EN DEFENSA DEL AGUA

El Diputado José Merino critica a quienes no defienden el agua de la población, tal el caso de quienes pretenden ilegalmente construir un acueducto privado en Playa Panamá o de quienes no protegen el Macizo del Barva, cuyas fuentes hídricas abastecen el Valle Central. Intervención en el Plenario Legislativo el día 30 de julio de 2008.

Pretenden crear acueducto privado en Playa Panamá

-Concesión incluye riego de una cancha de golf en Punta Cacique

-Nueva burla a comunidades de Guanacaste, denuncia Diputado Merino

El Gobierno continúa promoviendo la privatización de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, denunció el diputado José Merino del Río. En esta ocasión se trata de la creación de un acueducto privado en Playa Panamá de Sardinal de Carrillo, Guanacaste, que actualmente se tramita en el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía.

El diputado del Frente Amplio solicitó al Departamento de Aguas del MINAE se soliciten estudios técnicos, se denieguen las concesiones de aguas subterráneas, se declare el acuífero de Playa Panamá en estado de sobre explotación, y se deje el caudal para reserva y protección del acuífero, así como para el eventual abastecimiento de agua potable a la población.

A pesar de que nuestra legislación establece con absoluta claridad que los servicios de acueductos solo podrán ser prestados por Acueductos y Alcantarillados (AyA), las Municipalidades, las ASADAS u otras empresas públicas creadas por ley, el MINAE está tramitando una concesión de aguas para entregar la operación de un acueducto a una sociedad mercantil privada.

Según edicto publicado en La Gaceta del 27 de junio, se pretende otorgar "concesión de agua para la prestación de servicio público de suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes a nombre de Sistema de Aguas San Pedro Ltda. para administrar el acueducto del Complejo Cacique del Mar."

Sigue despilfarro del agua para regar canchas de golf. Con dicha concesión también se pretende extraer hasta 25 litros por segundo del acuífero Playa Panamá para regar una nueva cancha de golf de 60 mil metros cuadrados del complejo Punta Cacique.
Lo anterior a pesar de que hay estudios técnicos que advierten que dicho acuífero está sobre explotado y no hay agua suficiente. Es decir, el Gobierno sigue poniendo los negocios y el lujo de una minoría privilegiada por encima de las necesidades esenciales del resto de la población guanacasteca que, cada día más sufre la escasez de agua.

"Advertimos que si esta concesión se otorga se agravarán los conflictos sociales por el agua en Guanacaste, porque las poblaciones locales ya no aguantan más tanto abuso. De hecho esta concesión es una burla y una afrenta más al pueblo de Sardinal, pues el Gobierno les ha dicho que no se seguirá usando el agua de los mantos acuíferos de la zona para regar canchas de golf. Sin embargo, la empresa constructora del proyecto Punta Cacique planteó a la SETENA la extracción de agua del acuífero Sardinal en caso de que el acuífero de Playa Panamá no dé abasto", declaró el Diputado Merino.
El Partido Frente Amplio, continuó diciendo, ha decidido sumarse a la oposición contra esta concesión presentada ante el MINAE por la Asociación Confraternidad Guanacasteca y hace un llamado al pueblo de Costa Rica a movilizarse para no permitir que siga privatizando el agua en nuestro país.

"En Costa Rica no pueden existir acueductos privados. Se trata de una concesión absolutamente contraria a ley". Además "usar agua de calidad potable extraída de un acuífero sobre explotado para regar una cancha de golf en la región más seca del país y donde existen más conflictos por el acceso al agua, es una incoherencia y un verdadero crimen contra el ambiente y la humanidad" manifestó el diputado Merino.

OTRO RECURSO CONTRA ACUEDUCTO DE SARDINAL

Presentado por José Merino

Betania Artavia
bartavia@diarioextra.com

Los trabajos de construcción de acueducto están paralizados desde que inició la polémica; sin embargo, las acciones ante la Sala IV buscan obligar a AyA a suspender definitivamente hasta que cuente con los estudios técnicos necesarios.

