Nuevo decretazo promueve Arias

Permitiría patentar conocimiento tradicional de indígenas

-Una burla más a comunidades indígenas, al Convenio 169 de la OIT y a la Sala Constitucional.

-Continúan las imposiciones del Gobierno de Estados Unidos para la certificación del TLC.

El 26 de noviembre de 2008 los ministros de Comercio Exterior, Justicia y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones enviaron a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) un borrador de “reglamento” al artículo 78.6 de la Ley de Biodiversidad, para que esta entidad remita una copia a las asociaciones de desarrollo indígenas del país.

Según advirtió el diputado José Merino del Río del Partido Frente Amplio, este reglamento pretende que las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sobre los usos de la biodiversidad puedan ser patentados con base en la Ley de Patentes. Es decir, se trata del mismo cambio a la Ley de Biodiversidad que intentaron introducir a través del proyecto de “Ley Escoba” de la agenda de implementación del TLC y que tuvieron que sacar de ese proyecto, porque la Sala IV determinó que afectaba los derechos de los pueblos indígenas y debía ser consultado con base en el Convenio 169 de la OIT. “Como no pudieron imponer esta reforma a través del debate democrático en el Parlamento, ahora tratan de “pasarla por la cocina” mediante un decretazo del Poder Ejecutivo, que pretende distorsionar y dejar sin efecto la protección legal para los pueblos indígenas ”, denunció el diputado Merino.

Para el diputado Merino se trata de un reglamento ilegal e inconstitucional que violenta las obligaciones asumidas por Costa Rica en el Convenio de Diversidad Biológica sobre la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Sin embargo, la maniobra del Gobierno es clara: pretenden aprobar este reglamento ilegal en diciembre para incluirlo en la certificación del TLC, a sabiendas de que los tribunales de justicia podrían tardar varios años en anularlo.

Lo más grave es que esta maniobra se quiere hacer burlando el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169. “El envío por un plazo corto de una carta a las asociaciones de desarrollo a través de la CONAI, no puede ser tenido como una consulta adecuada hecha de buena fe como lo exige el Convenio. Tiene que haber información previa, tiempo para deliberar y participación directa de las comunidades. Es una arbitrariedad más del Gobierno”, señaló Merino del Río.

Por último, indicó el representante del Frente Amplio en el parlamento que “esto es una prueba de que la agenda de implementación del TLC no ha terminado como lo anunció con bombos y platillos el Ministro de Comercio Exterior. Por el contrario, siguen apareciendo nuevas imposiciones para modificar ilegítimamente la legislación nacional en perjuicio de nuestra biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas”.

TLC: Terminan como empezaron... mintiendo

Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

Proyecto de ley 16.955. Reformas sobre Propiedad Intelectual. Principales cambios introducidos.

1. Elimina excepción para licencias obligatorias en el caso de patentes sobre medicamentos.

A última hora, y sin ningún tipo de consulta introdujeron una reforma en este proyecto que elimina el artículo de la Ley de Patentes (20 inciso 4) que permite que los datos de prueba necesarios para registrar un medicamento puedan ser utilizados en el caso de licencias obligatorias de utilidad pública por emergencias de salud. Esta norma era muy importante porque sin estos datos no es posible fabricar y comercializar un medicamento, lo que tornaría inútiles las licencias obligatorias que aplica el Estado para romper una patente cuando hay necesidades urgentes de abastecer a la población con medicinas a precios accesibles.

Lo más grave es que este artículo se introdujo en la Ley después de semanas de negociación y discusión en la Comisión Plena y los diputados de todas las fracciones coincidieron públicamente que era una necesidad urgente y no chocaba con las obligaciones del TLC. ¿Por qué lo eliminan entonces?

Esta derogatoria inesperada nos muestra que el proceso de certificación del TLC ya está en marcha. Nos muestra que no es la Asamblea Legislativa quién está legislando en Costa Rica. Quienes están legislando son los funcionarios del Gobierno de EEUU en concierto con las trasnacionales farmacéuticas. En el ejercicio del debate democrático aprobamos una reforma para proteger la salud, pero a los gringos no les gustó, y los diputados del G-38 salen corriendo a obedecer las órdenes de eliminar la reforma aprobada. Todo a espaldas de la gente y sin ningún tipo de discusión pública.

