Miles de opositores a TLC en Costa Rica cerraron campaña en las calles

SAN JOSE, 30 Set 2007 (AFP)

Los opositores al tratado de libre comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos cerraron este domingo su campaña previa al referendo del próximo 7 de octubre con una de las concentraciones más grandes que recuerde la historia reciente del país.

El Movimiento Patriótico contra el TLC colmó de punta a punta el Paseo Colón, la más larga y ancha avenida de la capital, en una manifestación llena de entusiasmo, en el que participaron decenas de miles de ciudadanos.

Unas 150.000 personas según los organizadores, se dieron cita en el Paseo Colón desde tempranas horas de la mañana para decir 'No' a un TLC, firmado en enero del 2004, que mantiene dividida a una de las más viejas democracias de América Latina.

Los manifestantes desplegaron grandes mantas con consignas contrarias al tratado y al presidente Oscar Arias, o portaban banderas azul, blanco y rojo de Costa Rica, gorras o camisetas con lemas centrados en el 'No'.

Predominaban las camisetas con los colores de la bandera estampados en un corazón, símbolo de la lucha anti TLC, que precedido por una 'N' formaba la palabra No. "Corazones contra millones (de dólares) de los del Sí, es lo que significa ese símbolo", dijo Nuri Sánchez, una joven universitaria de 21 años.

"Yo vengo desde La Fortuna de San Carlos --140 km al norte de la capital-- a decir: 'esta patria ni se compra ni se vende'. El próximo domingo vamos a sepultar en votos este maldito tratado", declaró Benigno Arce, un agricultor de 54 años.

Jóvenes y adultos, niños y ancianos, se podían ver por todos los puntos del Paseo Colón, un arteria que ningún partido político, en las campañas electorales, había podido abarrotar en toda su extensión.

La manifestación se realizó en el 147 aniversario del fusilamiento del ex presidente Juanito Mora, quien lideró en 1856 y 1857 la 'Guerra nacional' contra el invasor y esclavista estadounidense William Walker.

"Muchos dicen que un médico fránces le sacó el corazón al cadáver de Mora para conservarlo. Durante todo este tiempo todos se han preguntado dónde está ese corazón, en qué museo, pero yo les digo que ese corazón está hoy aquí", dijo el coordinador del Movimiento Patriótico contra el TLC y rector del estatal Instituto Tecnológico, Eugenio Trejos.

"Igual que los traidores de la patria fusilaron a Mora en 1860, nosotros hoy prometemos que fusilaremos en las urnas electorales, los fusilaremos con votos, a los que pretenden vender el país, con este tratado", declaró Trejos, en un improvisado discurso.

Costa Rica es la única nación centroamericana que no ha ratificado el TLC con Washington.

La polarización provocada por el tratado, obligó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a convocar en mayo pasado al referéndum como una forma de evitar una confrontación social, la cual todavía se mantiene latente, según los analistas.

Si el 'No' llegara a ganar el domingo, Costa Rica se convertiría en la primera nación del planeta en rechazar en las urnas un tratado con Estados Unidos.

"Este TLC no lo queremos, es un TLC que violenta la soberanía, podemos negociar otro, pero no este", dijo Trejos, en declaraciones a la AFP.

Trejos fue ovacionado en su discurso, al igual que el obispo emerito de San Isidro del General, monseñor Ignacio Trejos, quien dijo que se trata "de una lucha entre el bien y el mal, entre los que venden la Patria y los que la defendemos, entre Dios y Satanás".

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¡DE PIE, COMPATRIOTAS!

POR UNA COSTA RICA SOBERANA, DECENTE, DEMOCRATICA Y JUSTA

VOTEMOS EL 7 DE OCTUBRE ¡NO AL TLC!

José Merino del Río
Diputado, Presidente del Partido Frente Amplio

Nuestro pueblo está dando una lección de coraje, dignidad y talento que nos llena de orgullo y de esperanza.

