ELIMINAN ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES

En una de las mega-mociones aprobadas por la "mayoría mecánica" del G-38 se eliminó el requisito del estudio de impacto ambiental, en el proceso de privatización de las bandas de telefonía celular. El Diputado José Merino del Río, denunció este abuso en el plenario de la Asamblea Legislativa el día 31 de enero de 2008.

UNA FIRMA PARA CONTINUAR LUCHANDO

El Diputado José Merino del Río llama a la ciudadanía a integrarse a la campaña de recolección de firmas para convocar un referéndum sobre UPOV. Intervención en el plenario legislativo el día 30 de enero de 2008.

RAZONES PARA OPONERSE AL TRATADO DE BUDAPEST

Intervención del Diputado José Merino del Río, en la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa del día 28 de enero de 2008, razonando la oposición del Partido Frente Amplio al Tratado de Budapest.

ANEP SOLIDARIA CON DIPUTADO MERINO

San José, 28 de enero de 2008.
S.G. 07-09-0277-08

Licenciado
José Merino del Río
Diputado
Partido Frente Amplio
Asamblea Legislativa
Su Despacho

Estimado señor diputado Merino:

Con mucho respeto, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

Sirva este sencillo pero sincero y honesto mensaje de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como muestra de solidaridad para con su distinguida persona y en su carácter de legislador soberano de la República; ante el injusto, desproporcionado, antidemocrático y totalitario ataque que le hace a usted, el actual Presidente de la República, señor Oscar Arias Sánchez, a raíz de las vibrantes posiciones patrióticas que usted, don José, ha asumido, en defensa de los valores y de las herencias más sensibles a la nacionalidad costarricense; valores y herencias de los cuales reniega el grupo económico dominante cuya gerencia se despliega desde la Casa Presidencial.

Amplísimos sectores del pueblo costarricense, que van desde la comunidad patriótica hasta sectores que incluso adversan la visión de mundo el diputado Merino, sienten por su persona, por su trayectoria, por su ética y decencia políticas, un enorme respeto y admiración; respeto y admiración que en la ANEP compartimos desde que hemos tenido la extraordinaria oportunidad de conocerle y de aquilatar la extraordinaria condición humana que anida en su persona.

Aunque nuestra querida Patria, la Costa Rica que tanto amamos, no tuviera el honor de recibirle en este mundo desde el mismo acto de su nacimiento, usted ha librado batallas y desarrolla luchas cívicas que prolongan en el tiempo las nobles batallas y las extraordinarias luchas de las generaciones anteriores de patriotas que forjaron nuestra particular idiosincrasia como pueblo; idiosincrasia que pese a los embates del desalmado y anticristiano neoliberalismo, perdurará mientras existan ciudadanos de profunda convicción democrática y cívica como José Merino del Río.

Su estatura moral y política le hace inmune a tales desplantes de matonismo político. No se desvele ni un milímetro de su gesta patriótica en el seno parlamentario, a raíz de tales bajezas. Miles y miles de patriotas, mucho más de los que usted se imagina y aunque no sean sus partidarios directos, saben que usted está haciendo lo correcto; algo que la generación cívica que construyó nuestra nacionalidad se lo agradece; algo que la generación cívica presente le agradece y la que vendrá también se lo ha de reconocer.

Reiterándole nuestro mayor respeto y admiración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Çopia:
-Sr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
-Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
-Organizaciones del Movimiento Patriótico Nacional.
-Medios de Comunicación Colectiva.
-Junta Directiva Nacional de ANEP.Archivo.

FRENTE AMPLIO PIDE TRANSPARENCIA EN RELACIONES CON CHINA POPULAR

El Partido Frente Amplio saluda el incremento de las relaciones políticas y económicas con la República Popular China, dijo el Diputado José Merino del Río, quien recordó que la agrupación política “siempre defendió la existencia de una sola China, representada por el gobierno legítimo de Pekín, y abogó por la negociación y la solución política para la integración de Taiwán, bajo el principio de un solo país, dos sistemas”.

“Apoyamos así el establecimiento de las relaciones diplomáticas impulsada por el presidente Oscar Arias sin ninguna vacilación, sin embargo exigimos que todas las acciones que comprometan los intereses de nuestro país, se realicen de forma honesta, transparente y siempre buscando el interés superior del pueblo de Costa Rica”, continuó diciendo el legislador del Frente Amplio.

Para el Frente Amplio es inaceptable el secretismo que rodea la compra de bonos de la deuda costarricense, y exige que el gobierno informe al país sobre la tasa, el plazo, el ente comprador y el intermediario local. “Particularmente es éticamente inaceptable que se oculte la titularidad del intermediario local, pues en estas negociaciones siempre hay de por medio comisiones millonarias”, manifestó el Diputado Merino.