2. Introduce reformas de última hora a la Ley de Biodiversidad para permitir que se patente el conocimiento tradicional de las comunidades locales y hasta el ADN humano.

El último día de discusión del expediente 16.955, cuando ya no era posible presentar mociones, metieron en este proyecto una nueva reforma a la Ley de Biodiversidad que no le ha sido consultada a nadie, ni al Ministerio de Ambiente, ni a las comunidades indígenas y campesinas, ni a los grupos ambientalistas. A pesar de que habían dicho al pueblo que nuestra legislación ambiental no vería afectada y que esta ley no la iban a tocar.

La reforma al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad permite que trasnacionales patenten y se apropien nada más y nada menos que de “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público”, es decir, del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y campesinas sobre los usos de la biodiversidad.

Lo más grave de esto es que, durante el debate del TLC, el COMEX le dijo a los costarricenses que el conocimiento tradicional no se verá afectado precisamente porque existía este artículo que ahora están eliminando. También la Sala IV se basó en esta y otras normas de la Ley de Biodiversidad cuando concluyó que UPOV no afectaba a las comunidades indígenas. ¿Entonces?

El cambio introducido también abre las puertas al patentamiento de secuencias de ADN, sin excluir el material genético de origen humano.

3. Reforma la Ley de Obtenciones Vegetales eliminando excepción que daba un plazo de 10 años para su aplicación a todos los géneros y especies vegetales.

El proyecto también introduce cambios sorpresivos a la Ley de Obtenciones Vegetales que solo buscan favorecer los intereses de las empresas trasnacionales que controlan el mercado de las semillas. De un plumazo eliminaron la excepción que establecía una aplicación gradual del Convenio UPOV, para que en los primeros diez años de vigencia solo afectara a quince géneros o especies vegetales.

Esta norma se había incluido después de una ardua negociación del G-38 con el PAC, a través de la cual esa fracción retiró la gran mayoría de sus mociones, a cambio de que se incluyeran dichas mejoras.

Incluso ese acuerdo fue celebrado por la prensa como un “ejemplo” de lo que debe ser la negociación política y la búsqueda de acuerdos en el Parlamento. ¡Pero ahora, en otro proyecto de ley, el G-38 pretende eliminar los cambios acordados para que UPOV se aplique desde un inicio a todas las variedades de plantas! Es decir, cuando se trata de buenos negocios, no hay palabra que valga. ¡Cuanta desfachatez!

Por si fuera poco, pretenden modificar el artículo 3 de la Ley, eliminado la parte donde se decía que los planes sobre promoción de nuevas variedades vegetales deben hacerse en armonía con las normas de acceso y protección de la biodiversidad y el conocimiento tradicional. ¿Por qué eliminan esto? ¿No era que UPOV no afectaba en nada la biodiversidad y las normas de acceso? Por último, en el artículo 8 eliminan la norma que decía que los organismos externos encargados de exámenes técnicos (sobre las solicitudes de protección) tendrán que ser totalmente independientes de los solicitantes. En su lugar ponen que estos organismos tienen que velar por los intereses de los obtentores...

4. Reformas a Ley de Derechos de Autor que reducen derechos de los autores, artistas y creadores.

Durante la campaña a favor del TLC dijeron que las reformas en propiedad intelectual buscaban fortalecer los derechos de los artistas y los autores. Pero la parte del proyecto que reforma la Ley de Derechos de Autor hace todo lo contrario. Aunque de esto nunca se le habló a la población en el referéndum, se pretende reducir y debilitar las normas que reconocen y protegen los derechos morales de los autores y creadores, fortaleciendo los poderes de los intermediarios (grandes editoriales, casas disqueras, representantes comerciales, etc) que hacen negocio con la cultura, el arte y el conocimiento.

Lo derechos morales son los derechos inalienables e irrenunciables que conservan los artistas y creadores, independientemente de que vendan a los intermediarios el derecho a usar o comercializar su obra (derechos patrimoniales). Estos derechos son radicalmente reducidos y relativizados, en perjuicio de los intereses de los trabajadores del sector cultura, quienes usualmente se encuentran en un posición de franca desigualdad frente al poder de las grandes compañías.

Las normas que regulan contratos como el de edición para que haya un equilibrio mínimo entre los intereses de creadores y casas editoriales son prácticamente eliminadas. De hecho llegan al extremo de poner que los contratos que se firmen pueden desconocer cualquier obligación de la ley. Esto obviamente favorece, a la parte más fuerte de este tipo de relaciones, que podrá imponer a su antojo condiciones abusivas o desiguales a los autores.

UPOV: BURLAN VOLUNTAD POPULAR

La voluntad de más de 100 mil costarricenses, que firmaron contra UPOV y pedían una consulta popular, quedo burlada al votar la “mayoría mecánica” (G-38) en segundo debate y de manera apresurada el Convenio en el plenario de la Asamblea Legislativa. Para el Diputado José Merino se le negó a la ciudadanía el tiempo establecido para recolectar las firmas, por lo que se trata de una victoria moral y política para el arco de fuerzas patrióticas y progresistas de Costa Rica, que no se sienten derrotadas, que siguen luchando.

LLAMADO A TRABAJADORES/AS DEL INS

Intervención del Diputado José Merino en la Asamblea Legislativa, el día 10 de abril de 2008, durante la discusión del proyecto de ley que rompe el monopolio de seguros, en manos del INS.

EN DEFENSA DEL INS

En la Asamblea Legislativa se está conociendo un proyecto de ley que libera la competencia en el mercado de seguros, mientras amarra al Instituto Nacional de Seguros (INS), impidiéndole establecer alianzas estratégicas en la región centroamericana, denunció el Diputado José Merino en el plenario legislativo (8 de abril de 2008).

75 MIL FIRMAS CONTRA UPOV

MILES DE PATRIOTAS CONTRA UPOV

DESMANTELAN EL ICE

El Diputado José Merino del Río denuncia acciones y políticas dirigidas al desmantelamiento del ICE, aún antes de que se aprueben los proyectos de ley aperturistas en la Asamblea Legislativa. Intervención en el plenario legislativo, el día 6 de octubre de 2008.

¿RELACIONES PELIGROSAS?

“¿Sabía el Presidente Ejecutivo y Gerente General del Instituto Costarricense de Electricidad, que la persona actualmente encargada de las relaciones públicas y la comunicación del ICE, trabajó antes como consultor de la empresa ALCATEL?”

Esta es una de las preguntas que le surgen al Diputado José Merino del Río, al enterarse de la existencia de un contrato entre la empresa ALCATEL, representada por el señor Edgar Valverde, y el consultor Elberth Durán, vigente entre el 1 de junio del año 2003 y el 31 de mayo del 2004.

El documento compromete al señor Durán a brindar asesoría a ALCATEL en temas relacionados con el “área de comunicación, prensa, proyección e imagen”, atender “contactos”, y obliga al asesor “a no divulgar durante su periodo de contratación y después de él, información confidencial de la empresa”.

“¿Cómo es posible que después del escándalo por los pagos de comisiones que esta empresa hizo a directivos de ICE y personajes políticos de alta influencia, ahora don Pedro Pablo Quirós lo tenga como uno de sus asesores principales en materia de relaciones públicas?”, preguntó el legislador del Frente Amplio.

Algunos de los pagos transferidos por la empresa “Servicios Notariales Q.C.”, que administró fondos de ALCATEL desde Bahamas, se hicieron durante el período en que estaba vigente el contrato con el consultor Elberth Durán.

En momentos donde la Procuraduría de la Ética cuestiona la manera en que el ICE está haciendo una negociación para la cancelación de una multa a ALCATEL, mediante la entrega de 200 mil líneas celulares y otros equipos, perpetuando la relación entre esta empresa y el ICE, en virtud de las obligaciones necesarias para el mantenimiento, surge esta información que pone en duda, según el Diputado Merino, decisiones y actuaciones del Presidente Ejecutivo y Gerente General del ICE.