Frente al poder económico, político y mediático que defiende los intereses de los oligarcas con las armas del miedo, de la violencia, del chantaje, de la mentira y del odio, el pueblo de Juanito Mora, de Juan Santamaría, de Pancha Carrasco, de Pablo Présbere, de Carmen Lyra, de Calufa, de García Monge, de Calderón Guardia, de Manuel Mora, de Monseñor Sanabria, de Pepe Figueres, de las fuerzas del trabajo, de la cultura, del honor patrio, se levanta, lucha, resiste, grita ¡basta ya! y marcha con unidad y amor por Costa Rica a la gran victoria en las urnas el próximo domingo 7 de octubre.

Cargados de conocimiento y de razones hemos demostrado que nuestra oposición al TLC se fundamenta en la clara convicción de la grave amenaza que representa para las conquistas democráticas y sociales de nuestro pueblo.

Desde la más extraordinaria y rica diversidad hemos construido el Movimiento Patriótico que nos reúne en el respeto mutuo y en una visión compartida, tanto del mal que rechazamos como de la Costa Rica soberana y solidaria que defendemos y queremos construir como patria en la que quepamos todos y todas, naturaleza incluida.

La experiencia que estamos viviendo nos hace crecer todos los días como seres humanos. La patria se ha convertido en escuela de aprendizaje, de lucha, de encuentro fraternal. El poder del dinero y de los Arias está sucumbiendo ante el poder de nuestra ética, de nuestra verdad. En el crisol de la lucha presente contra el TLC, se está fundiendo el pasado que queremos preservar con la alternativa que deseamos forjar.

Estamos ganando pero hay que ampliar y consolidar la victoria de aquí al 7 de octubre. Nuestro compromiso militante, tan consciente y extraordinario, debe multiplicarse en esta jornada decisiva para convencer, sumar, defender nuestro triunfo. El adversario que tenemos enfrente no tiene escrúpulos, no conoce de barreras morales, está dispuesto a lo que sea para defender el TLC de sus negocios corruptos. Por eso tenemos que estar en vigilia permanente, reforzando nuestras razones, fortaleciendo nuestra unidad, multiplicando y defendiendo nuestros votos hasta el final.

Vamos a la gran marcha del 30. Será histórica con su mar de gentes, su alegría, su firmeza lúcida. Hay que intensificar las visitas casa por casa, las volanteadas, las charlas, los debates, la propaganda creativa e inteligente de todo tipo. Tenemos que integrarnos desde los Comités Patrióticos y desde las orientaciones de las distintas comisiones del Movimiento Patriótico, a las complejas y decisivas tareas del día 7: ni un solo voto del NO se puede quedar en su casa, ni un solo centro de votación sin nuestra presencia, ni una sola mesa sin nuestros fiscales.

¡Adelante, compañeras y compañeros de luchas y de esperanzas! ¡Hacia la gran victoria patriótica del 7 de octubre!

(Publicado en el periódico Pueblo, setiembre-octubre 2007)

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CANCION DEL 30

EL PLAN DELICTIVO EN ACCION

Ofrecen comprar votos para el referéndum

La denuncia presentada el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la intención abierta de comprar los votos de las personas empleadas por las empresas transnacionales para que se pronuncien a favor del TLC en el referéndum, “configura un delito que deber ser perseguido penalmente, tal y como hemos venido insistiendo”, declaró el diputado José Merino del Río.

Para el legislador del Frente Amplio, el TSE debe actuar de inmediato remitiendo la denuncia del Diputado Alberto Salom ante el Ministerio Público, con el fin de que se abra una investigación, que derive en las acusaciones penales respectivas.

En opinión del Diputado Merino detrás del correo electrónico remitido por un funcionario de la Alianza del Sí de Heredia, están las personas que formalmente dan la cara en la campaña como Alfredo Volio o René Castro y los que realmente la dirigen, como los hermanos Arias Sánchez.

“La responsabilidad política y penal debe recaer sobre la cúpula que viene implementando la “estrategia del miedo”, la cual ahora se lleva a límites de chantaje antidemocráticos, desconocidos en la historia política reciente de Costa Rica”, aseguró Merino del Río.

