EL SECRETO DE COMEX

José Merino del Río*

El Ministro de Comercio Exterior se niega a entregar un proyecto de reglamento ejecutivo, que es parte de la “agenda de implementación” del TLC con los Estados Unidos. Sorprenden los argumentos para intentar justificar este proceder. Comex declara “secreto” el proyecto de reglamento. En opinión del ministro Ruiz informar podría “entorpecer” la labor del Gobierno, generar “expectativas” en la población y permitir que los sectores interesados presionen.

¿Por qué tanto hermetismo? La verdad es que Comex intenta aprobar, vía decreto, las reformas más polémicas exigidas por el Capítulo de Propiedad Intelectual del TLC: la creación de un derecho exclusivo sobre el uso de datos de prueba requeridos para aprobar la comercialización de medicamentos y agroquímicos (por plazos de 5 y 10 años respectivamente), así como la cláusula conocida como “vinculación patente-registro”, que obliga al Ministerio de Salud a convertirse en “policía” de las compañías farmacéuticas, rechazando el registro de medicamentos genéricos cuando éstas aleguen que se infringen sus patentes.

Estamos ante una maniobra que busca sustraer el debate sobre estos temas de la Asamblea Legislativa, impidiendo que se discutan a fondo las implicaciones sobre el derecho a la salud de las normas sobre patentes del TLC. Mientras algunos diputados plantean proyectos de ley que -según ellos- ayudarían a paliar los efectos negativos sobre la Caja y la producción de medicinas genéricas, el Gobierno pretende resolver el tema en la oscuridad, sin participación de quienes resultarán directamente afectados y sus representantes.

Pero hay más. El trámite atropellado de este reglamento marca el inicio oficial del “proceso de certificación” exigido por el Gobierno de Estado Unidos como condición para la entrada en vigencia del TLC, a pesar de que este no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa.

Lo ocurrido en naciones como Guatemala y República Dominicana muestra que la gran “piedra en el zapato” de este proceso son las normas de propiedad intelectual sobre medicamentos y agroquímicos donde Estados Unidos exige -y obtiene- concesiones que van mucho más allá, no solo de las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sino de lo negociado en el TLC. Si quedaba un margen de flexibilidad para interpretar las obligaciones asumidas de una forma más favorable para el derecho de acceso a los medicamentos, es aquí donde tiende a cerrarse.

Ni siquiera Chile ha podido salvarse de la voracidad de las compañías farmacéuticas estadounidenses. El Representante Comercial de EE.UU. acaba de ubicar a Chile dentro de la Lista de Vigilancia Prioritaria 301 (8 de enero de 2007). Esta lista es un mecanismo unilateral de la legislación estadounidense que faculta al Gobierno a imponer sanciones comerciales a los países que, en su opinión, no respetan las normas de propiedad intelectual.

Según las trasnacionales farmacéuticas y el Gobierno estadounidense, las leyes de implementación del TLC relacionadas con medicinas genéricas aprobadas por Chile, no cumplen con las “obligaciones” impuestas en dicho Tratado. ¡Precisamente las mismas normas de implementación que el Comex pretende copiar en Costa Rica para “minimizar” el impacto negativo del TLC sobre el derecho humano de acceso a las medicinas!

Se empiezan a entender ahora las razones de fondo del Gobierno de Oscar Arias para mantener en secreto el trámite de las normas de implementación del TLC en esta materia, excluyendo al Parlamento. Una sociedad democrática como la costarricense no toleraría las imposiciones y abusos que se han dado en países hermanos. Mejor ocultarlos. Además es la forma más fácil de modificar constantemente las normas propuestas, hasta que finalmente se adapten a las desproporcionadas exigencias de EE.UU.

¿Habrá ya funcionarios estadounidenses destacados en el Comex revisando los artículos de este reglamento? ¿Le habrán denegado su “visto bueno”? ¿Qué más están pidiendo? ¿Serán estos los motivos por los que su texto se declaró secreto? Preguntas que el Ministro debe responder. No a este diputado, sino al pueblo de Costa Rica, para que pueda ejercer su legítimo derecho de participación ciudadana en el trámite de normas de carácter general, tutelado en el artículo 9 de la Constitución Política.

* Diputado del Frente Amplio. Artículo publicado en los periódicos Extra y La Prensa Libre del 10 de marzo de 2007 y en La República del 12 de marzo de 2007.

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