INFORME DE LABORES DEL DIPUTADO JOSE MERINO DEL RIO (2007-2008)

Para obtener una copia del Informe de Labores 2007-2008 del Diputado José Merino del Río, en formato PDF, pulse en la imagen.

INVITACION A MESA REDONDA

GUERRA A LA NATURALEZA

Despenalizan la tala ilegal en áreas de protección

José Merino del Río
Diputado, Partido Frente Amplio

La semana pasada la Fracción del Partido Frente Amplio denunció que el nuevo “texto sustitutivo” del proyecto de Ley de Recurso Hídrico (Expediente 14.585) presentado por el Gobierno de la República elimina el reconocimiento expreso del derecho al acceso al agua como un derecho humano fundamental, promueve la privatización de acueductos públicos, desprotege las áreas de recarga acuífera y los humedales, entre otras reformas que desnaturalizan por completo dicho proyecto y abandonan los principios que le dieron origen.

La lectura minuciosa de la propuesta de Ley de Aguas de la Administración Arias Sánchez, no solo permite confirmar dichas conclusiones, sino que arroja nuevas evidencias sobre las consecuencias nefastas de esta propuesta para el ambiente y los derechos de las comunidades.

El proyecto presentado por el Ministro Roberto Dobles, no solo debilita las normas dirigidas a preservar las áreas de recarga acuífera y demás zonas destinadas a la protección del recurso hídrico. Además, pretende ELIMINAR las sanciones penales existentes en la legislación vigente para quién destruya el bosque y realice construcciones ilegales en las áreas de recarga acuífera y demás áreas de protección.

Así como suena. En el artículo 170, inciso j) de la propuesta del Gobierno se pretende modificar el artículo 58 inciso b) de la Ley Forestal. Hoy en día esta norma sanciona con cárcel el aprovechamiento forestal ilegal en terrenos que formen parte del patrimonio natural del Estado y en las demás áreas de protección. Pero el texto de la reforma del Gobierno borra la oración final de dicho artículo que precisamente resguarda las áreas de protección.

El texto dictaminado en 2005 por la Comisión de Ambiente trasladaba el delito de daños a las áreas de protección del agua de la Ley Forestal a la Ley de Recurso Hídrico, mejorando su redacción (artículo 164). Pero el proyecto del MINAE modifica la Ley Forestal sin retomar esta infracción en su sección de delitos. En su lugar, pretende que la destrucción de áreas de protección del agua sea considerada como una simple “falta administrativa” (artículo 149).

Como consecuencia, de aprobarse esta modificación, se estaría despenalizando la tala o la destrucción ilegal de la vegetación en todas aquellas áreas de protección que no sean de propiedad pública (patrimonio natural del Estado), lo que dejaría sin protección la gran mayoría de las áreas de protección del recurso hídrico reconocidas en el artículo 33 de la Ley Forestal; tales como áreas que bordean nacientes permanentes y nacientes destinadas a consumo humano, márgenes de ríos, quebradas, lagos y lagunas y áreas de recarga acuífera ubicadas en terrenos privados. También quedarían desprotegidas áreas silvestres protegidas ubicadas en terrenos privados como reservas y refugios de vida silvestre privados.

Hoy en día las construcciones ilegales, la corta de vegetación o la tala del bosque en estas áreas son delitos penados con cárcel, pero con la reforma propuesta por el Gobierno que pregona “Paz con la Naturaleza”, se premia a quienes cometen estas prácticas ilícitas, exonerándolos de sanciones penales. A pesar de que se trata de conductas que pueden ocasionar graves daños ambientales a nacientes, ríos, quebradas y demás fuentes de agua, incluyendo aquellas destinadas al abastecimiento de las poblaciones humanas.

Así las cosas, tenemos un Gobierno que habla de elevar las penas de cárcel, salvo cuando se trata de delitos contra el ambiente y el agua, que muchas veces también son delitos “de cuello blanco”, porque sus principales responsables son grandes empresarios propietarios de megaproyectos agrícolas, turísticos, inmobiliarios o de industrias extractivas.

Nos preguntamos ¿A quién puede beneficiar esta reforma que con tanta diligencia promueve el ministro Dobles, si no es a los dueños de megaproyectos que en este momento están siendo juzgados penalmente por haber destruido el bosque en áreas de protección?

De hecho desde ya advertimos a las valientes comunidades y organizaciones que a lo largo y ancho del territorio nacional están denunciando ante los tribunales penales a los responsables de la destrucción ambiental. No es de extrañar que esta medida tenga como objetivo consolidar la impunidad. No es de extrañar que su finalidad sea eximir de responsabilidad a los autores de daños como el ocasionado a la zona de protección de la Quebrada Seca de Desamparados de Alajuela, que don Abel Sánchez, el Consejo Alajuelense de la Sociedad Civil y muchas otras organizaciones de esa provincia han venido denunciando.

Desde el Frente Amplio manifestamos nuestro más firme rechazo a esta nueva propuesta de la Administración Arias Sánchez que no es otra cosa que “guerra contra la naturaleza” y un paso más dirigido a la destrucción de las conquistas ambientales que han distinguido a Costa Rica ante el mundo. Asimismo reiteramos el llamado al pueblo costarricense a movilizarse para no permitir que se consolide semejante barbaridad.

FRENTE AMPLIO SE INTEGRA AL FORO DE SAO PAULO

El Partido Frente Amplio de Costa Rica participará en el XIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, y se incorporará a esta instancia de articulación de los movimientos y partidos de izquierda y progresistas de la América Latina.

El XIV Encuentro del Foro de Sao Paulo se celebrará entre el 22 y el 25 de mayo, en Montevideo, Uruguay, y participan en su seno partidos y movimientos que actualmente gobiernan en: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

Recientemente partidos integrantes del Foro contribuyeron a las victorias electorales de Fernando Lugo en Paraguay y Leonel Fernández en República Dominicana, confirmando lo que el presidente del país anfitrión, Tabaré Vázquez, ha denominado como un “giro a la izquierda” en la América Latina.

