DEFENSORA DE LOS HABITANTES ADVIERTE AMENAZAS DEL TLC
Dice que habrá más desigualdad y exclusión social si no se hacen cambios
Informa-tico.com
La Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, analizó el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos desde la perspectiva de los derechos humanos y el estilo de desarrollo costarricense, y concluyó que el acuerdo trae muchos peligros y generará mayor desigualdad y exclusión social, si antes no se hacen muchos cambios.
Si la aplicación del tratado "no va a acompañada de mecanismos compensatorios y de redistribución de la riqueza efectivos, dadas las características del modelo de desarrollo actual, se puede esperar un incremento de la desigualdad social y una mayor exclusión de los grupos de menores ingresos" en la sociedad costarricense, advirtió Quesada.
La magistrada de conciencia compareció el pasado miércoles 23 de agosto ante la comisión de asuntos internaciones de la Asamblea Legislativa, para fijar la posición de la Defensoría ante el convenio comercial, pendiente de ratificación en Costa Rica.
"Preocupa mucho el agua", dijo Quesada, porque en la lista taxativa de recursos naturales que da el tratado el agua queda por fuera.
Y es que el problema es que en vez de una lista positiva en el tratado se negoció una lista negativa. Es decir, en lugar de decir 'se negocia 1, 2 3, 4 y 5', se dijo 'se negocia todo, menos 1, 2, 3, 4 y 5', ejemplificó la Defensora, y el resultado es que -afirmó- en este momento nadie, ni la Asamblea Legislativa, ni la Defensoria y mucho menos el pueblo tiene una idea clara de que es lo que está incluido en la negociación.
¿En qué país pensaban los negociadores?
Una de las preocupaciones, dijo la defensora, es que, a diferencia del resto de países signatarios del tratado con Estados Unidos (Centroamérica y República Dominicana), en la negociación Costa Rica no hizo reserva de protección de minorías.
"¿En qué clase de país estaban pensando los negociadores cuando no hicieron la reserva?" Como si no tuviéramos 60.000 indígenas que proteger, como si en Costa Rica no hubiera una población discapacitada, como si hubiera madres pobres jefas de hogar, cuestionó Quesada.
Señaló que en el tratado los demás países centroamericanos y el mismo Estados Unidos establecieron una "reserva general", aplicable a cualquier sector para proteger su derecho a adoptar o mantener (dentro del anexo II "medidas a futuro") cualquier medida incompatible con las obligaciones del Trato Nacional (en servicios e inversiones), que otorgue derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja.
Pero Costa Rica no protegió la capacidad del Estado para aplicar medidas de protección a minorías que choquen con las del Trato Nacional, quedando con ello mucho más limitado que el resto de los países signatarios, en sus posibilidades de diseñar políticas de desarrollo.
Amarras
La defensora ubicó limitaciones que impone el tratado en cuatro campos de política económica: política sectorial, política de inversiones, política arancelaria y política fiscal.
El país renuncia al uso de algunos instrumentos de política sectorial tales como aranceles, ayudas directas, subsidios, créditos preferenciales e incentivos fiscales, los cuales son utilizados tradicionalmente en las políticas de promoción de desarrollo, basadas en el apoyo o el fomento de sectores o ramas productivas o la promoción del desarrollo de regiones particulares.
En política fiscal, el acuerdo conlleva una pérdida de grados de libertad en cuanto al uso discrecional del gasto público, como un instrumento de desarrollo y de redistribución del ingreso.
En cuanto a política de inversiones, el tratado no permite al país imponer a las empresas requisitos de desempeño, lo que priva al gobierno de una importante herramienta para la definición y fomento de programas nacionales de desarrollo. Al limitar la posibilidad de realizar una política interna de desarrollo, convierte la atracción de inversión extranjera en un fin en sí mismo y no en un medio de desarrollo, lamentó la defensora.
Finalmente en cuanto a limitaciones en política arancelaria, una vez que entre en vigencia el tratado, los compromisos de desgravación arancelaria condicionarán los márgenes de acción para el manejo de la política arancelaria con respecto a los demás socios comerciales.
