DESCONOCEN MOCIONES DE DIPUTADO MERINO EN COMISION DE TELECOMUNICACIONES

El Diputado José Merino del Río presentó una moción para reenviar a la Comisión Dictaminadora el proyecto de "Ley General de Telecomunicaciones", expediente 16.398, con el fin de que se conozcan tres mociones presentadas por él y una del Diputado Oscar López, que no fueron conocidas y a las que simplemente se les colocó el sello de "rechazadas".

Dicha moción fue rechazada por 23 legisladores presentes, mientras 15 la votaron a favor. Sin embargo el Presidente del Directorio, Francisco Antonio Pacheco anunció una investigación en forma independiente del resultado de la votación.

Según el legislador del Frente Amplio se trata de subsanar un "vicio sustancial del procedimiento" ya que, después de revisar la grabación de la sesión de la Comisión Especial, pudo constatar que las mociones no fueron anunciadas, ni discutidas, ni votadas, a pesar de lo cual aparecieron en el acta que se coloca en el Sistema de Información Legislativa (SIL).

Para el Diputado Merino se trata de un asunto grave, ya que hubo dos alteraciones del Acta de la sesión extraordinaria 91 del 12 de diciembre de 2007, primero al incluir el texto de unas mociones que de acuerdo a la grabación no se llegaron a discutir y a las que, después en una segunda versión, se les puso al final el texto "rechazada", con excepción de una de ellas.

El parlamentario solicitó que el proyecto de ley sea devuelto a Comisión por dos días, para que se conozcan las mociones que se excluyeron y también para que se inicie de inmediato un procedimiento que permita establecer quién y por qué altero el documento público.

Con anterioridad el Diputado Merino del Río había presentado una moción con intención similar, que fue rechazada en el plenario legislativo al argumentar el presidente de la Comisión que las mociones del representante del Frente Amplio estaban incluidas en el acta indicando "no solamente la votación, cuántos a favor, cuántos en contra, por qué se rechazó".

Lo anterior sin embargo no consta ni en el acta escrita ni en la grabación sonora de la sesión, por lo que corresponde, insistió el Diputado Merino, es devolver el proyecto a la Comisión, con el fin de que las mociones sean tramitadas.

Comunicado de Prensa, 20 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

MAS ALLA DEL TLC

Eliminan requisito de la Ley de Radio que exige mínimode capital nacional para empresas que exploten servicios inalámbricos

Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

-Cambio introducido a última hora en proyecto de Ley de Telecomunicaciones
-Otra reforma que no es requerida por el TLC para favorecer a grupos trasnacionales.
-Siguen usando las leyes de implementación para “meter goles”, que van mucho más allá de lo exigido por el tratado.

En el artículo 83 del proyecto de Ley de Telecomunicaciones (expediente Nº 16.398) introdujeron reforma para derogar el artículo 3 de la Ley de Radio, Nº 1758 que actualmente dice:

“Artículo 3º.- El establecimiento, manejo y explotación de empresas de servicios inalámbricos, que hagan negocio con sus trasmisiones, sólo podrán permitirse a ciudadanos costarricenses, o compañías cuyo capital en no menos de un 65% (sesenta y cinco por ciento) pertenezca a costarricenses. El establecimiento y funcionamiento de estaciones de radioaficionados no estará sometido a la indicada restricción, pero no se concederá derecho al extranjero con residencia en Costa Rica, en cuyo país de origen no se conceda el mismo a ciudadanos costarricenses. El Estado ejercerá la vigilancia y control de todas las instalaciones de servicios inalámbricos.”

Esta modificación la pretenden imponer, a pesar de que NO ES UN CAMBIO EXIGIDO POR EL TLC. Por el contrario, en dicho Tratado Costa Rica reservó expresamente su facultad de mantener la norma citada tal y como consta en el Anexo I de Medidas Disconformes, Lista de Costa Rica (páginas 585 y 586 del texto publicado en La Gaceta)

Es decir, una vez más pretenden usar la agenda de implementación del TLC como “caballo de Troya” para imponer cambios a nuestra legislación que ni siquiera son requeridos por el Tratado y que, más bien, fueron excluidos expresamente durante las negociaciones.

¿Quién se beneficia con la derogatoria del artículo 3 de la Ley de Radio? Esta reforma solo puede beneficiar a los grupos económicos trasnacionales que tienen intereses en empresas de servicios de radio difusión y televisión, ya que se eliminaría el requisito vigente en la actualidad de contar un mínimo de 65% de capital nacional.

