los problemas de cada momento del país y de sus gentes”, agregó Merino del Río.

Lo anterior según el Diputado Merino no excluye, sino que al contrario, presupone “una capacidad de estar generando permanentemente acuerdos puntuales y estratégicos con otros sectores del arco progresista y antineoliberal, cada uno desde su propia autonomía e identidad”.

Indicó que se trata en este momento que enfrentamos de “construir alternativas unitarias al poder neoliberal” y el Frente Amplio se concibe como una de ellas, que puede contribuir, a través de alianzas y un acuerdo de programa común, a la conquista democrática de un gobierno progresista en febrero del 2010.

En particular anunció el Diputado Merino que “El Frente Amplio se compromete a participar en la Mesa de Diálogo Nacional, convocada por los Comités Patrióticos, que permita unificar, en el respeto a la diversidad, a todos los sectores políticos y sociales del Movimiento Patriótico, para constituir la convergencia necesaria, desde el debate y la lucha, para hacer realidad un gran frente patriótico, que consolide y desarrolle hoy la lucha contra la agenda de implementación y abra mañana la esperanza posible y necesaria de conquistar en las urnas un gobierno al servicio de las mayorías y del país”.

“Sin resistencia no habrá nunca alternativa, sin lucha nunca lograremos transformar las relaciones sociales, las elecciones serán parte de esa lucha, pero lo fundamental es la construcción diaria, paciente y con visión estratégica del sujeto popular de la resistencia y de la construcción de la alternativa”, finalizó diciendo Merino del Río.

Comunicado de Prensa, 18 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

ICE SEGUIRA REPRESENTANDO A COSTA RICA EN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Al aprobarse en comisión la eliminación del artículo 58 del proyecto de ley de “fortalecimiento y modernización” de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, las obligaciones y derechos del Estado costarricense como parte del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, se mantendrán en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La moción para eliminar este artículo fue presentada por el Diputado José Merino del Río y fue aprobada por unanimidad por todos los integrantes de la comisión especial encargada del expediente 16.397.

El artículo 58 del proyecto de ley en discusión, trasladaba las obligaciones y derechos de Costa Rica al “Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”, mientras la Ley 7848, donde la Asamblea Legislativa ratificó el Tratado, las asigna al ICE, “por habérsele encomendado el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee y la planificación del sistema eléctrico nacional”.

De acuerdo con la Ley 7848, el ICE quedó facultado además para participar como accionista en la empresa propietaria de la red eléctrica de América Central.

Según el legislador del Frente Amplio se trata de un “pequeño logro” en medio de un proyecto destinado en lo fundamental a “debilitar y desmantelar” el Instituto Costarricense de Electricidad y otras entidades públicas del sector.

El Diputado Merino ha iniciado en el plenario legislativo la reiteración de 175 mociones rechazadas en la comisión especial, que “tienden a restaurar el verdadero sentido que deben tener palabras como modernización y fortalecimiento”, ya que con la legislación propuesta “se perderá el control soberano de dos industrias estratégicas como la energía y las telecomunicaciones, conduciendo a un mercado oligopólico controlado fundamentalmente por dos empresas transnacionales, la del mexicano Carlos Slim y la Telefónica de España, como ha ocurrido en toda la América Latina”.

Comunicado de Prensa, 18 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio