COMEX INTENTA INTRODUCIR CAPITULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TLC POR VIA DECRETO
DENUNCIA EL DIPUTADO JOSE MERINO
-Protección de datos de prueba y demás privilegios para trasnacionales farmacéuticas se pretenden introducir a través de un simple reglamento ejecutivo
-Gobierno busca evadir discusión en el Parlamento de uno de los aspectos más polémicos del Tratado: su impacto sobre el derecho a la salud y el acceso a las medicinas
-Ministro Ruiz declara “secreto” trámite de “Reglamento a la Ley de Información No Divulgada” .
-Diputado Merino presentó recurso de amparo contra COMEX.
Ante la creciente oposición al TLC con los Estados Unidos y a sus leyes paralelas que surge en el Parlamento y en la sociedad costarricense, el Poder Ejecutivo está intentando imponer “por decreto” parte de las reformas más controversiales exigidas por este Tratado.
En efecto, contrario a lo que podría pensarse, no toda la llamada “Agenda de Implementación” del TLC se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Hay asuntos sumamente delicados como varias obligaciones del Capítulo 15 “Propiedad Intelectual” que la Administración Arias no pretende someter a un debate público. Por el contrario, trata de aprobarlas por la vía de simples reformas reglamentarias.
Actualmente en la Asamblea se discute una parte de la agenda de propiedad intelectual del TLC: la Ley de Obtenciones Vegetales (16.327), el Tratado de Budapest (16.123), el Tratado de Marcas (16.144), o una reforma a la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (16.117). Específicamente en relación con las patentes también se tramitan algunas reformas contenidas en el Expediente (16.118).
Sin embargo, los puntos que afectarían de forma más severa a la Caja Costarricense del Seguro Social y el derecho del pueblo de acceso a las medicinas, NO SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN DICHOS EXPEDIENTES.
Para su trámite el Gobierno pretende utilizar el reglamento a la “Ley de Información No Divulgada”, Nº 7975. Una ley aprobada en 2000 que hasta la fecha no ha sido reglamentada.
Este reglamento incluiría:
-El nuevo derecho creado en el TLC a la protección exclusiva durante cinco años de los datos de prueba utilizados para obtener el permiso para comercializar productos farmacéuticos. Una figura que puede funcionar como una barrera elevada y eficaz para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos y dificultar severamente la concesión de licencias obligatorias.
-La ampliación del concepto de “nuevas entidades químicas” contenida en el TLC, que permite que sean tenidas como “nuevas” las entidades aprobadas en otros países que no han sido registradas todavía en Costa Rica, en beneficio de los derechos de las trasnacionales.
-La redefinición del concepto de “información no divulgada” para que se entiendan como “no divulgados” los datos de prueba puestos a disposición del público en el proceso de registro de medicamentos. Esto busca ampliar la cobertura de los derechos exclusivos que se crean en el TLC a supuestos que no están previstos actualmente ni en la OMC.
-La vinculación “patente-registro” que obliga a las autoridades sanitarias del país a no otorgar el registro a la versión genérica de un medicamento cuando exista una patente de un tercero sobre el producto, convirtiendo a estas autoridades en “policías” de las trasnacionales, a pesar de no tener ni la capacidad ni los recursos para ello.
La primera alerta sobre esta estrategia la dio el ex ministro de Comercio Exterior, Manuel González Sans, quién en un artículo de noviembre de 2006, publicado en defensa del trabajo de la Administración Pacheco en el trámite de las reformas legales exigidas para la entrada en vigencia del TLC manifestó: “quedaron avances importantes en otras áreas de la Agenda de Implementación, que tiene que ver con reformas normativas. Por ejemplo, ¿Por qué el Ministro no menciona el trabajo que se hizo sobre el Reglamento a la Ley de Información no Divulgada? Eso quedó prácticamente concluido y tiene especial relevancia para el tema de genéricos, tanto farmacéuticos como agroquímicos.”
La maniobra descrita no es otra cosa que un intento por introducir la agenda de implementación del TLC por la vía de un decreto ejecutivo. Aprobar por reglamento reformas a nuestro ordenamiento jurídico que deberían ser conocidas y discutidas en la Asamblea Legislativa.
De esta forma, el Gobierno busca evitar que uno de los temas más polémicos y sensibles del TLC para nuestra población sea discutido en el Parlamento, donde prevalece el principio de publicidad, los debates son públicos y las distintas fuerzas políticas y sociales del país tienen oportunidad de participar.
Mientras en la Asamblea Legislativa hay muchos diputados que claman por un profundo debate sobre los impactos negativos del TLC para nuestro sistema de salud pública y hablan de promover reformas legales para mitigar dichos impactos, el COMEX se burla de estas preocupaciones, implantando a espaldas del Parlamento y por decreto el Capítulo 15 del Tratado.
TRÁMITE SECRETO PARA LA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL TLC
Ante tales preocupaciones, el diputado José Merino solicitó en dos ocasiones al Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, que entregara una copia de la versión más actualizada del proyecto del citado reglamento.
