FRENTE AMPLIO SE OPONE A LOS TARIFAZOS

El Partido Frente Amplio se opone a la solicitud de aumento de las tarifas eléctricas de un 46% en promedio, solicitadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), informó el Diputado José Merino del Río.

El legislador califica la solicitud del ICE como un "tarifazo" más del actual gobierno, que golpearía sobre todo a las economías domésticas, "a miles de hogares que ya están soportando un escandaloso aumento en el costo de la vida, donde solo los alimentos han aumentado un 26% en el último año".

El aumentazo en las tarifas no solo afectaría a los abonados del ICE, sino también en cascada a los de Fuerza y Luz y a los de otras distribuidoras de electricidad, por lo que prácticamente vaciaría el bolsillo de todas las familias y los pequeños negocios.

El ICE alega que en el año 2009 tendrá un incremento en sus gastos por las compras de combustibles para las plantas de diesel. De acuerdo con el Diputado Merino este es el resultado de la asfixia financiera que ha sufrido durante los últimos años el sector eléctrico del ICE, "que le ha impedido desarrollar sus planes de producción de energía limpia a mediano y largo plazo, mientras cancela tarifas de privilegio a los cogeneradores privados, amparados a contratos leoninos, lo que también ha drenado sus finanzas".

Según el parlamentario frenteamplista, debe detenerse este intento de las autoridades del ICE de cargar sobre las espaldas del pueblo los costos de una asfixia financiera del sector eléctrico, causada por los mismos políticos que recibieron altas comisiones de Alcatel y otras empresas.

El Frente Amplio, indicó el Diputado Merino, respalda la iniciativa planteada por organizaciones sindicales para tramitar de manera urgente un proyecto de ley que libere al ICE del pago de impuestos en las compras de combustibles a RECOPE.

Al mismo tiempo considera el Frente Amplio, dijo Merino del Río, que un porcentaje importante de los recursos que se liberen luego del ingreso a PETROCARIBE, debieran ser destinados para financiar las inversiones que necesita el ICE para proyectos de energía limpia, incluyendo eventuamente la nacionalización de algunas plantas privadas, con el fin reducir la dependencia de la generación térmica al máximo posible.

Frente Amplio advierte nuevas anomalías en trámite de proyecto "escoba" del TLC

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

El Partido Frente Amplio seguirá defendiendo que la única forma de cumplir, de manera correcta y legal, con la sentencia de la Sala Constitucional sobre el Expediente 16.955, es realizar la consulta a los pueblos indígenas en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

El procedimiento aprobado en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, constituye una nueva afrenta a los derechos de las comunidades originarias de Costa Rica.

Al mismo tiempo advertimos que nuevamente se incurren en errores de bulto en la tramitación de este expediente, ya que la propuesta parcial en discusión es arbitraria y contraria a la resolución de la Sala Constitucional, por lo que se justifica plenamente otra consulta de constitucionalidad.

Denunciamos, como se podrá advertir a continuación, que estamos frente a otra agresión a las comunidades indígenas y una burla a la institucionalidad costarricense.

LA MOCIÓN APROBADA EN LA COMISIÓN DE CONSULTAS NO EXIME A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE SU OBLIGACIÓN DE CONSULTAR EL EXPEDIENTE 16.955 A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Esta moción no corrige el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional sobre la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por las siguientes razones:

-El texto vigente del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788) establece una lista de bienes e invenciones que "se exceptúan" de la aplicación de diversas formas de propiedad intelectual. Dentro de estas invenciones exceptuadas de diversas formas de propiedad intelectual se encuentran "las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público", es decir invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país (inciso 6) Es importante reiterar que EN LA ACTUALIDAD esta excepción aplica para DIVERSAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Aplica para las patentes, pero no solo para las patentes. También aplica para otras formas de propiedad intelectual como los derechos de autor o los derechos del fitomejorador (derechos de obtentor)

-En este sentido, la reforma al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad introducida en el expediente 16.955 realizó dos cambios fundamentales a ese inciso, que afectan directamente a el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas:

1) Reformó el inciso 6) abriendo la posibilidad de que las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sean patentadas con base en la Ley de Patentes.

Pero también:

2) Reformó el encabezado del segundo párrafo del citado artículo 78 para establecer que las excepciones allí contenidas solo se aplicarán a las patentes PERO NO A OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. En efecto, donde la Ley hoy en día dice: "se exceptúan" pusieron "se exceptúan de la protección mediante patentes". Evidentemente este cambio afecta todos los incisos del artículo 78, incluyendo el inciso 6) y sus efectos son claros: las invenciones mencionadas en esos incisos ya no estarán exceptuadas de la aplicación de diversas formas de propiedad intelectual como los derechos de obtentor y otras allí indicadas, sino que únicamente estarán exceptuadas de la aplicación de patentes. En consecuencia, de aprobarse esta reforma, SÍ serán aplicables otras formas de propiedad intelectual distintas a las patentes a las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas.

