viernes, noviembre 28, 2008

Nuevo decretazo promueve Arias

Permitiría patentar conocimiento tradicional de indígenas

-Una burla más a comunidades indígenas, al Convenio 169 de la OIT y a la Sala Constitucional.

-Continúan las imposiciones del Gobierno de Estados Unidos para la certificación del TLC.

El 26 de noviembre de 2008 los ministros de Comercio Exterior, Justicia y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones enviaron a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) un borrador de “reglamento” al artículo 78.6 de la Ley de Biodiversidad, para que esta entidad remita una copia a las asociaciones de desarrollo indígenas del país.

Según advirtió el diputado José Merino del Río del Partido Frente Amplio, este reglamento pretende que las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sobre los usos de la biodiversidad puedan ser patentados con base en la Ley de Patentes. Es decir, se trata del mismo cambio a la Ley de Biodiversidad que intentaron introducir a través del proyecto de “Ley Escoba” de la agenda de implementación del TLC y que tuvieron que sacar de ese proyecto, porque la Sala IV determinó que afectaba los derechos de los pueblos indígenas y debía ser consultado con base en el Convenio 169 de la OIT. “Como no pudieron imponer esta reforma a través del debate democrático en el Parlamento, ahora tratan de “pasarla por la cocina” mediante un decretazo del Poder Ejecutivo, que pretende distorsionar y dejar sin efecto la protección legal para los pueblos indígenas ”, denunció el diputado Merino.

Para el diputado Merino se trata de un reglamento ilegal e inconstitucional que violenta las obligaciones asumidas por Costa Rica en el Convenio de Diversidad Biológica sobre la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Sin embargo, la maniobra del Gobierno es clara: pretenden aprobar este reglamento ilegal en diciembre para incluirlo en la certificación del TLC, a sabiendas de que los tribunales de justicia podrían tardar varios años en anularlo.

Lo más grave es que esta maniobra se quiere hacer burlando el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169. “El envío por un plazo corto de una carta a las asociaciones de desarrollo a través de la CONAI, no puede ser tenido como una consulta adecuada hecha de buena fe como lo exige el Convenio. Tiene que haber información previa, tiempo para deliberar y participación directa de las comunidades. Es una arbitrariedad más del Gobierno”, señaló Merino del Río.

Por último, indicó el representante del Frente Amplio en el parlamento que “esto es una prueba de que la agenda de implementación del TLC no ha terminado como lo anunció con bombos y platillos el Ministro de Comercio Exterior. Por el contrario, siguen apareciendo nuevas imposiciones para modificar ilegítimamente la legislación nacional en perjuicio de nuestra biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas”.

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jueves, noviembre 27, 2008

Lo que dice la Contraloría no lo dijo el Ministro Dobles en Sardinal

Conclusiones del Informe de la Contraloría General de la República, No. DEFOE-ED-22-2008 (páginas 35 y 36):

"Se autorizó el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, sin contar con estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal, que realmente evidenciaran que existía agua suficiente para satisfacer los 5.000 servicios requeridos por los desarrolladores, así como la demanda futura para el resto de la población de la zona. Producto de los estudios realizados por acuerdo de la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, se establece que es factible la explotación del acuífero Sardinal por etapas, conforme el incremento real de la demanda, con una explotación de 70 litros por segundo hasta el 2010 y luego basados en los resultados del proceso de monitoreo la extracción de 105 litros por segundo. No obstante, en el "Estudio Hidrogeológico Detallado Acuífero de la parte alta de la Cuenca del Río Sardinal", elaborado por SENARA, se señala que debe evaluarse el efecto de la extracción de los cuatros pozos para el proyecto Sardinal, dado que se encuentran ubicados aguas abajo de la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, la cual, según se indicó, posiblemente se encuentra en un estado de sobreexplotación. Dicho estudio fue conocido por la mencionada Comisión y ésta no se refirió a la aludida microcuenca".

"Quién lea las conclusiones del informe de la Contraloría y haya oído al Ministro Dobles en Sardinal, sabe que dije la verdad", afirmó el Diputado José Merino, en referencia al comunicado difundido por el titular del MÍNAET. "Reitero que el Ministro le ocultó a la población en su exposición los alcances del informe de SENARA", agregó.

Dijo el legislador del Frente Amplio que "Hay cientos de habitantes de Sardinal, presentes en la Asamblea del pasado 9 de noviembre, que pueden testificar que el Ministro Dobles, nunca se refirió durante su intervención al estudio técnico de SENARA. El le dijo a la gente que había agua suficiente para los megaproyectos turísticos, sin hacer referencia alguna, en actitud similar a la Comisión Técnica, a la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, la cual se supone en estado de sobreexplotación. Pudo haber entregado los documentos, pero ocultó su contenido a los presentes durante su exposición oral".

Además no es cierto tampoco, como dice el comunicado del MINAET, que el informe de la Comisión Interinstitucional, incluido el informe del SENARA, se encuentre en las páginas web de MINAET, SENARA y AyA. Por lo menos no está disponible fácilmente para la población, ni se le logra ubicar por algún sistema de búsqueda interno de las páginas web o externo.

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miércoles, noviembre 26, 2008

EL DESCARO DEL VETO AMBIENTAL



Intervención del Diputado José Merino del Río en el plenario de la Asamblea Legislativa, el día 26 de noviembre de 2008, fundamentando la oposición del Frente Amplio al proyecto de presupuesto del Gobierno de la República para el año 2009, haciendo referencia al veto presidencial a la Ley para formentar la participación ciudadana en materia ambiental y a la denuncia penal contra el Presidente Ejecutivo de AyA por irregularidades en el acueducto de Sardinal.

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Frente Amplio denuncia ante Ministerio Pùblico al Presidente Ejecutivo de AyA por acueducto de Sardinal

-Informe de Contraloría General de la República señala graves violaciones a la ley e incumplimiento de deberes para favorecer grupo de empresarios.

-Contraloría comprueba que MINAE y AYA le ocultaron informe técnico de SENARA al pueblo de Sardinal.

