miércoles, febrero 28, 2007

LA NACION MIENTE ACERCA DE LA MARCHA

Noticiero virtual LA OTRA CARA






SALA CONSTITUCIONAL SE TRAE ABAJO REFORMA AL REGLAMENTO LEGISLATIVO

Confirmado atropello a diputados/as opositores al TLC

"Se trata de un un gran triunfo moral y político sobre el gobierno de Oscar Arias" dijo el diputado José Merino del Río, al comentar la resolución de la Sala Constitucional que dio la razón a los 19 diputados y diputadas que presentaron una consulta sobre la reforma al artículo 41 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Según el diputado Merino "ha quedado plenamente demostrado quiénes son los que han pisoteado de manera violenta la democracia en el parlamento", con el único fin de avanzar una reforma concebida en Casa Presidencial, para imponer una vía rápida para la tramitación del TLC con los Estados Unidos.

La Sala Constitucional consideró que fue un vicio sustancial del procedimiento la no admisión de apelaciones de varios diputados y diputadas en el trámite de la reforma al reglamento, tanto en la comisión como en el plenario legislativo.

En particular el diputado Merino denunció en reiteradas ocasiones que se estaban violentando sus derechos constitucionales, al impedírsele apelar las decisiones arbitrarias en la comisión que dictaminó la reforma y en el plenario legislativo.

En otros aspectos controversiales del procedimiento un magistrado suplente inclinó la balanza de las votaciones en la Sala IV; situación que podría variar con la presencia del titular cuando vuelva a ser consultado el tribunal constitucional por los legisladores del PAC, Frente Amplio y PASE.

El diputado Merino llamó a la población a celebrar por un momento y a continuar luchando en el parlamento y en las calles, contra la "tiranía que aplasta la democracia" del presidente Arias, hasta alcanzar la derrota definitiva del TLC.

Comunicado de Prensa, 28 de febrero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio




LA MARCHA DEL 26 DE FEBRERO

Especial del noticiero virtual La Otra Cara sobre la marcha del 26 de octubre







POR LA PATRIA ¡NO AL TLC!

26 de febrero 2007
UN DIA HISTORICO:
La marcha más concurrida que se haya efectuado en Costa Rica

La Avenida Segunda repleta de gente de principio a fin. Fotografía Diario Extra

Un mar de gente en el Paseo Colón. Fotografía de don Carlos Solís.

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lunes, febrero 26, 2007

200 MIL COSTARRICENSES DIJERON NO AL TLC Y PIDIERON SU RETIRO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

“Un día por la Patria” dieron doscientos mil costarricenses que se pronunciaron contra el TLC con los Estados Unidos marchando por las calles de San José. A continuación las primeras imágenes parciales:

Llegando a la Asamblea Legislativa

Agricultores/as de UPANACIONAL

Inundación de gente en la Avenida Segunda

El diputado Merino interviene en el Parque de La Merced

El Paseo Colón totalmente repleto

Marchando sobre el Paseo Colón

El de Arias es el gobierno de las Cámaras

El diputado Merino interviene en el ICE en La Sabana

El padre Vargas alentó a los manifestantes al inicio de la marcha en el ICE



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domingo, febrero 25, 2007

¿EL GOBIERNO INTERVIENE LA DIOCESIS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LIMON?

José Merino del Río
Diputado
Partido Frente Amplio


Hoy, sábado 24 de febrero, fui testigo de la indignación de cientos de trabajadores de la provincia de Limón, ante lo que consideran una brutal intromisión del gobierno de los hermanos Arias en los asuntos internos de la Iglesia Católica, al presionar por lo visto para que fuera destituido el padre Gerardo Vargas de sus responsabilidades al frente de la Pastoral Social en esa región del país.

El padre Vargas se ha ganado el respeto y el cariño de los limonenses por su permanente lucha en defensa de los pobres, de la clase trabajadora y del pueblo en general. Ese compromiso con los pobres le llevó a oponerse, con el firme apoyo de Monseñor Ulloa mientras fue obispo de esa diócesis, a los atropellos cometidos por las empresas transnacionales del banano y de la piña contra los derechos de los trabajadores y el ambiente. En esa misma línea de compromiso con el pueblo y con su patria, el padre Vargas se ha opuesto al TLC, por considerar que atenta contra el bien común y el Estado social de derecho construido por varias generaciones de costarricenses.

Esa actitud valiente en defensa de los pobres y del pueblo, molesta al gobierno de los ricos que hoy encarnan los hermanos Arias. Por eso, se denuncia que el ministro sin cartera y delegado presidencial de Arias en Limón, Marco Antonio Vargas, comenzó una campaña de presiones y descalificaciones para lograr la destitución del padre Vargas al frente de la Pastoral Social.

Muchas trabajadoras y trabajadores me pidieron hoy que denunciara esta situación y que me sumara a la protesta para exigir aclaraciones y que el padre Vargas, defensor de los pobres y de toda buena causal social, sea restituido a sus funciones. Los trabajadores aseguran que el delegado de Arias habría exigido al obispo de Limón destituir al padre Vargas, como condición para que el gobierno preste algunas ayudas a esa provincia.

Como ciudadano, diputado de la República, y conocedor de la labor social desplegada por el padre Vargas en Limón, me parece muy grave que el gobierno de los hermanos Arias intervenga hasta en los asuntos internos de la Iglesia, para perseguir a quienes se oponen al Tratado de Libre Comercio.

Esto es muy grave. Es necesario que el pueblo de Limón se levante en defensa del padre Vargas. No es posible que los hermanos Arias persigan a todo ciudadano que se oponga a sus políticas egoístas y contrarias a los intereses de las mayorías. Este es un asunto que compete también a todos los habitantes de la República. Hago un respetuoso y firme llamado a los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, para que devuelvan al pueblo de Limón la confianza y la esperanza del compromiso de la iglesia con el pueblo trabajador de Limón, restituyendo al padre Vargas a sus funciones al frente la Pastoral, que con tanta dignidad y abnegación ha llevado a cabo durante los últimos años.

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sábado, febrero 24, 2007

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ALTERNATIVO

Derecho de respuesta del Movimiento Estudiantil Alternativo (MEA) frente a los reportajes de Telenoticias.




LA OTRA CARA La noticia soberana

Primer Noticiero Virtual en Costa Rica. Analiza la realidad desde una perspectiva independiente





jueves, febrero 22, 2007

PREPARAN CAMPAÑA CALUMNIOSA CONTRA OPOSITORES DEL TLC

Hemos sido advertidos que, en un intento desesperado del gobierno y de algunos sectores empresariales por desmovilizar a la población que se manifestar pacíficamente el lunes 26 contra el TLC, se lanzará hoy en horas de la noche una agresiva y calumniosa campaña mediática contra las fracciones legislativas del Frente Amplio, el PASE y el PAC, alrededor del tema de la empresa ALUNASA.

“Esas cámaras empresariales que nunca se han preocupado ante la salida constante y a lo largo de los últimos años, de empresas textileras y otros tipo de inversionistas, que burlaron todos los derechos sociales y laborales de los trabajadores, ahora cínicamente tratan de convertir un tema en el que el gobierno debería intervenir utilizando constructivamente los canales diplomáticos y comerciales abiertos con la República de Venezuela, en una “guerra sucia” contra los sectores ciudadanos que adversamos el Tratado de Libre Comercio”, manifestó el diputado José Merino del Río.

“Pretender atribuir alguna responsabilidad a las fracciones que se oponen al TLC o a los sindicatos no tiene ningún sentido ni lógica, ya que no está en sus manos resolver una situación que más bien es de resorte del Poder Ejecutivo, incluyendo al jerarca de Comercio Exterior y al de Relaciones Exteriores”, agregó el legislador del Frente Amplio.

El diputado José Merino reiteró su solidaridad con los trabajadores y sus familias, y dijo que espera que el gobierno del señor Arias, resuelva de la mejor manera esta situación, incluyendo el establecimiento de unas relaciones exteriores más respetuosas del principio de autodeterminación de los pueblos.

Finalmente, el diputado Merino dijo que es importante en este momento que todas las fuerzas patrióticas y democráticas del país fortalezcamos nuestra unidad y contribuyamos a desmontar este nuevo episodio de una campaña mediática desesperada, ante el creciente rechazo al TLC.

Comunicado de Prensa, 22 de febrero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio




AMCHAM RECONOCE ESPIONAJE SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES

En un correo electrónico circulado hoy por la Cámara de Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM, por sus siglas en inglés), reconoce el manejo de informes de “inteligencia” sobre la marcha nacional contra el TLC, que se efectuará el próximo lunes 26 de febrero.

El diputado José Merino recordó que se trata de la misma cámara empresarial que durante el Combo pidió a sus afiliados entregar cuotas extraordinarias, con el fin de facilitar la aprobación legislativa del proyecto de privatización del ICE, y que reúne a las empresas transnacionales que más se benefician del TLC.

El mensaje se titula “Comunicado sobre Paro 26 de febrero” y dice que: “Los bloqueos en las calles y principales vías de nuestro país podrían verse afectadas por los manifestantes. Según la inteligencia recabada hasta ahora; se prevé que las manifestaciones se concentren en 20 distintos del país; principalmente impactando el área metropolitana. Por buena fuente sabemos que la policía cuenta ya con 6 mil efectivos para mantener el orden público. El gobierno no permitirá que se bloqueen las calles ni sitios críticos; sin embargo debemos entender que esto será difícil de controlar dependiendo del tamaño de la marcha...”

Agrega la información que: “Los servicios de aduanas en puertos fronterizos, aéreos y marítimos podrían resultar afectados por los paros y/o por los bloqueos de carreteras. A pesar de que los manifestantes señalan que su marcha será pacífica”, recomienda movilizarse antes de la marcha “para evitar que se vean envueltos en disturbios de calles”, y pide AMCHAM a su afiliación informarse durante el paro por Radio Columbia y Canal 71 de Cable Tica.