Según la denuncia presentada ante el TSE, la Alianza del Sí propone a los empresarios ofrecer a sus empleados el pago de 1/4 a 1/2 tiempo de la jornada laboral diaria, con el fin de asegurar “llevarlos a votar”. Como alternativa, más grave aún, el empleado deberá solicitar en los centros de votación “un comprobante de asistencia”, para cobrar el dinero en su empresa al día siguiente.

Ambas propuestas son contrarias al artículo 152 del Código Electoral, que establece pena de dos a seis años de prisión a “r) quien con dádivas, promesas de dádivas, violencia, amenazas compeliere a otro a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o abstenerse de votar”.

“El presidente Arias y el embajador Langdale visitan las fábricas, pero como no convencen, tienen que diseñar mecanismos ilegales, que lesionan la dignidad de la población votante que trabaja en esos lugares, intentando comprar sus conciencias y sus votos”, dijo el representante del Frente Amplio.

Terminó diciendo el Diputado Merino que: “Estamos frente a un plan delictivo realmente detestable, ya reseñado en el memorándum Casas – Sánchez, y que se sigue implementando con el mayor descaro, violentando las tradiciones democráticas del país”.

Comunicado de Prensa, 20 de setiembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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UN PLAN DELICTIVO

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

El vergonzoso memorando escrito por el Vicepresidente de la República Kevin Casas y el diputado del Partido Liberación Nacional Fernando Sánchez es un plan estructurado para violentar las leyes y la Constitución Política de Costa Rica. En sí mismo es un acto dirigido a pisotear los más preciados valores y principios constitucionales que deben regir ejercicio de la función pública.

Lo más grave es que no fue escrito por funcionarios de menor rango. El plan para burlar la Ley fue concebido por dos miembros de los Supremos Poderes del Estado electos por el pueblo mediante el sufragio.

Con sus actuaciones estos altos jerarcas le faltan el respeto al juramento constitucional que hicieron al momento de asumir sus cargos: “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?” (artículo 194 de la Constitución Política)

Juraron en vano estos señores, porque la estrategia que diseñaron y detallaron, paso por paso, para usar recursos públicos de instituciones públicas haciendo campaña a favor del TLC y promover visitas a empresas disfrazadas como actos de los ministerios a fin de informar sobre la actividad ordinaria del Gobierno es precisamente todo lo contrario. Es un plan para burlar las prohibiciones contenidas en la Ley del Referéndum que proscriben el uso de recursos públicos para hacer campaña a favor del proyecto en consulta.

Con su memorando Casas y Sánchez pisotearon también el artículo 11 de nuestra Constitución, que establece que los funcionarios públicos “están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.”

El amplio catálogo de matráfulas y artimañas que estos señores proponen al Presidente de la República para “cubrirse las espaldas del Tribunal” no son otra cosa que un plan artero concebido, con ocasión de sus altos cargos públicos, para incumplir la ley electoral y evadir lo resuelto por otro poder del Estado (TSE) en el ejercicio de sus competencias constitucionales.

Una asociación para cometer delitos.

Pero la gravedad de este memorando no radica solo en que es un plan para burlar la Ley, concebido por quiénes están llamados a defenderla en primerísimo lugar.

El memorando de Casas y Sánchez es además un plan que recomienda y promueve la comisión de actos delictivos. Un vicepresidente y un diputado de la República planificando y aportando consejos útiles para la comisión de actos que están calificados como delitos en la legislación costarricense. Así como suena. Veamos:

En la página 3 del citado memorando un Vicepresidente de la República y un diputado de la Asamblea Legislativa proponen lo siguiente:

“Pero hay que hacer algo más, particularmente con los 59 alcaldes del PLN. Hay que hacerlos responsables de la campaña en cada cantón, y transmitirles, con toda crudeza una idea muy simple: alcalde que no gana su cantón el próximo 7 de octubre no va a recibir un cinco del gobierno en los próximos tres años.”

Estas acciones planeadas y propuestas por Casas y Sánchez constituyen delitos que se encuentran tipificados en nuestras leyes penales.

