COSTA RICA EMPIEZA A PAGAR COSTO DE ARBITRAJES INTERNACIONALES OBLIGATORIOS
350 millones de colones incluidos en presupuesto extraordinario sin que se hayan iniciado los procesos en el CIADI
El diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, denunció la inclusión de 350 millones de colones en el proyecto de ley de presupuesto extraordinario, con el fin de transferir recursos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y la cancelación de honorarios profesionales a abogados contratados por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).
Según una comunicación de la Directora General de Hacienda, Licda. Marjorie Morera, que consta en el expediente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el proyecto de presupuesto extraordinario incluye una transferencia al CIADI por la suma de 81.750.000 ($150.000) “para cubrir gastos administrativos y procesales derivados de solicitudes de arbitraje internacional contra el gobierno de Costa Rica”.
“Esto significa que Costa Rica tiene que empezar a dedicar recursos públicos solo para cubrir gastos administrativos, y sin que todavía se haya iniciado ninguna de las demandas, que incluyen las dos conocidas de los inversionistas canadienses Charles Bergeron y otros (por $186 millones) y la empresa minera Vannessa Ventures (por $276 millones), presentadas, ambas, con base en el Acuerdo de Inversiones firmado en el marco del TLC con Canadá”, explicó el diputado Merino.
Además, continuó diciendo, la directora de Hacienda comunicó en su misiva la existencia de otras solicitudes de arbitraje contra Costa Rica, hasta ahora desconocidas, y que tienen que ver con disputas de inversionistas de Estados Unidos, Austria, Dinamarca, Suiza, Holanda, Francia y Gran Bretaña, que suman $14 millones; y de otra empresa canadiense, Quadram Pacific Growth, que reclama $20 millones.
En relación con estas nuevas acciones contra el país, el diputado Merino comentó que tiene en su poder una carta del ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruíz, de julio de 2006, donde afirmaba que contra el gobierno de Costa Rica sólo existían las dos primeras solicitudes mencionadas de las empresas canadienses.
“¿Qué ha sucedido durante este año del gobierno de Arias? ¿Por qué se ha incrementado el número de demandas y por qué no se han hecho de conocimiento público hasta ahora que se solicitan los fondos para transferirlos al CIADI con el fin de cubrir gastos administrativos?”, preguntó el legislador frenteamplista, quién aseguró que el ministro Ruiz le debe explicaciones al país en relación con estos reclamos de inversionistas contra el país.
Por otra parte, indicó el diputado Merino, que también se incluye en el presupuesto extraordinario una subpartida para el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), por 272 millones ($500.000) por “concepto de honorarios a profesionales derivados del proceso de arbitraje ante el CIADI”.
“Esto es una barbaridad, se trata de destinar recursos públicos para determinadas personas profesionales que un día actúan como negociadores de tratados o convenios internacionales, otro día como abogados liberales en bufetes que representan a los inversionistas y el siguiente como abogados del Estado que supuestamente protegen a Costa Rica en estas demandas”, argumentó Merino del Río.
Según el diputado del Frente Amplio este es el resultado de la inclusión en los acuerdos de comercio internacional de mecanismos de “solución de controversias inversionista-Estado”, que dejan de lado los tribunales de justicia nacionales y obligan al Estado costarricense a someterse a arbitrajes privados forzosos administrados por CIADI y realizados fuera del territorio nacional.
“Esta situación es una prueba más de lo que le pasaría a Costa Rica si se aprueba el TLC con Estados Unidos: Las demandas contra el país aumentarían aún más, pues este tratado amplía los casos que pueden someterse a arbitrajes obligatorios, incluyendo los relacionados con ‘recursos naturales y activos controlados por las autoridades nacionales’ y otorga privilegios adicionales a los inversionistas extranjeros”, advirtió el parlamentario.
“Si por la ‘víspera se saca el día’, vamos a vivir las y los costarricenses para allegar recursos al Estado, que ya no se destinarán a mantener las obligaciones sociales ni fortalecer los tribunales de justicia del Poder Judicial, sino para entregarlos al CIADI, a las personas que se llenarán los bolsillos con honorarios profesionales y, probablemente, a los inversionistas extranjeros que plantean demandas multimillonarias contra Costa Rica”, agregó Merino.
“Son muchas las respuestas que el Ministro Ruiz le debe al pueblo costarricense: ¿Quiénes son esos abogados que están recibiendo pagos millonarios con fondos públicos por servicios profesionales ante el CIADI? ¿Por qué le han ocultado al pueblo la existencia de nuevas solicitudes contra el país? ¿Por qué los funcionarios del COMEX siguen afirmando en los foros y debates sobre el TLC que Costa Rica no ha sufrido consecuencias negativas por los arbitrajes obligatorios incluidos en otros tratados comerciales y de inversión?”, concluyó diciendo el diputado Merino.