A los once gobiernos progresistas y de izquierda integrantes del Foro de Sao Paulo, se suman fuerzas importantes de oposición en México, El Salvador, Perú y Colombia.

Los partidos integrantes del Foro de Sao Paulo, fundado en el año 1990 por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, tendrán dos delegados cada uno en el Encuentro de Montevideo, y se espera también la participación de delegaciones invitadas de otros lugares del mundo.

José Merino del Río ha sido invitado para exponer la situación de Costa Rica en el Taller de Parlamentarios de América Latina y en el plenario del Foro. El Diputado de la Asamblea Legislativa y Presidente del Comité Ejecutivo del Partido encabeza la delegación del Frente Amplio de Costa Rica que participará en el Foro de Sao Paulo.

Desde su fundación el Partido Frente Amplio anunció su vocación latinoamericanista y su coincidencia con los planteamientos del Foro de Sao Paulo. El Diputado Merino y otros dirigentes del Partido han participado previamente en encuentros del Foro, tanto a nivel mesoamericano como de toda la América Latina.

Durante el Encuentro del Foro de Sao Paulo se debatirá el tema central “Los procesos de integración en marcha y la necesaria confluencia para la integración continental”, se efectuarán talleres regionales y por sectores, entre ellos el de parlamentarios, y se aprobará una declaración general.

El Foro de Sao Paulo busca conjugar esfuerzos de los partidos y movimientos de la izquierda de América Latina, compartir experiencias y debatir sobre la coyuntura internacional. El Encuentro de Montevideo se convocó bajo el lema: “La izquierda de América Latina y el Caribe en el Nuevo Tiempo. La Riqueza de la Diversidad”.

NO AL MIEDO, SI A LA PAZ Y A LA JUSTICIA

José Merino del Río
Diputado, Partido Frente Amplio

Colombia es un país hermano de Nuestra América, desgarrado y ensangrentado por un conflicto de más de medio siglo de duración. Hoy es el único país del Continente donde se juntan todos los conflictos posibles: guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico, narcopolítica, parapolítica, terrorismo, que tienen prácticamente colapsado al Estado colombiano y que se constituye en un conflicto regional que afecta al pueblo colombiano y a todos los pueblos latinoamericanos.

Así las cosas, cada vez que en Colombia ha surgido alguna posibilidad, por mínima que fuera, de encontrar una salida política para la búsqueda de la paz, ha sido saludada y apoyada por la comunidad internacional y por todas las personas decentes y de buena voluntad.

En Costa Rica, las administraciones de José María Figueres Olsen (1994-1998) y de Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), de acuerdo a las mejores tradiciones nacionales, colaboraron para que en nuestro país, a petición de las autoridades colombianas, pudieran llevarse a cabo conversaciones entre representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del gobierno colombiano, del gobierno de los Estados Unidos y lógicamente, conversaciones políticas de los representantes diplomáticos de la insurgencia colombiana con diversos sectores políticos y sociales de la sociedad costarricense, en el contexto de esa búsqueda de una salida pacífica al cruento y prolongado conflicto colombiano. La esperanza de que eso iba a ser posible era la foto del presidente colombiano, Andrés Pastrana, con el jefe de las FARC, Manuel Marulanda.

Fue en esos años y en ese contexto, que siendo yo diputado de la República me entrevisté con los representantes de las FARC, en mi despacho en la Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el entonces ministro don Roberto Rojas. Eran reuniones públicas, como tantas que en esas fechas tenían lugar en nuestro país, en que era normal ver a representantes de las FARC reunidos con expresidentes, exministros, exdiputados y una amplia diversidad de representantes de la sociedad civil.

Desgraciadamente esas negociaciones finalmente fracasaron, y el sueño de la paz para Colombia que parecía cercano y realizable se volvió a romper. Nos debemos sentir orgullosos como país de haber puesto nuestro grano de arena en ese esfuerzo.

A partir de ese momento no volví a tener ninguna relación, ni ningún contacto con las FARC. Esa es la verdad. No digo estas cosas porque tenga que defenderme de nada ni ante nadie. Mi vida personal y pública es transparente. Soy un hombre que lucha de frente en defensa de los ideales en los que creo, soy de izquierdas y pienso que el futuro de la humanidad, si es que sobrevivimos a tanta catástrofe acumulada, pasará por el socialismo, a pesar de que soy consciente también de los crímenes que se han cometido en su nombre. Rechazo, venga de donde venga, ese cinismo, que por cierto no puede atribuírsele a Maquiavelo, un político moral, de que el fin justifica los medios. Si el fin es noble, los medios no pueden, no debieran, pervertirlo; por eso no puedo aceptar que la muerte o el sufrimiento de gente inocente, llámese terrorismo de Estado o insurgente, el hambre, la extrema desigualdad, la opresión, la discriminación, el secuestro, la extorsión o cualquier otro tipo de violencia contra la gente o contra la naturaleza, sean métodos de lucha política que podamos tolerar y permanecer indiferentes. Si siempre han sido métodos odiosos en la dominación secular de un capitalismo salvaje, explotador y depredador, no dejan de ser igualmente, o más aún, odiosos cuando se cometen en nombre de la libertad y de la justicia.

No entro ahora a la polémica internacional sobre la computadora y sus correos, cuya propiedad y autoría se atribuye al asesinado comandante de las FARC, Raúl Reyes. La misma INTERPOL ha reconocido que el ejército colombiano, después de bombardear e invadir territorio ecuatoriano, no respetó “los principios reconocidos internacionalmente aplicables al manejo ordinario de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”, y agrega que “ la verificación realizada por la INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuarios que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen”, para concluir que “la veracidad o exactitud del contenido de cualquier prueba se establecen en el marco de un procedimiento judicial de ámbito nacional o internacional”. Esto es, como diría Günter Grass, un cuento largo, sólo el paso del tiempo establecerá la verdad.