Un nuevo recurso de amparo es interpuesto contra el polémico acueducto de Sardinal, el cual se suma al que planteó la comunidad con la coadyuvancia de la Defensoría de los Habitantes, y otro del Partido Acción Ciudadana, en esta ocasión es el diputado José Merino, dado que ha pasado el tiempo y la Sala no se ha pronunciado sobre el tema.

El legislador del Frente Amplio escogió el Día del Ambiente para interponer la acción contra el acueducto por considerar que está poniendo en riesgo uno de los recursos fundamentales para la vida, cual es el agua, y se está violando el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Considera además que este acueducto presenta graves irregularidades y vicios de legalidad, “las obras están siendo ejecutadas incumpliendo importantes obligaciones y disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico y sin tomar las precauciones necesarias para evitar daños al ambiente, el recurso hídrico y los derechos de la población”, detalló.

El legislador pide a la Sala la suspensión de todos los trabajos, construcciones y obras del proyecto, incluyendo la perforación y acondicionamiento de pozos para la extracción de aguas subterráneas.

Así como ordenar a AyA suspender o no iniciar la extracción de agua de los pozos perforados en terrenos privados para las actividades relacionadas con el acueducto El Coco-Ocotal.

En este momento el proyecto se encuentra suspendido por acuerdo de la Municipalidad de Carrillo, sin embargo, los grupos opuestos al proyecto, así como la Defensoría han pedido que AyA acepte abiertamente suspender los trabajos hasta tanto cuente con los estudios requeridos por Senara para evaluarlos y medir el impacto que tendrá sobre los acuíferos.

LOS CUESTIONAMIENTOS…

El legislador cuestiona que se otorgó la viabilidad ambiental y se inició la construcción sin la aprobación previa de un estudio de impacto ambiental, pese a que la ley lo exige así, violentando la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

Agrega que durante el trámite de evaluación de impacto ambiental el AyA no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente para obtener la viabilidad ambiental mediante la presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales.

Se incumplió el principio preventivo y precautorio en materia ambiental, consagrados en la Declaratoria de Río, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que establece que para proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Critica que pese a la falta de certeza científica sobre el impacto del proyecto en los acuíferos cercanos Setena autorizó el proyecto y se inició la construcción, la cual se encuentra avanzada en más de un 70%.

Recalca Merino que los estudios realizados por AyA son parciales e incompletos, tal como lo han indicado entes técnicos especializados como la auditoría interna del mismo AyA, Senara y la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica.

Diario Extra, 7 de junio de 2008.

GUERRA A LA NATURALEZA

Despenalizan la tala ilegal en áreas de protección

José Merino del Río
Diputado, Partido Frente Amplio

La semana pasada la Fracción del Partido Frente Amplio denunció que el nuevo “texto sustitutivo” del proyecto de Ley de Recurso Hídrico (Expediente 14.585) presentado por el Gobierno de la República elimina el reconocimiento expreso del derecho al acceso al agua como un derecho humano fundamental, promueve la privatización de acueductos públicos, desprotege las áreas de recarga acuífera y los humedales, entre otras reformas que desnaturalizan por completo dicho proyecto y abandonan los principios que le dieron origen.

La lectura minuciosa de la propuesta de Ley de Aguas de la Administración Arias Sánchez, no solo permite confirmar dichas conclusiones, sino que arroja nuevas evidencias sobre las consecuencias nefastas de esta propuesta para el ambiente y los derechos de las comunidades.

El proyecto presentado por el Ministro Roberto Dobles, no solo debilita las normas dirigidas a preservar las áreas de recarga acuífera y demás zonas destinadas a la protección del recurso hídrico. Además, pretende ELIMINAR las sanciones penales existentes en la legislación vigente para quién destruya el bosque y realice construcciones ilegales en las áreas de recarga acuífera y demás áreas de protección.

Así como suena. En el artículo 170, inciso j) de la propuesta del Gobierno se pretende modificar el artículo 58 inciso b) de la Ley Forestal. Hoy en día esta norma sanciona con cárcel el aprovechamiento forestal ilegal en terrenos que formen parte del patrimonio natural del Estado y en las demás áreas de protección. Pero el texto de la reforma del Gobierno borra la oración final de dicho artículo que precisamente resguarda las áreas de protección.

