EN GUARARI DE HEREDIA DENUNCIAN OFRECIMIENTO DE CASAS A CAMBIO DE VOTOS
“Independiente de la decisión que cada costarricense tome o esté por tomar, el Gobierno de forma irresponsable y en franca violación de los más elementales derechos de los costarricenses, nos viene a decir que si no votamos por el Sí no habrá viviendas, ni tampoco ayudas a la comunidad”.
Así se expresaron en una carta dirigida a la Asamblea Legislativa, vecinos de Guararí de Heredia, quienes viven en asentamientos considerados urbano-marginales y que, dejando atrás el miedo, denunciaron con sus firmas la política del chantaje de las autoridades de Gobierno, de cara al referéndum del 7 de octubre.
“Con razón dicen estos vecinos que están enfrentando la ejecución, al pie de la letra, de la estrategia contenida en el memorandum Casas-Sánchez” comentó el Diputado José Merino del Río, para quien la existencia de esta denuncia es suficiente para que se inicien las investigaciones respectivas tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones, como en el Ministerio Público.
Según el legislador del Frente Amplio, las personas funcionarias de los poderes públicos, que estén condicionando ayudas estatales de cualquier tipo a la emisión del voto en una determinada dirección, están infringiendo el artículo 152 del Código Electoral, que establece pena de dos a seis años de prisión a “r) quien con dádivas, promesas de dádivas, violencia, amenazas compeliere a otro a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o abstenerse de votar”.
El Diputado Merino resaltó la valentía de las personas habitantes de Guararí de Heredia, que durante más de una década han soportado las promesas y engaños clientelistas de los partidos tradicionales y ahora se rebelan contra esa injusticia y el proceder delictivo de altos cargos públicos.
Agregó Merino del Río que debe analizarse igualmente si los funcionarios del régimen estarían violentando el articulo 57 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que establece que “Será penado con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados, que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”.
Comunicado de Prensa, 18 de setiembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio
costa ricatlc cafta
Así se expresaron en una carta dirigida a la Asamblea Legislativa, vecinos de Guararí de Heredia, quienes viven en asentamientos considerados urbano-marginales y que, dejando atrás el miedo, denunciaron con sus firmas la política del chantaje de las autoridades de Gobierno, de cara al referéndum del 7 de octubre.
“Con razón dicen estos vecinos que están enfrentando la ejecución, al pie de la letra, de la estrategia contenida en el memorandum Casas-Sánchez” comentó el Diputado José Merino del Río, para quien la existencia de esta denuncia es suficiente para que se inicien las investigaciones respectivas tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones, como en el Ministerio Público.
Según el legislador del Frente Amplio, las personas funcionarias de los poderes públicos, que estén condicionando ayudas estatales de cualquier tipo a la emisión del voto en una determinada dirección, están infringiendo el artículo 152 del Código Electoral, que establece pena de dos a seis años de prisión a “r) quien con dádivas, promesas de dádivas, violencia, amenazas compeliere a otro a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o abstenerse de votar”.
El Diputado Merino resaltó la valentía de las personas habitantes de Guararí de Heredia, que durante más de una década han soportado las promesas y engaños clientelistas de los partidos tradicionales y ahora se rebelan contra esa injusticia y el proceder delictivo de altos cargos públicos.
Agregó Merino del Río que debe analizarse igualmente si los funcionarios del régimen estarían violentando el articulo 57 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que establece que “Será penado con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados, que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”.
Comunicado de Prensa, 18 de setiembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio
costa ricatlc cafta
Etiquetas: CAFTA, Costa Rica, No TLC, TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 6:12 p. m.
<< Home