También el Frente Amplio saluda la presencia en nuestro país de una delegación del Partido Comunista de China, invitada por el Gobierno y el Partido Liberación Nacional. “Sin embargo también es criticable el doble rasero del partido oficialista, que mientras mantiene un anticomunismo visceral en la política interna y en las relaciones con los gobiernos progresistas y de izquierda de la América Latina, justifique exclusivamente por razones económicas su encuentro con los comunistas chinos”, comentó el Presidente del Frente Amplio.

“Un ejemplo de esta conducta de doble moral es la constante agresión del presidente Arias a la República de Cuba y a su gobierno, mientras dice “comprender” el régimen de partido único en la República Popular China” declaró José Merino.

“Hace falta una mayor coherencia y respetar, sin excepciones, el derecho de todos los pueblos a su autodeterminación y soberanía”, concluyó diciendo el Diputado Merino del Río.

Comunicado de Prensa, 25 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

DIALOGO PARA “CURARNOS EN SALUD”

El Diputado José Merino del Río saludó la apertura de conversaciones entre las fracciones parlamentarias, con el fin de discutir una moción que sirve para proteger el derecho de acceso a los medicamentos de la población costarricense.

Según Merino del Río esta iniciativa presentada en la discusión de las reformas a la Ley de Patentes que se discute en el Expediente 16.118, “no entra en contradicción con las obligaciones del país en el TLC, y rechazarla es una clara demostración de las presiones que ejercen las compañías farmacéuticas para ir más allá del Tratado, con el fin de conseguir condiciones más favorables para sus intereses”.

El Diputado del Frente Amplio explica que lo que se pretende “es establecer que las licencias obligatorias también aplican sobre la obligación de exclusividad de datos de prueba. Es decir, que cuando el Estado determine la necesidad de aplicar una licencia obligatoria quede claro que ésta también aplica sobre los datos de prueba, de manera que la entidad que reciba la licencia pueda utilizar estos datos de prueba para fabricar rápidamente los medicamentos que son objeto de la licencia. Se trata de corregir una laguna existente, ya que la Ley vigente omite esta aclaración”.

El Capítulo 15 del TLC le impone al Estado costarricense la obligación denominada “exclusividad de datos de prueba”. Los datos de prueba son la información relativa a ensayos clínicos y otras datos que una compañía farmacéutica debe presentar ante las autoridades sanitarias, a fin de demostrar la seguridad y eficacia de un nuevo medicamento y obtener su registro y la autorización para su comercialización.

El interés en restringir el acceso a esta información radica en que usualmente los fabricantes de genéricos se apoyan en ella para obtener la autorización para comercializar sus productos. De no poder acceder, se verían obligados a realizar nuevos ensayos para demostrar la seguridad y eficacia del medicamento genérico, lo cual, además de tener altos costos, plantea cuestionamientos éticos.

El artículo 15.10.1 del tratado, crea un periodo de exclusividad de cinco años sobre los datos de prueba, utilizados para obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos. Esta exclusividad consiste en que, durante ese periodo, ninguna persona podrá utilizar esos datos si no cuenta con la autorización de la compañía farmacéutica que originalmente presentó la información.

“Ahora, debe quedar claro que este derecho de exclusividad es independiente de las patentes, por lo que nada impide que se aplique aún cuando éstas no se encuentren vigentes. En tal caso, puede constituirse en una barrera importante a la producción y comercialización de medicamentos genéricos, pues por una vía distinta obtiene un efecto similar a las patentes: impedir o retrasar la entrada de competencia al mercado”, siguió explicando el parlamentario.


Agregó el Diputado Merino que: “Existen muchas inquietudes en relación con las implicaciones que esta obligación podría acarrear para el derecho humano a la salud. Una de las principales, es la forma en que podría afectar la aplicación de licencias obligatorias por parte del Estado durante su plazo de vigencia”.

Hoy en día, las licencias obligatorias por motivos de utilidad pública, están reguladas en el artículo 20 de la Ley de Patentes y son la principal herramienta con que cuenta el Estado para evitar que la protección excesiva de las patentes se convierta en una barrera infranqueable, que impida la satisfacción de otros derechos de la población como el derecho humano a la salud. A través de este mecanismo los Gobiernos pueden dejar temporalmente sin efecto una patente y autorizar a terceros la fabricación, importación y comercialización de medicamentos genéricos por razones de interés público.

El problema que se presenta, afirma el Diputado Merino, “es que la legislación vigente no contempla excepción alguna a la obligación de dar exclusividad a los datos de prueba en el caso de licencias obligatorias. Contempla la obligación de romper la exclusividad de la patente, pero no respecto a la exclusividad de datos de prueba, que es una obligación independiente del estado de la patente”.