Ninguna de las partes podrá incrementar los aranceles existentes, o adoptar aranceles nuevos sobre los bienes y servicios negociados en el acuerdo, lo que impide el uso de los aranceles como instrumento para el desarrollo de áreas o industrias de interés nacional.
La defensoría manifestó preocupación por el impacto de estas limitaciones de la política económica en el sector agropecuario, la reconversión productiva, la seguridad alimentaria y el beneficio del consumidor nacional.
En particular, mencionó que los agricultores nacionales podrían ser eliminados por las prácticas desleales, como los subsidios, con los cuales se verán obligados a competir, mientras en el país estos son prohibidos.
Mencionó el ejemplo de México, que luego de una década de vigencia del TLC con Estados Unidos ha dejado de ser autosuficiente en la producción de maíz, producto básico de la dieta popular, y ahora tiene que importar el grano del vecino país.
En materia de la reconversión productiva, que se promete a los agricultores que no puedan mantenerse en su actividad tradicional, Quesada preguntó ¿cuál es la estrategia del país para la reconversión productiva?
Dijo a fin de consignarlo en el informe, la Defensoría consultó al Consejo Nacional de la Producción, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Comerico, pero ninguno logró demostrar que programas de esa naturealeza estuvieran listos para entrar en acción a partir de la eventual aprobación del TLC.
Por otro lado se dice que el consumidor es el más beneficiado con la apertura comercial, pero la Defensoría duda que ello sea verdad, al menos en el caso de los productos básicos, como el frijol.
La desgravación arancelaria iniciada en la década de los ochenta del siglo pasado ha dejado a los productores nacionales de este grano sujetos al vaivén de los precios internacionales, originados en un mercado de excedentes. La producción interna, luego de tener una tendencia creciente hasta la década de 1980, pasó en la segunda mitad de los años noventa a un deplome para dar cabida a una importación que crece aceleradamente (hoy solo se produce el 23% del frijol que consume el país, y, al contrario de lo que se dijo, la tendencia de los precios internos ha sido al alza.
Y es que la Defensoría ha llegado al convencimiento que un mercado tan pequeño como el nuestro no es competitivo, y más bien la tendencia que se ha venido observando es la 'cartelización' de las actividades productivas (grupos que controlan la producción y venta de los productos).
David y Goliat
¿Pero todo esto no ocurre lo mismo con otros tratados comerciales ya firmados por Costa Rica?, se preguntó la defensora.
Es que en el caso del TLC con Estados Unidos -señaló- la pérdida de grados de libertad puede ser significativa, porque se trata de un acuerdo entre naciones con diferente nivel de desarrollo, y porque es suscrito por cinco países subdesarrollados con su principal socio comercial, que a la vez es la economía más desarrollada del mundo.
"No se puede descartar que el tratamiento comercial homogéneo entre países con desiguales niveles de desarrollo y tamaño de mercado pueda contribuir a una profundización de las diferencias de desarrollo entre las naciones y a los interno de éstas", observó.
El informe de la defensora también incluyó, entre otros puntos, un análisis de aspectos jurídico-constitucionales del tratado, el tema de la propiedad intelectual y el costo de los medicamentos, el tema ambiental, laboral, la actividad aseguradora, las telecomunicaciones y la agenda complementaria.
La funcionaria subrayó que su informe es un estudio técnico hecho desde la perspectiva de los derechos humanos, y no es exhaustivo, pues aún quedan muchos temas por analizar.
Cuando la Defensoría aborda el estudio del TLC desde la perspectiva de los derechos humanos, ello implica que se parte de la premisa de que todo instrumento de política económica, como lo es un acuerdo comercial, también debe buscar la efectiva realización de los derechos humanos.
Y, a contrario sensu, un acuerdo comercial no debería representar una amenaza a la realización de los derechos humanos, indicó.
"La Defensoría espera que el informe lleve a la reflexión y a la conciencia de que, para obtener algunas cosas, puede que el país tenga que sacrificar otras, así como que es necesario estar conscientes de que el país tiene que organizarse y hacer muchos cambios para que los beneficios de unos habitantes no impliquen lesiones a los derechos humaos de muchos otros", concluyó Quesada.
