jueves, noviembre 22, 2007

"SE APLICA 'MEMORANDO DOS' A LA AGENDA DE IMPLEMENTACION

Entrevista a José Merino

LORNA CHACÓN
redactora Semanario Universidad

El diputado José Merino del Río, del opositor partido Frente Amplio, considera que existe una gran presión en la Asamblea Legislativa para votar a golpe de tambor los proyectos de ley de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pero es enfático al afirmar que los diputados no están obligados a aprobar dicha legislación.

Merino lamenta que se estén violentando cotidianamente los procedimientos legislativos en el Congreso y que se restrinjan cada vez más los derechos de los congresistas y de las personas, quienes han visto convertirse las barras del público en una "mini-cárcel".

El legislador argumenta que así como durante el proceso del referendo se aplicó un memorando escrito por el exvicepresidente Kevin Casas y el diputado Fernando Sánchez, que impulsaba una estrategia del miedo para que ganara el "Sí" en la consulta popular, ahora se estaría aplicando un "memorando dos" para aprobar las 13 leyes de la agenda de implementación.

Según Merino, el grupo de 38 diputados que apoya el TLC quiere aprovechar deliberadamente la cercanía de las fiestas navideñas con el objetivo de que la ciudadanía esté desmovilizada.

A continuación, un resumen de la conversación realizada en su casa de habitación el pasado 16 de noviembre.

¿Cómo analiza lo que pasa en la Asamblea Legislativa?

-Lo que ocurre es muy grave porque sobre la base de una lectura falsa y manipuladora sobre el significado del referendo sobre el TLC, están reformando arbitrariamente muchas disposiciones del reglamento legislativo, con la justificación de que el 29 de febrero es la fecha de expiración para aprobar estas leyes.

Los 38 diputados que apoyan el TLC dicen que es vinculante para la Asamblea Legislativa aprobar las leyes de la agenda de implementación antes de esa fecha y que, por lo tanto, están autorizados a reducir todo lo que consideren conveniente para el trámite.

¿Cómo afectan estas reformas el desempeño de los diputados?

-El tema es que le están aplicando a los proyectos procedimientos tan perentorios que es imposible que la Asamblea Legislativa, y fundamentalmente los diputados de oposición, podamos tener una reflexión serena.

Es absolutamente imposible defender propuestas de cinco minutos. Si varios diputados quieren defender lo mismo, entre todos tienen que distribuirse los cinco minutos, o sea, que a mí me va a tocar defender una moción en un minuto.

Esto también imposibilita el proceso de publicidad y de participación de la ciudadanía.

Al final, esto es una terapia de choque sobre proyectos muy controversiales con el objetivo de aprobar el mayor número posible en diciembre.

Aquí no va a haber tregua navideña, sino que deliberadamente quieren que la ciudadanía esté en otra cosa, de vacaciones, para en esos días poder votar los proyectos más conflictivos.

Pero, ¿cómo se vive esta situación en el parlamento?

-Estamos en un estado casi de facto, se ha violentado el estatus jurídico de los diputados en muchos aspectos y hay un estado de sitio en la Asamblea Legislativa.

Es un estado de sitio contra los diputados de oposición y contra la ciudadanía porque convirtieron las barras (del público) en una minicárcel polarizada hacia el plenario y realmente invisibilizada también hacia fuera.

Además, la seguridad no está en manos de la Asamblea sino que han tenido que acudir a la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado (DIS) y hay una presencia policial permanente.

Hay una situación que refleja el grado de degradación que está viviendo nuestra democracia y eso es muy peligroso.

¿Fue algo que comenzó en el proceso del referendo? -

Lo vivimos en el proceso del referendo y ahora se está aplicando como un "memorando dos" a la agenda de implementación.

Es decir, aplicaron el uno al referendo y ahora vemos la segunda fase aplicada a la aprobación a golpe de tambor de las leyes de la agenda de implementación.

Es un panorama muy lamentable y muy peligroso.

¿Considera que es viable aprobar todas las leyes de la agenda de implementación antes de que finalice febrero?

