EL GOBIERNO ES RESPONSABLE POR EL ALTO COSTO DE LA VIDA

Intervención del Diputado José Merino en el plenario legislativo sobre las responsabilidades del gobierno de la República por el alto costo de la vida, en el contexto de la crisis alimentaria y las alzas de precios de los hidrocarburos.

GUERRA A LA NATURALEZA

Despenalizan la tala ilegal en áreas de protección

José Merino del Río
Diputado, Partido Frente Amplio

La semana pasada la Fracción del Partido Frente Amplio denunció que el nuevo “texto sustitutivo” del proyecto de Ley de Recurso Hídrico (Expediente 14.585) presentado por el Gobierno de la República elimina el reconocimiento expreso del derecho al acceso al agua como un derecho humano fundamental, promueve la privatización de acueductos públicos, desprotege las áreas de recarga acuífera y los humedales, entre otras reformas que desnaturalizan por completo dicho proyecto y abandonan los principios que le dieron origen.

La lectura minuciosa de la propuesta de Ley de Aguas de la Administración Arias Sánchez, no solo permite confirmar dichas conclusiones, sino que arroja nuevas evidencias sobre las consecuencias nefastas de esta propuesta para el ambiente y los derechos de las comunidades.

El proyecto presentado por el Ministro Roberto Dobles, no solo debilita las normas dirigidas a preservar las áreas de recarga acuífera y demás zonas destinadas a la protección del recurso hídrico. Además, pretende ELIMINAR las sanciones penales existentes en la legislación vigente para quién destruya el bosque y realice construcciones ilegales en las áreas de recarga acuífera y demás áreas de protección.

Así como suena. En el artículo 170, inciso j) de la propuesta del Gobierno se pretende modificar el artículo 58 inciso b) de la Ley Forestal. Hoy en día esta norma sanciona con cárcel el aprovechamiento forestal ilegal en terrenos que formen parte del patrimonio natural del Estado y en las demás áreas de protección. Pero el texto de la reforma del Gobierno borra la oración final de dicho artículo que precisamente resguarda las áreas de protección.

El texto dictaminado en 2005 por la Comisión de Ambiente trasladaba el delito de daños a las áreas de protección del agua de la Ley Forestal a la Ley de Recurso Hídrico, mejorando su redacción (artículo 164). Pero el proyecto del MINAE modifica la Ley Forestal sin retomar esta infracción en su sección de delitos. En su lugar, pretende que la destrucción de áreas de protección del agua sea considerada como una simple “falta administrativa” (artículo 149).

Como consecuencia, de aprobarse esta modificación, se estaría despenalizando la tala o la destrucción ilegal de la vegetación en todas aquellas áreas de protección que no sean de propiedad pública (patrimonio natural del Estado), lo que dejaría sin protección la gran mayoría de las áreas de protección del recurso hídrico reconocidas en el artículo 33 de la Ley Forestal; tales como áreas que bordean nacientes permanentes y nacientes destinadas a consumo humano, márgenes de ríos, quebradas, lagos y lagunas y áreas de recarga acuífera ubicadas en terrenos privados. También quedarían desprotegidas áreas silvestres protegidas ubicadas en terrenos privados como reservas y refugios de vida silvestre privados.

Hoy en día las construcciones ilegales, la corta de vegetación o la tala del bosque en estas áreas son delitos penados con cárcel, pero con la reforma propuesta por el Gobierno que pregona “Paz con la Naturaleza”, se premia a quienes cometen estas prácticas ilícitas, exonerándolos de sanciones penales. A pesar de que se trata de conductas que pueden ocasionar graves daños ambientales a nacientes, ríos, quebradas y demás fuentes de agua, incluyendo aquellas destinadas al abastecimiento de las poblaciones humanas.

Así las cosas, tenemos un Gobierno que habla de elevar las penas de cárcel, salvo cuando se trata de delitos contra el ambiente y el agua, que muchas veces también son delitos “de cuello blanco”, porque sus principales responsables son grandes empresarios propietarios de megaproyectos agrícolas, turísticos, inmobiliarios o de industrias extractivas.

Nos preguntamos ¿A quién puede beneficiar esta reforma que con tanta diligencia promueve el ministro Dobles, si no es a los dueños de megaproyectos que en este momento están siendo juzgados penalmente por haber destruido el bosque en áreas de protección?