Se consolidaría así el proceso de trasnacionalización de estas importantes actividades, favoreciendo el desplazamiento de las empresas nacionales.

Nos preguntamos si esta reforma será el motivo por el cual algunas empresas de radio y televisión apoyaron de forma tan ferviente el TLC durante la campaña del referéndum del 7 de octubre, aún contra los principios más elementales de la ética periodística y nuestra legislación electoral.

Es importante agregar que sobre la norma que pretenden derogar, la Sala Constitucional ha manifestado: “de conformidad con lo que dispone el numeral 121 inciso 14) de la Constitución Política, que impide la enajenación de diversos bienes estatales, entre ellos los servicios inalámbricos, las normas impugnadas no resultan inconstitucionales per se, ya que el mismo constituyente estableció un régimen diferenciado de tutela de tales derechos a favor de la colectividad, impidiendo su salida definitiva del patrimonio público y permitiendo apenas su uso por parte de terceros mediante los mecanismos de concesión especial otorgada de acuerdo con la Ley.”

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONFIRMA DENUNCIAS DE DIPUTADO MERINO

Proyecto de ley deberá volver al Plenario

La Corte Suprema de Justicia confirmó las denuncias del Diputado José Merino del Río en relación con las reformas que se pretendían introducir al proyecto de reformas a la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, al entregar a la Asamblea Legislativa su opinión sobre este texto.

De acuerdo con el Diputado Merino estas reformas que aprobó la “mayoría mecánica” en Comisión Plena, no solo iban más allá de lo que exige el TLC, “sino que respondían a exigencias que las grandes transnacionales hicieron con la mediación de agencias del gobierno de los Estados Unidos, y que fueron tramitadas en Costa Rica a través de los ministerios de Comercio Exterior y de Justicia”.

La Corte Suprema de Justicia en su comunicación a la Asamblea Legislativa cuestiona todos los aspectos previamente denunciados por el legislador del Frente Amplio. Indican que las sanciones carcelarias no respetan las reglas de “razonabilidad y proporcionalidad”, impidiendo que los personas condenadas puedan acceder al beneficio de la ejecución condicional de la pena.

También critican los magistrados la doble sanción con penas de cárcel y multas al mismo tiempo lo que supone una duplicidad en los procesos judiciales, así como los cambios confusos y ambiguos al “principio de lesividad”, que tal y como había manifestado el Diputado Merino podrían conducir a la cárcel a un estudiante o profesor por el hecho de hacer unas fotocopias de un libro.

Merino del Río dijo que se ha demostrado que “a través de la denuncia pública y el control político en el parlamento junto a la presión social, se puede impedir que los poderes transnacionales y sus socios locales, vayan más allá de lo que el TLC manda en el trámite de las leyes de implementación, o intentar moderar su impacto negativo para las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías”.

“El Frente Amplio no ha negociado nada con el Gobierno ni con su representación parlamentaria, sin embargo han tenido que reconocer los excesos en los proyectos de propiedad intelectual que ahora ratifica la Corte Suprema de Justicia, la falta de una página clave en el Tratado de Marcas, o ceder ante la pretensión de privatizar la telefonía fija o de quitarle al ICE la representación en el tratado eléctrico centroamericano”, agregó el parlamentario.

En relación con el procedimiento el Diputado José Merino considera que “ahora el proyecto de ley tendrá que volver al Plenario Legislativo para corregir su redacción porque las objeciones de la Corte se refieren a aspectos que afectan el funcionamiento del Poder Judicial lo que, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, califica su votación. Esta situación hace que el proyecto no pueda ser delegado a una Comisión Plena donde solo hay 19 diputados, ya que como lo ha dicho la Sala Constitucional en estos casos los proyectos objetados por la Corte deben ser conocidos por el Plenario Legislativo” y terminó diciendo que "Un proyecto con implicaciones tan serias para el país no puede ser tramitado en una Comisión Plena".

Comunicado de Prensa, 20 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

FRENTE AMPLIO EN TODO EL PAIS

El Diputado José Merino del Río, en su condición de presidente del Comité Ejecutivo del Frente Amplio, anunció el inicio del proceso de inscripción de esta agrupación política a nivel nacional.

El Frente Amplio participó por vez primera en los comicios de febrero de 2006 como partido provincial en San José, y ahora prepara para inicios del 2008 la asamblea general que acordará su transformación en partido nacional.

“Después de veinte meses de gestión parlamentaria y política de resistencia frente a las políticas neoliberales, el Frente Amplio ya es un referente nacional y lo que falta es dar todos los pasos para adquirir la legalidad institucional durante el próximo año 2008”, comentó el Diputado Merino.