Para el diputado Merino es muy grave que esta cámara empresarial reconozca de hecho que dedica recursos y esfuerzos al espionaje de los sectores sociales, que organizan la protesta social pacífica del lunes 26, y que continúe en la tónica de asustar a la población con una campaña infundada del miedo.

“La población tiene el derecho a manifestarse y lo va a hacer pacíficamente, con entusiasmo y alegría”, concluyó el legislador del Frente Amplio.

Comunicado de Prensa
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio





GRANDES FARMACÉUTICAS SOLICITAN SANCIONES COMERCIALES CONTRA COSTA RICA

COMUNICADO DE PRENSA UNDECA - ANEP - FRENTE AMPLIO
Jueves 22 de febrero, 2007.

La no aprobación de normas sobre patentes de medicamentos a través de TLC ocasiona que dejen de percibir GANANCIAS POR MÁS DE $112 MILLONES
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en conjunto con el diputado del Frente Amplio, José Merino del Río descubrimos que el pasado 7 de febrero la Asociación de Fabricantes e Investigadores de la Industria Farmacéutica de Estados Unidos (PhRMA) solicitó la imposición de sanciones comerciales en contra de Costa Rica.

Esta solicitud formal la presentó ante el Representante Comercial de Estados Unidos, bajo el argumento de que no se aplican las normas de protección a las patentes sobre medicamentos, contenidas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En el documento solicitan a las autoridades comerciales del país norteamericano que tomen acciones agresivas “en todos los niveles” contra Costa Rica, porque, en su criterio, no protegen adecuadamente sus intereses en materia de propiedad intelectual sobre los productos farmacéuticos.

“En concreto PhRMA y sus afiliados piden que nuestro país sea incluido en la Lista de Vigilancia Prioritaria, la cual, precisamente, implica la amenaza de sufrir sanciones comerciales por parte de Estados Unidos”, explicó el secretario general de UNDECA, Luis Chavarría.

La solicitud que busca que nuestra nación sea sometida a dicho procedimiento, se fundamenta en que no aplicamos las normas “ADPIC-plus” contenidas en el Capítulo 15 del TLC, a pesar de que dicho Tratado no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa.Es decir, comentó el secretario general de ANEP, Albino Vargas, que nos quieren sancionar porque no les hemos dado beneficios adicionales a estas empresas, las cuales, están dejando de percibir ganancias por unos $112 millones en Centroamérica.

Con esta situación, quedamos claros que hay un reconocimiento expreso, público y formal de las farmacéuticas estadounidenses de que la aprobación de las normas contenidas en el TLC, implicarían un gran beneficio económico directo, que hoy no perciben.A su vez, es posible concluir que, si la Asamblea aprueba este Tratado y Costa Rica asume la obligación internacional de adoptar tales medidas, las compañías farmacéuticas percibirían esos millonarios ingresos.

“Este informe es revelador y determinante a la hora de analizar el conflicto de intereses de diversos diputados, como es el caso de la Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional, Mayi Antillón, de quien hemos demostrado con pruebas documentales, que es cónyuge del representante de Pfizer Inc. y otras compañías farmacéuticas estadounidenses, en Costa Rica”, señaló el diputado del Frente Amplio, José Merino del Río.

Pfizer Inc. y esas otras compañías farmacéuticas estadounidenses son miembros de PhRMA, por lo tanto, las actuaciones que realice la diputada Antillón en el ejercicio de su cargo a favor de la aprobación del Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC, en la práctica, producirán millonarios beneficios para las compañías de las cuales su esposo es representante, encargado de la defensa de sus intereses en asuntos de patentes y propiedad intelectual.Es decir, encargado de la defensa de los intereses de estas compañías en los asuntos que producirán tales beneficios económicos, en los asuntos relacionados con el Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC.

Le recordamos a la diputada liberacionista que la Ley de Enriquecimiento Ilícito, en su artículo 48, sanciona con cárcel de uno a ocho años al funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos que otorguen beneficio directo a su cónyuge o parientes hasta tercer grado de consanguinidad.

NUEVAS EVIDENCIAS CONFIRMAN GRAVE CONFLICTO DE INTERESES DE LA DIPUTADA ANTILLÓN GUERRERO EN EL TRÁMITE DEL TLC

-Trasnacionales farmacéuticas estadounidenses solicitaron imponer sanciones comerciales contra Costa Rica por no aplicar normas sobre patentes de medicamentos contenidas en el TLC.

-Afirman que la no aprobación de estas normas ocasiona que dejen de percibir GANANCIAS POR MÁS DE 112 MILLONES DE DÓLARES EN CENTROAMÉRICA.

-Cónyuge de diputada Antillón es apoderado especial de varias de estas empresas para el trámite y defensa de sus patentes en Costa Rica.


El pasado 7 de febrero de 2007 la Asociación de Fabricantes e Investigadores de la Industria Farmacéutica de Estados Unidos (PhRMA por sus siglas en inglés), presentó una petición formal ante el Representante Comercial de Estados Unidos en la que solicita la imposición de sanciones comerciales contra Costa Rica por no aplicar las normas de protección a las patentes sobre medicamentos contenidas en el TLC.
PhRMA es la cámara empresarial que agrupa a las principales trasnacionales farmacéuticas de Estados Unidos.

El documento presentado pide a las autoridades comerciales de ese país que tomen acciones agresivas “en todos los niveles” contra Costa Rica y varios países más que, en su opinión, no protegen adecuadamente sus intereses en materia de propiedad intelectual sobre productos farmacéuticos.

Concretamente, PhRMA y sus afiliados solicitan que Costa Rica, -junto con 24 países más- sea incluida en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” del Procedimiento Especial 301. Este es un mecanismo unilateral de la legislación estadounidense que faculta a las autoridades de ese país a elaborar informes anuales sobre las normas de propiedad intelectual que aplican otras naciones.

La inclusión de un país en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” implica la amenaza de sufrir sanciones comerciales unilaterales, por parte del Gobierno estadounidense.
Históricamente este procedimiento ha sido utilizado por EEUU para presionar a otras naciones para que apliquen normas de protección a la propiedad intelectual que superen los niveles exigidos en la OMC (“ADPIC-plus”).

Y esto es lo que ocurre en el caso de Costa Rica. La solicitud de PhRMA para que nuestro país sea sometido a dicho procedimiento se fundamenta básicamente en que nuestro país no aplica las normas “ADPIC-plus” contenidas en el Capítulo 15 del TLC, a pesar de que dicho Tratado no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa.
Costa Rica ha aprobado legislación que cumple plenamente con las obligaciones asumidas en la OMC.

Sin embargo, las compañías farmacéuticas estadounidenses piden que se sancione a nuestro país porque no aplica los beneficios adicionales que obtendrían con el TLC, tales como:

-Uso exclusivo de datos de prueba. PhRMA alega que la legislación costarricense contiene “excepciones y limitaciones” en relación con la publicidad de datos prueba utilizados para comercializar medicamentos, que “no serían inconsistentes con el TLC” Reclaman la imposición de una protección absoluta por un plazo de cinco años.

Es decir, lo que el TLC establece en su artículo 15.10.1.

-Vinculación “patente-registro sanitario”. PhRMA pide sancionar al país por no establecer un sistema que “asegure” que el Ministerio de Salud se convierta en policía de patentes, de manera que no apruebe el registro sanitario a un segundo solicitante, para un producto que está incluido dentro de una patente.

Otra vez, lo que el TLC exige en su artículo 15.10.2.

-Ampliación del plazo de las patentes por atrasos en el registro sanitario. También se reclama porque Costa Rica no incorpora en su Ley de Patentes (compatible con la OMC) este beneficio para las empresas farmacéuticas contenido en el artículo 15.9.6.
(FUENTE: PhRMA, “Especial 301 Submission 2007”, páginas 152 a 155)

Un hecho adicional de gran importancia es que en el informe citado PhRMA celebra y apoya la decisión del Representante Comercial de EEUU de incluir a Chile en la “Lista de Vigilancia Prioritaria”, adoptada el pasado 8 de enero de 2007. Esta medida se tomó a pesar de que ese país ya cuenta con un TLC suscrito con EEUU en vigencia, lo que contradice la afirmación de que Costa Rica dejaría de exponerse a este tipo de presiones si aprobara un Tratado de esta naturaleza. De hecho, las autoridades estadounidenses están cuestionando las normas de implementación que Chile adoptó para cumplir con sus obligaciones del TLC. Normas similares a las que en Costa Rica el COMEX pretende adoptar para –supuestamente- mitigar los impactos negativos del Capítulo de Propiedad Intelectual sobre el derecho de la población al acceso a los medicamentos.

DE LAS GANANCIAS MILLONARIAS PARA LAS FARMACÉUTICAS CON EL TLC

La solicitud presentada por PhRMA al Gobierno de EEUU incluye estimaciones de los ingresos que supuestamente habrían dejado de percibir las compañías farmacéuticas –entre enero y setiembre de 2006- por la no aplicación de las medidas de propiedad intelectual requeridas por estas empresas en cada uno de los países cuestionados.

Aplicando una metodología que toma en cuenta las normas aplicadas en materia de patentes y protección de datos de prueba, PhRMA procede a calificar como “daños” los ingresos adicionales que esperaría percibir si se aplicaran las medidas “ADPIC-plus” que reclama.

Así las cosas, en el caso de Centroamérica PhRMA estimó que los ingresos que dejó de percibir fueron de más de ciento doce millones de dólares ($112,352,000), de los cuales diecisiete millones y medio ($17,631,000) serían por protección de datos de prueba y casi 95 millones ($94,721,000) por patentes. (FUENTE: PhRMA, “Especial 301 Submission 2007”, Apéndice I)

El informe no contiene un desglose que especifique los “daños” que las farmacéuticas estiman haber sufrido en Costa Rica.