Ahora lo que me interesa es dejar establecida mi verdad. Por dos razones, la primera: mis relaciones con las FARC se circunscribieron única y exclusivamente, como afirmé más arriba, a las que sostuve en el contexto de las amplias y diversas conversaciones para la paz que se desarrollaban en Costa Rica en el cruce de las dos administraciones indicadas; y la segunda: cualquier otra versión, no sólo sería una mentira absoluta, sino algo más grave, un intento de criminalizar a mi persona y al Partido Frente Amplio, para tratar de obstaculizar que el sólido prestigio ganado en nuestras luchas contra la corrupción y en defensa de los interereses del país y de las mayorías populares, se traduzca, como ya está ocurriendo, en la construcción de una fuerza política en capacidad de dar un aporte sustancial a la derrota de los neoliberales. Y hay una tercera razón, que trataré de dilucidar en la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa, de la cual soy miembro: ¿Quién quiere callar al diputado José Merino para que este país no avance en el conocimiento de la verdad sobre el narcotráfico y el lavado de capitales, y las redes político-empresariales cómplices?

Alguien quiere seguir jugando la carta del miedo. Pero nadie logrará ni callarme, ni comprarme, ni doblegarme.

SE HA DICHO EN LA ASAMBLEA

En la Comisión Especial que investiga las FARC y las AUC, SE HA DICHO...

“...Yo no tengo absolutamente ninguna información, ni ninguna base para decir que el diputado Merino tenga o forme parte de algún grupo de participación o apoyo a las FARC”.

FERNANDO BERROCAL, ex Ministro de Seguridad Pública (Acta de la sesión No. 4, del 12 de mayo de 2008).


“...De todas esas relaciones que se dieron, por lo menos durante el período que yo estuve relacionado con estos temas, nunca se observó absolutamente ningún tipo de condición que criminalizara su conducta. Efectivamente los señores vinieron a las universidades, tuvieron algunos contactos con políticos costarricenses que son públicos y notorios. Aquí está presente el señor Merino, con toda consideración y respeto se lo digo, la participación del señor Merino en esas reuniones siempre fue acorde con la voluntad expresada de tratar de conducir un proceso de negociación en Colombia, no hubo de su parte que yo supiera y estoy seguro que así es, absolutamente ninguna otra conducta que no fuera esa. En el entendido de que de acuerdo a la tradición nuestra costarricense, este tipo de conflictos ojalá todos se solucionaran pacíficamente.”

ROGELIO RAMOS, ex Ministro de Seguridad de Seguridad Pública (Acta de la sesión No. 6, del 15 de mayo de 2008).

El Diputado Merino por su parte en el plenario legislativo expresó:

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA N.º 010
JUEVES 15 DE MAYO DE 2008

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:

Gracias, señora Presidenta.

Con su autorización y en vista de que me está llamando algún medio de comunicación, le voy a contestar en este Plenario legislativo y, también, ante el pueblo de Costa Rica, porque me parece importante para la salud democrática del país, para que el debate político en Costa Rica no se desvíe de sus objetivos fundamentales, ni se envenene.

Y lo voy a hacer simbólicamente ante Costa Rica, jurando sobre los principios que yo más pueda respetar en esta vida y de acuerdo a mis convicciones, jurando sobre lo más sagrado, en lo que yo pueda creer, que mis únicas relaciones con las FARC de Colombia se produjeron en el contexto en que en Costa Rica se abrió un espacio legal, público, conocido a finales de los años 90 y principios del 2000, en el que Costa Rica trató de contribuir a abrir un diálogo conducente a una solución pacífica al largo conflicto armado colombiano, que como diputado de la República en este Parlamento, en la Cancillería de la República, tuve relación con delegados de la Comisión Diplomática de las FARC, conocido por las autoridades de la República y a la luz pública ―repito― y con toda transparencia, y que lo hice convencido, como político y como ciudadano, que era una contribución que Costa Rica podía dar a ayudar a ese país a encontrar una solución pacífica.

En los mismos términos lo hicieron otros miembros de los sectores políticos y sociales de Costa Rica, lo hicieron otros ex presidentes, tres ex presidentes de la República, ex diputados, ex ministros, organizaciones sociales y un largo etcétera.

Y quiero decirle al pueblo de Costa Rica, que mis únicas, exclusivas relaciones fueron esas, y que, desde ese momento, yo no he vuelto a tener ninguna relación con las FARC, y eso no quiere decir que me esté defendiendo de nada, si las hubiera tenido se lo diría al pueblo de Costa Rica, y si las tuviera que tener de nuevo para buscar una salida pacífica al conflicto colombiano las tendría, que como diputado y como miembro de mi Partido tenemos una acción política legal, pública, transparente en el marco de la Constitución Política de Costa Rica, que rechazamos cualquier tipo de violencia, que rechazamos cualquier tipo de actividad que lleve a actos delictivos, ya sea relacionados con el lavado de dinero, con el narcotráfico, con cualquier tipo de delito internacional o nacional.

Quero asegurarle al pueblo de Costa Rica que esa es la única relación, como lo he declarado ya en muchas oportunidades en este país, y que espero que la Comisión de Investigación que hay en este Parlamento, pueda, de manera responsable, de manera valiente, de manera madura, llegar a las conclusiones que tenga que llegar, caiga quien caiga, y que cada palo, obviamente, aguante su vela, si en cualquier tipo de relación sea con quien sea, hay algún tipo de vínculo delictivo que no sea acorde con nuestro sistema legal o con nuestra Constitución Política de la República.

Gracias por su comprensión, señora Presidente.

Eso es lo que tengo que declarar ante el país y ante los medios de comunicación en estos momentos.

Gracias, señora Presidenta.”

JOVENES Y POLITICA ELECTORAL

INVITACIÓN Mesa Redonda

MIÉRCOLES 21 DE MAYO – 6:00 P.M.
Auditorio de la Asamblea Legislativa (antigua capilla del Sión)

JÓVENES Y POLÍTICA ELECTORAL

¿Se puede derrotar a los neoliberales en el 2010?