Como consecuencia de tal omisión, puede ocurrir que aunque el Estado emita una licencia obligatoria para dejar sin efecto las patentes que pesen sobre un determinado medicamento, la exclusividad de los datos de prueba continúe rigiendo si esa licencia se emite dentro del plazo de cinco años. De pasar esto, el titular de la licencia se vería imposibilitado de utilizar los datos de prueba, a fin de obtener de manera expedita el permiso para la comercialización del genérico.

“Las implicaciones de esta posible restricción son gravísimas. El peligro es real. Cinco años es un plazo largo cuando está en juego la salud humana. En ese lapso pueden presentarse epidemias, crisis sanitarias u otras situaciones apremiantes que justifiquen la aplicación de licencias obligatorias. Es mejor curarnos en salud”, terminó diciendo el Diputado del Frente Amplio.

Comunicado de Prensa, 25 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

FRENTE AMPLIO SE OPONE A DEMANDAS DE RITEVE

El Diputado José Merino del Río anunció la oposición del Frente Amplio a las pretensiones de la empresa RITEVE de exigir al Estado el pago de 11.050 millones de colones, por supuestos ajustes en las tarifas no recibidos (aproximadamente $22 millones, al tipo de cambio actual).

El legislador recordó que desde antes que se firmara el contrato con RITEVE había advertido de los perjuicios para los costarricenses, de establecer un régimen monopólico privado para la revisión técnica de vehículos, entregándole a un consorcio extranjero un negocio altamente lucrativo a través de los años.

El Diputado Merino indicó que “según los últimos datos disponibles de la empresa, RITEVE efectuó 5 millones de inspecciones desde el inicio de sus operaciones, en julio de 2002, y hasta diciembre del año 2006. A un precio promedio de $24 esto significa un ingreso de $120 millones de dólares, muy superior a la inversión inicial que fue de $23 millones”.

La suma de ingresos por $120 millones de RITEVE, según el legislador, “debe haber aumentando sustancialmente durante el 2007, cuando ya se cobró no sólo por la inspección inicial, sino también por las reinspecciones, con el consiguiente aumento de gastos para las miles de personas dueñas de vehículos”.

El parlamentario frenteamplista recordó también que el presidente Arias durante la campaña electoral se opuso al monopolio de la revisión técnica vehicular, pero hasta el día de hoy ha incumplido su promesa, incluso legisladores de la fracción de gobierno se han retirado de la discusión cuando se han avanzado reformas en comisiones legislativas, que permitirían que los colegios técnicos y otros talleres puedan brindar este servicio.

El Frente Amplio no se opone a la revisión técnica de los vehículos, “ya que esta permite reducir la emisión de gases contaminantes y los accidentes causados por desperfectos mecánicos, pero sí se opone a convertirla en un negocio monopólico como el actual, por lo que aboga por su ruptura”, agregó el Diputado Merino.

“Parece que en las esferas del gobierno actual hay una enorme sed por romper monopolios públicos como los del ICE o el INS que benefician a la población, mientras se toleran monopolios privados como este de la revisión técnica vehicular en beneficio de un pequeño número de empresarios dueños de RITEVE”, terminó diciendo el representante del Frente Amplio.

Comunicado de Prensa, 23 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

PROYECTOS DEL ICE: MAS ALLA DEL TLC

Intervención del Diputado José Merino del Río, en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, del día 22 de enero de 2008.

HACIA EL FRENTE AMPLIO NACIONAL

Intervención del Diputado José Merino del Río en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, del día 21 de enero de 2008, en relación con el inicio del proceso de constitución del Frente Amplio como partido inscrito a nivel nacional.


CONSTRUIR ALTERNATIVAS PARA UNA COSTA RICA MAS DECENTE

HACIA UN NUEVO GOBIERNO MAS HONESTO Y PATRIOTICO

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:

Gracias, señor Presidente.

El próximo 16 de febrero el Partido Frente Amplio celebrará una asamblea, en la que tomará la decisión de constituirse como un partido inscrito en escala nacional, con la pretensión de poder ser un referente político, para miles de luchadoras y de luchadores sociales que en diferentes ámbitos de la vida nacional, no solamente resisten a las políticas neoliberales de pobreza, de exclusión, de corrupción, de discriminación, sino que también tienen la esperanza de poder, en nuestra patria, construir alternativas para una Costa Rica más decente, más solidaria, más incluyente, con una democracia más amplia, más profunda, una Costa Rica insertada en el mundo con sus propias señas de identidad, abierta a la solidaridad con todos los países de nuestra América y de nuestro Planeta, pero también exigiendo, con coraje e inteligencia, respeto a su independencia y a su soberanía.