El Diputado José Merino del Río presentó ante el Ministerio Público denuncia penal contra Ricardo Sancho, Presidente Ejecutivo de AYA por delitos de prevaricato, desobediencia a la autoridad, influencia en contra de la hacienda pública y ocultación de documentos por graves irregularidades y violaciones a la ley cometidas en la aprobación del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, al que se ha opuesto con razón y valentía la comunidad de Sardinal de Carrillo.

Estas irregularidades quedaron al desnudo en el más reciente informe de la Contraloría General de la República Nº DFOE-ED-22-2008 de 21 de noviembre de 2008, que confirma las denuncias del pueblo de Sardinal sobre las actuaciones ilegales de estos funcionarios para favorecer los intereses privados de un grupo de inversionistas, en perjuicio del ambiente, la hacienda pública y los derechos de las comunidades locales.

De acuerdo con el diputado José Merino es particularmente grave que el informe de la Contraloría prueba que el Ministro Dobles le ocultó al pueblo de Sardinal información esencial sobre el estado real de los mantos acuíferos de la zona, en la audiencia pública celebrada el pasado 9 de noviembre. “El Ministro Dobles fue a decirle a la gente que hay agua suficiente para los megaproyectos turísticos. Pero intentó engañar a la población ocultándole un estudio técnico de SENARA que señala que se requieren más estudios y que hay fuentes de agua que se encuentran en estado de sobreexplotación. Es una vergüenza”, denunció el diputado Merino.

Otras actuaciones ilegales del funcionario denunciado, señaladas en el informe de la Contraloría y que, en criterio del Frente Amplio, constituyen sendas conductas delictivas son las siguientes:

-El AYA autorizó las obras sin contar con estudios técnicos sobre la disponibilidad de agua.

-Violando la ley, el AYA ejecutó el proyecto del acueducto “sin tenerlo contemplado dentro del plan de inversión, plan operativo, ni en el listado de proyectos incluido en la última petición tarifaria y sin contar con recursos suficientes para tal fin.”

-El AYA no cumplió con su obligación de fiscalizar que los inversionistas cumplieran con los trámites, permisos e impuestos municipales. Por el contrario, de forma indebida gestionó permisos a favor de los inversionistas en perjuicio de la hacienda municipal.

-El AYA permitió que se llevaran a cabo gran parte de las obras del proyecto sin contar con la viabilidad ambiental, en violación de la Ley Orgánica del Ambiente y por si fuera poco, asumió obligaciones y responsabilidades ambientales de los inversionistas.

-El AYA otorgó cartas de disponibilidad de agua mediante actos ilegales, incumpliendo disposiciones de su propia Junta Directiva.

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martes, noviembre 25, 2008

POR UN MUNDO SIN VIOLENCIA DE GENERO

En nuestra realidad social existen condiciones estructurales que generan relaciones y situaciones de desigualdad, de discriminación entre las personas y las mujeres no son la excepción.

La existencia de la violencia de género, construida en sus bases sobre patrones de conducta ancestrales, de carácter machista y patriarcal, determinan las relaciones sociales y el trato que reciben las mujeres. Los cimientos de nuestra sociedad se apoyan en un trato desigual, discriminatorio, en perjuicio de las mujeres. La violencia en contra de las mujeres no es un hecho aislado, sino un rasgo característico de nuestra cultura, un elemento definitorio de nuestra sociedad.


Desde el Partido Frente Amplio asumimos el compromiso de luchar para erradicar la violencia contra las mujeres como aspecto fundamental para caminar hacia una sociedad verdaderamente equitativa, bajo los postulados de justicia social, donde el interés colectivo prive sobre cualquier otro, donde todos los seres humanos sean reconocidos y respetados.

El 25 de noviembre es un día de lucha, declarado Día internacional por la no violencia contra las mujeres, recordando a las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, torturadas y asesinadas durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana, en 1960.

Las hermanas Mirabal, representan un ejemplo de la mujer comprometida con las luchas de su pueblo, dada su gran sensibilidad frente a los problemas sociales. En honor a ellas y a todas aquellas mujeres que han sufrido y sufren la violencia, en el año de 1981 se adopta el 25 de noviembre como la fecha internacional de la lucha contra la violencia a la mujer.

Hoy 25 de noviembre no dejamos de recordar a nuestras queridas Carmen Lyra, Luisa González y muchas más compañeras que dieron su vida y lucharon por la esperanza de un mundo mejor.

Denunciamos y repudiamos la violencia contra la mujer como una manifestación de las relaciones de poder, una ofensa a la dignidad humana y, por lo tanto, una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La lucha contra la violencia a las mujeres representa un acto de justicia histórica, y el Partido Frente Amplio asume a la par de las mujeres, la tarea de levantar esta bandera para alcanzar una verdadera equidad de género.



Comité Político Coordinador del Partido Frente Amplio

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lunes, noviembre 24, 2008

PARA DEFENDER LAS SEMILLAS CRIOLLAS

DEFENDAMOS NUESTRA IDENTIDAD
DEFENDAMOS NUESTRAS SEMILLAS CRIOLLAS

ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDIGENAS CON EL DIPUTADO JOSE MERINO

LUNES 01 DE DICIEMBRE 2008.
LUGAR ANTIGUA CAPILLA DE SION,
ASAMBLEA LEGISLATIVA
HORA 5:00 PM


Partiendo de la orientación trazada durante este año, para ir creando las bases para articular una plataforma nacional, que desde lo local trabaja para establecer territorios (cantones) ecológicos, con una política municipal participativa que garantiza la producción orgánica sostenible, la conservación de la semillas criollas, el establecimiento de un sistema de mercado local solidario y el no uso de semillas transgénicas. Entendido esto como un modelo de desarrollo alternativo que tiene como protagonista un fuerte movimiento social de carácter comunitario, que respeta la identidad y las manifestaciones propias de las comunidades.

Luego de lograr que ya estemos con 6 cantones y sus municipalidades declaradas TERRITORIOS ECOLOGICOS Y LIBRES DE TRANSGENICOS (NICOYA, TALAMANCA, ABANGARES, SAN ISIDRO, PARAISO, SANTA CRUZ).