Sin embargo, los únicos tres países signatarios del TLC incluidos en el documento son Guatemala, República Dominicana y nuestro país, de manera que la estimación de 112 millones de dólares dejados de percibir en Centroamérica provendría de estas naciones.

Las conclusiones que se extraen del citado informe son reveladoras y determinantes a la hora de analizar el conflicto de intereses de diputados como la Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional en relación con la aprobación del TLC.

A confesión de parte, relevo de pruebas dicen los abogados. La cámara empresarial que representa los intereses de las grandes compañías farmacéuticas de EEUU declara públicamente ante su propio Gobierno que la no aplicación en Costa Rica de una serie de medidas “ADPIC-plus” para reforzar y ampliar sus patentes sobre medicamentos implica que deje de percibir ingresos millonarios.

Se trata de decenas de millones de dólares (como mínimo) según sus propias estimaciones realizadas solo para los primeros nueve meses de 2006.

Las medidas cuya falta de aplicación provocan que no existan estos millonarios ingresos adicionales son en su gran mayoría las mismas que se le imponen a Costa Rica en el Capítulo 15 del TLC que se discute actualmente en el Parlamento de nuestro país.

A su vez, es posible concluir que, si la Asamblea aprueba este Tratado y Costa Rica asume la obligación internacional de adoptar tales medidas, las compañías farmacéuticas percibirían esos millonarios ingresos adicionales que ahora no están obteniendo.

Es decir, hay un reconocimiento expreso, público y formal (sustentado en estudios técnicos) de las farmacéuticas estadounidenses en sentido de que la aprobación de las normas “ADPIC-plus” de patentes sobre medicinas contenidas en el TLC implicaría para ellas un beneficio económico directo de millones de dólares en ingresos adicionales que hoy no perciben.

Ingresos adicionales millonarios que se originarían por la incorporación al ordenamiento jurídico costarricense de las normas contenidas en los artículos 15.9 y 15.10 de dicho Tratado.

¿Y TODAVÍA DICEN QUE NO HAY CONFLICTO DE INTERESES?

Mediante el aporte de las pruebas documentales pertinentes, se ha demostrado que el cónyuge de la diputada Antillón Guerrero, señor Luis Pal, es representante en Costa Rica de Pfizer Inc. y otras compañías farmacéuticas estadounidenses, para la defensa de sus intereses relacionados con patentes sobre medicamentos y otros asuntos de propiedad intelectual.

Pfizer Inc. y esas otras compañías farmacéuticas estadounidenses son miembros de PhRMA.

PhRMA y sus agremiados le solicitaron el pasado 7 de febrero al Gobierno de EEUU que someta a Costa Rica a un procedimiento de vigilancia y eventuales sanciones por no aplicar normas “ADPIC-plus” en patentes sobre medicamentos que están contenidas en el Capítulo 15 del TLC.

En dicha solicitud, PhRMA y sus agremiados reconocen públicamente que la aplicación de las normas “ADPIC-plus” en patentes sobre medicamentos contenidas en el Capítulo 15 del TLC les generarían ingresos millonarios adicionales (decenas de millones de dólares) que hoy en día NO reciben, porque tales normas no se aplican en Costa Rica.

El TLC con los Estado Unidos se tramita en el Plenario de la Asamblea Legislativa bajo el expediente 16.047. Fue dictaminado en la Comisión de Internacionales con el voto favorable de la diputada Antillón Guerrero, Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional.

Si el Plenario Legislativo aprueba el TLC, Costa Rica asumiría la obligación de aplicar una serie de normas en materia de patentes sobre medicamentos, que actualmente no tiene el deber de aplicar.

Al mismo tiempo, la aprobación del TLC se traducirá en millonarios ingresos adicionales para las compañías farmacéuticas que integran PhRMA, como Pfizer Inc.
Por lo tanto, las actuaciones que realice la diputada Antillón Guerrero en el ejercicio de su cargo a favor de la aprobación del Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC, en la práctica, producirán beneficios económicos millonarios para las compañías farmacéuticas de las cuales su cónyuge es representante, encargado de la defensa de sus intereses en asuntos de patentes y propiedad intelectual. Es decir, encargado de la defensa de los intereses de estas compañías en los asuntos que producirán tales beneficios económicos, en los asuntos relacionados con el Capítulo 15 sobre Propiedad Intelectual del TLC.

De esta relación directa y concreta entre la actividad de la citada funcionaria pública y la obtención de cuantiosos beneficios económicos para las empresas representadas por su cónyuge es que se configura un conflicto de intereses.

De más está señalar que esta relación existe independientemente de si es querida o no por las partes involucradas.

Por las razones expuestas, es que resulta sumamente preocupante que algunos sectores pretendan distraer la atención de estas graves denuncias a través de burdas generalizaciones que ocultan el problema de fondo.

En este caso, no se trata de “educadores legislando sobre educación” o “agricultores legislando sobre agricultura” o “abogados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos”. No nos encontramos ante supuestos similares como de forma absurda se ha intentado hacer creer a la opinión pública.

El conflicto de intereses se presenta por la participación de una diputada en la aprobación de leyes que implican cuantiosos beneficios económicos para un grupo específico de empresas que son representadas por su cónyuge en el área específica en la que se producirán esos beneficios.

Si un diputado que es de profesión educador aprueba una ley que beneficia a la educación no está recibiendo un beneficio económico para si, salvo el beneficio general que recibirá toda la sociedad. Si una diputada que labora para una institución aprueba una ley para fortalecerla no está recibiendo un beneficio económico directo.
Asimismo preocupa también el absoluto silencio guardado por algunos medios de comunicación, como la “La Nación” sobre los hechos que motivan esta denuncia. El 13 febrero de 2007 ese medio informó sobre la petición de una Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) para que se incluya al país en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” por no perseguir adecuadamente la piratería de libros, discos musicales y revistas. Pero no informó sobre la petición similar presentada por PhRMA, ni sobre la denuncia sobre el conflicto de intereses de la diputada Antillón Guerrero.

Igualmente, hace un año este y otros medios le dieron amplia difusión a una denuncia por conflicto de intereses contra una diputada del PAC, cuya familia es productora de arroz. En esa oportunidad “La Nación” y otros medios celebraron que esa diputada decidiera abstenerse de tener cualquier participación en el trámite de los proyectos relacionados con el sector arrocero. ¿Por qué ahora tanto silencio?

lunes, febrero 19, 2007

AFIRMACIONES TEMERARIAS DE ASESOR DEL PLN

Continúa campaña de provocación orquestada en Casa Presidencial

En varias listas de correos de Internet ha circulado un mensaje que se atribuye a uno de los asesores de la fracción del Partido Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa, de nombre Ernesto Ulysses Hidalgo, quien hace afirmaciones temerarias y difamantes.

Según este señor Hidalgo las personas asesoras del PAC y el Frente Amplio “están de acuerdo hasta con introducir armas” a la Asamblea Legislativa y hasta pone en dudas la honorabilidad de los diputados y diputadas de estas fracciones en relación con lo que traen en sus vehículos a los parqueos del parlamento.

Para el diputado José Merino, del Partido Frente Amplio, esta es una muestra más de la campaña sucia y provocadora del gobierno, orquestada desde la Casa Presidencial, con el fin de crear un clima de odio que permita reprimir a los movimientos sociales que protestan contra el TLC.

Según el diputado Merino ésta y otras comunicaciones mediáticas, como las de los noticieros contra el movimiento estudiantil, han sido planeadas con la colaboración de personas especializadas en operaciones de “guerra psicológica y contrainsurgencia”, que tienen sus oficinas en Zapote.

“No van a lograr su propósito, la gente va a salir a las calles el 26 de febrero de manera pacífica, alegre y unida”, dijo el parlamentario del Frente Amplio, para quien la marcha de ese día, que saldrá de la estatua de León Cortés en La Sabana, será exitosa por la diversidad de sectores que se oponen al TLC, incluyendo a los sectores sociales y a partidarios de todas las agrupaciones políticas.

A continuación el texto del correo electrónico (sin corregir los errores ortográficos):

“Date: Thu, 15 Feb 2007 23:15:44-0600 (CST)
From: Ernesto hidalgo uhidalgo@yahoo.com
To: TLC-cr; CR-denuncia

Compañeros, cada individuo qe ingrese a las barras dela Asamblea es revisado para determinar si portaobjetos “peligrosos” armas de fuego, granadas ,etc. Hemos detectado quela mayoría de los “anglelicales” concurrentes a las barras, ingresan sin nada, pero los Asesores del PAC y del Merino, por dentro, les pasan las pacartas. ¡Claro quién va a revisar el carro e un Diputado, o quién objeta los docuementos que manipule un asesor, debidamente idnfificdo, dentro del Congreso.
¡Qué peligroso, estos estúpidos, están de acuerdo hasta con introducir armas!
Les cuento que con un cuenta de correo me inscribí en la pagina del PAC y vieran le paran lo pelos, sobre lo esos “angelicales” jóvenes está planeando.
Lina vos que te brincaste la fila y por amistad te fuiste a París, contales a Oscar
Ulysses Hidalgo”


Comunicado de Prensa, 19 de febrero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

EL TLC FAVORECERA A MENOS DEL 2% DE LA POBLACION

Entrevista al diputado Merino en el Diario Extra:

• José Merino anunció su participación en marcha del 26 de febrero:

“EL TLC FAVORECERÁ A MENOS DEL 2% DE LA POBLACIÓN”

Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com


El diputado José Merino, del partido Frente Amplio, aseguró que su oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos se debe al extenso análisis que ha hecho sobre los contenidos de ese proyecto, concluyendo que solo beneficiará a una exclusiva élite político-empresarial.

Por el contrario, desmintió que su posición se deba a algún compromiso adquirido con los sindicatos y otros sectores sociales que respaldaron su candidatura a diputado.

Merino aseguró a DIARIO EXTRA que la marcha del 26 de febrero, en la cual participará, será de vital importancia para los opositores al TLC.