- Creo que a pesar de que se estén violentando los procedimientos legislativos lo tienen complicado, pero, obviamente, eso depende de los 19 diputados del bloque de oposición.

No sé si es que le han consultado a algún magistrado de la Sala Cuarta porque en el trámite de otros proyectos, como el combo del ICE o el plan fiscal, la Sala dijo que se habían adoptado trámites inconstitucionales y esto que están haciendo ahora es exactamente lo mismo.

Entonces, una de dos: o no les importa y están en un plan aventurero; o esos diputados y el Gobierno consideran que la Sala les va a dar la razón.

Pero alguna gente interpretó que el triunfo del "Sí" en el referendo de algún modo obligaría a los diputados a aprobar la agenda de implementación.

-El mismo Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue tajante al decir que en la consulta popular lo único que se estaba sometiendo a consideración ciudadana era un proyecto que tiene un número de expediente en la Asamblea y es el TLC.

Dijo que los otros proyectos (de la agenda complementaria), aunque podían tener relación, cada uno tenía su propio expediente y no estaban sometidos a la consulta del pueblo.

O sea, que es una presión que ejerce el Gobierno para que se voten esos proyectos en este clima de tensión, pero no hay ninguna obligación. La Asamblea de ninguna manera está obligada a aprobar esto.

¿O sea, que podría la Asamblea rechazar alguno de esos proyectos?

-La Asamblea es soberana y un proyecto de ley se discute de acuerdo con cada procedimiento.

Nosotros podemos rechazarlos y si alguno de los otros gobiernos firmantes del TLC protesta, pues el Gobierno tendría que abrir un espacio de negociación sobre cada asunto concreto mediante el capítulo de solución de controversias.

Creo que hay un bloque de poder, estoy hablando de la administración (del presidente estadounidense George) Bush, del gobierno de (Óscar) Arias, de las transnacionales interesadas en el negocio y de la oligarquía regional centroamericana.

Este bloque considera que, a pesar de que la sociedad costarricense está dividida y cada día más polarizada, mejor se la juegan y terminan de apretar todas las tuercas a ver si logran pasar toda esa agenda ultraliberal y que el mejor momento es este fin de año.

¿Cuál es la opción para los legisladores de oposición?

-Creo que los diputados podemos resistir, estamos obligados a resistir y a denunciar lo que está ocurriendo.

Estamos en capacidad de defender no sólo la oposición a los proyectos, sino las mociones que presentamos con una posibilidad de que los aspectos más nefastos de los proyectos no prosperen.

Pero esa resistencia parlamentaria tiene que vincularse con la resistencia que la gente hace en la sociedad con sus derechos constitucionales como la huelga, la protesta, la manifestación.

Es efectivamente un panorama complejo, pero creo que el país y las fuerzas vivas que se pusieron en movimiento en el referendo deben comprender que tienen la legitimidad moral y política, e incluso la legalidad, para saber que estamos autorizados. A nadie hay que pedir permiso para oponernos a leyes nefastas.

Este ritmo tan atropellado que vive la Asamblea Legislativa, ¿indirectamente no ejerce una gran presión sobre la Sala IV?

-Indudablemente. Incluso esta presión, además de los plazos tan estrechos y perentorios, van más allá porque en estas mociones de orden o resoluciones del presidente del Parlamento, se hacen ya aseveraciones sobre obligaciones constitucionales que realmente solo la Sala las puede interpretar.

Si usted lee con atención estas mociones, vienen con un preámbulo que parece que fuera redactado por un magistrado de la Sala IV -yo no digo que sea así- pero ellos hacen una interpretación de la Constitución que realmente se podría interpretar también como una forma de presionar a la Sala.

El quebrantamiento del orden democrático como pasó en el referendo es un tema que a mí me preocupa incluso más que la misma suerte de un proyecto de ley, porque pueden empujar a esta sociedad a situaciones de grave conflictividad.

Sin embargo, en perspectiva, el pueblo va a terminar ganando una pelea que es justa. No sé en qué plazo, pero creo que hay fuerzas intelectuales sociales, políticas y morales en Costa Rica para cambiar esto.

http://www.semanario.ucr.ac.cr/


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