-En el Voto Nº 2008-13832 la Sala Constitucional determinó que la Asamblea Legislativa había incurrido en un vicio esencial del procedimiento parlamentario por no consultar a los pueblos indígenas las reformas introducidas al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad mediante el expediente 16.955.

-Ante esta situación, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad aprobó una moción que supuestamente pretende corregir el vicio de procedimiento señalado por la Sala. El camino escogido por los proponentes de esta moción fue la eliminación de la reforma al inciso 6) del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad para no tener que consultar este cambio a los pueblos indígenas tal y como lo ordenó la Sala. Sin duda se trata de un camino sumamente discutible por varias razones que ya expusimos. Sin embargo, desde ya queremos advertir que esta moción ni siquiera estaría eximiendo a la Asamblea Legislativa de su obligación de consultar el expediente 16.955 a los pueblos indígenas.

-Aún cuando esta moción se apruebe, la Asamblea seguiría estando obligada a realizar dicha consulta. Esta obligación persistiría porque la moción aprobada NO ELIMINÓ EL CAMBIO INTRODUCIDO AL ENCABEZADO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, QUE TAMBIÉN AFECTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS. La moción aprobada solo eliminó la reforma al inciso 6), pero NO ELIMINÓ este otro cambio que también afecta a los pueblos indígenas porque abre las puertas para que a las invenciones derivadas del conocimiento tradicional se les apliquen otras formas de propiedad intelectual distintas a las patentes.

-Lo más grave es que el impacto de esta otra reforma fue advertida por la misma Sala Constitucional en el Voto Nº 2008-13832. Según este tribunal, uno de los cambios sustanciales que el expediente 16.955 introdujo al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad se dio en "el encabezado que agrega la frase "de la protección mediante patentes", con lo cual la exclusión deja de funcionar para otro tipo de mecanismos de reconocimiento de derechos intelectuales, como serían todos los demás que se mencionan allí mismo" (páginas 18 y 19)

-En síntesis. No se corrige el vicio detectado por la Sala, porque el texto modificado mediante esta moción sigue afectando directamente a los pueblos indígenas sin que se haya realizado la consulta exigida por el Convenio 169. Les sigue afectando porque mientras la ley actual exime su conocimiento tradicional de la aplicación de cualquier tipo de propiedad intelectual, la reforma introducida solo protege tal conocimiento de la aplicación de patentes, pero permite que se le apliquen otras formas de propiedad intelectual como los derechos de obtentor. Algo que hoy no es posible.

Para garantizar que las empresas de zonas francas cumplan obligaciones ambientales

Diputado Merino presenta proyecto de ley

El Diputado José Merino del Río presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, para garantizar que las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas cumplan con sus obligaciones ambientales.

El legislador del Frente Amplio propone la adición de un inciso al artículo 32 de la Ley de Zonas Francas, que se tramita bajo el expediente 17.162 y establecería que el Ministerio de Comercio Exterior podrá imponer una multa de hasta 300 veces el salario base, a las empresas beneficiarias que incurran en infracciones en materia ambiental.

La reforma adelantada por el Diputado Merino establece que las sanciones se establecerán por:

“Realizar actividades en el país sin contar con la respectiva viabilidad ambiental debidamente otorgada por las autoridades competentes o incumplir los compromisos ambientales asumidos en el proceso de evaluación de impacto ambiental o las disposiciones ambientales establecidas en contratos de concesión de recursos naturales; así como haber sido sancionada la empresa beneficiaria mediante resolución firme en vía judicial o administrativa por incumplimientos graves de la legislación ambiental del país. En este caso no procederá la imposición de multas, pero sí la suspensión o revocatoria del Régimen, de acuerdo con la gravedad de las infracciones o su reincidencia”.

Según explica el Diputado Merino en la exposición de motivos se trata de “la creación de una mecanismo de control cruzado que relacione el cumplimiento de la legislación ambiental con la continuidad de los beneficios para las empresas de zonas francas, que puede constituirse en un instrumento eficaz para fortalecer la protección del ambiente, el acatamiento de las resoluciones de las autoridades ambientales y la oportuna reparación de cualquier daño cometido por los particulares”.

CATASTROFE FINANCIERA EN EE.UU. Y RIESGOS PARA COSTA RICA

Escuche intervención en el plenario legislativo del Diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, el día 22 de octubre de 2008, sobre la crisis financiera en los Estados Unidos y los riesgos para Costa Rica, en una situación donde se socializan las pérdidas, mientras se privatizan las ganancias.