Y cuando se habla de diálogo, queremos construir el Partido Frente Amplio como una fuerza nacional, porque no creemos que el diálogo sea un monopolio de los partidos políticos y mucho menos un monopolio de los dirigentes de los partidos políticos.

Creemos que si en Costa Rica hace falta un diálogo urgente, necesario, pendiente, una asignatura que exige la ciudadanía activa de Costa Rica, es que se abra un diálogo de verdad con una sociedad que lo está exigiendo, una sociedad donde miles de personas, en todo el país, no se sienten realmente representadas, porque los partidos políticos también tienen que reconocer las graves limitaciones y sus graves carencias para transformarse en articuladores que encaucen las grandes esperanzas y los grandes problemas que mucha gente, en este país, sienten ausentes.

Nosotros, desde el Frente Amplio, seguiremos trabajando en la lucha social de cada día, tratando de responder a esas necesidades por elevar las condiciones de vida y de trabajo permanentemente de decenas de miles de compatriotas en nuestro país.

Y seguiremos trabajando desde las instituciones. Nuestra vía es la de la resistencia y también es la vía democrática de participar en elecciones para tratar de tener un mayor peso en la vida nacional.

También, desde el Frente Amplio vamos a impulsar el diálogo en el arco progresista democrático y patriótico del país.

Queremos, costarricenses, que en el 2010 surja un nuevo gobierno en Costa Rica, un gobierno honesto, un gobierno patriótico, un gobierno que recoja las esperanzas, las aspiraciones de ese amplio campo popular y patriótico de este país.

Creemos que será necesario construir la unidad de todos los sectores populares, patrióticos y democráticos que combaten al neoliberalismo en este país, la construcción de esa unidad en el respeto de la diversidad es la aspiración que tienen centenares de miles de costarricenses a lo largo y a lo ancho del país.

No queremos, y no pretendemos desde el Frente Amplio, convertirnos en una fuerza política sectaria, sino en una fuerza política abierta al diálogo con todos los sectores que quieran trabajar juntos y juntas por esa Costa Rica, por la que muchos soñamos y a la que muchos aspiramos.

Gracias, señor Presidente.

DIPUTADO MERINO RECHAZA TERRORISMO VERBAL DEL PRESIDENTE ARIAS

“Inadmisibles y vergonzosos” son los términos utilizados por el Presidente de la República, Oscar Arias, para referirse a la oposición parlamentaria, considera el Diputado José Merino del Río.

En el plenario legislativo el representante del Frente Amplio manifestó que no recuerda que nunca en la vida política del país, un mandatario haya calificado a una oposición parlamentaria de terrorista, por hacer uso de los instrumentos que les da el régimen democrático,

“Me parece sumamente grave, muy preocupante, que el señor Presidente de la República califique de terrorismo parlamentario el derecho constitucional de un diputado a defender tantas mociones, como considere necesarias y le permita el Reglamento de la Asamblea Legislativa”, dijo Merino del Río.

“Es absolutamente inadmisible, viniendo de un presidente de la República, que, además, exhibe el título de Premio Nobel de la Paz, que use un lenguaje de una violencia inusitada en la vida política del país”, continuó diciendo.

“El presidente Arias ofende al Parlamento, no solamente a los diecinueve diputados que nos estamos oponiendo a esta Agenda de implementación, sino también a la institucionalidad democrática del país, usando un lenguaje que no debía ser válido en nuestra democracia y mucho menos en la relación del Poder Ejecutivo con otro poder independiente de la República, como es la Asamblea Legislativa”, argumentó el Diputado Merino.

El parlamentario aseveró que no acepta ese lenguaje del señor Arias y concluyó manifestándole al Presidente que “Si usted cree que al Frente Amplio y al diputado José Merino, usted le pueda amedrentar acusándole de que está practicando terrorismo parlamentario, se equivoca. Se equivoca si cree que se puede continuar con la campaña del miedo, aplicando el estilo de un memorándum que deshonra la historia republicana de Costa Rica”.