Con:

-David Rojas, integrante del Movimiento Alternativo Estudiantil (MEA), integrante del Comité Patriótico Faustino Montes de Oca, estudiante de Matemáticas en la UCR.

-Cristina Barboza, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), estudiante de Odontología.

-Marcial Baltodano, presidente de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional, Presidente del Consejo de Asociaciones de la UNA (CAEUNA).

-Sofía Cortés, integrante de la MILPA-U y del Frente Amplio.

-Héctor Solano, integrante del Frente Amplio y del Comité Patriótico Cantonal de Goicoechea.

-Daniel González, regidor de la Municipalidad de Tibás electo por el PAC, integrante de la Juventud PAC y del Comité Patriótico de Tibás.

-Antonio Ortega, presidente del gobierno estudiantil de Paraíso, integrante del Comité Patriótico de Paraíso y del Frente Ecológico Cultural de Paraíso.

-Iván Carmona, coordinador del Comité Patriótico del Barrio Corazón de Jesús e integrante de los Comités Patrióticos del Cantón Central de Heredia.

Modera: José María Villalta Flórez-Estrada, asesor legislativo y activista ambiental.

Introducción sobre “Mayo 68”. 40 Aniversario de la rebelión estudiantil y popular en Francia.

Ciclo de Mesas Redondas: El Movimiento Patriótico y las elecciones 2010
Invita: Frente Amplio

Siguientes Mesas Redondas:

4 de junio. Partidos Políticos y articulación electoral del Movimiento Patriótico
18 de junio: El reto electoral 2010 y el Movimiento Patriótico

SOLIDARIDAD CON POBLACIONES QUE LUCHAN POR EL AGUA

Solidaridad con la comunidad de Sardinal reprimida, y otras poblaciones costeras del país, que luchan por el agua, expresó el Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, en el plenario legislativo en la sesión del 13 de mayo de 2008. También denunció los intentos por excluirlo de la Comisión de Ambiente, en momentos donde se discutirá la Ley de Recurso Hídrico.

COMISION ESPECIAL INVESTIGARA VINCULOS DE PARAMILITARES EN COSTA RICA

Con una votación unánime el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó una proposición del Diputado José Merino del Río, para investigar “la presencia, actividades desplegadas, inversiones, relaciones y vínculos” en Costa Rica de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos paramilitares de extrema derecha de Colombia, y cualquier otro grupo de ese país, relacionado con el narcotráfico y otras actividades delictivas.

La moción del Diputado Merino amplía el mandato de la Comisión Especial Investigadora “de la presencia, actividades desplegadas y vínculos asociados que hayan realizado o se encuentren realizando miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el territorio nacional”, que se tramita bajo el expediente 16.989.

En los últimos tiempos en Colombia se han vinculado con el paramilitarismo a 62 congresistas, que se encuentran bajo investigación o encarcelados, y 57 de ellos pertenecen a partidos políticos allegados al presidente Álvaro Uribe.

También se han iniciado procesos de extradición hacia los Estados Unidos, que incluyen a 14 jefes de los paramilitares de las AUC, solicitados en las cortes de ese país por cargos de narcotráfico, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar “Jorge 40”, Diego Fernando Murillo “Don Berna” y Carlos Mario Jiménez “Macaco”, este último ya con un proceso abierto por narcotráfico y narcoterrorismo.

Recientemente la revista Semana de Colombia reveló que el senador Humberto Builes Correa, uno de los detenidos por sus vínculos con el paramilitar “Macaco”, tendría inversiones en Costa Rica, como productor de tilapias, ganadero y vendedor de electrodomésticos.

A inicios del año 2007 el periódico El Tiempo, de Bogotá, informó que varios jefes paramilitares colombianos “tienen parte de sus fortunas obtenidas mediante su accionar violento invertidas en Venezuela, Panamá y Costa Rica”. Precisó El Tiempo que se trataba de inversiones en joyerías en Isla Margarita, de Venezuela, así como en “inversiones de bolsa y centros vacacionales en Costa Rica, Contadora y Panamá”.

Asimismo en el diario La Vanguardia, de Barcelona, el 25 de julio del 2007, el general Oscar Naranjo, manifestó que los paramilitares “lavan sus bienes a través de testaferros. Incluso se ha detectado que compran tierras en Ecuador y Costa Rica”.

Durante su comparencia ante la comisión legislativa el ex ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, se refirió al caso de Libardo Parra Vargas, a quién el dijo se le decomisó un millón de dólares en Costa Rica, y está “vinculado a un grupo paramilitar”. La prensa en su momento habló de varias propiedades a su nombre, de un decomiso en su vivienda de 1.5 millones de dólares y de negocios de ganadería en la frontera de Costa Rica y Nicaragua. En los tribunales costarricenses aceptó un proceso abreviado por “legitimación de capitales”.

LO DIJO BERROCAL

FERNANDO BERROCAL: "...Yo no tengo absolutamente ninguna información, ni ninguna base para decir que el diputado Merino tenga o forme parte de algún grupo de participación o apoyo a las FARC"

A continuación extractos del Acta de la Sesión No. 4, del lunes 12 de mayo de 2008, de la Comisión Especial Investigadora sobre actividades y vínculos de las FARC y las AUC en territorio nacional (Expediente 16.989).

"DIPUTADO SALOM ECHEVERRÍA:

...Me resta, nada más, decirle que a mí me gustaría, para concluir esta parte, yo no soy defensor de oficio del diputado Merino, pero soy un viejo amigo de él, aunque militamos en partidos distintos, en partidos políticos distintos, y porque lo conozco, me gustaría que se aclarara. Ahí aparece una fotografía inserta en los documentos, de él reunido con las FARC y envuelto en eso.
A mí me gustaría saber si usted, con la información que dispone, considera que él en algún sentido forma parte de esa red de sustentación, que a partir, me parece, sobre todo del 2003 se empieza a conformar en Costa Rica...