Consideramos importante seguir avanzando en dicha articulación, por ello convocamos a la celebración de la SEMANA DE LA SEMILLA CRIOLLA. Como evento de apertura de esta semana, tendremos un encuentro de organizaciones campesinas, indígenas, no gubernamentales, así como destacadas personalidades que trabajan para forjar un proceso de desarrollo partiendo de las capacidades locales, especialmente las campesinas e indígenas, con el Diputado José Merino.

Esperamos compartir una noche de semillas criollas, de identidad nacional y de esperanza de una nueva y productiva cosecha.

Saludos solidarios,

WILMAR MATARRITA
PRESIDENTE RED NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDIGENAS

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GOBIERNO VETA PARTICIPACION CIUDADANA

Sala Constitucional deberá resolver sobre consultas en materia ambiental

El Poder Ejecutivo vetó la “Ley que fomenta la participación ciudadana en materia ambiental”, a pesar del apoyo de 48 legisladores, de todas las corrientes políticas, y de diversas entidades populares, entre ellas organizaciones ambientalistas y sindicales como FECON, MAOCO, UCIN, ANEP, CUSIMA, UNAC y CGT.

En la comunicación a la Asamblea Legislativa el presidente de la República, Oscar Arias, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, fundamentan el veto en razones de inconstitucionalidad.

Según interpreta el Diputado José Merino como el Ejecutivo fundamenta su veto en razones de inconstitucionalidad, lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa envíe la Ley a la Sala Constitucional, para que ésta se pronuncie. El gobierno lo que hace es pasarle la “papa caliente” a la Sala, comentó.

El Diputado Merino dijo que el Frente Amplio, junto a otras fracciones parlamentarias que seguramente le acompañarán, defenderá la constitucionalidad de los instrumentos de democracia directa que están incluidos en la Ley, porque no cree que las decisiones en materia ambiental deban estar solo en manos de los expertos y los empresarios, sino que también el pueblo está en capacidad de hacer buen uso de sus libertades.

El legislador frenteamplista lamentó que este “ veto responda a la presión de cúpulas empresariales, que desprecian tanto la conservación del ambiente como la participación ciudadana”.

“El Frente Amplio rechaza este veto y espera que la ley sea enviada a la Sala Constitucional con el apoyo de los diputados y diputadas que lo aprobaron en forma unánime”, agregó el Diputado Merino.


El parlamentario dijo que este veto de los hermanos Arias no puede dejar de verlo también “como una represalia con el Frente Amplio por su firmeza opositora” y que “El Frente Amplio nunca se va a doblegar y nunca violentará los derechos del pueblo y la naturaleza”.

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miércoles, noviembre 19, 2008

DIPUTADO MERINO A VENEZUELA COMO OBSERVADOR DE ELECCIONES

El Diputado José Merino del Río participará como observador de las elecciones regionales que se efectuarán en la República Bolivariana de Venezuela el próximo domingo 23 de noviembre de 2008.

Tibisay Lucena, en nombre del Poder Electoral de ese país, cursó invitación al legislador del Frente Amplio, para participar en el “Programa de Acompañamiento Internacional para las Elecciones Regionales”, considerando “la importancia que reviste para los procesos democráticos la presencia internacional”.

El Diputado Merino durante su permanencia en Caracas se integrará a las labores de observación del proceso electoral y también, en su calidad de presidente del grupo de amistad parlamentaria Costa Rica – Venezuela, sostendrá encuentros con legisladores de la hermana República, con el fin de fortalecer las relaciones fraternales.

También Merino del Río tendrá reuniones con personeros del gobierno de Hugo Cháves, con el fin de apoyar la rápida incorporación de Costa Rica a Petrocaribe como lo ha solicitado el gobierno de Costa Rica, así como la ampliación de la actividad de las Misiones del gobierno bolivariano en suelo costarricense, incluyendo la ya exitosa Misión Milagro, que ha permitido que más de 1.000 costarricenses sean operados de la vista.

El Diputado Merino dijo que además explicará en sus diversos encuentros la posición favorable del Frente Amplio, en relación con la incorporación de Costa Rica a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), al Banco del Sur y a otras iniciativas de cooperación entre los países latinoamericanos.

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lunes, noviembre 17, 2008

CARTA AL MINISTRO DE HACIENDA SOBRE EL PROXIMO SALARIO ESCOLAR

San José, 13 de noviembre de 2008
JMR-JFFA- 436-2008

Licenciado
Guillermo Zúñiga
Ministro
Ministerio de Hacienda
S.D.

Estimado señor:

Con profunda preocupación nos hemos enterado sobre la interpretación que la cartera a su cargo pretende dar a la Ley Nº 8665, “ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, N.º 7092, PARA EXONERAR EL SALARIO ESCOLAR DEL PAGO DE ESTE IMPUESTO”, con el fin de no aplicarla para el pago correspondiente al salario escolar el próximo mes de enero del 2009.

Al respecto quisiera manifestarle que dicha interpretación es contraria a los artículos 11 y 121 inciso 1) de la Constitución Política.

En cuanto al artículo 11 constitucional porque violenta el principio de legalidad, pues dicha ley expresamente señala que rige a partir de su publicación, la cual se diera el pasado 9 de octubre del año en curso en La Gaceta Nº 195.

En relación con el artículo 121 inciso 1) porque la potestad de interpretar las leyes es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, y más aún por cuanto la interpretación opera cuando la leyes son oscuras, ambiguas o cuando cabe más de una interpretación. Al respecto, procedo a hacer de su conocimiento que la Ley Nº 8665 no presenta ninguna de las condiciones dichas para que deba ser interpretada y mucho menos en cuanto a su rige.

