TLC OBLIGA AL PAIS A RATIFICAR TRATADOS DESECHADOS
Boletín Legislativo
Elaborado por Orietta Vargas Cavallini
8 de septiembre de 2006
· TLC pone en peligro empleos
· Debe aprobarse por 38 votos
· Productos no podrán competir contra el dumping que aplica EE.UU.
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos quedando la nación norteamericana en una posición de clara ventaja, al haber conseguido, entre otros, la apertura de servicios, mayor protección a sus inversiones, mayores plazos de protección para patentes y mayor protección para las marcas registradas.
Así lo manifestaron Alfonso Salazar, Director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, quien fue acompañado por los demás miembros para comparecer en la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.
Los representantes señalaron que en el CAFTA se obliga al país a ratificar una serie de convenios internacionales, algunos rechazados por la Asamblea Legislativa como una acción muy agresiva hacia el país.
Añadieron que la concepción general del TLC es la de paridad de condiciones y oportunidades del comercio entre los países firmantes, mientras que la realidad presenta enormes asimetrías en tales condiciones y oportunidades que convierten las negociaciones comerciales en relaciones desiguales, en las que los resultados tienden inevitablemente a favorecer los intereses de la parte económicamente más poderosa en detrimento de los intereses de las partes más débiles.
Señalaron que el CAFTA define reglas supranacionales, con consecuencias políticas, económicas y sociales de largo alcance para todos los pueblos centroamericanos en áreas claves para el desarrollo y el combate a la pobreza, como la propiedad intelectual, el ambiente, la inversión, agricultura, temas laborales, disputas judiciales, políticas públicas y el papel del Estado.
En relación con el empleo que podría generar o bien perderse, si se firma o no el TLC, los universitarios señalaron que no todos los empleados están relacionados con las exportaciones, ya que el 47% de estas están dirigidas a Centroamérica, Europa y otros mercados, por lo que no dependen de este convenio.
"El empleo nacional que depende de las exportaciones a EE.UU. es mucho menor. El 34% de las exportaciones de Costa Rica se dirigen a ese país sin depender de ningún régimen especial con fecha de vencimiento", dijo Salazar.
Agregó que el TLC, contrario a lo que se ha manifestado, pone en peligro gran cantidad de empleos porque su firma no implicará la creación de nuevo empleo, desplazará empleo vinculado a exportaciones e inundarán el país con productos, amenazando miles de empleos que dependen de la producción para el mercado interno.
En relación con la brecha entre ricos y pobres, señalo que le principal desafío de Costa Rica es reducir la pobreza y reducir esta brecha que se ha ido ensanchando en las últimas décadas.
Uno de los temas más sensibles fue el concerniente a la educación pública, considerara como un derecho fundamental y no una "mercancías".
Salazar dijo que en el TLC la educación es concebida como un servicio comercial más, sometido a regulaciones de naturaleza mercantil sobre "comercio transfronterizo de servicios" e " inversiones", al mismo nivel de otros servicios como los financieros, transportes, seguros o servicios de construcción.
"No es cierto que la educación pública y las instituciones públicas de educación se encuentran excluidas de la aplicación del tratado", añadieron que los centros educativos públicos y las universidades públicas se le agregarían cláusulas peligrosas como "expropiación indirecta", según la cuál las medidas gubernamentales en el campo de la educación podría ser impugnadas por inversionistas extranjeros ante tribunales internacionales de naturaleza privada.
Otros temas analizados por los universitarios en la Comisión fueron la agricultura, la seguridad alimentaria, propiedad intelectual, seguros y ambiente entre otros.
Elaborado por Orietta Vargas Cavallini
8 de septiembre de 2006
· TLC pone en peligro empleos
· Debe aprobarse por 38 votos
· Productos no podrán competir contra el dumping que aplica EE.UU.
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos quedando la nación norteamericana en una posición de clara ventaja, al haber conseguido, entre otros, la apertura de servicios, mayor protección a sus inversiones, mayores plazos de protección para patentes y mayor protección para las marcas registradas.
Así lo manifestaron Alfonso Salazar, Director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, quien fue acompañado por los demás miembros para comparecer en la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.
Los representantes señalaron que en el CAFTA se obliga al país a ratificar una serie de convenios internacionales, algunos rechazados por la Asamblea Legislativa como una acción muy agresiva hacia el país.
Añadieron que la concepción general del TLC es la de paridad de condiciones y oportunidades del comercio entre los países firmantes, mientras que la realidad presenta enormes asimetrías en tales condiciones y oportunidades que convierten las negociaciones comerciales en relaciones desiguales, en las que los resultados tienden inevitablemente a favorecer los intereses de la parte económicamente más poderosa en detrimento de los intereses de las partes más débiles.
Señalaron que el CAFTA define reglas supranacionales, con consecuencias políticas, económicas y sociales de largo alcance para todos los pueblos centroamericanos en áreas claves para el desarrollo y el combate a la pobreza, como la propiedad intelectual, el ambiente, la inversión, agricultura, temas laborales, disputas judiciales, políticas públicas y el papel del Estado.
En relación con el empleo que podría generar o bien perderse, si se firma o no el TLC, los universitarios señalaron que no todos los empleados están relacionados con las exportaciones, ya que el 47% de estas están dirigidas a Centroamérica, Europa y otros mercados, por lo que no dependen de este convenio.
"El empleo nacional que depende de las exportaciones a EE.UU. es mucho menor. El 34% de las exportaciones de Costa Rica se dirigen a ese país sin depender de ningún régimen especial con fecha de vencimiento", dijo Salazar.
Agregó que el TLC, contrario a lo que se ha manifestado, pone en peligro gran cantidad de empleos porque su firma no implicará la creación de nuevo empleo, desplazará empleo vinculado a exportaciones e inundarán el país con productos, amenazando miles de empleos que dependen de la producción para el mercado interno.
En relación con la brecha entre ricos y pobres, señalo que le principal desafío de Costa Rica es reducir la pobreza y reducir esta brecha que se ha ido ensanchando en las últimas décadas.
Uno de los temas más sensibles fue el concerniente a la educación pública, considerara como un derecho fundamental y no una "mercancías".
Salazar dijo que en el TLC la educación es concebida como un servicio comercial más, sometido a regulaciones de naturaleza mercantil sobre "comercio transfronterizo de servicios" e " inversiones", al mismo nivel de otros servicios como los financieros, transportes, seguros o servicios de construcción.
"No es cierto que la educación pública y las instituciones públicas de educación se encuentran excluidas de la aplicación del tratado", añadieron que los centros educativos públicos y las universidades públicas se le agregarían cláusulas peligrosas como "expropiación indirecta", según la cuál las medidas gubernamentales en el campo de la educación podría ser impugnadas por inversionistas extranjeros ante tribunales internacionales de naturaleza privada.
Otros temas analizados por los universitarios en la Comisión fueron la agricultura, la seguridad alimentaria, propiedad intelectual, seguros y ambiente entre otros.
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