Para el Diputado del Frente Amplio se trata de un asunto cuestionable donde la responsabilidad política y ética principal, le corresponde asumirla al señor Pedro Pablo Quirós.

Comunicado de Prensa, 28 de febrero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

EN TRATADO DE MARCAS PERSISTEN VICIOS DE PROCEDIMIENTO

El Diputado José Merino del Río, quien advirtió la falta de una página en el proyecto de ley sobre el Tratado de Marcas y su Reglamento, considera que este expediente sigue presentando vicios sustanciales del procedimiento, lo que ocasionaría su inconstitucionalidad.

El representante del Frente Amplio indicó que el texto no fue remitido con el aval y la firma del Presidente de la República, como corresponde, ya que el nuevo fue enviado únicamente por el Ministro de Relaciones Exteriores.

El parlamentario considera irregular que el nuevo texto certificado se acogiera como texto sustitutivo del expediente en la comisión dictaminadora, siendo diferente al original enviado por el Poder Ejecutivo.

Según Merino del Río no se ha cumplido con el trámite que manda el artículo 140, inciso 10, de la Constitución de la República, ya que se requería un proyecto de ley nuevo en vez de forzar la utilización del trámite aprobado por la vía del artículo 41 bis.

Existe, como antecedente, la Sentencia No. 1102-90 de la Sala Constitucional, que manda a la Asamblea Legislativa iniciar de nuevo el trámite legislativo, cuando exista un documento de carácter internacional que no consta, en texto oficial, en el expediente.

El Diputado Merino resaltó que el texto que se quiere votar en primer debate continúa teniendo problemas, ya que remite a un artículo 29 del Tratado que no existe, pues éste sólo tiene 25. Tal señalamiento está incluido en la Regla 5, inciso 3, punto ii) del Reglamento del Tratado de Marcas, que es parte integral del proyecto de ley.

El legislador frenteamplista, dijo finalmente que no se sabe quién puede haber cometido este error, si ya está incluido en la certificación del Director de la OMPI, o fue que se trabajó en la Asamblea Legislativa con un texto fotocopiado no original.

Comunicado de Prensa, 26 de febrero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

SALA CONSTITUCIONAL EN LA PICOTA

Intervención del Diputado José Merino del Río, en el plenario legislativo del día 25 de febrero de 2007, sobre el magistrado suplente de la Sala Constitucional que siendo beligerante en el debate público sobre el TLC, no se abstuvo, como correspondía, de participar en la consulta legislativa sobre el proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales.

MAGISTRADO DEL "SI AL TLC" DECIDE VOTACION SOBRE LEY UPOV

DIPUTADO MERINO CONSIDERA NULA LA SENTENCIA

La participación del magistrado suplente Federico Sosto López en el análisis de constitucionalidad del proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales, fue cuestionada por el Diputado José Merino del Río, por haber participado dicho juez activamente a favor del "Sí al TLC", durante la discusión pública de este Tratado.

El legislador del Frente Amplio citó como ejemplo de parcialidad el artículo "Más allá del TLC", publicado en La Nación del lunes 15 de enero del 2007, y firmado por el Licenciado Sosto López, en conjunto con los abogados Alan Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, todos miembros activos de la campaña del "Si", y uno de ellos asesor de la Casa Presidencial.

En el artículo mencionado el señor Sosto, junto a los otros autores, expresó públicamente opiniones favorables al TLC y muestra claramente su beligerancia, en un enfrentamiento abierto con académicos y profesionales vinculados a la Universidad de Costa Rica, en relación con aspectos como la "solución de controversias", las "medidas disconformes" y otros aspectos sustanciales del Tratado.

Según el Diputado Merino, el magistrado suplente debió abstenerse de participar como administrador de justicia para el conocimiento de este proyecto de ley y, en adelante, debe hacerlo en cualquier otro que sea parte de la llamada agenda de implementación del TLC.

Señaló Merino del Río que una de las causas de la "recusación", según el Código Procesal Civil es: "Haberse el recusado interesado, de algún modo, en el asunto, por la parte contraria, haberle dado consejos o haber externado opinión concreta a favor de ella".