De hecho desde ya advertimos a las valientes comunidades y organizaciones que a lo largo y ancho del territorio nacional están denunciando ante los tribunales penales a los responsables de la destrucción ambiental. No es de extrañar que esta medida tenga como objetivo consolidar la impunidad. No es de extrañar que su finalidad sea eximir de responsabilidad a los autores de daños como el ocasionado a la zona de protección de la Quebrada Seca de Desamparados de Alajuela, que don Abel Sánchez, el Consejo Alajuelense de la Sociedad Civil y muchas otras organizaciones de esa provincia han venido denunciando.

Desde el Frente Amplio manifestamos nuestro más firme rechazo a esta nueva propuesta de la Administración Arias Sánchez que no es otra cosa que “guerra contra la naturaleza” y un paso más dirigido a la destrucción de las conquistas ambientales que han distinguido a Costa Rica ante el mundo. Asimismo reiteramos el llamado al pueblo costarricense a movilizarse para no permitir que se consolide semejante barbaridad.

EL GOBIERNO PRETENDE ELIMINAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA

¡ALERTA PUEBLO DE COSTA RICA!

Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

Después de dos años de espera, finalmente el Gobierno presentó en un acto cerrado al público su propuesta de “texto sustitutivo” para el proyecto de Ley de Recurso Hídrico.

A pesar de que este proyecto de ley urgente para el país fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa desde marzo de 2005 y de que al final del Gobierno anterior se encontraba bastante avanzado en su trámite, la Administración Arias Sánchez lo mantuvo absolutamente congelado desde el inicio de su gestión, bloqueando de forma sistemática cualquier posibilidad de avance, con la excusa de que quería proponer algunos “cambios” al texto.

Hoy confirmamos las razones de ese atraso. El texto presentado por el Poder Ejecutivo no es ni la sombra del proyecto original. Es un proyecto totalmente nuevo.

Mientras que el primero buscaba permitirle a Costa Rica “realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las futuras generaciones”; la propuesta del Gobierno traiciona y contradice por completo estos principios. Es un proyecto orientado a promover la privatización y la mercantilización del agua y los servicios públicos de acueductos y alcantarillados, así como a favorecer los intereses de las grandes corporaciones y megaproyectos que hoy explotan irracionalmente este recurso, en perjuicio de los derechos humanos de las comunidades locales. En suma, un proyecto de ley totalmente a tono con el TLC.

Algunos de los cambios más preocupantes que introduce el proyecto presentado por el Gobierno son los siguientes:

1. Elimina por completo el reconocimiento del acceso al agua en condiciones adecuadas de calidad y cantidad como un derecho humano fundamental. El texto original incorporaba un reconocimiento expreso de este derecho, que desaparece de la propuesta del Gobierno.

2. Promueve la privatización de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados. El texto anterior incorporaba una norma expresa que decía que únicamente se otorgarán concesiones para la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento al AYA, las municipalidades y las ASADAS. Esta norma también fue eliminada y en su lugar establece que estas concesiones podrán otorgarse a cualquier persona pública o privada.

3. Elimina los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso y conservación del agua. El proyecto dictaminado en 2005 creaba consejos de cuenca con participación directa de las comunidades locales. Estos consejos tenían funciones sustantivas e incidencia directa en decisiones trascendentales como la definición de los usos prioritarios del agua y la distribución de los recursos provenientes de los cánones. Además, se establecían mecanismos de consulta popular directa a la población, transparencia y rendición de cuentas. Todas estas normas se eliminan en la propuesta del Gobierno. En su lugar, los consejos de cuenca quedan reducidos a órganos meramente decorativos, que solo tendrán funciones “consultivas” y de “asesoría”. Es decir, más burocracia sin participación real de la gente.

4. Desprotege los humedales del país, derogando de forma subrepticia el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente que dice: “Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas.” La derogatoria de esta norma no formaba parte del proyecto original. Es evidente que su introducción a última hora busca favorecer los intereses de las trasnacionales que intentan construir megaproyectos turísticos y de marinas, destruyendo estos frágiles ecosistemas.