Según el legislador el Frente Amplio “se inscribirá y construirá como una agrupación de izquierda patriótica, transformadora y latinoamericana, que reunirá seguramente a un amplio sector de luchadores y luchadoras del campo social y político”.

“Creemos que hay espacio en el país para un partido de izquierda democrática, de lucha y ética, capaz de proponer soluciones a los problemas de cada momento del país y de sus gentes”, agregó Merino del Río.

Lo anterior según el Diputado Merino no excluye, sino que al contrario, presupone “una capacidad de estar generando permanentemente acuerdos puntuales y estratégicos con otros sectores del arco progresista y antineoliberal, cada uno desde su propia autonomía e identidad”.

Indicó que se trata en este momento que enfrentamos de “construir alternativas unitarias al poder neoliberal” y el Frente Amplio se concibe como una de ellas, que puede contribuir, a través de alianzas y un acuerdo de programa común, a la conquista democrática de un gobierno progresista en febrero del 2010.

En particular anunció el Diputado Merino que “El Frente Amplio se compromete a participar en la Mesa de Diálogo Nacional, convocada por los Comités Patrióticos, que permita unificar, en el respeto a la diversidad, a todos los sectores políticos y sociales del Movimiento Patriótico, para constituir la convergencia necesaria, desde el debate y la lucha, para hacer realidad un gran frente patriótico, que consolide y desarrolle hoy la lucha contra la agenda de implementación y abra mañana la esperanza posible y necesaria de conquistar en las urnas un gobierno al servicio de las mayorías y del país”.

“Sin resistencia no habrá nunca alternativa, sin lucha nunca lograremos transformar las relaciones sociales, las elecciones serán parte de esa lucha, pero lo fundamental es la construcción diaria, paciente y con visión estratégica del sujeto popular de la resistencia y de la construcción de la alternativa”, finalizó diciendo Merino del Río.

Comunicado de Prensa, 18 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

ICE SEGUIRA REPRESENTANDO A COSTA RICA EN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL

Al aprobarse en comisión la eliminación del artículo 58 del proyecto de ley de “fortalecimiento y modernización” de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, las obligaciones y derechos del Estado costarricense como parte del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, se mantendrán en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La moción para eliminar este artículo fue presentada por el Diputado José Merino del Río y fue aprobada por unanimidad por todos los integrantes de la comisión especial encargada del expediente 16.397.

El artículo 58 del proyecto de ley en discusión, trasladaba las obligaciones y derechos de Costa Rica al “Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”, mientras la Ley 7848, donde la Asamblea Legislativa ratificó el Tratado, las asigna al ICE, “por habérsele encomendado el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee y la planificación del sistema eléctrico nacional”.

De acuerdo con la Ley 7848, el ICE quedó facultado además para participar como accionista en la empresa propietaria de la red eléctrica de América Central.

Según el legislador del Frente Amplio se trata de un “pequeño logro” en medio de un proyecto destinado en lo fundamental a “debilitar y desmantelar” el Instituto Costarricense de Electricidad y otras entidades públicas del sector.

El Diputado Merino ha iniciado en el plenario legislativo la reiteración de 175 mociones rechazadas en la comisión especial, que “tienden a restaurar el verdadero sentido que deben tener palabras como modernización y fortalecimiento”, ya que con la legislación propuesta “se perderá el control soberano de dos industrias estratégicas como la energía y las telecomunicaciones, conduciendo a un mercado oligopólico controlado fundamentalmente por dos empresas transnacionales, la del mexicano Carlos Slim y la Telefónica de España, como ha ocurrido en toda la América Latina”.

Comunicado de Prensa, 18 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

RESISTENCIA CREATIVA

Videos Kamuk presenta:

No solo empresas desfilaron en el Festival de la Luz

Un grupo de jóvenes burló la estricta vigilancia de Jhonny Araya y desfiló frente a las cámaras de Teletica con pancartas de resistencia. "No somos una empresa, somos el pueblo" decía la manta principal.

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INTENTAN DESPEDIR DIRIGENTES SINDICALES DE ASDEICE

Escuche intervención del Diputado Merino. A Continuación comunicado de prensa.

DIPUTADO MERINO DENUNCIA INICIO
DE PROCESO DE DESPIDO DE DIRIGENTES
SINDICALES DEL ICE

El Diputado José Merino del Río denunció en el plenario legislativo que el día de hoy en la mañana a tres dirigentes sindicales del ICE, Fabio Chávez, Francisco Aguilar y Jorge Vega (conocido como “Tyson”), se les inició un expediente de despido.