El texto dictaminado en 2005 por la Comisión de Ambiente trasladaba el delito de daños a las áreas de protección del agua de la Ley Forestal a la Ley de Recurso Hídrico, mejorando su redacción (artículo 164). Pero el proyecto del MINAE modifica la Ley Forestal sin retomar esta infracción en su sección de delitos. En su lugar, pretende que la destrucción de áreas de protección del agua sea considerada como una simple “falta administrativa” (artículo 149).

Como consecuencia, de aprobarse esta modificación, se estaría despenalizando la tala o la destrucción ilegal de la vegetación en todas aquellas áreas de protección que no sean de propiedad pública (patrimonio natural del Estado), lo que dejaría sin protección la gran mayoría de las áreas de protección del recurso hídrico reconocidas en el artículo 33 de la Ley Forestal; tales como áreas que bordean nacientes permanentes y nacientes destinadas a consumo humano, márgenes de ríos, quebradas, lagos y lagunas y áreas de recarga acuífera ubicadas en terrenos privados. También quedarían desprotegidas áreas silvestres protegidas ubicadas en terrenos privados como reservas y refugios de vida silvestre privados.

Hoy en día las construcciones ilegales, la corta de vegetación o la tala del bosque en estas áreas son delitos penados con cárcel, pero con la reforma propuesta por el Gobierno que pregona “Paz con la Naturaleza”, se premia a quienes cometen estas prácticas ilícitas, exonerándolos de sanciones penales. A pesar de que se trata de conductas que pueden ocasionar graves daños ambientales a nacientes, ríos, quebradas y demás fuentes de agua, incluyendo aquellas destinadas al abastecimiento de las poblaciones humanas.

Así las cosas, tenemos un Gobierno que habla de elevar las penas de cárcel, salvo cuando se trata de delitos contra el ambiente y el agua, que muchas veces también son delitos “de cuello blanco”, porque sus principales responsables son grandes empresarios propietarios de megaproyectos agrícolas, turísticos, inmobiliarios o de industrias extractivas.

Nos preguntamos ¿A quién puede beneficiar esta reforma que con tanta diligencia promueve el ministro Dobles, si no es a los dueños de megaproyectos que en este momento están siendo juzgados penalmente por haber destruido el bosque en áreas de protección?

De hecho desde ya advertimos a las valientes comunidades y organizaciones que a lo largo y ancho del territorio nacional están denunciando ante los tribunales penales a los responsables de la destrucción ambiental. No es de extrañar que esta medida tenga como objetivo consolidar la impunidad. No es de extrañar que su finalidad sea eximir de responsabilidad a los autores de daños como el ocasionado a la zona de protección de la Quebrada Seca de Desamparados de Alajuela, que don Abel Sánchez, el Consejo Alajuelense de la Sociedad Civil y muchas otras organizaciones de esa provincia han venido denunciando.

Desde el Frente Amplio manifestamos nuestro más firme rechazo a esta nueva propuesta de la Administración Arias Sánchez que no es otra cosa que “guerra contra la naturaleza” y un paso más dirigido a la destrucción de las conquistas ambientales que han distinguido a Costa Rica ante el mundo. Asimismo reiteramos el llamado al pueblo costarricense a movilizarse para no permitir que se consolide semejante barbaridad.

SOLIDARIDAD CON POBLACIONES QUE LUCHAN POR EL AGUA

Solidaridad con la comunidad de Sardinal reprimida, y otras poblaciones costeras del país, que luchan por el agua, expresó el Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, en el plenario legislativo en la sesión del 13 de mayo de 2008. También denunció los intentos por excluirlo de la Comisión de Ambiente, en momentos donde se discutirá la Ley de Recurso Hídrico.

ACCESO AL AGUA POTABLE COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

Propone reforma constitucional Diputado Merino

Una reforma para incluir el reconocimiento expreso del derecho humano fundamental de acceso al agua potable y al alcantarillado sanitario para todas las personas en la Constitución de la República, propuso el Diputado José Merino del Río.