FRENTE AMPLIO SOLICITA INFORMACION SOBRE MONTOS INVERTIDOS EN BANCO LEHMAN BROTHERS

El Diputado José Merino del Río solicitó al Banco Central de Costa Rica y a la Superintendencia General de Entidades Financieras, información relacionada con el monto invertido en el Banco Lehman Brothers por parte de bancos públicos o privados, u otras entidades financieras, que captan recursos del público en Costa Rica.

En la misiva enviada por el legislador del Frente Amplio se solicita en particular al Banco Central un informe que incluya el nombre de entidades bancarias, monto de la inversión, grupos de gestores que administran reservas en nombre del Banco Central de Costa Rica, y agencias de inversión en que se encuentran colocadas reservas del país, además del detalle de las reservas invertidas en el Banco Lehman Brothers.

Después de más de 150 años de trayectoria el Banco Lehman Brothers declaró recientemente su quiebra en los Estados Unidos. La institución financiera según la información difundida tiene activos por más de 600 mil millones de dólares. De su recuperación dependerá que se puedan cancelar los pasivos, incluyendo según se ha anunciado las inversiones procedentes de varios países latinoamericanos.

El Diputado José Merino sostiene que es importante que la SUGEF y el Banco Central entreguen la información solicitada, con el fin de saber si hay algún grado de exposición de las entidades financieras públicas y privadas en Costa Rica y valorar el probable efecto sobre la economía costarricense.

FRENTE AMPLIO CONTRIBUYE A CONSULTA SOBRE REFORMAS A LEY DE MARINAS

El Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, reiteró sus objeciones de fondo al proyecto de ley de "Reformas a la Ley de Marinas", en la consulta de constitucionalidad del expediente 14.836, que firmó junto a la fracción del Partido Acción Ciudadana, y se presentó el día de hoy a la Sala Constitucional.

Según el legislador, bajo la excusa de "simplificación de trámites", este proyecto de ley promueve "la desprotección de las zonas costeras y la eliminación de controles ambientales, en perjuicio de las comunidades, para facilitar la construcción de 22 marinas y atracaderos turísticos". El Diputado Merino consultó los siguientes aspectos, que considera perjudiciales para el país y para la población:

-El proyecto de ley permite otorgar concesiones a particulares sobre bienes de dominio público como el mar territorial y la zona marítimo-terrestre, sin que los concesionarios cuenten con la aprobación previa de una evaluación de impacto ambiental sobre los proyectos que pretenden construir. Hoy en día no se pueden otorgar estas concesiones si los interesados no han obtenido antes la viabilidad ambiental de sus proyectos. Con este cambio se les otorgarían derechos adquiridos sobre bienes públicos antes de que demuestren que lo que pretenden hacer con nuestras zonas costeras es viable ambientalmente.

-Se trata de una reforma inconstitucional, que reproduce la redacción del tristemente célebre artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y que fue anulado por la Sala Constitucional. Lo más grave es que esta reforma favorece a los inversionistas extranjeros en la utilización del TLC para demandar al país por sumas millonarias antes tribunales arbitrales internacionales cada vez que consideren que una decisión del Estado afecta sus intereses.

-De aprobarse el proyecto, los inversionistas tendrían un arma poderosa para chantajear a las autoridades nacionales en caso de que resuelvan que sus proyectos no son ambientalmente viables. En la actualidad únicamente son titulares de una expectativa de derecho que no se ha concretado aún, por no haberse cumplido con todos los requisitos ambientales exigidos para obtener una concesión. Pero con la reforma podrán alegar que se violan sus "derechos adquiridos" o que se les está "expropiando" si la SETENA rechaza sus estudios de impacto ambiental.

-En el transitorio II del proyecto se establece que las marinas y atracaderos turísticos que en la actualidad se encuentren operando sin los permisos respectivos, es decir, de forma ilegal, quedarán eximidos de la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental para ponerse a derecho, ignorando que podrían estar causando daños gravísimos e irreversibles al ambiente. De esta forma, se premia a los dueños de marinas que violaron la legislación ambiental del país.

-Solo se busca darle mayores privilegios a los inversionistas, pero no se establecen medidas para proteger a las comunidades afectadas por megaproyectos de marinas. El proyecto aumenta de veinte a treinta y cinco años el plazo máximo de duración de las concesiones de marinas y atracaderos turísticos, incrementando notablemente el tiempo en que las poblaciones locales quedarán imposibilitas de disfrutar libremente de las zonas costeras.

Manuel Mora y Carlos Luis Fallas: Un Siglo de Luchas

De Frente Amplio

GOBIERNO ABANDONA RECOPE

Los jerarcas de la Administración Arias han dejado en el abandono la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), con el propósito de facilitar la ruptura del monopolio de los hidrocarburos y facilitar la entrada de sectores privados al negocio, denunció el Diputado José Merino del Río.