La Ley Nº 8492 de 9 de marzo de 2006, “Ley de Regulación del Referéndum”, establece en su artículo 32 lo siguiente:

“ARTÍCULO 32.- Delitos y contravenciones en el ámbito del referéndum. A quien cometa las conductas tipificadas en los numerales 149, 150, 151, 152 y 153 del Código Electoral, durante la realización de consultas populares bajo la modalidad de referéndum o con ocasión de estas, se le impondrán las penas establecidas en estos artículos para dichas infracciones.”

El artículo 152 del Código Electoral dispone en su inciso r) que:

“Sanción con prisión de dos a seis años
ARTÍCULO 152.- Serán sancionados con pena de dos a seis años de prisión:
(...)
r) Quien, con dádivas, promesas de dádivas, violencia o amenazas compeliere a otro a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o a abstenerse de votar; (...)”

Esto es precisamente lo que proponen los autores del memorando cuando plantean que hay que amenazar a los alcaldes para que se integren a la campaña del SÍ.

También podrían configurar el delito de abuso de autoridad contemplado en el artículo 331 del Código Penal:

“Abuso de autoridad
ARTÍCULO 331.- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionariopúblico, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.”

Casas y Sánchez planean valerse de un alto cargo público, utilizando su posición de poder de forma abusiva para cometer un acto totalmente arbitrario: utilizar recursos públicos destinados a los gobiernos locales para forzar a otros funcionarios públicos a que se integren a la campaña a favor del TLC. Esto no solo perjudica los derechos de los alcaldes, sino también los derechos de los habitantes de los distintos cantones a los que no se les girarían recursos del gobierno para financiar obras comunales.

Del mismo modo, se estaría violentando lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Nº 8422:

“ARTÍCULO 57.- Influencia en contra de la Hacienda Pública
Serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.”

Que altos jerarcas del Gobierno presionen a los alcaldes para que se plieguen a la campaña del SÍ bajo la amenaza de no recibir los recursos públicos destinados a las obras comunales es una forma de ejercer influencias indebidas sobre estos funcionarios, produciendo un resultado lesivo para el interés público: Daña el interés público que los recursos dirigidos a obras comunales no sean asignados bajo parámetros totalmente objetivos de transparencia, objetividad e imparcialidad. Daña el interés público y nuestro sistema democrático, que los más altos jerarcas de Gobierno promuevan que se prive a una comunidad de recibir los recursos que la Ley le asigna, porque un alcalde decidió ejercer sus libertades electorales.

Por último, el memorando de Sánchez y Casas es un plan elaborado en conjunto por estos dos funcionarios para lograr la comisión de las conductas delictivas anteriormente mencionadas. En este sentido, puede haberse configurado el delito de “asociación ilícita” tipificado en el artículo 274 del Código Penal:

“Asociación ilícita
ARTÍCULO 274.- Será reprimido con prisión de uno a seis años, quien tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.”

Responsabilidad penal y responsabilidad política

Desde el punto de vista de la responsabilidad política de los señores Casas y Sánchez, en todos estos casos es irrelevante si se llegó a cometer el delito o si su memorando solo constituyó “un acto preparatorio”. Esta determinación es importante para efectos de analizar la responsabilidad penal de dichos funcionarios previo levantamiento de su inmunidad constitucional.

Pero al margen de esta discusión, el que un vicepresidente y un diputado elaboren un plan donde se recomienda la comisión de conductas delictivas es, de por sí, una falta gravísima y absolutamente reprochable desde el punto de vista de la responsabilidad política exigible a estos jerarcas.

Que un vicepresidente y un diputado recomienden o siquiera insinúen en un documento público la comisión de un acto delictivo es motivo suficiente para solicitar su destitución o renuncia inmediata al cargo, en cualquier democracia madura del mundo.

No interesa si pidieron perdón o no. Cada persona sabrá en su fuero interno si los perdona. Pero no se puede aceptar que altos jerarcas del Gobierno planeen y promuevan la comisión de actos delictivos con ocasión de su cargo y se les permita continuar en ese cargo como si nada hubiera pasado.

Estos señores hicieron un juramento constitucional y lo violaron de forma grave y flagrante. Ha llegado la hora de que la Patria se los demande.

La cortina de humo de la Auditoría de MIDEPLAN

Frente a la gravedad de estos hechos, la reacción del Gobierno ha sido igualmente vergonzosa.