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La Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, analizó el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos desde la perspectiva de los derechos humanos y el estilo de desarrollo costarricense, y concluyó que el acuerdo trae muchos peligros y generará mayor desigualdad y exclusión social, si antes no se hacen muchos cambios.
Si la aplicación del tratado "no va a acompañada de mecanismos compensatorios y de redistribución de la riqueza efectivos, dadas las características del modelo de desarrollo actual, se puede esperar un incremento de la desigualdad social y una mayor exclusión de los grupos de menores ingresos" en la sociedad costarricense, advirtió Quesada.
La magistrada de conciencia compareció el pasado miércoles 23 de agosto ante la comisión de asuntos internaciones de la Asamblea Legislativa, para fijar la posición de la Defensoría ante el convenio comercial, pendiente de ratificación en Costa Rica.
"Preocupa mucho el agua", dijo Quesada, porque en la lista taxativa de recursos naturales que da el tratado el agua queda por fuera.
Y es que el problema es que en vez de una lista positiva en el tratado se negoció una lista negativa. Es decir, en lugar de decir 'se negocia 1, 2 3, 4 y 5', se dijo 'se negocia todo, menos 1, 2, 3, 4 y 5', ejemplificó la Defensora, y el resultado es que -afirmó- en este momento nadie, ni la Asamblea Legislativa, ni la Defensoria y mucho menos el pueblo tiene una idea clara de que es lo que está incluido en la negociación.
¿En qué país pensaban los negociadores?
Una de las preocupaciones, dijo la defensora, es que, a diferencia del resto de países signatarios del tratado con Estados Unidos (Centroamérica y República Dominicana), en la negociación Costa Rica no hizo reserva de protección de minorías.
"¿En qué clase de país estaban pensando los negociadores cuando no hicieron la reserva?" Como si no tuviéramos 60.000 indígenas que proteger, como si en Costa Rica no hubiera una población discapacitada, como si hubiera madres pobres jefas de hogar, cuestionó Quesada.
Señaló que en el tratado los demás países centroamericanos y el mismo Estados Unidos establecieron una "reserva general", aplicable a cualquier sector para proteger su derecho a adoptar o mantener (dentro del anexo II "medidas a futuro") cualquier medida incompatible con las obligaciones del Trato Nacional (en servicios e inversiones), que otorgue derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja.
Pero Costa Rica no protegió la capacidad del Estado para aplicar medidas de protección a minorías que choquen con las del Trato Nacional, quedando con ello mucho más limitado que el resto de los países signatarios, en sus posibilidades de diseñar políticas de desarrollo.
Amarras
La defensora ubicó limitaciones que impone el tratado en cuatro campos de política económica: política sectorial, política de inversiones, política arancelaria y política fiscal.
El país renuncia al uso de algunos instrumentos de política sectorial tales como aranceles, ayudas directas, subsidios, créditos preferenciales e incentivos fiscales, los cuales son utilizados tradicionalmente en las políticas de promoción de desarrollo, basadas en el apoyo o el fomento de sectores o ramas productivas o la promoción del desarrollo de regiones particulares.
En política fiscal, el acuerdo conlleva una pérdida de grados de libertad en cuanto al uso discrecional del gasto público, como un instrumento de desarrollo y de redistribución del ingreso.
En cuanto a política de inversiones, el tratado no permite al país imponer a las empresas requisitos de desempeño, lo que priva al gobierno de una importante herramienta para la definición y fomento de programas nacionales de desarrollo. Al limitar la posibilidad de realizar una política interna de desarrollo, convierte la atracción de inversión extranjera en un fin en sí mismo y no en un medio de desarrollo, lamentó la defensora.
Finalmente en cuanto a limitaciones en política arancelaria, una vez que entre en vigencia el tratado, los compromisos de desgravación arancelaria condicionarán los márgenes de acción para el manejo de la política arancelaria con respecto a los demás socios comerciales.
Ninguna de las partes podrá incrementar los aranceles existentes, o adoptar aranceles nuevos sobre los bienes y servicios negociados en el acuerdo, lo que impide el uso de los aranceles como instrumento para el desarrollo de áreas o industrias de interés nacional.