Sin embargo, el jerarca de COMEX se negó a brindar acceso a la información solicitada, declarando el trámite del reglamento de carácter “secreto” hasta tanto el respectivo decreto no esté promulgado y publicado. Es decir, cuando la población ya no tiene oportunidad de participar en el proceso de formación de dicha norma.
Lo más preocupante son los argumentos utilizados por el Ministro Ruiz para justificar su negativa a informar, más propios de un gobierno autoritario de corte imperial y napoleónico y no de un Ministro de Estado de una democracia moderna en pleno siglo XXI.
En opinión de este funcionario público la limitación impuesta al derecho de la población a ser informada y participar en el trámite de tan importante normativa se justificaría en que la divulgación de estos documentos “podría incluso generar consecuencias negativas a la Administración, en tanto salgan a la luz posiciones o aspectos que generen expectativas en terceros, que luego no resulten incorporadas al texto final, o bien generen presiones que puedan llegar a entorpecer su labor.”
Esta conducta del Ministro Ruiz obligó al diputado Merino del Río a interponer un Recurso de Amparo contra el COMEX, por violentar los derechos de participación ciudadana y de acceso a la información de interés público, así como el principio de publicidad que debe regir el trámite de toda norma de carácter general.
De ninguna manera la participación del pueblo en asuntos de marcado interés público como la normativa que afectará su acceso a las medicinas puede ser calificada como un obstáculo o una amenaza para la labor del Gobierno. Todo lo contrario. La consulta a la ciudadanía y el respeto a su derecho de conocer y opinar sobre los proyectos que le afectan, enaltece y fortalece nuestra democracia.
Es cierto que permitir que la gente participe en la discusión de un tema tan sensible va a generar expectativas y opiniones diversas. Pero esa es la expresión normal de una democracia sana y vigorosa, donde las decisiones públicas son resultado de un proceso de reflexión, de búsqueda de consensos y no de imposiciones.
Salvo que lo que el Gobierno pretenda sea imponer normas polémicas a espaldas del pueblo, no habría razón para considerar la información pública como una “amenaza”.
¿A qué le teme tanto el COMEX? ¿Por qué declarar secreto el trámite de una norma tan importante? ¿Qué es lo que esconden? Aquí no estamos hablando de un tema menor. Se trata de un reglamento que podría tener notables repercusiones sobre el precio de los medicamentos y el derecho de acceso de la población a éstos. Es decir, está en juego el derecho humano de acceso a la salud, derivado del artículo 21 de nuestra Constitución Política.
Comunicado de Prensa, 8 de febrero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio
-Protección de datos de prueba y demás privilegios para trasnacionales farmacéuticas se pretenden introducir a través de un simple reglamento ejecutivo
-Gobierno busca evadir discusión en el Parlamento de uno de los aspectos más polémicos del Tratado: su impacto sobre el derecho a la salud y el acceso a las medicinas
-Ministro Ruiz declara “secreto” trámite de “Reglamento a la Ley de Información No Divulgada” .
-Diputado Merino presentó recurso de amparo contra COMEX.
Ante la creciente oposición al TLC con los Estados Unidos y a sus leyes paralelas que surge en el Parlamento y en la sociedad costarricense, el Poder Ejecutivo está intentando imponer “por decreto” parte de las reformas más controversiales exigidas por este Tratado.
En efecto, contrario a lo que podría pensarse, no toda la llamada “Agenda de Implementación” del TLC se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Hay asuntos sumamente delicados como varias obligaciones del Capítulo 15 “Propiedad Intelectual” que la Administración Arias no pretende someter a un debate público. Por el contrario, trata de aprobarlas por la vía de simples reformas reglamentarias.
Actualmente en la Asamblea se discute una parte de la agenda de propiedad intelectual del TLC: la Ley de Obtenciones Vegetales (16.327), el Tratado de Budapest (16.123), el Tratado de Marcas (16.144), o una reforma a la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (16.117). Específicamente en relación con las patentes también se tramitan algunas reformas contenidas en el Expediente (16.118).
Sin embargo, los puntos que afectarían de forma más severa a la Caja Costarricense del Seguro Social y el derecho del pueblo de acceso a las medicinas, NO SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN DICHOS EXPEDIENTES.
Para su trámite el Gobierno pretende utilizar el reglamento a la “Ley de Información No Divulgada”, Nº 7975. Una ley aprobada en 2000 que hasta la fecha no ha sido reglamentada.
Este reglamento incluiría:
-El nuevo derecho creado en el TLC a la protección exclusiva durante cinco años de los datos de prueba utilizados para obtener el permiso para comercializar productos farmacéuticos. Una figura que puede funcionar como una barrera elevada y eficaz para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos y dificultar severamente la concesión de licencias obligatorias.
-La ampliación del concepto de “nuevas entidades químicas” contenida en el TLC, que permite que sean tenidas como “nuevas” las entidades aprobadas en otros países que no han sido registradas todavía en Costa Rica, en beneficio de los derechos de las trasnacionales.