El legislador del Frente Amplio dijo que se trata de un “gravísimo atropello para intentar acallar la voz de las fuerzas laborales del ICE” y responsabilizó por esta decisión directamente a la Casa Presidencial.

Los tres dirigentes sindicales son integrantes de la junta directiva de ASDEICE y de acuerdo con Merino del Río se les está cobrando “la participación durante más de veinte años en movimientos sociales en defensa de la institución y por denunciar las gollerías de quienes han dirigido el ICE durante los últimos años”.

Recordó el Diputado Merino que no se ha procesado a ningún dirigente sindical por recibir las millonarias comisiones en dólares de la empresa ALCATEL y que no fue tampoco ningún líder laboral el que trajo a MILLICOM, o autorizó contratos leoninos con las cogeneradoras privadas de electricidad.

Según el parlamentario en estas condiciones de represión del movimiento laboral no es posible una discusión parlamentaria serena sobre unos proyectos de ley que conducen al desmantelamiento del ICE y la entrega del mercado a las transnacionales y sus socios locales.

“¡No nos van a silenciar! ¡Trabajadores del ICE no están solos! ¡Ciudadanos no permitamos que se consumen este tipo de atropellos contra los derechos democráticos!”, terminó exclamando el Diputado Merino, quien llamó a la ciudadanía patriota a impedir que se consume este intento de despedir a los tres dirigentes sindicales de ASDEICE.

Cuando el diputado frenteamplista hacia esta denuncia en el plenario legislativo, la Casa Presidencial retiró intempestivamente del conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley sobre “fortalecimiento del ICE”.

Comunicado de Prensa, 14 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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ACCESO AL AGUA POTABLE COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

Propone reforma constitucional Diputado Merino

Una reforma para incluir el reconocimiento expreso del derecho humano fundamental de acceso al agua potable y al alcantarillado sanitario para todas las personas en la Constitución de la República, propuso el Diputado José Merino del Río.

Según explicó el Diputado Merino la reforma adelantada “busca establecer una garantía constitucional que proteja a la población costarricense frente a cualquier intento futuro de las personas gobernantes de someter el agua a mecanismos de privatización”.

“Lamentablemente en muchas naciones hermanas de América Latina se ha privatizado el agua con graves perjuicios para la población, y en algunos países ya están dando marcha atrás ante los impactos negativos, por lo que se trata de una reforma preventiva para evitarle sufrimientos a nuestro pueblo”, dijo Merino del Río.

Agregó el parlamentario que “en el caso de nuestro país quienes defendieron el TLC con los Estados Unidos argumentaron que no conduciría a la privatización del agua, por lo que seguramente estarán de acuerdo con esta reforma que busca precisamente impedirla, estableciendo una especie de blindaje constitucional, para proteger a las futuras generaciones”.

La propuesta del legislador del Frente Amplio se tramita bajo el expediente 16.897, contó con el respaldo para su presentación de nueve legisladores/as del Partido Acción Ciudadana (PAC), e incluye la adición de un articulo 50 bis y la reforma del inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política, estableciendo un conjunto de principios básicos que deberán incluir respetando las normas nacionales y las políticas públicas relacionadas con el agua.

“No basta con reconocer el derecho de la población a tener acceso al agua, sino que también deben crearse las condiciones para que pueda hacerse realidad y sostenerse en el tiempo”, manifestó el Diputado Merino.

Entre los principios básicos para alcanzar el objetivo se incluye “la necesidad de una gestión sustentable del agua, que garantice su preservación para las futuras generaciones”, “la necesaria planificación tomando como unidad básica las cuencas hidrográficas, bajo un enfoque ecosistémico”, “la participación activa de las y los habitantes y las comunidades locales”, y “la definición del abastecimiento de poblaciones como prioridad en el uso del agua”.

Comunicado de Prensa, 12 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 50 BIS Y REFORMA DEL INCISO 14 DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA

ARTÍCULO 1.- Adiciónase un artículo 50 bis a la Constitución Política, el cual se leerá de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 50 BIS.- El agua es un recurso natural finito esencial para la vida. El acceso al agua potable en condiciones de cantidad y calidad adecuadas y al alcantarillado sanitario es un derecho humano fundamental.