LIC. FERNANDO BERROCAL SOTO:

Perdón, muchas gracias.
Yo he insistido en esta Comisión y ha sido un eje de mi argumentación que antes del año 2000 las gestiones de paz que se hicieron en este país responden a una larga y sólida tradición de asilo, de refugio, y yo mismo como abogado me ha tocado intervenir en varios casos pidiendo asilo o refugio para perseguidos de las dictaduras de América Latina o de los regímenes autoritarios de América Latina y me siento muy orgulloso de esa práctica profesional como profesor de Derecho Internacional Público.
Aclaré también el caso del licenciado Jorge Urbina, que es un viejo amigo desde la época de la universidad, compañero de luchas universitarias nuestras, que también aparece ahí en alguno de esos documentos de referencia y al que vi en Nueva York ahora que estuve allá. Le dije, yo eso lo voy a aclarar, porque el licenciado Urbina ,efectivamente, viajó a Bogotá con fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o sea fondos del PNOD precisamente coadyuvando y ayudando a todo este proceso de paz.
Me imagino que habrá otros costarricenses y hasta dije que si me hubieran contratado a mí, tal vez yo también habría ido, porque era otra época, estaba en otras actividades en ese entonces.
Esa foto en la que aparece el diputado Merino, y que dicha que usted me da la oportunidad, debe ser una foto del año 97, 98 o sea, esa es una foto vieja, saliendo de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores y me parece que también responde a la misma línea de pensamiento que estoy desarrollando, o sea, antes del año 2000 eso pues eran prácticas normales.
Entiendo que el ex presidente Figueres en alguna oportunidad se reunió, no sé con quién, el Presidente Arias en alguna otra oportunidad y me parece que todo eso forma parte, lo mismo que la acción del diputado Merino, en ese entonces no sé si era diputado o simple ciudadano, de llevar a Raúl Reyes y a Granda a la Chancillería, me imagino que a reunirse con el Canciller o a reunirse con un alto funcionario.
Eso es historia antigua, eso forma parte de una etapa que no creo que es la que está bajo estudio, que es la época posterior, difícilmente, las FARC sufrieron toda esta evolución y yo no tengo absolutamente ninguna información, ni ninguna base para decir que el diputado Merino tenga o forme parte de algún grupo de participación o apoyo a las FARC. Eso es lo que tengo que decir.

LA PRESIDENTA:

Si, Diputado. Por el orden, el diputado Merino Del Río.

DIPUTADO MERINO DEL RÍO:

Por el orden, porque ya que mi nombre es mencionado, debo decir lo siguiente: Efectivamente, cuando apareció esa foto en este informe que nos mandó Casa Presidencial, llamó la atención que sea una foto sin pie de página, sin fecha, ni donde fue tomada.
Yo he dicho ya en esta Comisión que esa foto fue tomada siendo yo Diputado de la República en el período 1998-2002, creo que al año 1999, no recuerdo, la DIS debe tener esa información y fue una reunión efectivamente con el Canciller Roberto Rojas en el marco de las conversaciones de paz que se llevaban a cabo en Costa Rica.
A mí me llamó mucho la atención que la DIS, ya que estaba con esas pesquisas, no incluyera ahí las fotos que esos mismos miembros de las FARC se tuvieron que tomar con el ex presidente Oscar Arias, con el ex presidente Figueres Olsen, con el ex presidente Calderón Fournier, con el canciller Fernando Naranjo, con el Presidente de la Asamblea Legislativa Luis Fishman y un largo etcétera de personas de sectores políticos y sectores sociales que estaban pública, legal y de acuerdo a nuestra Constitución Política, con todos los derechos que le otorga en esas actividades.
A mí lo que me extraña, don Fernando, es que eso aparezca todavía en informes codificados de la DIS a estas alturas y que de alguna manera trate de enredar toda la situación.
Yo no sé si ese informe, cuándo se hizo, porque sería importante saber si ese informe de la DIS usted lo heredó, usted lo pidió, cuándo lo confeccionaron, y en qué fecha lo confeccionaron. Si fue una medida de la Casa Presidencial, porque hoy, obviamente, estamos muy preocupados con la DIS. Usted ha declarado bajo juramento que supo que funcionarios de la DIS han estado vinculados con el narcotráfico en este país, en qué período, ¿en el período que sacaron esa foto?
Esa foto además circuló nacionalmente, alguien se la entregó a un Diputado de esta Asamblea Legislativa cuando estábamos en la Campaña del TLC, para tratar, yo no sé que intenciones de la DIS, pero todo eso nos demuestra, como ha dicho el Fiscal General de la República, ¿se justifica la existencia de la DIS?, como esta funciona en un régimen democrático o estamos ya en presencia de una policía política que sólo le pone a la gente opositora por ser opositora o por tener una determinada ideología, es a los que está vigilando en este país.
Yo quisiera saber quien tomó esa foto, por qué lo tuvo que hacer de manera clandestina, ¿se vigila en este país a los Diputados?, se nos espía a los Diputados que no somos del gobierno, antes y ahora, ¿se interviene los teléfonos de los Diputados que no somos de este gobierno o de anteriores?
Esos son también temas que tienen que ver con esto para saber con claridad, don Fernando, de qué estamos hablando, porque podrían ser factores de distracción para no perseguir y para encubrir a los políticos que pueden estar vinculados en este país con el narcotráfico o con cualquier dinero delictivo, venga de donde venga o con encubrimiento de capitales, etcétera, etcétera.
Por dicha me dan la oportunidad de aclararlo, porque también es parte de esto, parte de una cuestión donde parece que se quiere crear una gran ceremonia de la confusión para que la Comisión al final no pueda llegar a nada.

LA PRESIDENTA:

Don Fernando, ¿si quiere referirse? ¿No se quiere referir? Bueno, vamos a terminar la mañana de hoy con las comparecencias, agradeciéndole a don Fernando su amplitud."

EL GOBIERNO PRETENDE ELIMINAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA

¡ALERTA PUEBLO DE COSTA RICA!

Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

Después de dos años de espera, finalmente el Gobierno presentó en un acto cerrado al público su propuesta de “texto sustitutivo” para el proyecto de Ley de Recurso Hídrico.