La vigencia de la ley quedó claramente establecida desde su aprobación, y aún más, acudiendo a las actas de su aprobación procedo a citar lo manifestado por la Diputada González Barrantes, en Sesión Ordinaria del Pleno Legislativo Nº 69 celebrada el 25 de agosto del 2008, cuando inicia su discusión en primer debate, en que expresamente señala:


“La oportunidad de discutir en esta fecha en su primer debate el proyecto de ley de adición de un inciso f) al artículo 35 de la Ley del impuesto sobre la renta número 7992 del 21 de abril de 1988 y sus reformas, expediente número 16.648, nos ofrece la esperanza de que las personas asalariadas del sector publico reciban en su acumulado del salario escolar de enero del 2009, un monto exento del impuesto sobre la renta al que ha estado sujeto desde 1994.

Espero que hoy este proyecto reciba una votación unánime afirmativa, así como en su momento fue aprobado el dictamen en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
(...)
Así que, compañeros diputados y compañeras diputadas, funcionarios y funcionarias que nos escuchan, daré mi voto afirmativo para que este proyecto de ley entre en vigencia como parte de nuestra normativa y sea efectivo a partir de enero próximo.”

Los y las trabajadoras del sector público han visto durante años cómo el salario escolar ha sido disminuido durante el mes de enero con la aplicación el impuesto sobre la renta, de ahí que el Dictamen Unánime de la Comisión de Asuntos Hacendarios, se estableciera claramente las consideraciones que las y los legisladores hemos tenido para aprobar la Ley Nº 8665, a saber:

Que el salario escolar corresponde a una porción del salario (el 8,19%) ya devengado que se paga doce meses después, constituyendo un ahorro con características de obligatorio; a este porcentaje no se le reconocer el pago de intereses, tampoco se le incorpora el ajuste por la inflación acumulada, y al ser pagado en forma diferida pierde su capacidad de compra o su valor se ve disminuido; se paga la segunda quincena del mes de enero con el objeto de cumplir con un propósito social, a fin de que le permita a los y las trabajadoras cubrir, al menos en parte, los gastos de entrada a lecciones escolares; y se rompe con el principio de justicia social cuando se contabiliza como un ingreso sujeto al impuesto sobre la renta.

Con base en las consideraciones expuestas e instándole a que cumpla su juramento de respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, que como funcionario público hiciera al asumir el cargo que hoy desempeña, solicito que se cumpla con lo dispuesto en la Ley Nº 8665 vigente desde el 9 de octubre del presente año.

Atentamente,

José Merino del Río
Diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
Partido Frente Amplio

Cc: Medios de comunicación
Organizaciones sindicales del sector público

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jueves, noviembre 13, 2008

Diputado Merino urge resolver denuncias sobre subfacturación en importaciones de cebolla y papa

El Diputado José Merino del Río hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Hacienda para que resuelvan, de manera urgente, las denuncias que presentadas por la subfacturación en las importaciones de productos agrícolas como la cebolla, la papa, el ajo, las uvas y los aguacates.

El legislador del Frente Amplio dijo que ha sido informado que dichas denuncias por subfacturación, se presentaron desde setiembre pasado ante la Dirección Gestión de Riesgo Aduanero del Ministerio de Hacienda, sin que a la fecha se hayan resuelto, con perjuicio para el erario, los productores locales y el consumidor.

Desde hace mucho tiempo las autoridades aduaneras nacionales han calificado la subfacturación, y otras formas de defraudación fiscal, como “un deporte nacional en nuestro país”, sin embargo las denuncias no se resuelven con la celeridad necesaria, dijo el Diputado Merino.

La subfacturación constituye la modalidad más fuerte de evasión fiscal y consiste en declarar un costo menor de las mercancías al que verdaderamente corresponde, siendo entonces que se presenta una base imponible más baja por lo que al aplicar las tarifas tributarias respectivas se recauda una menor cuantía, lo cual se hace mediante la presentación de facturas falsas o alteradas.

La subfacturación y la defraudación fiscal lesionan fuertemente a la Hacienda Pública ya que ocasionan una seria disminución en la recaudación tributaria por concepto de pago de aranceles y demás impuestos a la importación. Peor aún, cuando operan sobre productos agrícolas sensibles para la estabilidad social y la seguridad alimentaria del país, tales como la cebolla y la papa, pues generan un daño social que, sin lugar a dudas, resulta mucho más gravoso que su impacto fiscal, ya que afectan directamente a miles de agricultores y sus familias que sufren la competencia desleal de productos agrícolas importados que son comercializados a precios artificialmente bajos.

En productos como la cebolla y la papa esta situación se viene denunciando desde hace muchos años. Solo en el año 2000 se estimó en 122 millones de colones. Mediante este tipo de artimañas se afecta a nuestros productores, obligándolos a competir con productos cuyos precios no reflejan los costos reales, así como a la empresa nacional, desplazando del mercado incluso a aquellos importadores que declaran a las autoridades aduanales los precios reales y que eventualmente adquirirían la producción nacional a precios que reflejen los costos reales.

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POLICIA USARIA ARMAS PROHIBIDAS PARA REPRIMIR MANIFESTACIONES

• Según diputado José Merino:

Gerardo Ruiz Ramón

gruiz@diarioextra.com

José Merino cuestionó una reforma al reglamento de la Ley de Armas y Explosivos publicado ayer en La Gaceta.El diputado José Merino, del Partido Frente Amplio, difundió un comunicado de prensa donde advirtió que la Fuerza Pública podría usar armas prohibidas para reprimir huelgas y manifestaciones populares.

Merino considera que la reforma al artículo 19 del Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos deja abierta esa posibilidad poniendo en riesgo la paz social.

“Lo que está haciendo el Poder Ejecutivo mediante este reglamento es delegar en los jefes de las unidades policiales una competencia que la ley expresa y exclusivamente le confiere a dicho poder de la República. Estos jefes policiales podrán decidir a su antojo cuando se justifica el uso de armas prohibidas”, alegó Merino en su comunicado.

El diputado afirmó que el reglamento en cuestión no excluye de su artículo 29 el uso de armas prohibidas para dispersar manifestaciones y huelgas, por lo que teme que los jefes de las unidades policiales justifiquen en estos casos el uso de armas prohibidas.

“Sin duda nos encontramos ante una actuación arbitraria e inconstitucional del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza que el Premio Nobel de la Paz pretenda abrir portones legales como este para reprimir violentamente a la población”, enfatizó Merino.