El Estado garantizará que las normas y políticas nacionales relacionadas con el agua se regirán, como mínimo, por los siguientes principios:

1) La gestión sustentable del agua, solidaria con las generaciones futuras y la preservación del ciclo hidrológico. Deberán adoptarse medidas efectivas para garantizar la protección y restauración de las aguas superficiales y subterráneas, las nacientes y las áreas de recarga acuífera, así como otras áreas que establezca la Ley.

2) La planificación y el ordenamiento del territorio, tomando como unidades básicas las cuencas hidrográficas y asegurando la preservación de los ecosistemas.

3) La participación de las y los habitantes y las comunidades locales en todas las instancias de planificación y gestión del agua.

4) La definición de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas. El abastecimiento de agua potable a poblaciones será la primera prioridad. Deberá promoverse la distribución equitativa del recurso. Los usos dirigidos a satisfacer las necesidades de las y los habitantes y las comunidades locales en el territorio nacional prevalecerán sobre cualquier otro uso.

Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere estos principios será absolutamente nula. El Estado podrá modificar los derechos para hacer uso del agua a fin de cumplir con estos principios.

Cualquier conflicto que surja en el país que tenga relación con el agua deberá conocerse en los tribunales de justicia de Costa Rica.”

ARTÍCULO 2.- Modifícase el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política, que se leerá de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

(...)

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación.

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:

a) Las aguas y las fuerzas que puedan obtenerse de ellas en el territorio nacional;

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional;

c) Los servicios inalámbricos;

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado.

Los servicios públicos de abastecimiento de agua potable para consumo humano y de alcantarillado sanitario serán prestados exclusiva y directamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades o asociaciones comunales locales sin fines de lucro. La prestación de estos servicios deberá realizarse bajo el principio de servicio al costo, anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.”

TRANSITORIO ÚNICO.- Dentro de un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley marco de aguas que incorpore los principios contenidos en la presente reforma constitucional.

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DIPUTADO MERINO IMPUGNA ARTICULO 41 BIS DEL REGLAMENTO LEGISLATIVO

Presenta acción de inconstitucionalidad

El Diputado José Merino del Río presentó el día de hoy ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 bis del Reglamento Legislativo, por vicios sustanciales en el procedimiento parlamentario seguido en la tramitación del expediente que le dio origen.

El legislador del Frente Amplio denunció ante la Sala Constitucional que en fecha posterior a la votación en el Plenario legislativo el texto del artículo 41 bis “fue alterado por el fondo”, ya que no coinciden el texto aprobado y el publicado posteriormente en el Diario Oficial.

Según consigna el Diputado Merino en su alegato, el texto sustitutivo aprobado el 29 de julio de julio de 1999 y votado en forma definitiva el 8 de noviembre de 1999 en el plenario, dice en el párrafo segundo del inciso e) sobre la “moción para fijar plazos de votación”, que: “En todo caso, si vencido el plazo de los dos meses no se hubiese cumplido con las seis sesiones mínimas de discusión del proyecto por el fondo, se tendrá por prorrogado el plazo automáticamente...”; sin embargo el texto publicado en La Gaceta es distinto pues dice: “En todo caso, si vencido el plazo de las veintidós sesiones no se hubiese cumplido con las seis sesiones mínimas de discusión del proyecto por el fondo, se tendrá por prorrogado el plazo automáticamente...”

Merino del Río sostiene que “no consta registro alguno de que antes de la votación final la Asamblea aprobara la introducción de este cambio sustancial”. Argumenta que no se presentaron ni votaron mociones de fondo, ni hay prueba de que algún órgano legislativo haya acordado o avalado la introducción esta modificación antes de la votación final del proyecto. “No se sabe a ciencia cierta quién alteró el texto definitivamente aprobado, pero si tenemos certeza de que no fue el Plenario Legislativo, ni ningún otro órgano legislativo con competencia”, dijo.

Para el Diputado Merino se configuran vicios sustanciales del procedimiento porque se alteró el texto del proyecto mediante la introducción de un cambio de fondo, sin seguir el procedimiento legislativo establecido para tal efecto, porque dicha alteración ocurrió después de su aprobación definitiva, y porque este cambio fue hecho por alguna persona, un tercero, sin competencia para ello.

En el documento presentado a la consideración de la Sala Constitucional el representante legislativo del Frente Amplio reclama que se han lesionado los Principios Democrático y de Publicidad, y solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 41 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa y se anule la norma impugnada.

Comunicado de Prensa, 11 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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TELEFONIA FIJA A SALVO PARA LOS COSTARRICENSES

Pero proyectos “siguen siendo nefastos para el país”

“Se ha logrado detener, al menos temporalmente, la entrega de la telefonía fija a las empresas transnacionales”, considera el Diputado José Merino del Río al comentar la marcha atrás del gobierno en su intención de privatizarla.