MARCHARÁN SIN VIOLENCIA

El gobierno ha sido insistente en que el 26 de febrero también marcharán grupos interesados en causar desórdenes. ¿Qué opina de esas afirmaciones del ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias?

- Esas declaraciones son muy graves. He escuchado en varias ocasiones al ministro Rodrigo Arias y cada vez que se refiere a las manifestaciones contra el TLC habla de violencia. Él es el que está aplicando la violencia al tratar de atemorizar a la población, pretendiendo que la gente se crea eso y no se anime a ir a la marcha. Eso es parte de una guerra psicológica impropia de un gobierno democrático. Puedo garantizar que ninguno de los sectores que organizan la marcha está pensando en violencia, al contrario, se está haciendo un esfuerzo para pedirle a la familia tica que llegue. Será una protesta firme pero con carácter pacífico, tendremos hasta actividades de tipo festivo. Rodrigo Arias no se comporta a la altura y la dignidad de un ministro de Estado al insistir sin pruebas en que habrá violencia.

Usted pidió que varias instancias internacionales envíen equipos de observadores para que fiscalicen la manifestación. ¿Qué respuesta ha recibido?

- Precisamente por la preocupación que me causa la atribución de ambiente enrarecido a las manifestaciones, me puse a pensar que esa insistencia debe ser porque alguien debe estar muy interesado en que realmente haya provocaciones y violencia. Por eso me pareció acudir a las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Mundial del Trabajo, solicitud que han hecho países que han vivido momentos de confrontación. No he recibido respuesta todavía por parte de esas instancias. Tengo que averiguar si le habrán hecho alguna consulta al gobierno. Yo le diría a Rodrigo Arias que en los sectores que respaldan el TLC también hay termocéfalos, que se calientan y dicen cosas peligrosas. Reconozco que hay un clima crispado y polarizado porque no se han abierto vías de diálogo y las cosas tienden a calentarse.

¿Son todavía los sindicatos la base del grupo anti TLC?

- En absoluto, esa es otra deformación que han hecho los medios de comunicación que no han aplicado la objetividad y que respaldan el TLC. Esos medios han minimizado la diversidad de la protesta contra el tratado, la marcha del 26 ha sido convocada por rectores de universidades públicas, premios Magón, organizaciones de pequeños y medianos productores, grupos religiosos, ambientales e intelectuales, además de los sindicatos. Es cierto que los gremios tienen mucha presencia, pero esta es una diversidad que el gobierno debería entender y no ignorar. Ahí va a haber partidos políticos, hasta un sector de la Unidad y de Liberación desfilarán, además del PAC y el PASE.

¿Para los intereses de los opositores al TLC cuán importante puede ser la marcha del 26 de febrero?

- Será importante en dos sentidos. La potencia de la marcha podría ser tal que lleve al gobierno a reconsiderar si debe seguir con el trámite del TLC o a revaluar las condiciones de ese trámite. Otro de los efectos podría ser la consolidación de muchos movimientos en todas las regiones del país, que obligaría al gobierno a detener el avance del TLC. Esperamos que sea un momento en que se refleje una presencia importante de ciudadanos que nos den fuerza moral y política para continuar con esta lucha. Si hiciera reflexión tras la marcha, el Presidente podría imprimirle hasta un viraje positivo a su gobierno. Espero que haga su propia lectura de la protesta.

“HAY TENSIÓN”

La marcha del 26 de febrero contra el TLC está precedida por un ambiente crispado. ¿Qué conclusiones saca de los incidentes de hace una semana, cuando la policía desalojó a sindicalistas de la barra de público?

- Fue una barbaridad de parte del presidente del Parlamento que mandara intervenir a la Fuerza Pública, un hecho que es excepcional en la vida del Congreso. Probablemente en los últimos 20 años la policía habrá ingresado solo tres veces ante situaciones que podrían revestir alguna gravedad. Poner carteles en la barra de público es una forma de expresión popular que te puede agradar o molestar, pero nada más. Pocas veces me han insultado y jamás hubiera solicitado el ingreso de la policía para quitar el rótulo en mi contra.

¿Comparar al presidente Arias con el diablo o a Francisco Antonio Pacheco con un pitufo no es un insulto?

- Sí, son palabras ofensivas, pero como decía don Ricardo Jiménez, es mejor que un presidente reciba un madrazo y no un garrotazo. No hay necesidad de insultar cuando hay argumentos para oponerse al TLC, que los hay de sobra.

¿Y a usted qué lo insultaría?

- Diay, que me llamen sinvergüenza, me sentiría ofendido. Pero que me digan cejudo de forma jocosa eso no justifica que pida a la Fuerza Pública que me venga a defender. ¡Por favor! No estoy de acuerdo en los insultos porque eso hace daño a las causas que se defienden, pero los diputados tienen que saber lo que la gente dice de ellos en las calles. Cómo un diputado se va a escandalizar porque lo insulten, si se entiende que estando en la función pública está expuesto a eso. No puede pedirle a la Fuerza Pública que lo defienda de letreros, a no ser que le pongan una pistola en el pecho. Más allá, en Estados Unidos, no es delito quemar la bandera porque han puesto en su Constitución Política la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración que pueda restringirla. Y aquí nuestros políticos, que ya tienen una corroncha, ahora de repente resulta que tienen una epidermis sensible a los insultos.

PROVECHO DE POCOS

¿Comparte la apreciación del presidente Arias de que el país ya está cansado de seguir con el TLC entre manos?

- Yo entiendo el cansancio que el país siente de seguir escuchando el tema. Estamos casi ante un secuestro, pero no es por responsabilidad de la oposición. A nosotros nos impusieron una agenda y si el TLC se limitara al tema del comercio su debate hubiera sido más simple, pero ese mamotreto de 3 mil páginas toca temas como la apertura de telecomunicaciones y seguros, el sensible punto de los medicamentos y de la explotación del agua; es decir, no hay algo que sea importante de la vida nacional que no esté incluido en el TLC. El gobierno presentó inicialmente algunas cosas que parecían prometedoras, como la idea de impulsar una agenda de reforma fiscal y aumentar los recursos para la educación, pero todo lo paralizó. Y a pesar de eso, el Parlamento actual solo ha podido discutir la mitad de los capítulos del TLC y así anda diciendo que hay que votarlo ya.

¿Tiene el país alternativas al TLC?

- Sí. Yo esperaba una actitud más humilde de parte del Premio Nobel de la Paz, pero por su soberbia se cree el dueño de la verdad. Así es casi imposible que pueda construir un acuerdo nacional que urge. Este país ya no resiste más y hay que sentarse a la mesa de diálogo. El modelo neoliberal está claro que nos hizo más pobres y hay que cambiarlo, usted ve que toda América Latina se está revelando contra ese modelo. Somos el continente con más ricos en el mundo, pero también donde hay más pobres.
Los sindicatos le ayudaron a volver a ser diputado. ¿Lo compromete eso a oponerse al TLC?

- Realmente tengo muchas simpatías entre sectores populares y sé que organizaciones sindicales como las del ICE, las de la Caja y el INS, así como organizaciones campesinas, quedaron satisfechas con mi lucha en 1998 y me siento orgulloso de eso. Recibí votos de ellos y de un sector popular muy diverso, incluso de sectores burgueses. No escondo la relación de solidaridad con organizaciones sindicales pero no soy el diputado de los sindicatos, soy independiente. Yo he convencido a muchas asambleas de trabajadores para que analicen el TLC. Estoy seguro de que lo votaré en contra por mis propias razones porque soy de los pocos que han estudiado a fondo los contenidos del TLC. No tengo ningún compromiso adquirido ni de carácter económico ni nada, no tengo el voto hipotecado. Sí le debo mucho a gente que apoyó mi candidatura sin pedir nada a cambio.

Afirma que hay diputados que votarán el TLC sin haberlo leído. ¿Usted ya lo leyó todo?

- Creo que he leído prácticamente todo el TLC, aunque es cierto que algunos tomos de aranceles dan sueño, pero lo que es verdaderamente significativo del TLC no solo lo he leído sino que lo he estudiado. Sí le puedo decir con toda sinceridad que todo lo importante del TLC lo he estudiado porque me ha costado entenderlo y he necesitado mucha asesoría.

¿Cuántos de los 57 diputados cree usted que lo habrán leído?

- A ojo de buen cubero me atrevería a asegurar que menos del 50% lo ha leído. Esa es la verdad, algunos han sido honestos y me han dicho que depositarán el estudio en otras personas, pero un diputado no debe hacer eso.

¿Qué cosas positivas le ve al TLC?

- El problema es que el TLC es un proyecto integral, incluso no se puede leer un solo capítulo si no se cruza con otros. Por ejemplo, las relaciones laborales, si uno ve solo ese capítulo podría pensar que está bien, pero si lo cruza con el capítulo de inversiones se da cuenta que no. En ese tema se dice que se respetará la legislación laboral de cada país, pero cuando un inversionista extranjero venga y haya que darle un trato como si fuera nacional podría demandar al país si el gobierno decidiera fortalecer la ley laboral a favor de los trabajadores, alegando que le están cambiando las reglas del juego. El TLC hay que rechazarlo en su totalidad porque no es posible rescatar una parte. Hay un concepto de país neoliberal que yo no puedo compartir.

Si no está de acuerdo en que el TLC se vote en 22 sesiones, como pretende el gobierno, ¿cuánto sería el tiempo idóneo para que el proyecto sea votado?

- Creo que como mínimo el TLC se podría votar hasta que se hayan discutido todos sus capítulos y las cláusulas interpretativas sugeridas por los diputados. El TLC no es un proyecto, es un montón de proyectos ahí metidos. De las 160 mociones que presenté solo pude defender 30 en la Comisión de Asuntos Internacionales, o sea lo correspondiente a la mitad de los capítulos. Yo entiendo que el país está agotado del tema, pero proyectos sobre casinos y para mejorar la inversión en educación llevan hasta siete años en la Asamblea y el TLC lo quieren votar ya.