El reglamento de la Ley de Armas y Explosivos enumera como armas prohibidas las que con una sola acción del gatillo disparan en ráfaga más de un proyectil. Dentro de esa categoría están las ametralladoras, fusiles, subametralladoras, carabinas semiautomáticas, entre otras.

Fuente: Diario Extra, 13 de noviembre de 2008

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PELIGRO PARA LA PAZ SOCIAL

EL FRENTE AMPLIO ALERTA: DECRETO EJECUTIVO AUTORIZA USO DE ARMAS PROHIBIDAS A LOS CUERPOS POLICIALES PARA REPRIMIR HUELGAS Y MANIFESTACIONES POPULARES.

En La Gaceta Nº 219 de hoy, 12 de noviembre del 2008, se publicó el Decreto Ejecutivo Nº 34850-MSP, que reforma el Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos. Este decreto, firmado por el Presidente de la República y la Ministra de Seguridad Pública, agrega un nuevo artículo 19 al citado reglamento que dice:

“Artículo 19.-Autorización especial para el uso de las armas prohibidas. Se autoriza expresamente el uso de armas prohibidas descritas en el artículo 25 inciso a) de la Ley, a los miembros de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en aquellas situaciones en que por las circunstancias excepcionales requieran el manejo de las mismas, sea en operativos policiales previamente planificados o para el resguardo de personas, bienes o cuando así lo requiera el servicio, caso o situación, que ameriten la utilización de ese tipo de armas. La designación de las armas prohibidas descritas quedará a cargo del Jefe de la Unidad Policial donde se encuentre destacado el servidor, mismo que deberá de contar con el adiestramiento necesario en el uso de este tipo de armas de fuego, para lo cual se llevarán los controles correspondientes.” (Énfasis agregado)

Esta norma pretende reglamentar lo dispuesto en los artículos 25 a), 24 y 29 de la Ley de Armas y Explosivos, Nº 7530.

El artículo 25 inciso a) establece que son armas prohibidas las siguientes:

“a) Las que, con una sola acción del gatillo, disparan sucesivamente (en ráfaga) mas de un proyectil, como ametralladoras, fusiles ametralladoras, subametralladoras y pistolas-ametralladoras.

Igualmente, tienen ese carácter los fusiles y las carabinas semiautomáticas, cuyo cargador de munición tiene capacidad superior a diez tiros, excepto las armas de ignición anular.”

A su vez el artículo 24 prohíbe que los cuerpos policiales utilicen armas prohibidas, salvo cuando el Poder Ejecutivo, mediante decreto ejecutivo autorice el uso de las armas indicadas en el artículo 25 cuando se trate de “circunstancias excepcionales”. Dice esta norma:

“ARTÍCULO 24.- Autorización especial.
Los miembros del Organismo de Investigación Judicial, los agentes de vigilancia de la Dirección General de Adaptación Social, los oficiales de tránsito y los oficiales de migración, únicamente podrán utilizar armas permitidas.

En casos excepcionales, el Poder Ejecutivo podrá autorizar, mediante reglamento, a las autoridades indicadas que usen, en el ejercicio de sus funciones, las armas prohibidas clasificadas en el artículo 25 de esta ley.

Los miembros de la Guardia Civil, de la Guardia Rural y los demás miembros de la Fuerza Pública deberán utilizar las armas clasificadas como permitidas. Cuando el servicio lo amerite y en situaciones excepcionales, el Poder Ejecutivo, debidamente fundamentado y mediante decreto, autorizará a esas autoridades el uso de armas prohibidas para el ejercicio de sus funciones.”

Estos dos artículos deben relacionarse con lo dispuesto en el artículo 29 de esta misma ley, el cual establece una medida de protección muy importante para evitar abusos de las fuerzas represivas del Estado en contra de la población costarricense que ejerce su derecho a la huelga y a realizar manifestaciones públicas:

“ARTÍCULO 29.- Empleo de armas en huelgas o manifestaciones.
Cuando intervengan en huelgas o manifestaciones en el ejercicio de sus funciones, no podrán portar armas prohibidas ni utilizarlas la Guardia Civil, la Guardia Rural, la Policía de Fronteras, la Policía encargada del control de drogas, las unidades especiales de intervención de la Presidencia de la República y las reservas de esas fuerzas policiales.
Cuando lo disponga el Presidente de la República, estos cuerpos de Policía podrán usar armas prohibidas; pero, en ningún caso, podrán utilizar gases, compuestos químicos, virus ni bacterias tóxicas o letales, que produzcan consecuencias físicas o mentales irreversibles.”

Sin embargo, después de revisar las normas citadas de la Ley y la reforma reglamentaria realizada por el Poder Ejecutivo, podemos concluir lo siguiente:

1.- El Poder Ejecutivo está abusando de su potestad de reglamentar las leyes, al exceder y contradecir los límites fijados en la Ley de Armas y Explosivos. La autorización contenida en el nuevo artículo 19 para el uso de armas prohibidas por las fuerzas policiales es demasiado abierta. Aún concediendo que el Poder Ejecutivo pueda hacer tal cosa mediante una norma general (reglamento aprobado mediante decreto ejecutivo) y no mediante un acto específico para cada caso concreto, la ley habla de "situaciones excepcionales" que deben quedar claramente delimitadas en el acto de autorización. Es decir, el Poder Ejecutivo debe justificar cuales son esas situaciones excepcionales y eso no se hace en este caso. Por el contrario, el reglamento otorga una autorización totalmente abierta "cuando así lo requiera el servicio, caso o situación" para "proteger bienes o personas". Mediante esta fórmula amplísima puede entrar cualquier caso, a criterio del jefe policial respectivo.

En síntesis, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo mediante este reglamento es delegar en los jefes de las unidades policiales una competencia que la ley expresa y exclusivamente le confiere a dicho poder de la República. Pues, estos jefes policiales podrán decidir a su antojo cuando se justifica el uso de armas prohibidas.