“Han transcurrido más de dos años de la actual administración y, en medio de la actual crisis energética, no hay ninguna decisión importante para poner en operación una refinería en Moín, con capacidad para abastecer todo el combustible que se consume en Costa Rica”, dijo el parlamentario del Frente Amplio.

Tampoco ha habido voluntad política para eliminar todas las trabas que impiden la modernización de RECOPE, ampliar el oleoducto, poner en marcha la Terminal Pacífico o el dragado del Muelle de Moín para permitir el atraque de navíos con mayor capacidad de almacenaje, agregó Merino del Río.

En estas condiciones el Frente Amplio coincide con las preocupaciones del Sindicato de Trabadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), en el sentido de que la falta de acción gubernamental, procura cerrar RECOPE, haciendo que el consumo nacional dependa totalmente de la importación de productos terminados, a través de las empresas transnacionales del sector.

Por esta razón es que el Ministro Dobles anuncia, con bombos y platillos, la próxima presentación a la corriente legislativa de un proyecto para romper el monopolio natural de los hidrocarburos que administra RECOPE.

Para el Diputado Merino en el actual contexto nacional e internacional, una reforma del sector energético en esta dirección sería una decisión suicida, ya que estando RECOPE amarrada y sin poder desarrollar todo su potencial, abrir el mercado, solo conduciría a la desaparición de la empresa estatal.

Desde el Frente Amplio anunciamos que nos opondremos con firmeza y razones a cualquier proyecto que debilite RECOPE y que perjudique a la población, al entregar la importación y distribución mayorista de productos terminados a las transnacionales lo que probablemente encarecería aún más los precios, dijo finalmente el Diputado Merino.

SENTENCIAS DE SOSTO DEBEN SER ANULADAS

El Diputado José Merino del Río considera que la renuncia del magistrado Federico Sosto debería ser acompañada por una rectificación de la Sala Constitucional, que anule todas aquellas sentencias relacionadas con el TLC y la agenda de implementación donde participó, dada su evidente parcialidad.

Según el legislador del Frente Amplio la renuncia del magistrado Sosto, da la razón a las fracciones parlamentarias, los partidos y movimientos políticos, y los movimientos y organizaciones sociales y cívicas, que la venían reclamando con mayor fuerza desde que se conocieron públicamente sus andanzas como asesor de Casa Presidencial.

Las actuaciones cuestionadas del magistrado Sosto, incluyen su participación en sentencias favorables a leyes relacionados con la agenda de implementación del TLC con los Estados Unidos, como el proyecto de “Ley de Obtenciones Vegetales” o la “Ley de Marcas”, habiendo sido participe activo en la campaña a favor del tratado durante el referéndum.

El 15 de enero del año 2007, Federico Sosto publicó en La Nación el artículo “Más allá del TLC”, en conjunto con los abogados Alan Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, en abierto respaldo al tratado. Al discutirse el proyecto de “Ley General de Telecomunicaciones” el magistrado Sosto admitió haber emitido criterio previo, por lo que pidió excusarse del pronunciamiento.

“Sosto no solo dejó en entredicho la imparcialidad del juez y de la Sala Constitucional, sino también cuestionada la independencia de poderes, y develadas redes político-empresariales, beneficiarias directa e indirectamente de los grandes negocios que se fraguan en el régimen de la tiranía en democracia”, considera el Diputado Merino.

Sosto con todas sus “camisetas” es la imagen casi perfecta del “cuadro dirigente” de las nuevas élites neoliberales: directivo de la cúpula empresarial cañera en su momento, socio de empresas relacionadas con los juegos de azar (particularmente de los casinos), integrante del bufete “Sosto, Hidalgo y Asociados” (donde por casualidad uno de sus integrantes resultó jurista consultor del BCIE), consultor de Casa Presidencial y magistrado suplente de la Sala Constitucional.

“Aunque la ética ocupa un lugar secundario para algunos altos magistrados, no lo es así para la ciudadanía que considera necesario rescatar la democracia, las instituciones republicanas, la división de poderes y el Estado de Derecho, y lo empieza a reclamar en las calles, por lo que se impone la anulación de las sentencias donde el señor Sosto López intervino, reiteró el Diputado Merino.

POR COHERENCIA FRENTE AMPLIO VOTA CONTRA 208 BIS

El Frente Amplio está de acuerdo en principio con el proyecto de ley para eliminar el impuesto del diesel para el transporte público, sin embargo por razones de coherencia política votó en contra de aplicar el procedimiento de vía rápida 208 bis a este proyecto, por tener impugnado ante la Sala Constitucional este procedimiento, y porque nuevamente se vulneran los derechos de las minorías al llevar a votación por sorpresa una desconocida y extensa moción de orden. Escuche intervención del Diputado José Merino en el plenario legislativo el 1 de setiembre de 2008.