La defensoría manifestó preocupación por el impacto de estas limitaciones de la política económica en el sector agropecuario, la reconversión productiva, la seguridad alimentaria y el beneficio del consumidor nacional.
En particular, mencionó que los agricultores nacionales podrían ser eliminados por las prácticas desleales, como los subsidios, con los cuales se verán obligados a competir, mientras en el país estos son prohibidos.
Mencionó el ejemplo de México, que luego de una década de vigencia del TLC con Estados Unidos ha dejado de ser autosuficiente en la producción de maíz, producto básico de la dieta popular, y ahora tiene que importar el grano del vecino país.
En materia de la reconversión productiva, que se promete a los agricultores que no puedan mantenerse en su actividad tradicional, Quesada preguntó ¿cuál es la estrategia del país para la reconversión productiva?
Dijo a fin de consignarlo en el informe, la Defensoría consultó al Consejo Nacional de la Producción, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Comerico, pero ninguno logró demostrar que programas de esa naturealeza estuvieran listos para entrar en acción a partir de la eventual aprobación del TLC.
Por otro lado se dice que el consumidor es el más beneficiado con la apertura comercial, pero la Defensoría duda que ello sea verdad, al menos en el caso de los productos básicos, como el frijol.
La desgravación arancelaria iniciada en la década de los ochenta del siglo pasado ha dejado a los productores nacionales de este grano sujetos al vaivén de los precios internacionales, originados en un mercado de excedentes. La producción interna, luego de tener una tendencia creciente hasta la década de 1980, pasó en la segunda mitad de los años noventa a un deplome para dar cabida a una importación que crece aceleradamente (hoy solo se produce el 23% del frijol que consume el país, y, al contrario de lo que se dijo, la tendencia de los precios internos ha sido al alza.
Y es que la Defensoría ha llegado al convencimiento que un mercado tan pequeño como el nuestro no es competitivo, y más bien la tendencia que se ha venido observando es la 'cartelización' de las actividades productivas (grupos que controlan la producción y venta de los productos).
David y Goliat
¿Pero todo esto no ocurre lo mismo con otros tratados comerciales ya firmados por Costa Rica?, se preguntó la defensora.
Es que en el caso del TLC con Estados Unidos -señaló- la pérdida de grados de libertad puede ser significativa, porque se trata de un acuerdo entre naciones con diferente nivel de desarrollo, y porque es suscrito por cinco países subdesarrollados con su principal socio comercial, que a la vez es la economía más desarrollada del mundo.
"No se puede descartar que el tratamiento comercial homogéneo entre países con desiguales niveles de desarrollo y tamaño de mercado pueda contribuir a una profundización de las diferencias de desarrollo entre las naciones y a los interno de éstas", observó.
El informe de la defensora también incluyó, entre otros puntos, un análisis de aspectos jurídico-constitucionales del tratado, el tema de la propiedad intelectual y el costo de los medicamentos, el tema ambiental, laboral, la actividad aseguradora, las telecomunicaciones y la agenda complementaria.
La funcionaria subrayó que su informe es un estudio técnico hecho desde la perspectiva de los derechos humanos, y no es exhaustivo, pues aún quedan muchos temas por analizar.
Cuando la Defensoría aborda el estudio del TLC desde la perspectiva de los derechos humanos, ello implica que se parte de la premisa de que todo instrumento de política económica, como lo es un acuerdo comercial, también debe buscar la efectiva realización de los derechos humanos.
Y, a contrario sensu, un acuerdo comercial no debería representar una amenaza a la realización de los derechos humanos, indicó.
"La Defensoría espera que el informe lleve a la reflexión y a la conciencia de que, para obtener algunas cosas, puede que el país tenga que sacrificar otras, así como que es necesario estar conscientes de que el país tiene que organizarse y hacer muchos cambios para que los beneficios de unos habitantes no impliquen lesiones a los derechos humaos de muchos otros", concluyó Quesada.
posted by FRENTE AMPLIO at 5:52 p. m.
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