Según explicó el Diputado Merino la reforma adelantada “busca establecer una garantía constitucional que proteja a la población costarricense frente a cualquier intento futuro de las personas gobernantes de someter el agua a mecanismos de privatización”.

“Lamentablemente en muchas naciones hermanas de América Latina se ha privatizado el agua con graves perjuicios para la población, y en algunos países ya están dando marcha atrás ante los impactos negativos, por lo que se trata de una reforma preventiva para evitarle sufrimientos a nuestro pueblo”, dijo Merino del Río.

Agregó el parlamentario que “en el caso de nuestro país quienes defendieron el TLC con los Estados Unidos argumentaron que no conduciría a la privatización del agua, por lo que seguramente estarán de acuerdo con esta reforma que busca precisamente impedirla, estableciendo una especie de blindaje constitucional, para proteger a las futuras generaciones”.

La propuesta del legislador del Frente Amplio se tramita bajo el expediente 16.897, contó con el respaldo para su presentación de nueve legisladores/as del Partido Acción Ciudadana (PAC), e incluye la adición de un articulo 50 bis y la reforma del inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política, estableciendo un conjunto de principios básicos que deberán incluir respetando las normas nacionales y las políticas públicas relacionadas con el agua.

“No basta con reconocer el derecho de la población a tener acceso al agua, sino que también deben crearse las condiciones para que pueda hacerse realidad y sostenerse en el tiempo”, manifestó el Diputado Merino.

Entre los principios básicos para alcanzar el objetivo se incluye “la necesidad de una gestión sustentable del agua, que garantice su preservación para las futuras generaciones”, “la necesaria planificación tomando como unidad básica las cuencas hidrográficas, bajo un enfoque ecosistémico”, “la participación activa de las y los habitantes y las comunidades locales”, y “la definición del abastecimiento de poblaciones como prioridad en el uso del agua”.

Comunicado de Prensa, 12 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 50 BIS Y REFORMA DEL INCISO 14 DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA

ARTÍCULO 1.- Adiciónase un artículo 50 bis a la Constitución Política, el cual se leerá de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 50 BIS.- El agua es un recurso natural finito esencial para la vida. El acceso al agua potable en condiciones de cantidad y calidad adecuadas y al alcantarillado sanitario es un derecho humano fundamental.

El Estado garantizará que las normas y políticas nacionales relacionadas con el agua se regirán, como mínimo, por los siguientes principios:

1) La gestión sustentable del agua, solidaria con las generaciones futuras y la preservación del ciclo hidrológico. Deberán adoptarse medidas efectivas para garantizar la protección y restauración de las aguas superficiales y subterráneas, las nacientes y las áreas de recarga acuífera, así como otras áreas que establezca la Ley.

2) La planificación y el ordenamiento del territorio, tomando como unidades básicas las cuencas hidrográficas y asegurando la preservación de los ecosistemas.

3) La participación de las y los habitantes y las comunidades locales en todas las instancias de planificación y gestión del agua.

4) La definición de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas. El abastecimiento de agua potable a poblaciones será la primera prioridad. Deberá promoverse la distribución equitativa del recurso. Los usos dirigidos a satisfacer las necesidades de las y los habitantes y las comunidades locales en el territorio nacional prevalecerán sobre cualquier otro uso.

Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere estos principios será absolutamente nula. El Estado podrá modificar los derechos para hacer uso del agua a fin de cumplir con estos principios.

Cualquier conflicto que surja en el país que tenga relación con el agua deberá conocerse en los tribunales de justicia de Costa Rica.”

ARTÍCULO 2.- Modifícase el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política, que se leerá de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

(...)

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación.

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:

a) Las aguas y las fuerzas que puedan obtenerse de ellas en el territorio nacional;

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional;

c) Los servicios inalámbricos;

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado.

Los servicios públicos de abastecimiento de agua potable para consumo humano y de alcantarillado sanitario serán prestados exclusiva y directamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades o asociaciones comunales locales sin fines de lucro. La prestación de estos servicios deberá realizarse bajo el principio de servicio al costo, anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.”

TRANSITORIO ÚNICO.- Dentro de un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley marco de aguas que incorpore los principios contenidos en la presente reforma constitucional.

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