Fuente:
http://www.diarioextra.com/2007/febrero/19/nacionales04.php

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miércoles, febrero 14, 2007

GRAVE CONFLICTO DE INTERESES DE LA DIPUTADA ANTILLÓN GUERRERO EN EL TRÁMITE DEL TLC

-Capítulo de Propiedad Intelectual beneficiará de manera directa a transnacional farmacéutica de la cual su esposo, el señor Luis Pal, es apoderado en materia de patentes para medicamentos

-Denuncia de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Diputado José Merino del Río (FRENTE AMPLIO)

I.- HECHOS RELEVANTES

-El señor Luis Pal Hegedus es el esposo de doña María de los Angeles Antillón, diputada y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa.

-El señor Pal Hegedus es socio del Bufete CastroPal que se especializa en la atención de temas de propiedad intelectual. Otro socio de este despacho legal es el señor Luis Diego Castro Chavarría.

-Los dos socios mencionados, y otras personas que laboran en el bufete, tienen poderes especiales para el trámite de inscripción de patentes de invención de diversas empresas transnacionales, especialmente varias vinculadas al sector farmacéutico.

-Según la página en Internet del bufete CastroPal entre sus clientes se encuentran empresas como: Pfizer Inc, Quill Medical Inc, Wyeth de E.U.A. y Warner-Lambert Company LLC de E.U.A. (Ver: www.castropal.com)

-Según diversas publicaciones del diario oficial La Gaceta, los señores Pal y Castro han tramitado la inscripción de patentes de invención de las citadas empresas y otras del sector farmacéutico como Incyte Corporation de E.U.A., Pharmacia & Upjohn Company LLC de E.U.A., y Noxxon Pharma AG de R.F. Alemania

-De acuerdo a estas publicaciones no hay duda de que uno de los clientes principales del bufete en materia de inscripción de patentes de inversión es la empresa farmacéutica PFIZER INC, DE E.U.A., dada la gran cantidad de solicitudes presentadas entre los años 2003 y 2007.

-En particular, según certificación del Registro Nacional, el señor Luis Pal Hegedus tiene un poder concedido por PFIZER PRODUCTS INC: “para ser ejercido en Costa Rica, limitado a actuaciones relacionadas con asuntos de propiedad intelectual de la corporación, especialmente pero sin limitarse a la prosecución y defensa de patentes de invención, ya fuera en sede administrativa, registral o judicial”.

-El señor Luis Pal Hegedus, según información del Registro Nacional, tiene también la representación en materia de propiedad intelectual de las empresas Esperion Therapeutics Inc., Experion Therapeutics Inc, Pzifer Inc., Agouron Pharmaceuticals Inc., Parmacin Upjohn Company LLC, Vicuron Pharmaceuticals Inc., Noxxon Pharma AG, Coley Pharmaceutical Group Inc., Incyte Corporation, Pfizer Italia SRL, Rinat Neuro Sciense Corporation y Pfizer Limited.

-En su condición de apoderado de PFIZER y otras empresas, el señor Pal Hegedus ha efectuado trámites para esta empresa, como los que se consignan a modo de ejemplo a continuación:

“El señor Luis Pal Hegedus... en su condición de apoderado de Pfizer Inc, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR SELECTIVO DE PDE4 Y UN AGONISTA DEL RECEPTOR B2-ADRENÉRGICO...” (La Gaceta, 14 de setiembre de 2004).

“El señor Luis Pal Hegedus... en su condición de apoderado especial de Pfizer Products Inc, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada METABOLITOS DEL ÁCIDO (3-{[4-TERC-BUTILBENCIL)-(PIRIDIN–3 SULFONIL)AMINO]METIL}FENOXI)ACÉTICO.. (La Gaceta, 14 de setiembre de 2004).

“El señor Luis Pal Hegedus... en su condición de apoderado de Pharmacia & Upjohn Company LLC de E.U.A, solicita la Patente de Invención denominada COMBINACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD...” (La Gaceta, 12 de julio de 2005).

“El señor Luis Pal Hegedus, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula Nº 1-558-219, en su condición de apoderado general de Pfizer Products Inc, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada DERIVADOS DE PIRIMIDINA PARA EL TRATAMIENTO DEL CRECIMIENTO CELULAR ANORMAL....” (La Gaceta, 19 de enero de 2007)

“El señor Luis Pal Hegedus, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula Nº 1-558-219, en su condición de apoderado general de Pfizer Products Inc, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada ANTICUERPOS HUMANOS MODIFICADOS ANTI-IGF-1R...” (La Gaceta, 19 de enero de 2007).

II.- ¿PATENTES O PACIENTES? GRANDES BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA COMPAÑIAS FARMACÉUTICAS CON NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

El mercado farmacéutico mueve unos 200.000 millones de dólares al año. Un monto superior a las ganancias que brindan la venta de armas o las telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en la fabricación de un medicamento se obtienen mil en el mercado. Y las multinacionales farmacéuticas saben que se mueven en un terreno de juego seguro: si alguien necesita una medicina, no va a escatimar dinero para comprarla. Este mercado, además, es uno de los más monopolizados del planeta, ya que sólo 25 corporaciones copan el 50 por ciento del total de ventas. De ellas, las seis principales compañías del sector –Bayer, Novartis, Merck, Pfizer, Roche y Glaxo- suman anualmente miles de millones de dólares de ganancias, a lo que hay que añadir más todavía, dado que todos los grandes grupos farmacéuticos son también potencias de las industrias química, biotecnológica o agroquímica.

En 2004 las siete principales trasnacionales farmacéuticas estadounidenses (Pfizer Inc.; Johnson & Johnson; Merck & Co., Inc.; Abbott Laboratories; Bristol-Myers Squibb Company; Wyeth y Eli Lilly and Company) reportaron en conjunto ingresos que superaron los 193 billones de dólares ($193,079,000,000) de los cuales más de 34 billones de dólares ($34,351,000,000) fueron ganancias netas, para un promedio de 18% de utilidades sobre sus ingresos.

De estas empresas, la que más ganancias obtuvo fue Pfizer Inc. con utilidades netas que superaron los once billones de dólares ($11,361,000,000) con un porcentaje de utilidad sobre sus ingresos totales de 22%, es decir por encima de la media de las restantes seis compañías.

La industria farmacéutica ha sido una de las industrias más rentables. Según un análisis de datos del índice Fortune 500 que realizó Public Citizen, las ganancias de las farmacéuticas subieron 33% en 2001. Eso equivale a un margen de ganancia de 18.5%, ocho veces la cifra media de corporaciones de las 500 empresas más ricas del mundo de la lista Fortune 500. En 2000 los ejecutivos de las corporaciones farmacéuticas ganaron un promedio de 9 millones de dólares. De los 25 mejor pagados ejecutivos de esta industria, ninguno gana menos de 5.9 millones anuales. Sin calcular las acciones que poseen.

El producto interno bruto de República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica juntos representa alrededor de un tercio de los ingresos anuales de las principales compañías farmacéuticas.

Las ganancias de diez estas compañías han llegado a superar las de las 500 restantes del índice Fortune.

Existe una relación directa entre las cuantiosas ganancias de las empresas farmacéuticas y las normas internacionales sobre propiedad intelectual. A medida que estas normas se endurecen y se elevan los niveles de protección, mayores son los beneficios económicos para las compañías farmacéuticas.

Ya los derechos de estas compañías resultaron ampliamente fortalecidos con la entrada en vigencia en 1994 del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de OMC, que obligó a todos los países a otorgarles derechos exclusivos (patentes) por 20 años para la producción y venta de productos farmacéuticos.

Lo anterior se constata con facilidad al analizar la evolución histórica de las ganancias de las empresas farmacéuticas. En el periodo comprendido entre 1970 y 1993 estas oscilaron entre el 9% y el 12% de sus ingresos. Pero a partir de 1994, año en que entró en vigencia el ADPIC, las utilidades de estas compañías se dispararon, superando el 18% en 2000.

Sin duda la implementación de esta obligación implicó, a su vez, costos importantes para los países en vías de desarrollo. De acuerdo con el ex jefe de investigaciones en política comercial del Banco Mundial, Michael Finger: “a través del Acuerdo ADPIC, los países en vías de desarrollo aceptaron como obligación legal un costo de 60 billones de dólares por año, pero no hay obligación legal en el Acuerdo sobre un Miembro de proveer algo a cambio.”

Según un informe del Banco Mundial de 2002, estos países incurren en multimillonarios gastos anuales para cumplir con las obligaciones impuestas en el ADPIC. Solo en ese año, los que tuvieron costos fueron Corea del Sur ($15 billones), China ($5.1 billones), México ($2.6 billones), India ($903 millones) y Brasil ($530 millones).

Esta situación también ha generado que se produzca un crecimiento exponencial a nivel mundial de las solicitudes para la concesión de nuevas patentes. Las cuarenta mil solicitudes presentadas en 1995 con base en el Tratado de Cooperación en Patentes, se multiplicaron a más de ciento treinta y cinco mil en 2005.

Costa Rica no ha sido ajena a esta realidad. A partir de la incorporación del país al ADPIC en 1995 las solicitudes de patentes farmacéuticas han venido creciendo de manera constante. De únicamente tres patentes solicitadas por empresas farmacéuticas durante ese año, se pasó a más de 50 durante 2005.

Según datos del Registro de la Propiedad Intelectual, entre 1995 y setiembre de 2006, mientras que en los décadas anteriores a 1995 la empresa Pfizer Inc. solo había presentado 39 solicitudes de patentes sobre productos farmacéuticos en el país, en los años posteriores ya acumula más de 228 solicitudes.