De acuerdo con el Diputado Merino la participación del magistrado suplente en la evacuación de la consulta legislativa habiendo externado previamente opiniones favorables al TLC, permitiría solicitar la nulidad de la sentencia de la Sala Constitucional, en virtud de que en varios puntos consultados la votación quedó 4 a 3, siendo decisivo el voto del magistrado suplente Sosto López a favor de la mayoría.

Recordó finalmente el Diputado Merino otro artículo de La Nación titulado "Partidos se reparten elección de magistrados", del 29 de noviembre del 2005, donde se consigna que la elección del señor Federico Sosto fue recomendada por el Movimiento Libertario, y se lee que el entonces jefe de esta bancada, Carlos Herrera, admitió al periódico que es un "allegado a la fracción".

Comunicado de Prensa, 25 de febrero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

TELECOMUNICACIONES: VIA INCONSTITUCIONAL

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

No se puede aplicar el artículo 208 bis a proyectos de ley que requieran mayoría calificada, sin embargo la "Ley General de Telecomunicaciones":

-Modifica sustancialmente los fines y competencias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que es una institución autónoma, por lo que se requiere mayoría calificada para aprobarlas. "De una institución creada en un inicio con la finalidad de regular la prestación de los servicios públicos y fijar las tarifas de los mismos, se estaría convirtiendo en una institución encargada de administrar y asignar recursos públicos, así como de diseñar y ejecutar proyectos sustantivos dirigidos a alcanzar objetivos de acceso universal, servicios universal y solidaridad en materia de telecomunicaciones". Entre las modificaciones aludidas se encuentra la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el traslado a ésta de funciones que hasta ahora son del Poder Ejecutivo (Comisión para Promover la Competencia del MEIC, y del Departamento de Control Nacional de Radio del Ministerio de Gobernación y Policía), así como el trámite de concesiones de bienes demaniales para la realización de actividades privadas.

-Permite a la SUTEL revisar documentos privados de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, imponiendo limitaciones al derecho a la intimidad, tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política, concretamente el derecho a la inviolabilidad de los documentos privados. La Carta Magna exige en estos casos la mayoría calificada.

-Abre el monopolio de las telecomunicaciones. El Instituto Costarricense de Electricidad es una institución del Estado costarricense constituida en monopolio para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Hay pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y de la ARESEP que lo confirman. Según la voluntad del legislador el artículo 208 bis del reglamento legislativo no distingue entre monopolios de derecho y monopolios de hecho del Estado.

Además, se violentó el principio democrático en la tramitación del proyecto de ley:

-No fueron veinte sesiones de discusión. Las dos sesiones destinadas a recibir mociones de reiteración fueron incluidas en el plazo perentorio de veinte sesiones fijado para la discusión del proyecto, a pesar de que en esas sesiones no se entró a conocer el expediente por el fondo ni se discutió su contenido. Las mociones fueron discutidas por el fondo en sólo 19 sesiones, incumpliéndose el plazo fijado. Esto ocasionó que no pudieran defender los proponentes 176 mociones de reiteración, que fueron votadas mecánicamente sin discusión alguna. La mayoría de estas mociones eran del Diputado Merino del Río (se quedaron sin votar un 30% de las 320 mociones presentadas por el legislador del Frente Amplio).

-Violentaron el procedimiento. Entre las 19 sesiones donde se discutieron efectivamente mociones, hubo una donde solo se conocieron dos mociones de reiteración, y otras dos sesiones donde sólo se pusieron en discusión cuatro mociones de reiteración. En resumen de las 20 sesiones programadas, hubo cinco donde no se cumplió con una discusión efectiva del proyecto por el fondo. Muchas de las sesiones se levantaron antes de la hora prevista para su cierre. De esta manera la "mayoría mecánica" violentó el mismo procedimiento que había aprobado para el trámite del proyecto de ley.

-Mociones que no fueron conocidas. Doce mociones de reiteración de la Diputada Leda Zamora, debidamente admitidas por la Presidencia de la Asamblea Legislativa no fueron conocidas, ni votadas, en el Plenario Legislativo.