El Frente Amplio tiene el mérito de haber denunciado ante la opinión pública la inclusión de la telefonía fija en la apertura de mercados dentro de una “mega-moción”; de haber desnudado los falsos argumentos de quienes adujeron que se trataba de “chatarra” o que de otra manera no se podría acceder a los fondos para la solidaridad, y de haber vuelto a presentar como moción el último día el artículo excluido por el G-38.

Según el diputado Merino debe quedar absolutamente claro que la telefonía fija, también mencionada en el proyecto como “telefonía básica”, no solo es la que se transmite por medios físicos (como el alambre de cobre, el coaxial o la fibra óptica), sino que también incluye la que se transmite por medios inalámbricos como el sistema celular fijo o el conocido como WiMax.

“De momento hemos logrado parar esta apertura de la telefonía fija, al darnos cuenta y alertar a la población, pero debe saberse que más allá de los compromisos adquiridos en el TLC, la pugna entre poderosos grupos económicos como el de Carlos Slim o Telefónica y sus redes de socios y apoyo político locales, por apoderarse de este mercado, continuará”, sentenció el legislador del Frente Amplio.

Ha quedado claro que esta moción no fue un simple error de los diputados del G-38, sino que escondían un gran negocio, pues a través de la telefonía básica, que cuenta en Costa Rica actualmente con 1.4 millones de líneas, se transmite voz, datos y video, agregó y dijo que “ahora han tenido que ceder, pero no hay duda que intentarán en el futuro lograrlo por otros medios”.

A pesar del triunfo alcanzado, el Diputado Merino considera que se deben continuar combatiendo los dos proyectos de ley que abren los mercados y desmantelan el ICE, porque son peores que los del Combo, que el pueblo enterró con la movilización social.

José Merino señaló que continuará en su labor de vigilancia democrática y de denuncia, que ha permitido advertir no sólo sobre la privatización de la telefonía fija, sino también sobre los cambios en materia de propiedad intelectual con cárcel de hasta seis años por fotocopiar un libro, sobre los cambios a la ley de biodiversidad, y otros, pero que lo fundamental es derrotar todos estos proyectos, no solo porque vayan más allá de lo pactado en el TLC, sino porque en su conjunto son nefastos para el país.

Comunicado de Prensa, 10 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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APRUEBAN EN COMISION ESPECIAL MOCION PARA ABRIR TELEFONIA FIJA

A pesar de que el Gobierno y el Presidente Ejecutivo del ICE anunciaron que echaban marcha atrás y no se abriría el mercado de la telefonía fija, en la Comisión que analiza el proyecto “Ley General de Telecomunicaciones” el día de hoy, 5 de diciembre de 2007, se aprobó la polémica mega-moción donde está incluida la eliminación del artículo 31, permitiendo la apertura de un mercado de más 1.4 millones de líneas del servicio telefónico básico tradicional.

Según el Diputado José Merino del Río esta situación extraña y ambigua, donde en un proyecto abren el mercado de la telefonía fija, y en el otro, el de desmantelamiento del ICE, según han anunciado cerrarán este portillo, “es probable que refleje una fuerte pugna entre grupos empresariales interesados en hacerse unos con el negocio completo y otros con determinados pedazos sustanciales del pastel”.

Para el legislador del Frente Amplio: “El procedimiento que pretenden seguir en este caso es absolutamente irregular y muestra la total improvisación con que quieren tramitar proyectos de ley de tanta importancia. Aprobar una ley prometiendo que la modificarán con una posterior es un acto de absoluta irresponsabilidad que genera gran inseguridad jurídica”.

“¿Cuál ley va a prevalecer?” se preguntó y de seguido respondió que probablemente sea la que pretende la apertura indiscriminada, sin gradualidad ni selectividad, de todo el mercado de las telecomunicaciones y la electricidad.

“Además, es una prueba más del carácter antidemocrático e irracional del procedimiento 208 bis por el que quieren aprobar este proyecto. Presentaron una mega-moción que es un nuevo texto, y nadie puede mocionar para cambiarlo. Quedan atrapados en la arbitrariedad del procedimiento que inventaron”, siguió diciendo el Diputado Merino.

“A las transnacionales, aliadas de grupos oligárquicos centroamericanos, lo que les interesa es la apertura total de los mercados. Se sabe que han pedido “todo o nada” y mantener amarrado al máximo al ICE”, dijo y agregó Merino del Río que podría ocurrir que los Estados Unidos “certifiquen” el TLC con la aprobación de la ley de apertura de los mercados, ya que no tienen ningún interés en el “fortalecimiento o modernización del ICE”.