A pesar de que este proyecto de ley urgente para el país fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa desde marzo de 2005 y de que al final del Gobierno anterior se encontraba bastante avanzado en su trámite, la Administración Arias Sánchez lo mantuvo absolutamente congelado desde el inicio de su gestión, bloqueando de forma sistemática cualquier posibilidad de avance, con la excusa de que quería proponer algunos “cambios” al texto.

Hoy confirmamos las razones de ese atraso. El texto presentado por el Poder Ejecutivo no es ni la sombra del proyecto original. Es un proyecto totalmente nuevo.

Mientras que el primero buscaba permitirle a Costa Rica “realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las futuras generaciones”; la propuesta del Gobierno traiciona y contradice por completo estos principios. Es un proyecto orientado a promover la privatización y la mercantilización del agua y los servicios públicos de acueductos y alcantarillados, así como a favorecer los intereses de las grandes corporaciones y megaproyectos que hoy explotan irracionalmente este recurso, en perjuicio de los derechos humanos de las comunidades locales. En suma, un proyecto de ley totalmente a tono con el TLC.

Algunos de los cambios más preocupantes que introduce el proyecto presentado por el Gobierno son los siguientes:

1. Elimina por completo el reconocimiento del acceso al agua en condiciones adecuadas de calidad y cantidad como un derecho humano fundamental. El texto original incorporaba un reconocimiento expreso de este derecho, que desaparece de la propuesta del Gobierno.

2. Promueve la privatización de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados. El texto anterior incorporaba una norma expresa que decía que únicamente se otorgarán concesiones para la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento al AYA, las municipalidades y las ASADAS. Esta norma también fue eliminada y en su lugar establece que estas concesiones podrán otorgarse a cualquier persona pública o privada.

3. Elimina los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso y conservación del agua. El proyecto dictaminado en 2005 creaba consejos de cuenca con participación directa de las comunidades locales. Estos consejos tenían funciones sustantivas e incidencia directa en decisiones trascendentales como la definición de los usos prioritarios del agua y la distribución de los recursos provenientes de los cánones. Además, se establecían mecanismos de consulta popular directa a la población, transparencia y rendición de cuentas. Todas estas normas se eliminan en la propuesta del Gobierno. En su lugar, los consejos de cuenca quedan reducidos a órganos meramente decorativos, que solo tendrán funciones “consultivas” y de “asesoría”. Es decir, más burocracia sin participación real de la gente.

4. Desprotege los humedales del país, derogando de forma subrepticia el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente que dice: “Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas.” La derogatoria de esta norma no formaba parte del proyecto original. Es evidente que su introducción a última hora busca favorecer los intereses de las trasnacionales que intentan construir megaproyectos turísticos y de marinas, destruyendo estos frágiles ecosistemas.

5. Debilita las normas para la protección de las áreas de recarga acuífera. Con la propuesta presentada por el Gobierno solo se protegerán las áreas de recarga acuífera que sean calificadas como “vulnerables” por el Poder Ejecutivo. Es decir, a diferencia de lo que dice la Ley Forestal vigente, habrá que esperar a que un área de recarga acuífera se encuentre en condición de vulnerabilidad para poder asignarle protección, independientemente de su valor e importancia. Además, se eliminan una serie de medidas dirigidas a la protección de estas áreas que se encontraban contenidas en el proyecto original como la obligación de reposición de la cobertura boscosa en las zonas de protección o la definición de actividades prohibidas (gasolineras o proyectos de minería, por ejemplo) que no pueden realizarse en áreas de recarga acuífera debidamente declaradas.

6. Privatiza el Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA. Esta dependencia cuenta con personal técnico especializado en materia de aguas subterráneas. El proyecto original trasladaba sus recursos y personal al MINAE para fortalecer su capacidad técnica como autoridad rectora del Estado, encargada de velar por la protección de todas las aguas del país. El proyecto del Gobierno priva de estos valiosos recursos al órgano técnico del MINAE encargado de la gestión del recurso hídrico. En su lugar, pretende trasladar el personal y recursos públicos del Departamento de Aguas Subterráneas a una sociedad anónima denominada “Centro de Investigación Costarricense para la Tecnología del Agua”. Esta nueva “empresa” se regirá por la legislación comercial privada, podrá dedicarse a la venta de servicios a empresas privadas e incluso nada impide que parte de sus acciones y activos sean transferidos al sector privado.

7. Reestablece las concesiones para nuevos proyectos de cogeneración eléctrica privada al amparo de la Ley Nº 7200, sin considerar los negativos impactos ambientales, sociales y económicos de esta nefasta ley.

De esta forma el Gobierno se burla una vez más del pueblo de Costa Rica, pues pretende echar a la basura una propuesta de ley que probablemente ha sido la más consultada y consensuada en la historia del Parlamento costarricense. En efecto, el texto de la Ley de Recurso Hídrico dictaminado en 2005 fue definido a través de un amplio proceso inédito hasta la fecha en nuestra democracia, donde participaron las más diversas organizaciones sociales y se realizaron foros regionales de consulta a las comunidades.

Queda confirmado, además, que le mintieron al pueblo de Costa Rica durante la campaña del referéndum sobre el TLC. A lo largo de toda esta campaña, muchas personas denunciamos públicamente que dicho Tratado afectaría la capacidad del Estado costarricense para proteger el agua y garantizar su distribución equitativa, promovería la privatización de servicios esenciales y tornaría imposible el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental.

También denunciamos que el bloqueo impuesto por el Gobierno a la nueva Ley de Recurso Hídrico era una consecuencia adelantada del TLC, que aún sin ser aprobado, ya empezaba a aplicarse en el país. Esto último, sencillamente porque una ley que pretenda reconocer el acceso al agua para toda la población como un derecho humano resulta totalmente incompatible con la lógica privatizadora de dicho Tratado para el cual el agua es una simple mercancía que se vende y se compra al mejor postor. Una simple mercancía que puede ser explotada por quién paga más, no importa si la usa para regar canchas de golf o si pone en peligro la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades.

