viernes, abril 18, 2008

CONTRA LA PERSECUSION SINDICAL

San José, 17 de abril de 2008
JMR-JFFA-072-2008

Señor
Francisco Morales
Ministro
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
S.O.

Estimado señor:

He tenido conocimiento de los graves hechos de persecución sindical denunciados por los dirigentes sindicales Marvin Marín Mora y David Morera Herrera, secretario de asuntos internacionales y secretario de finanzas respectivamente del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS) organización afiliada a la Central General de Trabajadores (CGT)

De acuerdo con esta denuncia, los dirigentes mencionados sufren prácticas desleales y persecución antisindical que se concretan en injustificados procesos de despido iniciados por las autoridades del Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense del Seguro Social, como represalia por el ejercicio de actividades propias de su condición de dirigentes sindicales.

Ante esta situación le solicito dar trámite expedito y prioritario a las denuncias presentadas por las personas afectadas e intervenir de forma inmediata a fin de garantizar el cese de las prácticas laborales desleales denunciadas.

Asimismo y de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, le solicito me informe sobre las medidas adoptadas por su despacho para dar atención a la presente solicitud.

Lamentablemente, estas denuncias se están volviendo una constante en la actual Administración y es sumamente preocupante que cada vez sean más los casos de este tipo de prácticas que van dirigidas contra dirigentes que tuvieron una destacada participación en la lucha contra el TLC. Basta con recordar denuncias similares por procesos de despido iniciados contra los señores Luis Salas y Alicia Vargas de sindicato UPINS del Instituto Nacional de Seguros y los señores Fabio Chávez, Francisco Aguilar y Jorge Arturo Vega del sindicato ASDEICE del Instituto Costarricense de Electricidad.

Igualmente preocupa el persistente y reiterado incumplimiento del Gobierno de la República de los compromisos adquiridos para la aprobación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo Nº 151 “Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública” y Nº 154 “Fomento de la Negociación Colectiva”.

Como usted recordará señor Ministro, en octubre de 2006 con motivo de la visita a nuestro país de la Misión de Alto Nivel de la Oficina Internacional del Trabajo, el Gobierno se comprometió ante dicha representación internacional y los jefes de fracción de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento a impulsar la aprobación en la Asamblea Legislativa de estos importantes instrumentos internacionales de derechos humanos, indispensables para garantizar la protección a la libertad sindical en nuestro país.

Sin embargo, hasta la fecha no ha realizado ninguna acción efectiva para cumplir este compromiso. De hecho, ni siquiera ha presentado a la corriente legislativa los citados convenios. Tal omisión ha impedido que puedan iniciar su trámite legislativo, ya que, como usted bien sabe, en materia de tratados internacionales la iniciativa es exclusiva del Poder Ejecutivo.

A lo expuesto debe sumarse la crónica inexistencia en Costa Rica de verdadera y efectiva libertad sindical en el sector privado. A pesar de que hay normas en nuestra Constitución Política y en el Código de Trabajo que declaran este derecho, en la práctica su cumplimiento se torna ilusorio para las y los trabajadores.

La libertad sindical es un derecho inexistente en el sector privado de nuestro país debido a la ausencia de un procedimiento expedito en vía judicial que permita hacer efectivo el fuero sindical y reinstalar de forma inmediata a las y los trabajadores que son despedidos por afiliarse a un sindicato o intentar su constitución en la empresa privada. Tal omisión obliga a las personas afectadas por este tipo de prácticas antisindicales a someterse a un largo proceso ordinario que puede durar más de tres años para obtener una orden de reinstalación y el pago de los salarios dejados de percibir. Evidentemente, esta larga espera tiene consecuencias gravísimas para las personas trabajadoras y sus familias que desestimulan la afiliación sindical en el sector privado.

En la Asamblea Legislativa existen varias iniciativas de reforma a la legislación laboral que buscan solucionar esta problemática, entre las que destaca el proyecto de ley tramitado bajo el expediente Nº 13.475, el cual tiene casi diez años en la corriente legislativa y se encuentra listo para su votación definitiva en el Plenario.

No obstante, en la presente legislatura ha sido imposible conocer dicha iniciativa, en parte debido a que el Gobierno de la República no la ha convocado al periodo de sesiones extraordinarias ni ha mostrado voluntad política para asignarle un espacio en la agenda legislativa. Esto último, a pesar de que en diversos foros internacionales como la Organización Internacional del Trabajo también ha asumido el compromiso formal de implementar mecanismos eficaces para garantizar la protección del fuero sindical en el sector privado de nuestro país.

Así las cosas, nos encontramos ante un doble discurso de la Administración Arias Sánchez. Afuera de Costa Rica declaraciones e incontables promesas sobre la paz, la libertad y la protección de los derechos humanos. Adentro, nulas acciones para garantizar el respeto a estos derechos y un incremento notable de la represión y la persecución contra dirigentes sindicales.

Ante esta realidad, le insto a adoptar acciones concretas e inmediatas a fin de que nuestro país vuelva por el camino del respeto a los derechos humanos.

Atentamente,

José Merino del Río
Diputado
Fracción Frente Amplio


Ci: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República
Organización Internacional del Trabajo Costa Rica

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