III.- EL TLC CON ESTADOS UNIDOS Y SU AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL

En este contexto, es claro que cualquier modificación en la normativa sobre propiedad intelectual que tienda a fortalecer o incrementar los derechos exclusivos que se les confieren a las compañías farmacéuticas tendrá repercusiones directas sobre los ingresos y las utilidades de estas.

Al margen de sus graves implicaciones para el derecho de acceso a los medicamentos de la población y nuestro sistema de salud pública, es indudable que cualquier aumento –por pequeño que sea- en los niveles de protección de estos derechos se traduce en millones de dólares en ganancias adicionales para las empresas farmacéuticas.

Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (expediente 16.047), este país buscó ampliar las normas que protegen los derechos exclusivos de las compañías farmacéuticas, elevándolas a niveles que superen los beneficios que les otorga el ADPIC (ADPIC-plus). El proceso estuvo marcado por el millonario cabildeo de la industria farmacéutica.

Al final EEUU logró incluir varias disposiciones en el Capítulo 15 “Propiedad Intelectual” que claramente superan las ventajas que ya el ADPIC le concede a estas empresas. Son:

-La extensión del plazo de duración de las patentes más allá de 20 años, cuando el Ministerio de Salud se atrase en aprobar la comercialización de productos farmacéuticos, a pesar de que en estas aprobaciones está en juego la protección de la salud y la vida humana. (15.9.6.b)

-El nuevo derecho a la protección exclusiva durante cinco años de los datos de prueba utilizados para obtener el permiso para comercializar productos farmacéuticos. Una figura que puede funcionar como una barrera elevada y eficaz para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos y dificultar severamente la concesión de licencias obligatorias. (15.10.1, a y b)

-La ampliación del concepto de “nuevas entidades químicas” que permite que sean tenidas como “nuevas” las entidades aprobadas en otros países que no han sido registradas todavía en Costa Rica, para efectos de aplicarles la protección exclusiva que se crea en el TLC. (15.10.1.c)

-La redefinición del concepto de “información no divulgada” para que se entiendan como “no divulgados” los datos de prueba puestos a disposición del público en el proceso de registro de medicamentos. Esto busca ampliar la cobertura de los derechos exclusivos que se crean en el TLC a supuestos que no están previstos actualmente ni en la OMC. (15.10.1.d)

-La vinculación “patente-registro” que obliga a las autoridades sanitarias del país a no otorgar el registro a la versión genérica de un medicamento cuando exista una patente de un tercero sobre el producto, convirtiendo al Ministerio de Salud en “policía” de las trasnacionales, a pesar de no tener ni la capacidad técnica ni los recursos económicos para ello. (15.10.2)

Se ha discutido mucho en Costa Rica sobre el impacto negativo que estas normas del TLC tendrán sobre la producción nacional de medicinas genéricas, la capacidad de compra de medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social y el derecho del pueblo costarricense al acceso a la salud. El Gobierno niega que existan impactos significativos. Las empresas productoras de genéricos, diversas organizaciones sociales del sector salud y entidades internacionales como Médicos Sin Fronteras y la Organización Panamericana de la Salud plantean lo contrario.

Pero hasta la fecha nadie, NADIE ha negado que las normas ADPIC-plus contenidas en el Capítulo 15 del TLC implicarán beneficios económicos directos para las compañías farmacéuticas titulares de patentes sobre medicamentos. Nadie ha cuestionado que dichas normas traerán como consecuencia ventajas adicionales para estas empresas. que se traducirán en mayores ganancias para ellas y mayores ingresos por concepto de honorarios para sus abogados y representantes.

Por el contrario, en un estudio realizado en Colombia por la Organización Panamericana de la Salud se determinó que si ese país aplicaba medidas de propiedad intelectual sobre medicamentos similares a las aceptadas en el TLC por Centroamérica estas tendrían las siguientes consecuencias:

“Si se desea mantener el mismo consumo en el año 2020 se deberá incrementar el gasto en medicamentos en 940 millones de dólares y en el 2030 en aproximadamente 1400 millones de dólares. La industria nacional experimentara una perdida en su participación que alcanzara el 71% desde el 2030. En el caso del régimen contributivo, esta medida implica un gasto cercano a los 163 millones de dólares para el 2020, equivalente al gasto en medicamentos para 5.8 millones de usuarios del sistema. Para el régimen subsidiado implica un gasto de mas de 24 millones de dólares el mismo año, equivalente al gasto en medicamentos de mas de 1.5 millones de personas de este régimen.”

Dadas las diferencias abismales de precios que existen entre medicamentos patentados y medicamentos genéricos, cualquier medida que tienda a alargar la duración de las patentes o retrasar la entrada al mercado de los genéricos tendrá enormes repercusiones sobre las ganancias de las empresas. Unos pocos días que se alargue una patente pueden traducirse en millones de dólares en ganancias.

Lo anterior se refleja en el siguiente ejemplo tomado de una licitación de la CCSS de 2005: Para la compra de un mismo medicamento la empresa Pfizer Inc. realizó una oferta por un precio 140 veces mayor al ofrecido por un laboratorio genérico.

IV.- EL CONFLICTO DE INTERESES DE LA DIPUTADA ANTILLÓN GUERRERO

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Nº 8422 de 6 de octubre de 2004, establece en su artículo 48, párrafo primero:

“ARTÍCULO 48.- Legislación o administración en provecho propio. Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social. (...)” (Énfasis agregado)

Tal y como consta en los hechos relevantes en que se basa esta denuncia, el cónyuge de la diputada Antillón Guerrero, señor Luis Pal Hegedus, así como otros de sus socios del bufete Castro-Pal son apoderados especiales de la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer Inc.

El poder que ostenta el señor Pal no es un poder general. Ha sido concedido específicamente para defender los intereses de la empresa Pfizer Inc. en materia de patentes de invención y demás asuntos relacionados con propiedad intelectual. De forma expresa le asigna la función de proseguir y defender patentes de invención, en sede administrativa, registral o judicial.

De una muestra extraída de seis de las principales empresas que solicitan patentes ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica, Pfizer Inc. ocupa por un amplio margen de ventaja el primer lugar en solicitudes de patentes de invención presentadas, ya que dos de cada tres de estas solicitudes (66%) corresponden a esta compañía.

El TLC con los Estados Unidos (expediente legislativo 16.047) contiene en su Capítulo 15 una serie de disposiciones que benefician de manera directa los intereses económicos de Pfizer Inc. en relación con la prosecución y defensa de patentes. Su incorporación y aplicación en nuestro ordenamiento jurídico a su vez se traducirá en mayores ingresos por concepto de honorarios u otras formas de retribución para los apoderados y representantes de esta empresa.

Cada extensión del plazo de una patente, cada nuevo derecho de protección exclusiva de datos de prueba que se declaren, tendrán estas implicaciones.

Cada vez que se retrase la entrada en el mercado de medicinas genéricas como consecuencia de esa protección exclusiva –afecte o no a la Caja- se incrementarán las ganancias de Pfizer Inc. como proveedor exclusivo y las retribuciones para sus apoderados encargados de defender ese carácter de exclusividad.

Otras cláusulas del TLC como la de vinculación “patente-registro”, también favorecerán la actividad de Pfizer Inc. y sus representantes en la defensa de sus intereses. Un ejemplo de esto último es lo ocurrido recientemente en Filipinas donde esta empresa impugnó la decisión de las autoridades sanitarias de ese país de importar un medicamento esencial para la población a efectos de avanzar con los estudios para producir una versión genérica cuando venza la patente. En este caso, que se ventila en los tribunales, Pfizer Inc. exigió la aplicación de la cláusula de vinculación que se incluyó en el TLC con Centroamérica. (Ver Anexo I)

Así las cosas, se hace evidente el conflicto de intereses en que incurre la diputada Antillón Guerrero. Un conflicto de intereses que se encuentra tipificado en el artículo 48 de la Ley 8422, que prohíbe el acto de legislar en beneficio de empresas de las que el cónyuge de un diputado sea apoderado.

Es importante destacar que en este caso se trata de un conflicto de intereses de carácter directo. No uno de carácter general indirecto como sea han cuestionado en el pasado. No se trata de “educadores legislando a favor de la educación”.

Se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la aprobación de un tratado internacional (expediente 16.047) que otorga ventajas jurídicas en materia de patentes que se traducen en beneficios económicos directos para una compañía farmacéutica de la cual el cónyuge de la diputada Antillón Guerrero es apoderado especial precisamente para la defensa y prosecución de patentes. Estos beneficios, a su vez, se traducirán en mayores ingresos por pagos de honorarios u otras retribuciones económicas para quienes ejerzan la representación de los intereses de la compañía.

La diputada Antillón Guerrero es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior que dictaminó el expediente 16.047 y del Plenario Legislativo, que se apresta a conocer dicho expediente.

A pesar de los notables beneficios económicos que este proyecto implica para la empresa representada por su cónyuge, la diputada Antillón Guerrero concurrió con su voto favorable en el dictamen emitido el pasado 12 de diciembre de 2005.