5. Debilita las normas para la protección de las áreas de recarga acuífera. Con la propuesta presentada por el Gobierno solo se protegerán las áreas de recarga acuífera que sean calificadas como “vulnerables” por el Poder Ejecutivo. Es decir, a diferencia de lo que dice la Ley Forestal vigente, habrá que esperar a que un área de recarga acuífera se encuentre en condición de vulnerabilidad para poder asignarle protección, independientemente de su valor e importancia. Además, se eliminan una serie de medidas dirigidas a la protección de estas áreas que se encontraban contenidas en el proyecto original como la obligación de reposición de la cobertura boscosa en las zonas de protección o la definición de actividades prohibidas (gasolineras o proyectos de minería, por ejemplo) que no pueden realizarse en áreas de recarga acuífera debidamente declaradas.

6. Privatiza el Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA. Esta dependencia cuenta con personal técnico especializado en materia de aguas subterráneas. El proyecto original trasladaba sus recursos y personal al MINAE para fortalecer su capacidad técnica como autoridad rectora del Estado, encargada de velar por la protección de todas las aguas del país. El proyecto del Gobierno priva de estos valiosos recursos al órgano técnico del MINAE encargado de la gestión del recurso hídrico. En su lugar, pretende trasladar el personal y recursos públicos del Departamento de Aguas Subterráneas a una sociedad anónima denominada “Centro de Investigación Costarricense para la Tecnología del Agua”. Esta nueva “empresa” se regirá por la legislación comercial privada, podrá dedicarse a la venta de servicios a empresas privadas e incluso nada impide que parte de sus acciones y activos sean transferidos al sector privado.

7. Reestablece las concesiones para nuevos proyectos de cogeneración eléctrica privada al amparo de la Ley Nº 7200, sin considerar los negativos impactos ambientales, sociales y económicos de esta nefasta ley.

De esta forma el Gobierno se burla una vez más del pueblo de Costa Rica, pues pretende echar a la basura una propuesta de ley que probablemente ha sido la más consultada y consensuada en la historia del Parlamento costarricense. En efecto, el texto de la Ley de Recurso Hídrico dictaminado en 2005 fue definido a través de un amplio proceso inédito hasta la fecha en nuestra democracia, donde participaron las más diversas organizaciones sociales y se realizaron foros regionales de consulta a las comunidades.

Queda confirmado, además, que le mintieron al pueblo de Costa Rica durante la campaña del referéndum sobre el TLC. A lo largo de toda esta campaña, muchas personas denunciamos públicamente que dicho Tratado afectaría la capacidad del Estado costarricense para proteger el agua y garantizar su distribución equitativa, promovería la privatización de servicios esenciales y tornaría imposible el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental.

También denunciamos que el bloqueo impuesto por el Gobierno a la nueva Ley de Recurso Hídrico era una consecuencia adelantada del TLC, que aún sin ser aprobado, ya empezaba a aplicarse en el país. Esto último, sencillamente porque una ley que pretenda reconocer el acceso al agua para toda la población como un derecho humano resulta totalmente incompatible con la lógica privatizadora de dicho Tratado para el cual el agua es una simple mercancía que se vende y se compra al mejor postor. Una simple mercancía que puede ser explotada por quién paga más, no importa si la usa para regar canchas de golf o si pone en peligro la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades.

Los defensores del TLC, los del memorándum, siempre negaron estas denuncias. Dijeron que no había relación alguna entre el bloqueo de la nueva Ley de Aguas y el Tratado. Dijeron que el TLC no afectaba “en nada” la capacidad de Costa Rica de legislar sobre el agua en la forma que quisiera. Hoy, nuevamente, quedan desenmascarados.

¿Por qué no hicieron público el texto de su nuevo proyecto de ley durante la campaña del referéndum? ¿Por qué se esperaron hasta que el TLC estuviera aprobado para decirle al pueblo lo que piensan hacer con el agua? Porque si hubieran hablado con honestidad, el pueblo habría constatado que todas nuestras denuncias eran ciertas.

Costa Rica necesita una nueva Ley de Aguas. Pero una ley que garantice el acceso a este elemento vital para las futuras generaciones y respete los derechos de las comunidades. El proyecto presentado por el Gobierno contraviene frontalmente estos objetivos. Por eso, desde ya la Fracción del Frente Amplio anuncia su rotunda oposición a dicho proyecto y exige que se respete la propuesta consultada con la sociedad civil.

Asimismo instamos a las organizaciones sociales de todo el país a redoblar esfuerzos en el proceso de recolección de firmas iniciado por la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA) para presentar el proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico por la vía de la iniciativa popular.