Comunicado de Prensa, 18 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

DOCE RAZONES DEL FRENTE AMPLIO PARA OPONERSE A UPOV

(LA LEY DE OBTENCIONES VEGETALES Y EL CONVENIO UPOV-91)

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

1. La UPOV niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio. A nivel particular, se cercena el derecho a guardar semilla para la siembra e intercambiarla libremente. Donde se ha aplicado ocasiona que pequeños agricultores y campesinos sean obligados a cancelar sumas millonarias a poderosas compañías transnacionales para poder hacer uso de las semillas de sus propias cosechas en cada nuevo cultivo, aún cuando inicialmente ya hubieran pagado por las primeras semillas. Lo anterior es posible, porque las patentes sobre plantas otorgan derechos monopólicos sobre el material vegetativo –incluida su capacidad reproductiva-, que restringen el derecho milenario de quienes cultivan la tierra a reutilizar, sembrar, fitomejorar, intercambiar y vender libremente el producto de su trabajo. Incluso se han presentado casos en países como Canadá y Estados Unidos de agricultores que han sido condenados a pagarle a compañías transnacionales porque en sus parcelas aparecieron rastros de variedades patentadas que no fueron sembradas por ellos, sino que fueron traídas por medios naturales. En sentido amplio, la UPOV no reconoce ni apoya los derechos a la biodiversidad inherentes a las comunidades, ni su derecho a un espacio para la innovación.

2. Las compañías del norte se adueñan de los sistemas nacionales de mejora vegetal en el Sur. En el régimen de la UPOV no hay implícito un código de transferencia de tecnología, a no ser que se quiera llamar así a la realidad pura y dura de que las compañías transnacionales pueden comercializar sus variedades en el Sur amparadas por una normativa hecha a la medida de sus ambiciones globales. Los fitomejoradores nacionales y las casas de semillas locales son compradas por las compañías extranjeras.

3. Las compañías del norte adquieren la biodiversidad del Sur en propiedad, sin obligación alguna de compartir los beneficios. A diferencia del Convenio de Diversidad Biológica (con nada menos que 170 estados miembros) la UPOV no incluye disposición alguna para que los beneficios de la explotación de la biodiversidad del Sur por parte del Norte sean compartidos. Los agricultores del Sur terminan por tener que pagar regalías por su propio material genético, manipulado en el Norte y presentado en un nuevo envoltorio. De esta forma, el Norte obtiene un control comercial completo sobre la biodiversidad y los conocimientos de las comunidades, y sobre los esfuerzos que han contribuído a su existencia.

4. Los criterios de “protección” de obtenciones de la UPOV promueven y favorecen la erosión de la biodiversidad. Esto es tremendamente peligroso, especialmente para los países pobres. La mayor vulnerabilidad de los cultivos suele compensarse a base de más productos químicos o de ingeniería genética, que los agricultores no pueden permitirse. La uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria.

5. La privatización de los recursos genéticos afecta negativamente a la investigación. Estudios sobre sus repercusiones realizados en EEUU y en otros lugares demuestran una correlación clara entre la aplicación de patentes sobre plantas y sistemas similares como UPOV y una disminución del intercambio de información y de germoplasma. Además, la normativa de la UPOV sobre variedades “esencialmente derivadas” desincentiva a los investigadores, dado que las transnacionales pueden intimidarles con amenazas de acusarles de plagio.

6. Los avances conseguidos para amparar la biodiversidad en sistemas de acceso negociado - como determina el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y la FAO - son socavados por la UPOV. La legislación sobre derechos de obtentor concede propiedad privada sobre recursos regidos por la soberanía nacional y, ciertamente, por la soberanía de las comunidades. El CDB, requiere que se compartan beneficios, mientras que la UPOV no contempla medida alguna en este sentido.

7. UPOV permite la apropiación privada del conocimiento tradicional y las variedades criollas de las comunidades locales indígenas y campesinas. El Convenio y su Ley no contienen medidas eficaces para evitar la biopiratería sobre el conocimiento tradicional y nuestra biodiversidad. Se permite patentar variedades “descubiertas y puestas a punto”. Los conceptos de variedad “nueva” y “distinta” son totalmente ambiguos y dejan grandes portillos para legitimar la apropiación de las variedades locales.

8. La adhesión a la UPOV supone ingresar -como parte- a un sistema que apoya cada vez más los derechos de los obtentores industriales en detrimento de los agricultores y de las comunidades. Las sucesivas revisiones de la UPOV vienen ampliando los derechos de los obtentores y debilitando los derechos de los agricultores y el interés público. Los países en desarrollo se verán obligados a secundar esta tendencia.

9. El grueso de los beneficios irá a parar al Norte. La UPOV ha sido diseñado para facilitar monopolios a las compañías dedicadas a mejora vegetal. Casi toda la mejora está destinada a los mercados internacionales. A pesar de 35 años de existencia de la Revolución Verde y la UPOV, la inseguridad alimentaria del Sur no ha sido eliminada. La incorporación a un sistema sesgado como la UPOV asegurará una mayor integración del Sur en mercados controlados por el Norte, pero no en beneficio de los que todavía hoy padecen hambre.