Anexo I
Cuadro 4: El intento de Pfizer de que se apliquen normas “ADPIC plus” en Filipinas

Ocho millones de filipinos sufren de hipertensión y la cardiopatía es la causa número uno de fallecimientos. Norvasc, un medicamento para la hipertensión producido por Pfizer tiene un precio desorbitado en Filipinas, comparado con el precio en los países vecinos. Puesto que la mayoría de los filipinos pagan los medicamentos de su propio bolsillo, cualquier gasto adicional puede tener un efecto devastador sobre sus finanzas. Anticipando el vencimiento de la patente de Norvasc a mediados del año 2007, la autoridad filipina para los medicamentos importó versiones más baratas del medicamento patentado para establecer la bioequivalencia entre las dos versiones. Esta práctica que se conoce como “adelantamiento del trabajo” es legal de acuerdo con la disposición Bolar y facilita la aprobación de comercialización y la introducción de equivalentes asequibles de medicamentos a partir del día después del vencimiento de la patente (puesto que la autorización para la comercialización puede tardar más de 18 meses). La disposición Bolar es coherente con el Acuerdo sobre los ADPIC y con la legislación de Filipinas y se emplea en otros países, incluyendo EE.UU. y Canadá. Sin embargo, Pfizer interpuso una demanda contra el gobierno filipino, afirmando que: la importación paralela de una versión de Norvasc antes del vencimiento de la patente, aunque sólo sea en el marco de un “adelantamiento del trabajo”, es ilegal; el registro de versiones importadas de Norvasc no debería permitirse hasta que expire la patente (una norma conocida como “vínculo” que va más allá de lo exigido en el Acuerdo sobre los ADPIC y que está prohibida por la legislación filipina); y se debería emitir una orden inhibitoria que asegure que el gobierno no importa muestras adicionales de Norvasc hasta la expiración la patente. Si Pfizer tiene éxito, el acceso futuro a medicamentos económicos podría limitarse y cuestionaría el derecho independiente del gobierno a aplicar los las flexibilidades dotadas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Fuente: Oxfam Internacional, “Patentes contra pacientes. Cinco años después de la Declaración de Doha”, 2006.

Nota: Si desea copia del documento, incluyendo los gráficos, por favor solicítelo a info@frenteamplio.org

lunes, febrero 12, 2007

SALA CONSTITUCIONAL ADMITE RECURSO DE AMPARO CONTRA COMEX

Intentan pasar por decreto Capítulo 15 del TLC

La Sala Constitucional admitió el recurso de amparo presentado por el diputado José Merino del Río contra el Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, ante la negativa de entregar una copia, de la versión más actualizada, del proyecto de reglamento de la Ley de Información No Divulgada.

El recurso se tramita bajo el expediente 07-001229-0007-CO y se concedió al COMEX tres días hábiles, a partir de su notificación, para responder la demanda del legislador del Partido Frente Amplio.

El diputado Merino solicitó en dos ocasiones el documento, sin embargo el jerarca de COMEX se negó declarando que el trámite del reglamento es de carácter “secreto”, hasta tanto el respectivo decreto no esté promulgado y publicado. En ese momento la población ya no tiene oportunidad de participar en el proceso de formación de esta norma.

En su recurso Merino del Río considera que se violentan los derechos de participación ciudadana y de acceso a la información de interés público, así como el principio de publicidad que debe regir el trámite de toda norma de carácter general.
El parlamentario del Frente Amplio denunció que mediante este reglamento y su decreto por el Poder Ejecutivo: “Se pretende cumplir obligaciones del TLC sobre protección de datos de prueba, y otros privilegios para las transnacionales farmacéuticas, sin que se discutan en la Asamblea Legislativa, con el fin de evitar la polémica alrededor de su impacto sobre el derecho a la salud y el acceso a las medicinas”.

“Mientras en la Asamblea Legislativa se pide un profundo debate sobre los impactos negativos del TLC para nuestro sistema de salud pública y algunos quieren promover reformas legales para mitigar dichos impactos, el COMEX se burla y quiere implementar por decreto, a espaldas del Parlamento, el Capítulo 15 del Tratado” dijo el diputado Merino.

Comunicado de Prensa, 12 de febrero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

viernes, febrero 09, 2007

COMEX INTENTA INTRODUCIR CAPITULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TLC POR VIA DECRETO

DENUNCIA EL DIPUTADO JOSE MERINO

-Protección de datos de prueba y demás privilegios para trasnacionales farmacéuticas se pretenden introducir a través de un simple reglamento ejecutivo

-Gobierno busca evadir discusión en el Parlamento de uno de los aspectos más polémicos del Tratado: su impacto sobre el derecho a la salud y el acceso a las medicinas

-Ministro Ruiz declara “secreto” trámite de “Reglamento a la Ley de Información No Divulgada” .

-Diputado Merino presentó recurso de amparo contra COMEX.

Ante la creciente oposición al TLC con los Estados Unidos y a sus leyes paralelas que surge en el Parlamento y en la sociedad costarricense, el Poder Ejecutivo está intentando imponer “por decreto” parte de las reformas más controversiales exigidas por este Tratado.

En efecto, contrario a lo que podría pensarse, no toda la llamada “Agenda de Implementación” del TLC se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Hay asuntos sumamente delicados como varias obligaciones del Capítulo 15 “Propiedad Intelectual” que la Administración Arias no pretende someter a un debate público. Por el contrario, trata de aprobarlas por la vía de simples reformas reglamentarias.

Actualmente en la Asamblea se discute una parte de la agenda de propiedad intelectual del TLC: la Ley de Obtenciones Vegetales (16.327), el Tratado de Budapest (16.123), el Tratado de Marcas (16.144), o una reforma a la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (16.117). Específicamente en relación con las patentes también se tramitan algunas reformas contenidas en el Expediente (16.118).

Sin embargo, los puntos que afectarían de forma más severa a la Caja Costarricense del Seguro Social y el derecho del pueblo de acceso a las medicinas, NO SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN DICHOS EXPEDIENTES.

Para su trámite el Gobierno pretende utilizar el reglamento a la “Ley de Información No Divulgada”, Nº 7975. Una ley aprobada en 2000 que hasta la fecha no ha sido reglamentada.

Este reglamento incluiría:

-El nuevo derecho creado en el TLC a la protección exclusiva durante cinco años de los datos de prueba utilizados para obtener el permiso para comercializar productos farmacéuticos. Una figura que puede funcionar como una barrera elevada y eficaz para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos y dificultar severamente la concesión de licencias obligatorias.

-La ampliación del concepto de “nuevas entidades químicas” contenida en el TLC, que permite que sean tenidas como “nuevas” las entidades aprobadas en otros países que no han sido registradas todavía en Costa Rica, en beneficio de los derechos de las trasnacionales.

-La redefinición del concepto de “información no divulgada” para que se entiendan como “no divulgados” los datos de prueba puestos a disposición del público en el proceso de registro de medicamentos. Esto busca ampliar la cobertura de los derechos exclusivos que se crean en el TLC a supuestos que no están previstos actualmente ni en la OMC.

-La vinculación “patente-registro” que obliga a las autoridades sanitarias del país a no otorgar el registro a la versión genérica de un medicamento cuando exista una patente de un tercero sobre el producto, convirtiendo a estas autoridades en “policías” de las trasnacionales, a pesar de no tener ni la capacidad ni los recursos para ello.

La primera alerta sobre esta estrategia la dio el ex ministro de Comercio Exterior, Manuel González Sans, quién en un artículo de noviembre de 2006, publicado en defensa del trabajo de la Administración Pacheco en el trámite de las reformas legales exigidas para la entrada en vigencia del TLC manifestó: “quedaron avances importantes en otras áreas de la Agenda de Implementación, que tiene que ver con reformas normativas. Por ejemplo, ¿Por qué el Ministro no menciona el trabajo que se hizo sobre el Reglamento a la Ley de Información no Divulgada? Eso quedó prácticamente concluido y tiene especial relevancia para el tema de genéricos, tanto farmacéuticos como agroquímicos.”

La maniobra descrita no es otra cosa que un intento por introducir la agenda de implementación del TLC por la vía de un decreto ejecutivo. Aprobar por reglamento reformas a nuestro ordenamiento jurídico que deberían ser conocidas y discutidas en la Asamblea Legislativa.

De esta forma, el Gobierno busca evitar que uno de los temas más polémicos y sensibles del TLC para nuestra población sea discutido en el Parlamento, donde prevalece el principio de publicidad, los debates son públicos y las distintas fuerzas políticas y sociales del país tienen oportunidad de participar.

Mientras en la Asamblea Legislativa hay muchos diputados que claman por un profundo debate sobre los impactos negativos del TLC para nuestro sistema de salud pública y hablan de promover reformas legales para mitigar dichos impactos, el COMEX se burla de estas preocupaciones, implantando a espaldas del Parlamento y por decreto el Capítulo 15 del Tratado.

TRÁMITE SECRETO PARA LA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL TLC

Ante tales preocupaciones, el diputado José Merino solicitó en dos ocasiones al Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, que entregara una copia de la versión más actualizada del proyecto del citado reglamento.

Sin embargo, el jerarca de COMEX se negó a brindar acceso a la información solicitada, declarando el trámite del reglamento de carácter “secreto” hasta tanto el respectivo decreto no esté promulgado y publicado. Es decir, cuando la población ya no tiene oportunidad de participar en el proceso de formación de dicha norma.

Lo más preocupante son los argumentos utilizados por el Ministro Ruiz para justificar su negativa a informar, más propios de un gobierno autoritario de corte imperial y napoleónico y no de un Ministro de Estado de una democracia moderna en pleno siglo XXI.

En opinión de este funcionario público la limitación impuesta al derecho de la población a ser informada y participar en el trámite de tan importante normativa se justificaría en que la divulgación de estos documentos “podría incluso generar consecuencias negativas a la Administración, en tanto salgan a la luz posiciones o aspectos que generen expectativas en terceros, que luego no resulten incorporadas al texto final, o bien generen presiones que puedan llegar a entorpecer su labor.”

Esta conducta del Ministro Ruiz obligó al diputado Merino del Río a interponer un Recurso de Amparo contra el COMEX, por violentar los derechos de participación ciudadana y de acceso a la información de interés público, así como el principio de publicidad que debe regir el trámite de toda norma de carácter general.

De ninguna manera la participación del pueblo en asuntos de marcado interés público como la normativa que afectará su acceso a las medicinas puede ser calificada como un obstáculo o una amenaza para la labor del Gobierno. Todo lo contrario. La consulta a la ciudadanía y el respeto a su derecho de conocer y opinar sobre los proyectos que le afectan, enaltece y fortalece nuestra democracia.

Es cierto que permitir que la gente participe en la discusión de un tema tan sensible va a generar expectativas y opiniones diversas. Pero esa es la expresión normal de una democracia sana y vigorosa, donde las decisiones públicas son resultado de un proceso de reflexión, de búsqueda de consensos y no de imposiciones.