FRENTE AMPLIO LLAMA A FIRMAR CONTRA UPOV

El Diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, llama a intensificar la campaña de recolecta de firmas contra UPOV. Intervención en el plenario legislativo el día 18 de febrero de 2008.

POR EL ICE Y CONTRA LA VIOLENCIA

Vídeos KAMUK presenta:

Manifestación del 11 de febrero de 2008, frente a la Asamblea Legislativa


Por el ICE y contra la violencia 11/02/08 from videoskamuk on Vimeo.

FRENTE AMPLIO PIDE CESE DE JERARCA DEL MOPT

El Diputado José Merino del Río, del Frente Amplio, pidió el cese de la jerarca del MOPT ante las irregularidades en la gestión de ALTERRA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y reclamó que similares mecanismos de concesión, y cesión de la concesión, se estén impulsando en relación con el espectro radioeléctrico en las leyes de apertura privatizante del mercado de las telecomunicaciones. Intervención en el plenario legislativo el día 7 de febrero de 2008.

NO HAY QUE ARRODILLARSE CUANDO SE DEFIENDE LA JUSTICIA

Frente Amplio se une a protesta cívica para 11 de febrero

El Diputado José Merino del Río anunció que el Partido Frente Amplio se une a todas las organizaciones cívicas, sociales y patrióticas que están convocando para manifestarse el próximo lunes 11 de febrero frente a la Asamblea Legislativa, “de manera pacífica pero firme”, para expresar la “solidaridad con ciudadanos que están siendo agredidos” y rechazar proyectos como el “supercombo” del ICE.

Indicó que se trata de proyectos que fueron rechazados por el pueblo en el año 2000 y los quieren imponer bajo el falso argumento de que forman parte de la “agenda de implementación”, cuando van más allá de lo comprometido en el TLC y “deben ser discutidos con toda la seriedad que merece el pueblo de Costa Rica y los intereses de la sociedad”.

Defendió el Diputado Merino el derecho a la protesta democrática, “sin miedo, con coraje, con firmeza, con talento”, fundamentada en los derechos que da la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo que invitó desde el Frente Amplio a participar “en los actos cívicos”.

“El Frente Amplio se une a esos actos cívicos desde su compromiso democrático, desde su respeto a la ciudadanía y con el deber de defender el derecho de nuestro pueblo a tener cada día mayor bienestar, una democracia más renovada y más profunda, a tener posibilidades de construir una nación donde quepamos todos y todas”, terminó diciendo el Diputado José Merino del Río.

DIPUTADO MERINO PROTESTA ANTE REPRESION POLICIAL

El día martes 5 de febrero de 2008 un conjunto de ciudadanos se hizo presente ante el Tribunal Supremo de Elecciones para dar a conocer una denuncia contra los magistrados del TSE. Posteriormente se dirigieron a presentarla ante los Tribunales de Justicia. Cuando pasaban por el bulevar de la Asamblea Legislativa fueron agredidos por elementos policiales. Dos personas tuvieron que recibir atención hospitalaria, otra mujer no vidente fue lanzada al suelo y quebrado su bastón, mientras una cuarta persona fue detenida arbitrariamente. El Diputado José Merino denunció estos hechos en el plenario de la Asamblea Legislativa, protestó y señaló la responsabilidad del Ministro de Seguridad y al Gobierno.

RESPUESTA DEL DIPUTADO MERINO AL PRESIDENTE ARIAS

Respuesta del Diputado José Merino del Río frente a los ataques del presidente de la República, Oscar Arias, en cadena nacional de radio y televisión del día 3 de febrero de 2008. Intervención en el plenario de la Asamblea Legislativa el día 4 de febrero de 2008.

ELIMINAN ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES

En una de las mega-mociones aprobadas por la "mayoría mecánica" del G-38 se eliminó el requisito del estudio de impacto ambiental, en el proceso de privatización de las bandas de telefonía celular. El Diputado José Merino del Río, denunció este abuso en el plenario de la Asamblea Legislativa el día 31 de enero de 2008.