10. UPOV no es un requisito para cumplir con los Acuerdo de la OMC (ADPIC). Quienes afirman tal cosa mienten. Este acuerdo da un margen importante de flexibilidad a los países para adoptar sistemas alternativos o sui géneris realmente distintos a las patentes. Además, las obligaciones sobre este tema están en constante revisión en la OMC y pueden ser eliminadas antes de que los países en desarrollo hayan tenido que aplicarla.

11. La ley de UPOV impone sanciones brutales y desproporcionadas contra los agricultores que utilicen las semillas patentadas. Tras de que legaliza el despojo a nuestros agricultores de sus derechos milenarios, obliga al Estado a castigarlos si no aceptan ese despojo. La Ley de Obtenciones impone fuertes multas en dinero a los agricultores que usen las semillas producidas en su finca sin pagar por el permiso de las trasnacionales. Incluso se les puede decomisar los frutos de su producción y prohibirles exportar. Estos castigos se pueden aplicar como medidas cautelares, es decir, antes de que se demuestre en juicio la existencia de una infracción a la Ley. Se llega al extremo de autorizar la destrucción de los productos decomisados, no importa que se trate de alimentos.

12. UPOV nunca fue consultado a las comunidades indígenas de Costa Rica, violando el Convenio 169 de la OIT. UPOV contiene normas que afectan sensiblemente los derechos conferidos por la legislación nacional e internacional a los pueblos indígenas, en particular en relación con el acceso, uso y disfrute de la biodiversidad, las plantas, las semillas y los recursos naturales ubicados en los territorios que habitan y el conocimiento tradicional asociado a los mismos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Instrumento Internacional de Derechos Humanos, aprobado por Costa Rica mediante la Ley No. 7316, establece que este tipo de proyectos son de consulta obligatoria a las comunidades indígenas. Sin embargo, la Asamblea Legislativa ha ignorado sistemáticamente la gran cantidad de peticiones que estas comunidades han hecho para que respete el Convenio 169 de la OIT.

OTRO REGALO A LAS TRANSNACIONALES

APRUEBAN MOCIÓN PARA DARLE A LAS FARMACÉUTICAS UN AÑO MÁS DE DURACIÓN DE SUS PATENTES EN COSTA RICA

-Otro cambio que NO es exigido por el TLC ni por algún otro tratado internacional

-En perjuicio del derecho de acceso a los medicamentos del pueblo costarricense

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

El día miércoles 9 de enero la Comisión Plena Segunda de la Asamblea Legislativa que conoce el proyecto de la agenda implementación del TLC Nº 16.118 que reforma la Ley de Marcas y la Ley de Patentes, introdujo otro cambio que va mucho más allá de los compromisos contenidos en dicho Tratado.

Esta vez se trata de una moción sumamente preocupante que modificó sustancialmente el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Patentes vigente, que establece el plazo de duración de las patentes en nuestro país (veinte años) y el momento a partir del cual se empieza a computar este plazo.

Dice el texto actual: “Artículo 17.- Duración de la protección de la patente. La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen.”

El cambio aprobado establece que el plazo de 20 años no empieza a correr a partir del momento en que se presenta la primera solicitud de protección en su país de origen.

Ahora este plazo correrá a partir de que se presente la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, cuando las patentes sean tramitadas con base en el Convenio de Paris o a partir de la presentación de la solicitud internacional cuando el trámite de la patente sea con base en el Tratado de Cooperación en Patentes (PCT por sus siglas en inglés).

Quiero advertir a las y los costarricenses que este cambio puede significar REGALARLE AL MENOS UN AÑO MÁS DE DURACIÓN DE LAS PATENTES A LAS TRASNACIONALES FARMACÉUTICAS. ASÍ COMO SUENA, UN AÑO ADICIONAL GRATIS QUE ESTAS EMPRESAS SE GANARÍAN CON LA APROBACIÓN DE ESTA MOCIÓN. UN AÑO MÁS QUE ALARGARÍA LA DURACIÓN DE LAS PATENTES EN COSTA RICA.

¿Por qué ocurre esto? Porque en ambos casos los cambios que se proponen implican que el plazo de 20 años de duración de las patentes empezaría a correr más tarde.

Tanto la presentación en el Registro de Propiedad Industrial como la presentación de una solicitud internacional con base en el PCT son actos que usualmente ocurren después de las presentación de la solicitud de patente en su país de origen. Por lo tanto el plazo de 20 años empezaría a correr más tarde en Costa Rica, alargando la duración de la patente.

Por eso nuestra Ley de Patentes reformada en el 2000 sabiamente estableció que el plazo de 20 años correría a partir de la primera solicitud en el país de origen. Con esto se asegura que dicho plazo corra más rápido.