Los defensores del TLC, los del memorándum, siempre negaron estas denuncias. Dijeron que no había relación alguna entre el bloqueo de la nueva Ley de Aguas y el Tratado. Dijeron que el TLC no afectaba “en nada” la capacidad de Costa Rica de legislar sobre el agua en la forma que quisiera. Hoy, nuevamente, quedan desenmascarados.

¿Por qué no hicieron público el texto de su nuevo proyecto de ley durante la campaña del referéndum? ¿Por qué se esperaron hasta que el TLC estuviera aprobado para decirle al pueblo lo que piensan hacer con el agua? Porque si hubieran hablado con honestidad, el pueblo habría constatado que todas nuestras denuncias eran ciertas.

Costa Rica necesita una nueva Ley de Aguas. Pero una ley que garantice el acceso a este elemento vital para las futuras generaciones y respete los derechos de las comunidades. El proyecto presentado por el Gobierno contraviene frontalmente estos objetivos. Por eso, desde ya la Fracción del Frente Amplio anuncia su rotunda oposición a dicho proyecto y exige que se respete la propuesta consultada con la sociedad civil.

Asimismo instamos a las organizaciones sociales de todo el país a redoblar esfuerzos en el proceso de recolección de firmas iniciado por la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA) para presentar el proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico por la vía de la iniciativa popular.

DR. PATCH ADAMS CONTRA LA PRIVATIZACION

Programa Buen Día, Canal 7. Entrevista de Edgar Silva al Dr. Patch Adams.

UN GOBIERNO DE, PARA Y POR LOS GRANDES EMPRESARIOS

Respuesta del Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, al discurso del Presidente de la República, Oscar Arias Sánchez, sobre el "Estado de la Nación". Intervención en el plenario de la Asamblea Legislativa el día 5 de mayo de 2008.

A COSTA RICA LE HA LLEGADO LA HORA DEL CAMBIO

Intervención del Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, en la sesión plenaria del jueves 1 de mayo de 2008.

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:

Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados.

Buenas tardes compatriotas habitantes todos y todas de nuestra República.

Vivimos tiempos difíciles. La humanidad se debate ante una crisis de incalculables consecuencias.

El cambio climático que amenaza la misma sobrevivencia del planeta y de toda forma de vida en él. Las crisis económicas y financieras; la crisis alimentaria, que amenaza con hambrunas a millones y millones de seres humanos en todo el mundo; las guerras; la violencia; la corrupción galopante que se manifiesta en grupos mafiosos que se apoderan de diversos ámbitos de la vida internacional; la crisis de valores nos habla de que estamos enfrentando una verdadera crisis de civilización, que necesita poner en marcha fuerzas muy grandes en el mundo entero, fuerzas de la decencia, de la democracia, del patriotismo, de la solidaridad.

La necesidad de transformar esta globalización salvaje que nos han impuesto, desde los grupos de poder planetarios avanzar hacia la globalización de la solidaridad.

Si en alguna parte del planeta esa lucha se está manifestando hoy con especial vigor, es en nuestra América Latina.

Desde el río Bravo hasta la Patagonia vemos cómo los pueblos de nuestra América Latina se están levantando frente a esas políticas inhumanas del poder neoliberal, frente a esas políticas de la discriminación, de la exclusión, de la depredación de la naturaleza.

Cómo uno tras otro los países de América Latina van imponiendo gobiernos populares y progresistas para que dejen de estar al servicio de minorías y se pongan al servicio de las grandes mayorías sociales que reclaman en nuestra América Latina justicia y solidaridad.

Nosotros vivimos en un pequeño país de América Latina, en una Costa Rica pequeña, en una Costa Rica ubicada en esta frágil cintura de nuestra América, en una Costa Rica que no es una excepción, a lo que hoy está pasando en el mundo y a la necesidad, también, de enfrentarlo con medidas de solidaridad mundial y también con nuestras propias medidas nacionales.

A Costa Rica le ha llegado la hora del cambio, le ha llegado la hora de la construcción, de alternativas desde el mundo popular, desde el mundo democrático y progresista de Costa Rica, ha llegado la hora de decir, basta ya, basta ya a estos años de poder neoliberal que se han traducido en Costa Rica en el crecimiento de la pobreza, en el crecimiento de la desigualdad social, en la destrucción del tejido productivo nacional, en la mayor dependencia de Costa Rica a los poderes transnacionales que mutilan nuestra soberanía y quieren aniquilar nuestro derecho a vivir en un país libre e independiente.

Ha llegado la hora de decirle basta ya a las políticas de la corrupción, que en los últimos veinticinco años le quitaron al país y a las políticas del bien común, centenares de miles de millones que fueron a parar a los bolsillos de políticos y empresarios inescrupulosos.

Ha llegado la hora de hablar de una Costa Rica plural, decente, inclusiva, solidaria, justa, una Costa Rica que se sienta orgullosa de todas las adquisiciones y conquistas históricas de nuestro Estado Social de Derecho, que hunda sus raíces en las mejores tradiciones democráticas de este país.

Hemos tenido en el último año una resistencia desde los sectores patrióticos y democráticos de Costa Rica, de enorme trascendencia para este país.

Supimos levantarnos y decirle “no” desde las fuerzas de nuestra convicción y de nuestras razones a las políticas que nos han venido imponiendo en este país, que recortan todos los días más los derechos humanos y que recortan todos los días más nuestro derecho a vivir en una patria solidaria y soberana.

Supimos acumular enormes fuerzas democráticas populares y patrióticas en la lucha contra el Tratado de libre comercio y contra todas las políticas vinculadas a este Tratado de libre comercio, fue una lucha y sigue siendo una lucha de la que nos sentimos centenares de miles de costarricenses orgullosos, orgullosos de haber sido partícipes y protagonistas en una gesta histórica, que ha sido también un ejemplo para América Latina.