En vez de enfrentar el caso con firmeza y determinación, el Poder Ejecutivo se ha limitado a declarar que “acepta” la separación temporal del señor Casas de su cargo de Ministro, mientras concluye la investigación que el TSE le solicitó a la Auditoría del Ministerio de Planificación.

Esto último no es otra cosa que una cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública del problema de fondo: en Costa Rica un Vicepresidente de la República y un diputado recomiendan en un documento público la comisión de actos delictivos y se les pretende dejar en la más absoluta impunidad.

La investigación solicitada por el TSE a la Auditoría Interna de MIDEPLAN es para determinar la existencia de un hecho independiente y distinto del memorando suscrito por los señores Casas y Sánchez: si, además, la estrategia plasmada en dicho documento fue ejecutada por el señor Casas utilizando fondos públicos asignados a MIDEPLAN.

No cabe duda de que la comprobación de este hecho nuevo constituiría otra infracción de suma gravedad.

Sin embargo, lo que determine la investigación que realiza la Auditoría de MIDEPLAN de ninguna manera le resta gravedad a lo actuado por los señores Casas y Sánchez al elaborar el plan delictivo contenido en el memorando dirigido al Presidente Arias.

De acuerdo con el razonamiento del Gobierno, si esta Auditoría no logra determinar que las recomendaciones contenidas en el memorando se han llevado a la práctica con recursos públicos de ese Ministerio, el señor Casas quedaría librado de toda responsabilidad.

Este razonamiento es absolutamente falaz y busca distraer la atención del pueblo costarricense. Se trata de un nuevo intento por engañar a la opinión pública.

Que el memorando de Casas y Sánchez no se haya ejecutado con recursos de MIDEPLAN no quiere decir que no se haya llevado a la práctica con recursos de otras entidades estatales.

Es más, aún en el supuesto hipotético de que las acciones recomendadas en este memorando no hayan sido ejecutadas del todo, eso no exime de responsabilidad a sus autores por la elaboración de un plan delictivo.

La determinación del grado de ejecución de ese plan de Casas y Sánchez en el caso de MIDEPLAN es importante para dilucidar si se han cometido efectivamente las violaciones a la Ley de Regulación del Referéndum sobre el uso de fondos públicos recomendadas en el memorando. La comprobación de tales violaciones a lo sumo podría dar lugar a sanciones administrativas contra los responsables.

Pero dicha investigación NO exime a Casas y Sánchez de su responsabilidad política por la elaboración de su plan para cometer delitos. De hecho, la comisión de estos delitos ni siquiera es un asunto que forme parte de la investigación que realiza la Auditoría de MIDEPLAN.

Una vez más el Gobierno quiere darle “atolillo con el dedo” al pueblo costarricense.

EN GUARARI DE HEREDIA DENUNCIAN OFRECIMIENTO DE CASAS A CAMBIO DE VOTOS

“Independiente de la decisión que cada costarricense tome o esté por tomar, el Gobierno de forma irresponsable y en franca violación de los más elementales derechos de los costarricenses, nos viene a decir que si no votamos por el Sí no habrá viviendas, ni tampoco ayudas a la comunidad”.

Así se expresaron en una carta dirigida a la Asamblea Legislativa, vecinos de Guararí de Heredia, quienes viven en asentamientos considerados urbano-marginales y que, dejando atrás el miedo, denunciaron con sus firmas la política del chantaje de las autoridades de Gobierno, de cara al referéndum del 7 de octubre.

“Con razón dicen estos vecinos que están enfrentando la ejecución, al pie de la letra, de la estrategia contenida en el memorandum Casas-Sánchez” comentó el Diputado José Merino del Río, para quien la existencia de esta denuncia es suficiente para que se inicien las investigaciones respectivas tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones, como en el Ministerio Público.

Según el legislador del Frente Amplio, las personas funcionarias de los poderes públicos, que estén condicionando ayudas estatales de cualquier tipo a la emisión del voto en una determinada dirección, están infringiendo el artículo 152 del Código Electoral, que establece pena de dos a seis años de prisión a “r) quien con dádivas, promesas de dádivas, violencia, amenazas compeliere a otro a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o abstenerse de votar”.