Comunicado de Prensa, 5 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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MERINO VIGILARÁ APERTURA DE TELECOMUNICACIONES

Para que no vaya más allá de lo que comprometió C.R. en el TLC

Gerardo Ruiz Ramón

gruiz@diarioextra.com

El diputado José Merino cree que todavía persiste la amenaza de apertura de la telefonía fija convencional. El opositor prometió vigilar de cerca el trámite de discusión de los proyectos que romperían el monopolio del ICE.

El diputado José Merino del Partido Frente Amplio, sostuvo que vigilará de cerca los alcances de los dos proyectos que pretenden la apertura del monopolio de las telecomunicaciones, actualmente en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Según el congresista opositor, las pretensiones de sacar del monopolio de telecomunicaciones la telefonía fija, no se deben a buena voluntad, sino a intereses mercantiles de un grupo de empresarios.

Tanto la Ley General de Telecomunicaciones, como la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas de ese sector, pretenden preparar al país para que empresas privadas puedan hacer la competencia al ICE en la venta de servicios de telefonía celular y de Internet, tal y como el país se comprometió en el aprobado Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, Costa Rica no adquirió la obligación de abrir también el servicio de telefonía fija a la competencia privada.

TODAVÍA ESTÁ VIVA

Para Merino, quedó en evidencia que la apertura de la telefonía fija, no fue incluida en la Ley General de Telecomunicaciones por casualidad. El legislador manifestó que es a través de ese servicio, con más de millón y medio de abonados, es que se transmite la Internet ADSL que ofrece el ICE.

“Nada de eso de que la telefonía fija que se transmite a través de cables de cobre es obsoleta. Ahí hay un enorme negocio y obviamente la apertura de ese servicio no se plasmó por casualidad, sino después de negociaciones entre sectores empresariales interesados de entrar en el negocio de la telefonía fija.

Lo único que tienen que hacer para cerrar la puerta de la apertura de la telefonía convencional, es que todos voten en contra la moción para abrirla”, insistió Merino. El representante de Frente Amplio condenó la decisión de los diputados aliados a favor del TLC, de trasladar el tema de la telefonía fija a otro proyecto, es engañoso, porque son iniciativas independientes.

“Aquí alguno de los diputados que firmaron la moción no la quiere retirar, porque no tiene caso que mientras en un proyecto se abre la telefonía fija, en otro la cierran, eso no tiene sentido. Vamos a estar muy vigilantes de esta situación porque quieren ir más allá de lo que exige el TLC”, sentenció.

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AMENAZA A LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

Docentes, estudiantes y jóvenes multados y a la cárcel

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

He denunciado la inclusión en uno de los proyectos de ejecución del TLC (16.117) de un aumento salvaje y desproporcionado de las sanciones penales contra cualquier persona que copie libros, obras, documentos, música o programas, los accese o difunda, incluyendo la difusión de información por medios como Internet.

El nuevo texto, promovido por el Ministro de Comercio Exterior, impone penas de cárcel de 4 a 6 años y multas de 10 a 500 salarios base (de 2.2 a 106.3 millones de colones) que ni siquiera son exigidas por el Tratado. Se trata de castigos excesivos que pueden comprometer de forma severa el derecho de la población a tener acceso a la educación, a la cultura y al conocimiento.

A raíz de esta denuncia, algunos diputados del grupo de los 38 han intentado apoyar este proyecto, negando que permita perseguir a estudiantes o profesores que copian libros o a jóvenes que “bajan” música de la red.

Sin embargo, la simple lectura del texto enviado por el Poder Ejecutivo desmiente este desesperado intento de defensa.

El artículo 54 de dicho proyecto dice: “Será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multas de diez (10) a quinientos (500) salarios base correspondiente a los trabajadores no calificados, fijado en el artículo 2 de la Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993, quien fije y reproduzca obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas protegidos, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho.”

Como se puede ver el delito lo comete cualquier persona que grabe y copie obras literarias o artísticas, música, videos, etc., sin el permiso del dueño del derecho. No se establece ninguna limitación en función de la cantidad de obras que se reproduzcan, o los fines perseguidos por quienes realicen estas conductas. En ninguna parte dice que estudiantes o profesores no serán perseguidos. En todos estos casos la pena sería la misma: un mínimo de 4 años de cárcel más las multas millonarias.