Perdimos el Tratado de libre comercio no por la fuerza de la razón del adversario ni por la fuerza de la justicia del adversario, sino por la fuerza de una campaña, que lejos de fortalecer nuestra democracia la debilitó y la denigró al recurrir el poder neoliberal a métodos infames en contra de la conciencia mayoritaria del pueblo de Costa Rica, que solo pudo ser vencida en una campaña de miedo, que mancha nuestra democracia y que permanecerá en la memoria de muchos costarricenses.

Pero de esa resistencia y de ese saber decir no, también surgirá la fuerza de saber construir la propuesta y la alternativa que necesita Costa Rica, necesitamos una profunda reforma del Estado costarricense, una reforma democrática que devuelva el poder a la ciudadanía, una reforma democrática que rompa con un sistema político–electoral que le niega a las fuerzas emergentes las posibilidades plenas para competir en pie de igualdad, para obtener la voluntad y el apoyo de los ciudadanos.

Una reforma democrática para eliminar todas esas patologías que se han venido acumulando en nuestro estado, las patologías del clientelismo, de la corrupción política, del burocratismo, del verticalismo, del autoritarismo, que van reduciendo en lugar de ensanchar la vida democrática en nuestro país.

Necesitamos una reforma económica, una reforma económica que tenga en el centro la justicia social, pero que, también, tenga en el centro levantar la producción nacional, levantar la producción nacional es volver a rearticular y reconstruir un tejido productivo de pequeños y medianos empresarios, de gente del campo y de la ciudad, que ha venido siendo reducido en los últimos años a su mínima expresión.

Una reforma productiva que esté centrada en los próximos años de manera perentoria y urgente en levantar verdaderas políticas de seguridad alimentaria en Costa Rica, no solamente estamos amenazados por el hambre; ya en muchos hogares costarricenses no se hacen los tres tiempos de comida diaria; ya en muchos hogares costarricenses los niños van a las escuelas sin haber podido ni siquiera tomar el desayuno en sus hogares; ya en muchos hogares costarricenses no se llega a fin de mes; todo eso es una signatura pendiente que tenemos como país y como Parlamento ante los grupos más vulnerables, más desprotegidos de la sociedad costarricense.

Necesitamos una reforma tributaria, una reforma tributaria que haga, efectivamente, no solamente pagar impuestos a todo el mundo que puede pagarlos en este país, sino que se haga algún día realidad el viejo precepto de los grandes patriotas costarricenses de que los ricos en este país puedan y deban pagar como ricos y los pobres como pobres.

Una reforma democrática en la que deben salir los recursos para la reforma educativa; en primer lugar, para cumplir con las promesas que todas las fuerzas políticas le hicimos a la ciudadanía de aumentar del seis al ocho por ciento los recursos del Producto Interno Bruto para la educación.

También esa reforma educativa debe atacar los grandes problemas estructurales que se han venido acumulando en el Sistema Educativo Costarricense, fortalecer la educación pública, hacerla más eficaz, más accesible a todos los jóvenes sin ningún tipo de discriminación social, económica, cultural, étnica o territorial.

También está pendiente la reforma en salud, para que los éxitos que, indudablemente, nuestro país ha tenido a lo largo de las últimas décadas no se vean tampoco debilitados ni aniquilados por estas políticas que apuntan a convertir tanto la educación como la salud no en derechos humanos, como lo pensaron varias generaciones de costarricenses, sino en mercancías, para que pueda obtenerlas aquellos que tienen mayores recursos.

Este país también está urgido de una reforma moral, claro que esa reforma moral no se puede expresar simplemente en leyes, esa reforma moral significa un cambio cultural y espiritual en Costa Rica, esta Costa Rica, a veces tan egoísta e individualista, que va perdiendo los valores de la solidaridad; los valores del bien común tienen que ver, también, con la destrucción de un sistema de valores de unos modos de vida frívolos, absolutamente consumistas, sin tener en cuenta a los que están a la par y que necesitan, a veces, que se le tienda la mano fraternal del hermano, del amigo, del Gobierno solidario.

Significa esto, construir en la democracia; construir en el marco del respeto a nuestros derechos y garantías constitucionales; construir la alternativa... construir la alternativa desde el Frente Amplio pasa por articular esa enorme diversidad de fuerzas sociales, de fuerzas políticas, que han demostrado, en los últimos años, capacidad de resistencia, pero que, también, tienen que demostrar en los años venideros capacidad de proponer, capacidad de convencer, capacidad de ilusionar, capacidad de unir, capacidad de poner los intereses superiores del país y los intereses superiores de las mayorías por encima de cualquier interés particular o de grupo.

El Frente Amplio es una fuerza política modesta, pero puede también con honor decirle tanto a la gente que nos permitió estar en este Parlamento como a miles y miles de costarricenses en toda la geografía nacional, que hemos cumplido con responsabilidad, con coherencia, con honor, con ética los compromisos que asumimos con el país y, fundamentalmente, con sus clases trabajadoras, con sus sectores productivos, con la gente que menos tiene, que más ayuda necesita.

Que hemos cumplido con una oposición firme, con una oposición sin claudicaciones, pero, también, con una... como oposición inteligente y patriota, porque no solamente sabemos decir no con toda energía, sino que, también, estamos dispuestos a abrir nuestros corazones, nuestras conciencias y colocar nuestro voto de compromiso cuando vienen propuestas desde este Parlamento o desde fuera del Parlamento, que obedezcan a fortalecer las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías, la justicia social, y la democracia en Costa Rica.

Compatriotas un saludo de nuevo en esta fiesta del 1º de mayo, donde recordamos, decía en horas de la mañana, un aniversario más de la rendición de los filibusteros y de la afirmación de la soberanía y de la dignidad nacional y donde conmemoramos también un año más del Día Internacional de los Trabajadores que exigen libertades, que exigen mayor condición para poder desarrollar sus derechos, que exigen pan, que exigen educación, que exigen cultura, que exigen salud, que exigen salarios crecientes.

Muchas gracias, señoras y señores diputados; muchas gracias, queridos y queridas compatriotas.