Salvo que lo que el Gobierno pretenda sea imponer normas polémicas a espaldas del pueblo, no habría razón para considerar la información pública como una “amenaza”.
¿A qué le teme tanto el COMEX? ¿Por qué declarar secreto el trámite de una norma tan importante? ¿Qué es lo que esconden? Aquí no estamos hablando de un tema menor. Se trata de un reglamento que podría tener notables repercusiones sobre el precio de los medicamentos y el derecho de acceso de la población a éstos. Es decir, está en juego el derecho humano de acceso a la salud, derivado del artículo 21 de nuestra Constitución Política.

Comunicado de Prensa, 8 de febrero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

martes, febrero 06, 2007

RECHAZAN COMPARECENCIAS EN COMISION PARA PRIVATIZAR EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El día de hoy en la sesión de la comisión especial que analiza la “Ley General de Telecomunicaciones” fueron rechazadas mociones del diputado José Merino del Río, para solicitar la comparecencia de entidades académicas y expertos en la materia, entre ellos los ingenieros Pablo Cob, expresidente ejecutivo del ICE y Gerardo Fumero, especialista con 32 años de laborar en la institución.

A lo anterior hay que sumar la negativa a recibir a las personas representantes de la Federación para la Conservación del Ambiente Costarricense (FECON) y a los Consejos Universitarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Igualmente se rechazó la comparecencia de las personas que integran la Comisión Especial de Telecomunicaciones de la Universidad de Costa Rica, presidida por el Dr. Manuel María Murillo, y a la que pertenecen también el Dr. Luis Baudrit, la Dra. Margarita Bolaños, el Ing. Víctor Hugo Chacón, el Lic. Rodrigo Madrigal Montealegre, el Ing. Ismael Mazón, el Dr. Jaime Ordóñez, el Dr. Jorge Rojas y el Lic. Juan Manuel Villasuso.

Se rechazó además la comparencia los presidentes de las organizaciones gremiales del ICE: José Joaquín Porras (ANTTEA), Jorge Muñoz (AJEICE) y Sergio Saborío (SITET).

El diputado Merino señaló que se trata de un tema sobre el que no ha habido acuerdo en la sociedad costarricense durante los últimos años y sobre el que pueden aportar no sólo los expertos en telecomunicaciones, sino también diversas organizaciones sociales y académicas, sin embargo “la búsqueda acelerada de la privatización de los mercados de las telecomunicaciones, conducen a la “mayoría mecánica” a un irracional calendario simplificado de comparecencias, que excluye sobre todo a las personas y sectores con visiones alternativas, tal el caso de la Comisión de la UCR que ha presentado a la consideración de la sociedad propuestas de ley para fortalecer el ICE y regular las telecomunicaciones; de expertos como los ingenieros Cob y Fumero y de las organizaciones sociales de los trabajadores y los ambientalistas que participaron en las comisiones mixtas formadas en periodos anteriores de la Asamblea Legislativa”.

Comunicado de Prensa, 6 de febrero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

lunes, febrero 05, 2007

GOBIERNO PROMUEVE CLIMA DE VIOLENCIA

Se reafirma necesidad de OBSERVADORES INTERNACIONALES en marcha del 26 de febrero asegura Diputado José Merino, ante declaraciones de vicepresidenta de la República, Laura Chinchilla

En una entrevista publicada en el periódico Al Día, del domingo 4 de febrero, la señora Laura Chinchilla, vicepresidenta de la República y quien también ocupa el cargo de ministra de Justicia, afirmó que “alguna gente” ha dicho que “posiblemente va a ser necesario un muerto” con el fin de “justificar la violencia en las calles”.

“Estas declaraciones temerarias de doña Laura Chinchilla solo pueden entenderse en el marco del afán del gobierno, y determinadas cúpulas empresariales, de crear un clima de intolerancia y provocación de los movimientos sociales que se manifestarán de manera pacífica el próximo 26 de febrero”, comentó el diputado José Merino del Río.

Para el parlamentario del Frente Amplio la vicepresidenta de la República debe dar a conocer a la opinión pública el nombre de esas personas que según ella se oponen al TLC y han dicho esas palabras. “Estoy seguro que no puede hacerlo, no puede mencionar el nombre de una sola persona dirigente de las coordinaciones y frentes de lucha social, que haya dicho semejante barbaridad”, agregó.

Para el diputado Merino una afirmación de ese tipo solo puede venir de la boca de algún provocador, infiltrado en los grupos sociales con el fin de darle falsa legitimidad a determinadas acciones represivas que está planeando el gobierno, en contra de miles de compatriotas que desean ejercer su derecho a protestar cívica y pacíficamente contra el TLC.
El representante parlamentario del Frente Amplio indicó que estas declaraciones de la vicepresidenta Chinchilla, reafirman la necesidad de que estén presentes observadores internacionales durante las protestas, tal y como se ha solicitado a la ONU, la OIT y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dijo que igualmente analiza la posibilidad de solicitar a la Defensoría de los Habitantes, observadores nacionales para que, en conjunto, aseguren que la gente pueda manifestarse en paz contra el TLC.
Comunicado de Prensa, 5 de febrero del 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

DIPUTADO MERINO INTERPELA AL PRESIDENTE DE LA UNIDAD SOCIAL CRISTIANA

Para que dé a conocer las negociaciones clandestinas de los diputados “vendidos para proteger intereses privados y hasta familiares”

“Son muy preocupantes y graves las declaraciones al Diario Extra el día de hoy, del presidente de la Unidad Social Cristiana, don Luis Fishman, al referirse a las actuaciones de la fracción parlamentaria de este partido en relación con el trámite del TLC y otros proyectos del gobierno”, dijo el diputado José Merino del Río.

“Dice don Luis que algunos diputados y diputadas del PUSC están entregados al gobierno, y califica a la fracción de allanada, deficitaria y complaciente, lo cual está a la vista de la ciudadanía, pero lo que no se conocía es que esto ocurre porque, según sus palabras, están ‘vendidos para proteger intereses privados y hasta familiares’ a cambio de sus votos a favor del TLC”, continuó diciendo el parlamentario del Frente Amplio.

“Siendo el presidente de la Unidad Social Cristiana una persona generalmente bien informada, y que ha ocupado puestos relevantes en la vida pública nacional, me siento en la obligación de interpelarlo y solicitarle de manera respetuosa a don Luis Fishman que dé a conocer esas negociaciones clandestinas que han llegado a sus oídos, que diga cuáles diputados de su partido son los que le van dar sus votos al TLC y no hacen control político para proteger determinados intereses particulares”, manifestó el diputado Merino.

Al mismo tiempo el legislador del Frente Amplio invitó a la dirección política y los adherentes de la Unidad Social Cristiana a analizar la conveniencia de participar en la marcha nacional convocada por los movimientos sociales para el próximo 26 de febrero, al igual que acudirán a este llamado los liberacionistas que se oponen al TLC, junto a los partidarios del Frente Amplio, el PAC, el PASE y otras agrupaciones políticas sin representación parlamentaria.

Comunicado de Prensa, 5 de febrero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

viernes, febrero 02, 2007

FRENTE AMPLIO SOLICITA PRESENCIA DE OBSERVADORES INTERNACIONALES EN MANIFESTACIONES CONTRA TLC

En respuesta a provocaciones del Gobierno que anuncia violencia

El diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, solicitó a la ONU, la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos el envío de observadores internacionales, que permanezcan en Costa Rica durante las jornadas de protesta cívica y pacífica contra el TLC que se celebrarán en Costa Rica durante los próximos meses, iniciando con la marcha del 26 de febrero, con el fin de evitar la violencia y represión contra los movimientos populares, anunciada en una campaña mediática provocadora del Gobierno, en la que incluso aparece el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias. A continuación la solicitud del diputado Merino:

San José de Costa Rica, 1 de febrero de 2007

Señora Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Señor Sergio García Ramírez

PresidenteCorte Interamericana de Derechos Humanos
Señor Juan Somavia

Director GeneralOrganización Internacional del Trabajo (OIT)

Estimada señora Arbour y señores García y Somavia:

Costa Rica enfrenta un conflicto social con motivo de la discusión nacional sobre la conveniencia o no de ratificar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en la Asamblea Legislativa. Las fuerzas sociales y políticas que se oponen a la integración de Costa Rica en este tratado cargado de cadenas, planean movilizaciones sociales y acciones de resistencia civil pacífica que se desplegarán en los próximos días. La Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC, el Comité Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC y otras instancias diversas, han convocado a la ciudadanía a una manifestación por las calles de San José, para el próximo lunes 26 de febrero.

El gobierno de la República y sectores empresariales que le acompañan, han lanzado una campaña mediática de provocación y atemorizamiento de la población, donde se asegura que hay dirigentes sindicales y organizaciones dispuestos a promover la violencia, algunos altos funcionarios han lanzado acusaciones temerarias sobre supuestos vínculos de las fuerzas ciudadanas con movimientos insurgentes o gobiernos extranjeros, mientras se insinúa la presencia de supuestos grupos armados en el país con propósitos desestabilizadores. Nada de esto es cierto y no sabemos que propósitos inconfesables tendrá su difusión.

En esta situación de crispación social y donde es posible la infiltración entre los miles de manifestantes de agentes pagados de provocación que busquen la creación de conflictos y enfrentamientos que pueden enlutar muchos hogares costarricenses, nos parece oportuno solicitarle a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, el envío de observadores internacionales que con su presencia permanente en el país desde el 26 de febrero y durante los próximos meses, atestigüen el carácter pacífico de las protestas y eviten la provocación y represión de los movimientos populares.

Les ruego considerar esta petición con el carácter urgente que amerita.

Esperando su pronta respuesta, se despide, atentamente,

José Merino del Río
Diputado de la República
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Partido Frente Amplio
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