Además, esta reforma viene acompañada de la eliminación de la excepción general contenida en el artículo 70 de la ley vigente (8039) Esta excepción es la que ha impedido que hoy en día se persiga a la gran mayoría de la población costarricense. Dice que para cualquiera de los delitos establecidos en la ley:

“(...) no correrá sanción alguna cuando los actos hayan sido cometidos sin fines de lucro o no lleguen a lesionar ni afectar, por su carácter de insignificancia, los intereses de los autores, los titulares de los derechos o sus representantes autorizados.”

Lo anterior es equivalente a afirmar que los actos mencionados no son punibles, no constituyen delito. Esto quiere decir que, de acuerdo con la ley vigente, quién grabe y copie obras sin fines de lucro o causando un perjuicio insignificante al dueño del derecho, no puede ser perseguido penalmente por nadie, ni por el Ministerio Público ni por sujetos privados en calidad de querellantes.

El cambio que el Gobierno promueve a este artículo es radical. La nueva redacción establece que las sanciones penales “se aplicarán al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial”. Además aclara que esto incluye: “la infracción dolosa que no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que cause un daño económico mayor a una infracción de poco valor.”

Ahora los actos cometidos sin fines de lucro sí constituirán delito y tendrán que ser perseguidos cuando ocasionen “un daño económico mayor a una infracción de poco valor.” La gran mayoría de copias de libros, documentos, archivos, música, videos o programas que actualmente realizan estudiantes, profesores y la población en general son actos ejecutados sin fines de lucro. Se hacen para fines de uso personal o para compartir e intercambiar conocimientos con terceros.

Con la reforma el Estado estará obligado a perseguir estos actos salvo que se demuestre que el perjuicio económico no es “mayor a poco valor”. Pero el proyecto no define que se entenderá por “poco valor” ni establece parámetros para su determinación. De forma lamentable, pero conveniente para las empresas, utiliza una redacción confusa y recurre a conceptos indeterminados, que abren la puerta para que eventualmente cualquier conducta sea perseguida por el Estado.

Pero esto no es lo más grave. Con el cambio propuesto hasta los actos cometidos sin fines de lucro y que tipifiquen como infracciones de “poco valor” podrán ser perseguidos y sus autores encarcelados y obligados a cancelar altísimas multas. Veamos por qué.

La nueva redacción del Gobierno para el citado artículo 70 dice que las sanciones penales “se aplicarán al menos” a los casos mencionados. Con esto buscan establecer, en primer lugar, que el Estado, a través del Ministerio Público, estará obligado (no sabemos de donde se sacarán los recursos) a perseguir penalmente estas conductas. Es decir, que no podrá desistir de perseguirlas aplicando, por ejemplo, un criterio de oportunidad.

Pero lo anterior no quiere decir que otras infracciones que queden fuera del amplio y confuso concepto de “piratería lesiva” estarán exentas de ser perseguidas en vía penal.

Al eliminarse la excepción general que decía que las conductas cometidas sin fines de lucro o de efectos insignificantes no eran delito, se está penalizando efectivamente estas conductas. Se les penaliza porque regirán los tipos penales específicos (como el artículo 54) que no contemplan ningún tipo de excepción de esta naturaleza.

El nuevo artículo 70 obliga al Estado a aplicar sanciones penales a varias de ellas. Pero no excluye las otras de la persecución penal. Por lo tanto, las empresas titulares de derechos de propiedad intelectual podrían constituirse en querellantes y ejercer acciones penales privadas contra cualquier persona que no sea perseguida por el Estado. Podrían presentar demandas penales incluso contra quienes hayan realizado actos sin fines de lucro y de poco valor.

Hoy, repito, estas acciones no son posibles porque tales actos simplemente no son delito. Pero con la nueva legislación tendrán un poderoso instrumento para perseguir a cualquier persona y amenazar al resto.

Además de las penas de cárcel y las multas, el texto incluye en su artículo 40 “criterios para fijar daños y perjuicios”, que van más allá de lo que exige el TLC. Basta revisar la legislación de implementación aprobada en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, para darse cuenta. Aquí se le hicieron agregados para fijar sanciones que van desde 631 mil hasta 63.6 millones, por cada “obra infringida”.

En estas condiciones, la educación costarricense y el derecho de nuestro pueblo a la cultura y al conocimiento corren enorme peligro. Una cuestión es proteger los derechos de los autores y otra muy distinta es meter a la cárcel a una buena parte de la población, para incrementar las ya de por sí cuantiosas ganancias de un puñado de trasnacionales.

4 de diciembre de 2007

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