2.- Mucho más grave aun, el reglamento no excluye el supuesto previsto en el artículo 29 de la ley, en caso de huelgas y manifestaciones populares. Por lo tanto los jefes policiales podrían estimar que también en estos "casos" o "situaciones" se justifica el uso de armas prohibidas. Por ejemplo para proteger "los bienes" de la parte patronal en el caso de una huelga.

Sin duda nos encontramos ante una actuación arbitraria e inconstitucional del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza que el Gobierno del Premio Nobel de la Paz pretenda abrir “portones” legales como este para reprimir violentamente a la población, permitiendo que los jefes de los cuerpos policiales decidan por su cuenta el uso de armas de grueso calibre para reprimir a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la huelga o se manifiestan públicamente contra las políticas del Gobierno.

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martes, noviembre 11, 2008

SALA CONSTITUCIONAL DEBE RESOLVER ACCION CONTRA ARMAS DE GUERRA EN TLC

La Sala Constitucional debe resolver la acción de inconstitucionalidad contra el Anexo 3.3. del TLC, relacionado con la importación y exportación libre de aranceles de armas de guerra, antes de que se renuncie a los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, declaró el Diputado José Merino del Río.

Según el legislador del Frente Amplio esta acción presentada el 31 de octubre por el abogado Roberto Zamora Bolaños, tiene un propósito congruente con la sentencia unánime de la Sala que declaró recientemente inconstitucional el llamado decreto de armas número 3324-S, por la amenaza a la paz y el daño ambiental que podrían causar los desechos de materiales bélicos.

El diputado Merino dijo que respalda las peticiones de diversas organizaciones cívicas y ciudadanía en general, en el sentido de que la Sala Constitucional, admita y se pronuncie sobre esta acción, ya que el contenido del decreto anulado es similar al texto que persiste en el TLC, donde se incluyen armas de guerra.

El Diputado Merino considera que si persiste el texto agregado en el Anexo mencionado, el país podría ser utilizado para la fabricación e importación de armas, entrando en contradicción con la Constitución de la República.


Para Merino del Río la Sala debe ser consecuente, asegurando que el territorio nacional no sea utilizado para la fabricación de armas, permitiendo que Costa Rica sea consecuente con sus predicados de política exterior a favor de la paz y para la prevención de las guerras.

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DE LA RESISTENCIA SURGIRA LA ALTERNATIVA



Intervención del Diputado José Merino del Río en la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, el día martes 11 de noviembre de 2008, en la discusión final del último proyecto de la agenda de implementación del TLC.

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jueves, noviembre 06, 2008

APROBADAS REFORMAS A LA LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE

Impulsadas en esta legislación por el Frente Amplio

El día de ayer (5 de noviembre de 2008) la Comisión Plena Primera aprobó en primer debate un proyecto de ley que reforma los capítulos XI y XII de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre para mejorar, actualizar y fortalecer las sanciones por delitos y contravenciones en perjuicio de la flora y la fauna silvestre.

La aprobación de este proyecto presentado en la legislatura pasada por el Diputado Gerardo Vargas Leiva y delegado a la Comisión Plena mediante una propuesta del Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, quien desde el inicio de su gestión acogió este proyecto y lo defendió hasta llevarlo a su aprobación, constituye un gran avance para frenar las gravísimas infracciones que se cometen contra el ambiente y la vida silvestre en nuestro país y que en la actualidad están quedando impunes por causa de una gran cantidad errores y omisiones que tiene la legislación vigente.

Dentro de los principales cambios que introduce el proyecto están:

-Se reestablecen las penas de cárcel y se actualizan los montos de las multas por los delitos más graves contra la vida silvestre como la caza ilegal de especies en peligro de extinción, la caza ilegal en áreas protegidas, el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre, la utilización de sustancias peligrosas que pongan en peligro la subsistencia de las especies, entre otros. Cabe recordar que hoy en día, la mayoría de estas conductas no reciben sanción alguna porque la Sala Constitucional anuló las penas de cárcel por errores en su redacción y las multas tienen montos absolutamente ridículos que no guardan relación alguna con la gravedad del daño social y ambiental que ocasionan.

-Se sanciona más rigurosamente a quienes contaminen o arrojen basura en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas. Igualmente se castiga a quienes realicen estas conductas en los cauces de los cuerpos de agua o en las áreas de protección del recurso hídrico, tal y como lo viene proponiendo la Fiscalía Ambiental desde hace muchos años.

-Se protegen adecuadamente los humedales del país, sancionando con pena de prisión de uno a tres años a quienes drenen, sequen, rellenen o eliminen lagos, lagunas no artificiales y todos los demás humedales, declarados o no como tales.

-Se fortalece la protección de las áreas silvestres protegidas al permitir que los montos de las multas y los demás ingresos del Fondo de Vida Silvestre se giren directamente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación sin tener que pasar por la Caja Única del Estado.

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UNA LEY JUSTA Y NECESARIA

José Merino del Río*

La aprobación unánime en la Asamblea Legislativa de la ley para fortalecer la participación ciudadana en asuntos ambientales, constituye un hito en el siempre inacabado proceso de fortalecer nuestra democracia. Costa Rica se coloca así a la cabeza en escala mundial en el cumplimiento del compromiso internacional asumido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente de 1992: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, (...) toda persona deberá tener la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.”

Que las comunidades locales, la gente, es decir, quienes sufren en carne propia los efectos de la degradación ambiental, puedan contar con mecanismos efectivos para pronunciarse sobre decisiones del Estado, que ponen en grave peligro el ambiente es un hecho histórico que debe llenarnos de orgullo y satisfacción.

Algunos sectores empresariales, reducidos pero poderosos, han manifestado preocupaciones por los alcances de esta nueva legislación. Sin embargo, en su mayoría, estas dudas parten de premisas incorrectas e infundadas.

No es cierto que esta nueva ley convierta al Estado en un simple espectador en la gestión de los recursos naturales. Lo que ocurre es que la forma de gobernar del Estado ha cambiado radicalmente desde la reforma al artículo 9 constitucional de 2003 que declaró que el Gobierno de la República es “participativo” (no solo representativo) y lo ejerce directamente el pueblo, además de los tres poderes tradicionales. A partir de este cambio la participación de la población en la toma de decisiones trascendentales para su futuro, dejó de ser un episodio aislado o una concesión caprichosa de los gobernantes de turno, para convertirse en derecho fundamental que las autoridades deben facilitar y respetar permanentemente.