Comunicado de Prensa, 27 de junio de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio
costa rica
tlc cafta
El diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, denunció la inclusión de 350 millones de colones en el proyecto de ley de presupuesto extraordinario, con el fin de transferir recursos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y la cancelación de honorarios profesionales a abogados contratados por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).
Según una comunicación de la Directora General de Hacienda, Licda. Marjorie Morera, que consta en el expediente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el proyecto de presupuesto extraordinario incluye una transferencia al CIADI por la suma de 81.750.000 ($150.000) “para cubrir gastos administrativos y procesales derivados de solicitudes de arbitraje internacional contra el gobierno de Costa Rica”.
“Esto significa que Costa Rica tiene que empezar a dedicar recursos públicos solo para cubrir gastos administrativos, y sin que todavía se haya iniciado ninguna de las demandas, que incluyen las dos conocidas de los inversionistas canadienses Charles Bergeron y otros (por $186 millones) y la empresa minera Vannessa Ventures (por $276 millones), presentadas, ambas, con base en el Acuerdo de Inversiones firmado en el marco del TLC con Canadá”, explicó el diputado Merino.
Además, continuó diciendo, la directora de Hacienda comunicó en su misiva la existencia de otras solicitudes de arbitraje contra Costa Rica, hasta ahora desconocidas, y que tienen que ver con disputas de inversionistas de Estados Unidos, Austria, Dinamarca, Suiza, Holanda, Francia y Gran Bretaña, que suman $14 millones; y de otra empresa canadiense, Quadram Pacific Growth, que reclama $20 millones.
En relación con estas nuevas acciones contra el país, el diputado Merino comentó que tiene en su poder una carta del ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruíz, de julio de 2006, donde afirmaba que contra el gobierno de Costa Rica sólo existían las dos primeras solicitudes mencionadas de las empresas canadienses.
“¿Qué ha sucedido durante este año del gobierno de Arias? ¿Por qué se ha incrementado el número de demandas y por qué no se han hecho de conocimiento público hasta ahora que se solicitan los fondos para transferirlos al CIADI con el fin de cubrir gastos administrativos?”, preguntó el legislador frenteamplista, quién aseguró que el ministro Ruiz le debe explicaciones al país en relación con estos reclamos de inversionistas contra el país.
Por otra parte, indicó el diputado Merino, que también se incluye en el presupuesto extraordinario una subpartida para el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), por 272 millones ($500.000) por “concepto de honorarios a profesionales derivados del proceso de arbitraje ante el CIADI”.
“Esto es una barbaridad, se trata de destinar recursos públicos para determinadas personas profesionales que un día actúan como negociadores de tratados o convenios internacionales, otro día como abogados liberales en bufetes que representan a los inversionistas y el siguiente como abogados del Estado que supuestamente protegen a Costa Rica en estas demandas”, argumentó Merino del Río.
Según el diputado del Frente Amplio este es el resultado de la inclusión en los acuerdos de comercio internacional de mecanismos de “solución de controversias inversionista-Estado”, que dejan de lado los tribunales de justicia nacionales y obligan al Estado costarricense a someterse a arbitrajes privados forzosos administrados por CIADI y realizados fuera del territorio nacional.
“Esta situación es una prueba más de lo que le pasaría a Costa Rica si se aprueba el TLC con Estados Unidos: Las demandas contra el país aumentarían aún más, pues este tratado amplía los casos que pueden someterse a arbitrajes obligatorios, incluyendo los relacionados con ‘recursos naturales y activos controlados por las autoridades nacionales’ y otorga privilegios adicionales a los inversionistas extranjeros”, advirtió el parlamentario.
“Si por la ‘víspera se saca el día’, vamos a vivir las y los costarricenses para allegar recursos al Estado, que ya no se destinarán a mantener las obligaciones sociales ni fortalecer los tribunales de justicia del Poder Judicial, sino para entregarlos al CIADI, a las personas que se llenarán los bolsillos con honorarios profesionales y, probablemente, a los inversionistas extranjeros que plantean demandas multimillonarias contra Costa Rica”, agregó Merino.
“Son muchas las respuestas que el Ministro Ruiz le debe al pueblo costarricense: ¿Quiénes son esos abogados que están recibiendo pagos millonarios con fondos públicos por servicios profesionales ante el CIADI? ¿Por qué le han ocultado al pueblo la existencia de nuevas solicitudes contra el país? ¿Por qué los funcionarios del COMEX siguen afirmando en los foros y debates sobre el TLC que Costa Rica no ha sufrido consecuencias negativas por los arbitrajes obligatorios incluidos en otros tratados comerciales y de inversión?”, concluyó diciendo el diputado Merino.
Comunicado de Prensa, 27 de junio de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio
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Etiquetas: CAFTA, Costa Rica, No TLC, TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 4:14 p. m.
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