-La redefinición del concepto de “información no divulgada” para que se entiendan como “no divulgados” los datos de prueba puestos a disposición del público en el proceso de registro de medicamentos. Esto busca ampliar la cobertura de los derechos exclusivos que se crean en el TLC a supuestos que no están previstos actualmente ni en la OMC.
-La vinculación “patente-registro” que obliga a las autoridades sanitarias del país a no otorgar el registro a la versión genérica de un medicamento cuando exista una patente de un tercero sobre el producto, convirtiendo a estas autoridades en “policías” de las trasnacionales, a pesar de no tener ni la capacidad ni los recursos para ello.
La primera alerta sobre esta estrategia la dio el ex ministro de Comercio Exterior, Manuel González Sans, quién en un artículo de noviembre de 2006, publicado en defensa del trabajo de la Administración Pacheco en el trámite de las reformas legales exigidas para la entrada en vigencia del TLC manifestó: “quedaron avances importantes en otras áreas de la Agenda de Implementación, que tiene que ver con reformas normativas. Por ejemplo, ¿Por qué el Ministro no menciona el trabajo que se hizo sobre el Reglamento a la Ley de Información no Divulgada? Eso quedó prácticamente concluido y tiene especial relevancia para el tema de genéricos, tanto farmacéuticos como agroquímicos.”
La maniobra descrita no es otra cosa que un intento por introducir la agenda de implementación del TLC por la vía de un decreto ejecutivo. Aprobar por reglamento reformas a nuestro ordenamiento jurídico que deberían ser conocidas y discutidas en la Asamblea Legislativa.
De esta forma, el Gobierno busca evitar que uno de los temas más polémicos y sensibles del TLC para nuestra población sea discutido en el Parlamento, donde prevalece el principio de publicidad, los debates son públicos y las distintas fuerzas políticas y sociales del país tienen oportunidad de participar.
Mientras en la Asamblea Legislativa hay muchos diputados que claman por un profundo debate sobre los impactos negativos del TLC para nuestro sistema de salud pública y hablan de promover reformas legales para mitigar dichos impactos, el COMEX se burla de estas preocupaciones, implantando a espaldas del Parlamento y por decreto el Capítulo 15 del Tratado.
TRÁMITE SECRETO PARA LA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL TLC
Ante tales preocupaciones, el diputado José Merino solicitó en dos ocasiones al Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, que entregara una copia de la versión más actualizada del proyecto del citado reglamento.
Sin embargo, el jerarca de COMEX se negó a brindar acceso a la información solicitada, declarando el trámite del reglamento de carácter “secreto” hasta tanto el respectivo decreto no esté promulgado y publicado. Es decir, cuando la población ya no tiene oportunidad de participar en el proceso de formación de dicha norma.
Lo más preocupante son los argumentos utilizados por el Ministro Ruiz para justificar su negativa a informar, más propios de un gobierno autoritario de corte imperial y napoleónico y no de un Ministro de Estado de una democracia moderna en pleno siglo XXI.
En opinión de este funcionario público la limitación impuesta al derecho de la población a ser informada y participar en el trámite de tan importante normativa se justificaría en que la divulgación de estos documentos “podría incluso generar consecuencias negativas a la Administración, en tanto salgan a la luz posiciones o aspectos que generen expectativas en terceros, que luego no resulten incorporadas al texto final, o bien generen presiones que puedan llegar a entorpecer su labor.”
Esta conducta del Ministro Ruiz obligó al diputado Merino del Río a interponer un Recurso de Amparo contra el COMEX, por violentar los derechos de participación ciudadana y de acceso a la información de interés público, así como el principio de publicidad que debe regir el trámite de toda norma de carácter general.
De ninguna manera la participación del pueblo en asuntos de marcado interés público como la normativa que afectará su acceso a las medicinas puede ser calificada como un obstáculo o una amenaza para la labor del Gobierno. Todo lo contrario. La consulta a la ciudadanía y el respeto a su derecho de conocer y opinar sobre los proyectos que le afectan, enaltece y fortalece nuestra democracia.
Es cierto que permitir que la gente participe en la discusión de un tema tan sensible va a generar expectativas y opiniones diversas. Pero esa es la expresión normal de una democracia sana y vigorosa, donde las decisiones públicas son resultado de un proceso de reflexión, de búsqueda de consensos y no de imposiciones.
Salvo que lo que el Gobierno pretenda sea imponer normas polémicas a espaldas del pueblo, no habría razón para considerar la información pública como una “amenaza”.
¿A qué le teme tanto el COMEX? ¿Por qué declarar secreto el trámite de una norma tan importante? ¿Qué es lo que esconden? Aquí no estamos hablando de un tema menor. Se trata de un reglamento que podría tener notables repercusiones sobre el precio de los medicamentos y el derecho de acceso de la población a éstos. Es decir, está en juego el derecho humano de acceso a la salud, derivado del artículo 21 de nuestra Constitución Política.
Comunicado de Prensa, 8 de febrero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio
posted by FRENTE AMPLIO at 12:19 p. m.
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