FRENTE AMPLIO SE OPONE A REFORMA A LEY DE MARINAS

-Bajo la excusa de “simplificación de trámites” proyecto promueve la desprotección de nuestras zonas costeras y la eliminación de controles ambientales.

-Más de lo mismo del TLC: más beneficios y privilegios para las grandes trasnacionales, menos derechos para las comunidades locales.

La Fracción del Partido Frente Amplio hace de conocimiento de la opinión pública su rotunda oposición al proyecto de ley 14.836 que se discute actualmente en el Plenario Legislativo y que pretende reformar la Ley de Marinas Turísticas con el fin de reducir los controles ambientales existentes para facilitar la construcción de las más de 22 marinas y atracaderos turísticos que se quieren construir en el territorio nacional.

Nos oponemos porque reducir los controles ambientales para la instalación de marinas turísticas equivale a favorecer la apropiación privada de nuestras playas, limitando aún más el acceso, uso y disfrute por parte de la población costarricense.

Nos oponemos porque se trata de un proyecto sustentado en la misma ideología neoliberal de la implementación del TLC. Una ideología que considera los controles y requisitos dirigidos a garantizar la protección del ambiente y los derechos de las comunidades como “obstáculos al comercio y a las inversiones” que es necesario reducir o eliminar.

Después de un análisis exhaustivo de sus contenidos hemos llegado a la conclusión de que el proyecto introduciría cambios absolutamente perjudiciales para el país, como los siguientes:

-Permite otorgar concesiones a particulares sobre bienes de dominio público como el mar territorial y la zona marítimo-terrestre, sin que los concesionarios cuenten con la aprobación previa de una evaluación de impacto ambiental sobre los proyectos que pretenden construir. Hoy en día no se pueden otorgar estas concesiones si los interesados no han obtenido antes la viabilidad ambiental de sus proyectos. Pero con este cambio se les otorgarían derechos adquiridos sobre bienes públicos antes de que demuestren que lo que pretenden hacer con nuestras zonas costeras es viable ambientalmente.

Se trata de una reforma inconstitucional, que reproduce la redacción del tristemente célebre artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y que fue anulado por la Sala Constitucional. Lo más grave es que esta reforma favorece a los inversionistas extranjeros en la utilización del TLC para demandar al país por sumas millonarias antes tribunales arbitrales internacionales cada vez que consideren que una decisión del Estado afecta sus intereses.

De aprobarse el proyecto, estos inversionistas tendrían un arma poderosa para chantajear a las autoridades nacionales en caso de que resuelvan que sus proyectos no son ambientalmente viables. En la actualidad únicamente son titulares de una expectativa de derecho que no se concretado aún, por no haberse cumplido con todos los requisitos ambientales exigidos para obtener una concesión. Pero con la reforma podrán alegar que se violan sus “derechos adquiridos” o que se les está “expropiando” si la SETENA rechaza sus estudios de impacto ambiental.

De esta forma, puede repetirse en nuestras zonas costeras el caso de la petrolera Harken, que obtuvo una concesión sin la previa aprobación de un estudio de impacto ambiental bajo el mismo esquema inconstitucional que ahora se pretende implantar en la Ley de Marinas, y que se ha valido de ese hecho para presentar demandas multimillonarias contra el país.

-En el transitorio II del proyecto se establece que las marinas y atracaderos turísticos que en la actualidad se encuentren operando sin los permisos respectivos, es decir, de forma ilegal, quedarán eximidos de la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental para ponerse a derecho, ignorando que podrían estar causando daños gravísimos e irreversibles al ambiente. De esta forma, se premia a los dueños de marinas que violaron la legislación ambiental del país. No dudamos que este transitorio tiene nombres y apellidos. ¿A quienes se pretende beneficiar?

-Solo se busca darle mayores privilegios a los inversionistas, pero no se establecen medidas para proteger a las comunidades afectadas por megaproyectos de marinas. El proyecto aumenta de veinte a treinta y cinco años el plazo máximo de duración de las concesiones de marinas y atracaderos turísticos, incrementando notablemente el tiempo en que las poblaciones locales quedarán imposibilitas de disfrutar libremente de las zonas costeras.

Por las razones expuestas y muchas otras más, la Fracción del Partido Frente Amplio le dará su voto negativo al expediente 14.836 y hace un llamado urgente a la población costarricense para que se manifieste en contra de este nefasto proyecto de ley.