Por el contrario, el artículo 4.C del Convenio de Paris dice que quienes presenten una solicitud de patente en un país (país de origen) tienen un plazo de hasta doce meses para presentar esa misma solicitud en los demás países. Por eso, con la reforma propuesta se les estaría regalando hasta un año de protección. Hoy en día los 20 años corren a partir de la presentación en el país de origen. Con la moción propuesta los 20 años correrían a partir de la presentación en Costa Rica y esto podría ocurrir DOCE MESES DESPUÉS. Así, gratuitamente, se ganarían un año de protección en Costa Rica.

Por ejemplo, si la primera solicitud de una patente farmacéutica es presentada en su país de origen el 1 de febrero de 2008, nuestra Ley vigente dice que en Costa Rica el plazo de 20 años de la patente se computará a partir de esa fecha. Con la moción aprobada, los 20 años podrían empezar a contarse en Costa Rica a partir del 1 de febrero de 2009, que es la fecha límite que los solicitantes tendrían para presentar la solicitud en el país, manteniendo el derecho de prioridad.

Algo similar ocurre con las solicitudes internacionales presentadas con base en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Es importante destacar que EN NINGUNA PARTE DEL TLC SE LE EXIGE A COSTA RICA VARIAR ESTA NORMA. NO HAY DISPOSICIÓN ALGUNA EN DICHO TRATADO QUE NOS OBLIGUE A MODIFICAR LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL EMPIEZA A REGIR EL PLAZO DE 20 AÑOS DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES. Tampoco en la versión original de este proyecto se pretendía modificarla.

El TLC obliga a ampliar el plazo de las patentes por atrasos en su otorgamiento, pero no hay norma alguna que nos obligue a cambiar la norma vigente sobre el momento a partir del cual se cuentan los 20 años.

Además esta norma no ha sido cuestionada ni impugnada en la OMC, ni en ningún otro foro internacional. No hay ninguna demanda internacional o cuestionamiento planteado contra Costa Rica por la disposición vigente que dice que el plazo de 20 años corre a partir de la presentación de la solicitud en el país de origen.

Es importante reiterar que ni el TLC, ni otros Tratados, nos obligan a modificar lo establecido en el artículo 17 de nuestra Ley de Patentes.

Tampoco el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la OMC nos obliga a modificar esta norma. Ese Tratado dice que las patentes tendrán una duración de 20 años. Pero en ninguna parte dice que ese plazo debe computarse obligatoriamente a partir de la presentación de la solicitud en Costa Rica o a partir de la presentación de la solicitud internacional con base en el PCT.

El ADPIC le da flexibilidad a los países para definir este tema y por eso la OMC avaló nuestra Ley de patentes, reformada en el 2000, precisamente para cumplir con dicho Tratado. Repito: en esa oportunidad la OMC avaló nuestra Ley de Patentes y nadie cuestionó el artículo 17 vigente.

¿Cuáles son entonces los intereses que están detrás de esta norma? Una vez más forma de descarada y grosera se favorece a las transnacionales farmacéuticas, regalándoles al menos un año de protección.

El pueblo de Costa Rica debe conocer esta lamentable decisión de la “mayoría mecánica”. Debe saber lo que quieren hacer con este proyecto, donde una vez más tratan de meter por la cocina normas que ni siquiera son exigidas por el TLC.

IMPIDEN ACCESO UNIVERSAL REAL A TELECOMUNICACIONES

Varias propuestas del Diputado José Merino del Río para discutir mociones que aseguren el “acceso universal” en telecomunicaciones para todos los costarricenses, no fueron admitidas por el plenario legislativo en la discusión del proyecto para la apertura de las telecomunicaciones y el desmantelamiento del ICE.

El proyecto de ley del gobierno incluye varias declaraciones de buenas intenciones en materia de “acceso universal”, pero no asegura recursos para que el ICE o la ARESEP puedan convertirlas en realidad, de acuerdo con lo manifestado por el legislador del Frente Amplio.

El Diputado Merino propuso que en la ley quedara establecido que el Estado aportará los recursos para el establecimiento de centros de acceso gratuito a internet de banda ancha en las comunidades rurales y urbanas más pobres, y en particular, en albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas.

Igualmente Merino del Río defendió, frente a la oposición de la “mayoría mecánica”, una moción para que el Estado brinde los recursos necesarios para que se garantice acceso gratuito a internet de banda ancha a los hospitales, clínicas, y demás centros de salud comunitaria.

Otra iniciativa del Diputado José Merino solicitaba ampliar el acceso de banda ancha a todas las escuelas y colegios públicos, y no únicamente a aquellos que sean parte de los programas informáticos del Ministerio de Educación Pública, con lo que se lesiona el derecho humano a la educación.