El Diputado Merino resaltó la valentía de las personas habitantes de Guararí de Heredia, que durante más de una década han soportado las promesas y engaños clientelistas de los partidos tradicionales y ahora se rebelan contra esa injusticia y el proceder delictivo de altos cargos públicos.

Agregó Merino del Río que debe analizarse igualmente si los funcionarios del régimen estarían violentando el articulo 57 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que establece que “Será penado con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados, que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”.

Comunicado de Prensa, 18 de setiembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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EMBAJADOR LANGDALE CONTINUA INTERVINIENDO EN ASUNTOS INTERNOS

El embajador de los Estados Unidos, Mark Langdale, continúa interviniendo en el proceso de referéndum donde los costarricenses decidirán sobre el rechazo o aprobación al Tratado de Libre Comercio, opina el Diputado José Merino del Río.

El parlamentario del Frente Amplio comentó que no sólo brinda declaraciones a la prensa, sino que efectúa, al igual que los funcionarios del Gobierno, visitas a las empresas, donde las personas trabajadoras solo pueden escuchar una de las posiciones de cara al referéndum del 7 de octubre.

“Langdale no se comporta como diplomático sino como procónsul y jefe supremo de la alianza del gobierno, las empresas multinacionales y los medios de comunicación que impulsan el TLC” aseguró el Diputado Merino.

“Estamos ante una muestra más de la desigual batalla que libra el pueblo costarricense, que Monseñor Trejos describe como aquella que enfrentó a David y a Goliat”, siguió diciendo el legislador frenteamplista.

Ahora el embajador Langdale hace evaluaciones del impacto para la coalición del TLC del escándalo del “memorándum de la vergüenza” de Kevin Casas y Fernando Sánchez. Según dijo se trata de “ruido” que no afectará la decisión de los votantes el día del referéndum.

Para el Diputado Merino el embajador Langdale, quien se beneficiaría directamente con una eventual aprobación del TLC por sus ligámenes empresariales, al parecer “ha decidido sustituir al Presidente Arias como cara pública más visible del apoyo al TLC, con el fin de tratar de sacar a flote un barco que se hunde, tras conocerse el engaño de la estrategia de la mentira y el miedo”.

Este proceder repetido del embajador Langdale, según Merino del Río, rompe con las normas diplomáticas internacionales más elementales, y muestra la careta injerencista que caracteriza a la administración derechista de Bush en los Estados Unidos.

Comunicado de Prensa, 17 de setiembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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CARTAGO - LO QUE NO MOSTRARON LOS MEDIOS

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LA PATRIOTICA COSTARRICENSE CANTADA POR EL NO AL TLC

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MARCHA CONTRA EL TLC - Cartago 14 de Setiembre 2007

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CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA EN CARTAGO

Movimiento Patriótico por el NO al TLC, celebra la Independencia en Cartago, 14 de setiembre del 2007.

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CASAS Y SANCHEZ DEBEN RENUNCIAR

Escuche la intervención del Diputado José Merino del Río, en el Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el día 10 de setiembre de 2007. El Vicepresidente Casas y el Diputado Sánchez deben renunciar, sostuvo el legislador del Frente Amplio.

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LA ESTRATEGIA DEL MIEDO EN ACCION

Escuche declaraciones del Diputado José Merino del Río, en conferencia de prensa del día 7 de setiembre de 2007 en el Salón de Beneméritos de la Patria de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, sobre las acciones en curso de la “estrategia del miedo”, sugerida por el Vicepresidente Casas y el Diputado Sánchez, e implementada por el comité de estrategia del Presidente Oscar Arias y el Ministro Rodrigo Arias.

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PLAN DELICTIVO

Escuche la intervención del Diputado José Merino del Río, del Frente Amplio, en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa el 6 de setiembre del 2007, sobre el memorándum enviado por el Vicepresidente de la República, Kevin Casas, y el Diputado Fernando Sánchez, al Presidente Oscar Arias, y el Ministro Rodrigo Arias.

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