De manera que la ley aprobada no hace más que crear mecanismos para que este derecho se haga efectivo y no se quede en el papel. Si hay una materia que justifica y exige la introducción de amplios niveles de participación ciudadana, esa es la cuestión ambiental, porque como en ninguna otra las acciones de terceros afectan de forma tan directa los la calidad de vida y los fundamentos de la vida misma del resto de la población y las futuras generaciones. La multiplicación y agudización de los conflictos ambientales por toda la geografía nacional, hablan claramente de la oportunidad de esta ley justa y necesaria.

Es falso que la ley pretenda evadir la restricción constitucional que impide realizar referendos sobre la aprobación de actos de naturaleza administrativa (artículo 105). Esta limitación se refiere a los referendos legislativos, es decir, a aquellos referidos a la aprobación de actos que son competencia de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, la ley de participación ambiental crea plebiscitos y referendos para consultar actos de competencia del Ministerio de Ambiente y no incluye actos legislativos. En nuestra Constitución no existe prohibición alguna para que la ley faculte a otros órganos del Estado distintos del Poder Legislativo a realizar consultas populares vinculantes sobre decisiones de su competencia, mucho menos cuando la propia Carta Magna dice que el Gobierno es participativo. De hecho si así fuera, no podrían existir las consultas vinculantes establecidas en el Código Municipal desde hace 10 años y que también se refieren a decisiones administrativas de competencia municipal.

Tampoco es correcto afirmar que la ley aprobada busca establecer consultas populares para cualquier decisión del Estado, incluyendo la construcción de una casa u otras obras menores. Decisiones que forman parte de las potestades de control y fiscalización como la imposición de sanciones no pueden ser llevadas a plebiscito. Tampoco decisiones de naturaleza técnica como las resoluciones de la SETENA o el Tribunal Ambiental.

La ley establece que las consultas pueden ser convocadas por el MINAET cuando se trate de proyectos que generen considerables impactos ambientales, impliquen graves riesgos de contaminación u ocasionen importantes conflictos sociales. También pueden ser convocadas por iniciativa popular cuando lo soliciten ciudadanos que representen al menos el 10% del padrón electoral correspondiente a las comunidades afectadas por la decisión que se quiere consultar. Esto quiere decir que para convocar consultas de ámbito nacional -como las referidas a normas de aplicación general- se requiere contar con más de 270 mil firmas (el 40% de los votos recibidos por el Presidente Arias), y para consultas a nivel cantonal con una cantidad de firmas superior a los votos recibidos por la gran mayoría de los alcaldes electos en 2006. La recolección de estas firmas no es una tarea sencilla que se pueda emprender de la noche a la mañana y para cualquier asunto de menor cuantía. Requiere de grandes esfuerzos logísticos y altos niveles de organización y participación ciudadana, que solo serán posibles en casos calificados de decisiones trascendentales que realmente afecten y preocupen a la población.

¿Tiene derecho el pueblo de Costa Rica derecho a opinar y, en última instancia, decidir sobre la construcción de proyectos como la mina de Las Crucitas? Esa es la cuestión de fondo que está en debate aquí. ¿Por qué tanto temor a que la gente decida? Hay quien cree que las decisiones deben estar en manos de las élites y de los expertos, y que los pueblos no están capacitados para hacer un buen uso de sus libertades. Esta visión elitista de la democracia, explica en parte la arremetida contra esta buena ley.

* Diputado del Partido Frente Amplio

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TSE RESPALDA CONSULTAS AMBIENTALES

En oficio remitido a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) expresó su respaldo a la Ley para promover la participación ciudadana en materia ambiental (Oficio Nº. 6873-TSE-2006, 14 de noviembre de 2006).

El Tribunal Supremo de Elecciones indica que “apoya y comparte el interés del legislador en este tipo de iniciativas que procuran proveer a la ciudadanía de mecanismos o instrumentos de participación en una materia tan sensible como la ambiental”

En su respuesta el propio Tribunal señala que el legislador a través de ese proyecto le encomienda una serie de funciones relacionadas con la organización y desarrollo de las consultas populares que en materia ambiental se vayan a realizar.

El Tribunal Supremo de Elecciones señaló su preocupación en relación con que el proyecto que se le había enviado para su consulta, en el tanto establecía plazos distintos de restricción para realizar las consultas populares según fueran previas a elecciones municipales o a las nacionales . Señalando que de no ser corregido este punto, no podría avalar la iniciativa.

El señalamiento puntual del Tribunal Supremo de Elecciones fue incorporado en el punto 3.4 del artículo 6 bis, indicando que.

“(...) No podrán realizarse consultas populares de conformidad con este artículo dentro de los ocho meses anteriores a la celebración de elecciones nacionales o a la elección de autoridades municipales.

De manera que se unificó el período de restricción para celebrar consultas

Dicha modificación se incorporó en el texto que hoy solo espera la firma del Presidente de la República para ser publicada, para convertirse en Ley de la República, como una gran conquista de nuestro país, ejemplo reconocido mundialmente en el fortalecimiento de la democracia y en la profundización constante de la aplicación real de ésta. En este sentido se fortalecería otro baluarte que ha exhibido nuestra patria como distintivo en el concierto de las naciones: La consagración como derecho fundamental de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El proyecto además viene a consolidar en el ámbito ambiental, mecanismos concretos que hacen más efectiva la participación ciudadana, como un derecho fundamental de la población, tal y como lo incorporó la reforma al párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política, que establece :

“ARTÍCULO 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.

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martes, noviembre 04, 2008

EN DEFENSA DE LA LEY PARA FORTALECER PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL

Se ha anunciado para el próximo jueves una reunión de las cúpulas de las cámaras empresariales con el Presidente Oscar Arias, en la que esperan convencer al gobierno de la necesidad de vetar la “Ley para fortalecer la participación ciudadana en materia ambiental”, aprobada con votación unánime en la Asamblea Legislativa.

El Diputado José Merino del Río adelantó que “sería realmente una vergüenza que los sectores acusados de haber desatado una guerra contra la naturaleza y que tratan de derribar toda la legislación ambiental en aras de un crecimiento económico devastador de los recursos naturales, se impusieran a la decisión soberana del parlamento, colocando al gobierno como furgón de cola de sus objetivos de lucro”.

Insistió el Diputado Merino que esta Ley, impulsada por el Frente Amplio, abriría posibilidades de participación ciudadana y de las comunidades. “Si esta ley existiera seguramente proyectos de alta conflictividad como Sardinal, Crucitas, Nimboyore, Barva, península de Osa y un largo etcétera de conflictos que han estallado en el país, podrían canalizarse pacíficamente, mediante la participación democrática de las comunidades”, dijo.

“Esta violenta reacción de las cámaras empresariales, jaloneada por algunos medios de comunicación, demuestra su rechazo a la avanzada legislación ambiental de Costa Rica y un enorme miedo a la democracia”, continuó diciendo.

“Pareciera inconcebible que el Presidente Arias, que se pasea por el mundo hablando de las bondades de su plan de “paz con la naturaleza” y como defensor de la democracia, vete una legislación que nos coloca a la cabeza mundial en estas materias, y que debería ser defendida como un logro de Costa Rica y no ser vista como una amenaza”, agregó el legislador.

Finalmente el Diputado Merino, hizo un llamamiento “a los sectores progresistas y patrióticos, al movimiento ecologista, las comunidades en lucha y la ciudadanía en general, a expresar su apoyo a esta legislación y su enérgico rechazo a cualquier veto presidencial”.

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DENUNCIAN PRESION DE UCCAEP PARA QUE ARIAS VETE LEY AMBIENTAL

El diputado del Frente Amplio, José Merino, denunció que las cámaras empresariales pretenden presionar al presidente Oscar Arias para que vete una ley que obliga a consultas populares cuando el medio ambiente está de por medio, la cual fue apoyada por diputados de todos los partidos.

Por Fernando Francia

La ley fue celebrada por organizaciones ecologistas y activistas de diversos partidos, pero provocó la reacción de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP), que, según Merino, pidió una reunión con Arias para mañana miércoles a fin de convencerlo de que la vete.

La Unión de Cámaras había alertado, en una carta, sobre el supuesto peligro que representaría esta ley para todos los proyectos de inversión. La UCCAEP pidió, como lo publicó Informa-tico.com "que se veten los Artículo 6 bis.- relativo a las Consultas populares ambientales y el Artículo 6 ter.- sobre la Participación de los habitantes en la elaboración de normas de carácter general relacionadas con el ambiente".

En la otra acera, el sector ecologista recibió esta ley como un avance. "Es la posibilidad que tenemos todos, como ciudadanos y habitantes de este país, a tomar decisiones que afecten a nuestros recursos naturales, es un acercamiento a la verdadera democracia participativa" dijo Mauricio Álvarez, vocero de la Federación Ecologista.

Reunión

El debate toma intensidad debido a la presión que, al parecer, están ejerciendo las cámaras empresariales ante el Presidente Oscar Arias.

Este lunes, el Diputado José Merino del Río dijo a Informa-tico.com que "hemos sabido que habrá una reunión en casa presidencial en donde las cúpulas de las cámaras le exigirán al gobierno que vete la ley" que aprobaron los diputados sobre consultas populares sobre temas ambientales.

Según trascendió ayer, esa reunión sería este jueves en Casa Presidencial.

Consultado al respecto el Diputado Carlos Gutiérrez dijo que "el señor Presidente debe hacer frente a sus diputados. Mi posición es que (vetar la ley) sería una actitud temeraria y no creo que tenga el valor para hacerlo. No sería conveniente".

Mauren Ballesteros dijo anoche que "es una potestad que tiene el presidente pero tendrá que analizarlo adecuadamente, no lo he conversado con él. Cabe la posibilidad, igual que cualquier ley". Consultada sobre si sabía de la reunión con las cámaras dijo que no sabía "si era cierto" que se realizará dicha reunión. "Habrá que esperar", concluyó.

El Diputado Merino, autor de la nueva legislación, reaccionó enfático: "me parece que sería lamentable y vergonzoso que se pretendiera doblar el brazo al gobierno cuando el parlamento ha aprobado esta ley por unanimidad", y agregó que "no puede ser que las cúpulas de las cámaras se crean dueñas de Costa Rica y quieran explotar el ambiente a su antojo y según sus propios intereses económicos".

Respecto a esa posible reunión, Mauricio Álvarez, de la Federación Ecologista, dijo que "quienes le tienen miedo a la participación de la sociedad civil en temas de su propio interés, seguro tienen algo que esconder. En la temática ambiental, siempre lo hemos defendido, es vital la participación de la gente involucrada".

En esta ley se establecen figuras de audiencias obligatorias por parte del MINAET así como la de "plebiscito" y "referéndum" en escala comunal cuando se trata de temas ambientales con ciertos requisitos.

"No le veo ningún problema a esta ley. Los libertarios somos muy acuciosos de lo que el pueblo diga. Si se logra el 10% de las firmas, y si se llega al plebiscito o alguna figura así y la mayoría dice que quiere o no quiere un proyecto, así debe hacerse" agregó el libertario Carlos Guitiérrez.

La ley fue redactada hace más de ocho años y es, aún ahora, considerada como muy avanzada en torno a la gestión ambiental por parte de las comunidades. "Esto es poner en acciones concretas la muy mentada ‘participación ciudadana' que muchas veces queda en la nada" dijo Álvarez.

La ley ya tuvo segundo debate por lo que ahora espera solamente la firma del presidente y su publicación en La Gaceta.

Esta sería la primera vez que Oscar Arias utiliza el mecanismo del veto para alguna ley en esta administración.

Fuente:
Informa-Tico, 4 de noviembre de 2008.

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