A la par de lo anterior el parlamentario frenteamplista presentó una iniciativa que fue rechazada, para permitirle al ICE los “subsidios cruzados”, un instrumento indispensable para cumplir con los principios de universalidad y solidaridad.

La negativa a discutir estas mociones según el Diputado Merino, es una forma de mostrar los verdaderos propósitos de este proyecto de ley, que en lo fundamental se propone desmantelar el ICE, impide más allá de las declaraciones cumplir con el “acceso universal” de los costarricenses a las telecomunicaciones, y lesiona derechos humanos fundamentales a la educación y la salud.

Comunicado de prensa, 9 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

RECHAZAN AUMENTAR IMPUESTO PARA EMPRESAS DE RADIO Y TELEVISION

Una propuesta del Diputado José Merino del Río para conocer una moción que permita aumentar el impuesto a las empresas de radio y televisión, a un monto equivalente a un 2% del ingreso bruto, fue rechazada en el plenario legislativo.

Actualmente la Ley de Radio del año 1954 establece un impuesto a las empresas de radio y televisión con sumas que van desde los 1.000 hasta los 3.000 colones por año.

El representante del Frente Amplio dijo en su intervención que la Ley de Radio “permite que estaciones de radiodifusión y de televisión, usufructuando un bien público, tengan ganancias multimillonarias, algunas de ellas pagándole al Estado, sumas ridículas”.

Según el Diputado Merino: “La importancia de que las empresas de televisión y de radio paguen un impuesto justo, es fundamental para el país, pues no es posible que sigan teniendo utilidades desproporcionadas, sin contribuir adecuadamente por el uso del espectro radioeléctrico, al menos, con un porcentaje mínimo de sus ingresos”.

Recordó Merino que en una mega-moción, y contrario al texto del TLC, se incluyó la derogatoria del artículo 3 de la Ley de Radio, permitiendo de esa manera que empresarios extranjeros puedan ser dueños hasta del 100% de las radios y televisoras en el país.

Para el Diputado Merino estaríamos frente a una situación donde “Por un lado el gobierno de los hermanos Arias quiere permitir que grandes grupos extranjeros de la comunicación se apropien de los medios locales y, por otro, asegurarles prácticamente de regalo el uso del espectro radioeléctrico”, indicó el Diputado Merino.

Otras iniciativas con intención similar de las diputadas Zamora y Fonseca y de los diputados Rojas y Solís, todos del PAC, también fueron rechazadas por la “mayoría mecánica”.

Comunicado de Prensa, 8 de enero de 2008
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

EN DEFENSA DEL ICE - CONTRA LA APERTURA (3)

EN DEFENSA DEL ICE - CONTRA LA APERTURA (2)

EN DEFENSA DEL ICE - CONTRA LA APERTURA (1)

FRENTE AMPLIO SE SOLIDARIZA CON COOPERATIVISTAS

El Diputado José Merino del Río manifestó en la Asamblea Legislativa su solidaridad con los trabajadores de COOPESA, R.L. y sus 950 familias, frente a la intención del gobierno de desplazar a esta empresa social hacia Liberia y entregar los servicios que brinda en Alajuela a una empresa extranjera.

Para el legislador del Frente Amplio se trata de una propuesta que tiene el objetivo de cerrar COOPESA, R.L., ya que es imposible que esta organización autogestionaria logre movilizar miles de personas que viven, estudian y trabajan en la Meseta Central, hasta 300 kilómetros de distancia.

Según el Diputado Merino: “Los hermanos Arias quieren trasladar las instalaciones de esta cooperativa, con 44 años de existencia y cientos de trabajadores, desde el Aeropuerto Juan Santamaría hasta Liberia, para abrirle paso a una transnacional”.

El legislador del Frente Amplio dijo que esta es una muestra más de las negociaciones empresariales ocultas detrás de la firma del TLC y otros acuerdos de inversión y comercio.

“Las transnacionales y sus socios locales se disponen, con el apoyo del gobierno, a profundizar de manera acelerada el proceso de desplazamiento y quiebra del empresariado nacional”, sostiene Merino del Río.

Señaló que en este caso incluso el gobierno quiere saltarse mecanismos de negociación acordados con COOPESA, respaldados por la ley, y que tienen vigencia hasta el año 2014.

“Al parecer la desesperación de los hermanos Arias es por concretar lo más rápidamente posible un negocio con determinada transnacional, y han recurrido a la Sala Constitucional con el fin de que no se les salga de las manos antes de finalizar la actual administración”, agregó finalmente el Diputado Merino.

Comunicado de Prensa, 7 de enero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio