CAMBIOS A LEY DE BIODIVERSIDAD

Amplían patentes sobre microorganismos

Con una modificación a la Ley de Patentes se pretende ampliar las posibilidades de patentar microorganismos en Costa Rica, modificando lo que actualmente establece en esta materia la Ley de Biodiversidad, denunció el Diputado José Merino del Río.

El legislador del Frente Amplio recordó que durante los debates legislativos sobre el impacto ambiental del TLC y la campaña del referéndum, sus impulsores dijeron, una y otra vez, que no se afectaría de ninguna manera la Ley de Biodiversidad.

Sin embargo ahora después del referéndum van más allá y, “entrando por la cocina”, incluyen un cambio a la Ley de Patentes que modifica de hecho lo establecido en el inciso 3) del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad.

El inciso mencionado en la Ley de Biodiversidad dice que se excluyen de patentabilidad: “Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando sean microorganismos genéticamente modificados”.

En el texto sustitutivo impulsado por legisladores del PLN y el PUSC en la Comisión Plena Tercera, dice que sí son patentables: “los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza”.

De acuerdo con el Diputado Merino la frase “que no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza” no es equivalente a “no modificados genéticamente”. La primera es mucho más amplia.

La ingeniería genética moderna es una clase de biotecnología que permite la introducción de genes de microorganismos, plantas y animales a otros organismos totalmente distintos, es decir, utiliza organismos vivos para obtener productos con aplicación comercial. De esta forma se saltan barreras sexuales y asexuales naturales y el organismo que recibe estos nuevos genes, adquiere las características del gen introducido. Este nuevo organismo se conoce como transgénico o como organismo genéticamente modificado (OGM). Por lo tanto, podemos afirmar que los OGMs son productos que contienen genes de especies distintas a la suya.

Según el Diputado Merino con la redacción que se propone “bastaría, por ejemplo, con aislar un microorganismo de su medio natural para poder patentarlo, aunque no sea transgénico” y con ello queda claramente mostrada la intención de ampliar y extender las posibilidades de patentar microorganismos.

Esta modificación es más grave si se relaciona directamente con la obligación contenida en el TLC de aprobar el “Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento de Patentes.” Este tratado facilita el patentamiento de microorganismos a través de su depósito en organismos internacionales públicos y privados y uno de los aspectos que más se ha criticado es la falta de definición sobre lo que es un “microorganismo”.

“Aunque los promotores del TLC negaron siempre que nos obligaran a modificar nuestra legislación sobre patentes de microorganismos, ahora sabemos que se trataba de un engaño más a la población”, indicó Merino.

Desde el punto de vista del procedimiento el Diputado Merino del Río advierte además, que esta reforma no se encontraba contemplada en la versión original del proyecto de ley (Expediente 16.118), por lo que sería contraria al principio de conexidad.

Una moción presentada por el parlamentario del Frente Amplio para hacer prevalecer lo indicado en la Ley de Biodiversidad, fue rechazado en la Comisión Plena por diputados del PLN y el PUSC.

La Defensoría de los Habitantes en su informe sobre los alcances del Tratado de Budapest, también expresó su preocupación sobre la redacción de esa propuesta de modificación porque “transforma radicalmente el ámbito de protección y de exclusión de patentamiento que plantea la Ley de Biodiversidad”.

Comunicado de Prensa, 29 de noviembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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SI PUDIERAN VENDER EL ICE, LO HARIAN

Intervención del Diputado José Merino del Río en el plenario de la Asamblea Legislativa, el día jueves 29 de setiembre de 2007, en relación con la apertura de mercados en la telefonía fija.

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CIERRAN FABRICA MAQUILADORA

Alianza del Sí incumple promesas sobre empleo

La planta de la empresa HD Lee en Pavas está en proceso de cierre, provocando el desempleo de cerca de 500 trabajadoras, denunció el Diputado José Merino del Río.

El proceso de cierre de esta fábrica textil se inició pocos días después del referéndum y culminará en marzo del año entrante cuando se termine de confeccionar un pedido de pantalones "Chic", según comentaron al Diputado Merino, algunas trabajadoras.

Las empleadas despedidas dijeron al legislador del Frente Amplio, que no han sido defendidas por la Asociación Solidarista, la cual efectuó una asamblea con el único fin de decidir sobre el mobiliario de la soda, y que no han recibido las prestaciones.

Relataron que durante la campaña del referéndum fueron visitadas por legisladores de la Alianza del Sí, quienes les garantizaron que si votaban a favor del TLC, ellas y sus familiares, conservarían y mejorarían sus empleos.

Pero, después del referéndum, les anunciaron el cierre de la planta y el administrador de apellido Pino, les ofreció la posibilidad de conservar sus empleos en una planta ubicada en Managua, Nicaragua (sin darles pasajes, ni estadía, ni alimentación en el país vecino), y el gobierno no les da la cara.

Para el Diputado Merino esta es una muestra más del engaño que se hizo a miles de costarricenses del sector privado, sobre todo de las fábricas textiles, siguiendo la estrategia del miedo del memorándum Casas-Sánchez.

Según Merino del Río se engañó a esa gente porque se siguen cerrando fábricas textiles aquí en Costa Rica y en los otros países centroamericanos y muestra de ello es que un informe reciente indica que en Guatemala han perdido el empleo entre enero y octubre de este año 10.000 personas trabajadoras del sector textil, a pesar de que el TLC tiene casi 2 años de plena vigencia en ese país.

Comunicado de Prensa, 28 de noviembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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RESISTIR PARA AVANZAR

PUEBLO. Adquiéralo a partir del 1 de diciembre. Solicítelo en el teléfono: 258-5641 o a los compañeros/as del Frente Amplio en su comunidad, lugar de estudio o trabajo.

PRIVATIZAN TAMBIEN TELEFONIA FIJA

ALERTA URGENTE A LOS TRABAJADORES DEL ICE Y AL PUEBLO COSTARRICENSE:

Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

En el proyecto de Ley de Telecomunicaciones también quieren privatizar el servicio de telefonía fija.

Los diputados del grupo que promueve la imposición a golpe de tambor de la agenda de implementación del TLC presentaron una moción al proyecto de Ley de Telecomunicaciones (16.398) que busca entregar a las empresas privadas el servicio de telefonía fija, a pesar de que este supuestamente fue excluido de los compromisos del TLC.

La moción elimina el artículo 31 del proyecto que establece que con base en esta Ley "no podrán otorgarse concesiones o autorizaciones relacionadas con la operación de redes públicas de telecomunicaciones asociadas únicamente con la prestación del servicio telefónico básicotradicional ".

Además modifica el artículo 11 que dice que las concesiones serán para prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, eliminando la excepción que excluye los servicios de telefonía fija.

También presentaron otra moción que reduce todavía más la contribución que las empresas tendrían que hacer para el "fondo de solidaridad" que se pretende crear.

La intención es clara: vienen por todo el ICE. Le mintieron al pueblo cuando le dijeron que la apertura era selectiva y que estos servicios no se verían afectados.

Le mintieron al pueblo durante toda la campaña del referéndum donde juraron en reiteradas ocasiones que la telefonía fija iba a quedar excluida y no sería privatizada.

Es claro que la moción va mucho más allá de lo exigido por el mismo Tratado, lo que convierte a este proyecto de ley en un intento de fraude para meter "por la cocina" una gran cantidad de reformas que nunca le fueron consultadas al pueblo, aprovechando la supuesta premura de aprobar la agenda de implementación.

Ningún ciudadano o ciudadana, independientemente de si votó en contra o a favor del TLC está obligado a aceptar este engaño.

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Agenda de implementación del TLC: SEIS AÑOS DE CÁRCEL POR FOTOCOPIAR UN LIBRO

Diputado José Merino del Río
22-11-2007

El día de ayer la mayoría mecánica que promueve en la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que conforman la llamada “agenda de implementación” presentó y aprobó de forma sorpresiva un nuevo texto para el proyecto de ley que reforma varios artículos de la Ley de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual (16.117)

El objetivo perseguido por este texto sustitutivo es endurecer de forma salvaje la represión contra toda aquella persona que copie libros, obras, documentos, música o programas, los accese o difunda, incluyendo la difusión de información por medios como Internet. Para lograr este objetivo impone penas de cárcel totalmente desproporcionadas y le otorga a las empresas titulares de “derechos de propiedad intelectual” una serie de poderes, facilidades y privilegios legales que no tiene ninguna otra persona o empresa en el país.

Los principales cambios que quieren imponer son:

-Penas de cárcel de 4 a 6 años. En Costa Rica la propiedad intelectual está sumamente protegida. La Ley vigente (8039) ya establece prisión de 1 a 3 años por delitos contra la propiedad intelectual. Pero este proyecto pretende llevar la represión a extremos absurdos e inhumanos.

Con una pena mínima de 4 años de cárcel las personas condenadas que no tengan antecedentes no podrán acogerse a beneficios como la ejecución condicional de la pena o la suspensión del proceso a prueba o realizar una conciliación, porque estas medidas solo caben en delitos con penas de hasta tres años. Es decir, forzosamente tendrán que ir a la cárcel.

Dentro de las conductas que se castigarían con 4 a 6 años de cárcel si son hechas sin el permiso del dueño del derecho están:

·Quién grabe o copie obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas.
·Quién comunique al público o ponga a su disposición por cualquier medio (incluye Internet) obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas.
·Quién represente al público obras literarias o artísticas.
·Quién trasmita interpretaciones o ejecuciones protegidas.
·Quién adapte, compile o traduzca obras literarias o artísticas.

En estos casos, no importaría que se trate de personas que nunca han cometido delitos. Tampoco que los autores sean personas que, por carecer de recursos económicos para comprar originales, tuvieron que recurrir a estas prácticas como única forma de tener acceso al conocimiento y a la cultura.

-Eliminación o reducción de excepciones existentes para infracciones insignificantes o cometidas sin fines de lucro. El artículo 70 de la ley vigente dice que para cualquiera de los delitos anteriores:

“No correrá sanción alguna cuando los actos hayan sido cometidos sin fines de lucro o no lleguen a lesionar ni afectar, por su carácter de insignificancia, los intereses de los autores, los titulares de los derechos o sus representantes autorizados.”

Este artículo conocido como principio de lesividad o insignificancia es el que ha impedido que hoy en día se persiga y amenace con encarcelar a cualquier persona que fotocopia un libro o graba un disco. Por esta vía se trató de establecer un equilibrio entre los intereses de los dueños de la propiedad intelectual y otros intereses de la sociedad como el acceso a la cultura y la información, el desarrollo de la educación y la creación de nuevos conocimientos.

El proyecto reduce sus alcances totalmente y prácticamente lo elimina. Dice que se tendrá que perseguir las infracciones cometidas sin fines de lucro, siempre que causen “un daño económico mayor a una infracción de poco valor”. Las trasnacionales siempre dicen que cualquier copia les causa un daño económico y para colmo de males no se define en ninguna parte que se entenderá como “de poco valor”.

Además se elimina el carácter de esta norma como excepción general aplicable de forma obligatoria a todos los casos. Ahora ponen que el Estado tendrá que perseguir al menos la “piratería lesiva”, pero el Ministerio Público o las empresas pueden perseguir cualquier otra conducta.

Si esta reforma se concreta, nada impedirá, por ejemplo, que las casas editoras acusen penalmente a estudiantes o docentes que fotocopian una obra, para fines educativos, alegando que se les ocasiona un “perjuicio económico de no poco valor”, aunque en la realidad sea insignificante.

También se reduce sustancialmente otra excepción que existe para las antologías que se hacen en las universidades.

-Destrucción forzosa de mercancías. La reforma también pretende que las autoridades judiciales estén obligadas a ordenar la destrucción de las mercancías infractoras o los medios utilizados para su producción. Ni siquiera pueden donar estas mercancías a escuelas, colegios o universidades públicas o a otras instituciones de bien social si no tienen el permiso del dueño del derecho de propiedad intelectual. Es decir, los libros a la hoguera...

Penas de cárcel más altas para estudiantes que copian un libro que para políticos corruptos. Así como suena. El texto sustitutivo para el expediente 16.117 aprobado por los diputados del Gobierno y los demás partidos a su servicio, pretende imponer penas de cárcel MÁS ALTAS para toda aquella persona que infrinja las leyes de propiedad intelectual que las penas establecidas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito para graves actos de corrupción cometidos por políticos y funcionarios públicos.

A estudiante que copia un libro: de 4 a 6 años de cárcel (16.117).... A UN POLÍTICO QUE COMETE EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS: DE 2 A 5 AÑOS (artículo 52, Ley 8422)

A un joven que baja música de internet: 4 a 6 años de cárcel (16.117) A UN FUNCIONARIO QUE SE APROPIA DE BIENES OBSEQUIADOS AL ESTADO: DE 1 A 2 AÑOS (artículo 54, Ley 8422) A LOS POLÍTICOS QUE PERMITAN EL PAGO DE PRECIOS INRREGULARES CON FONDOS PÚBLICOS POR SERVICIOS NO REALIZADOS: DE 1 A 3 AÑOS (artículo 51, Ley 8422)

A cualquier persona que difunda música o cualquier otra obra artística al público o la coloque en la red para que otros puedan accesarla: de 4 a 6 años de cárcel. A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE COMETAN ACTOS EN FRAUDE DE LEY DE 1 A 5 AÑOS...

Peor aún, hasta los delitos más graves contra la corrupción contemplan mínimos de penas más bajos que las que quieren imponerle a la gente en este proyecto: Enriquecimiento ilícito (3 a 6 años), Legislación en beneficio propio (1 a 8 años) Soborno trasnacional (2 a 8 años) Es decir, si a los políticos condenados por estos delitos se les impone una pena que no exceda de tres años podrían librarse de ir a la cárcel, pero los ciudadanos que realicen infracciones contra la propiedad intelectual, en todos los casos irán a prisión...

Sin recursos para vivienda popular o escuelas públicas. El impacto negativo de este proyecto de ley no será solo para las y los habitantes que podrían ser perseguidos y encarcelados. Estas reformas tendrán además consecuencias nefastas para el Estado costarricense que tendrá que destinar cuantiosos recursos para poder aplicarlas: contratación de más jueces, fiscales, defensores y funcionarios especializados, construcción de nuevos tribunales y cárceles para encerrar a toda la gente que podría ser perseguida, más instituciones públicas convertidas en “policías” de las trasnacionales antes que atender las necesidades de la población.

Ya Costa Rica se está viendo en serios problemas para cumplir con las obligaciones que hemos asumido en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Con la ley actual, es decir sin estos brutales cambios, ya estamos teniendo serios problemas para destinar recursos a cumplir todos los caprichos que piden las trasnacionales.

El 14 de febrero de este año la Vicepresidenta de la República y Ministra de Justicia, Laura Chinchilla, ante reclamos presentados por empresas trasnacionales para que el país persiga a todas las instituciones que usan programas de computación sin licencia, declaró a “La Nación” lo siguiente:

“Si el Gobierno se pusiera a legalizar las licencias de software, nos quedaríamos sin recursos para vivienda popular o para financiar escuelas públicas”.

Esto lo dijo la señora Vicepresidenta hablando de la legislación que ya tenemos. Es decir, sin pensar en la agenda de implementación y sin conocer el nuevo texto aprobado para este proyecto de ley. Entonces ¿De donde van a salir los recursos para vivienda popular y escuelas públicas ahora que quieren meter a la cárcel a medio mundo?

Sin transparencia y burlando al pueblo. Como si lo anterior fuera poco, el texto sustitutivo aprobado de forma sorpresiva en la Comisión Plena Segunda -donde se discute el proyecto- reforma totalmente 36 artículos y agrega una gran cantidad de párrafos e incisos nuevos a esta Ley. A pesar de que la versión original del proyecto solo buscaba modificar 9 artículos.

La magnitud de este cambio lo convierte en un proyecto totalmente nuevo. Un proyecto que NUNCA fue presentado al pueblo antes del referéndum del 7 de octubre.

Por el contrario los promotores del TLC siempre negaron que se buscara incrementar las penas de cárcel. Esto no puede calificarse de otra forma que una burla y un engaño más al pueblo: le ocultaron otro proyecto de ley que le afectará de forma directa y profunda.

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AL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS LE FALTA UNA PAGINA

Todo el procedimiento legislativo sería inválido

El diputado José Merino del Río denunció que el texto del Tratado sobre el Derecho de Marcas, sometido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, está incompleto. Le falta una página donde se incluyen 13 sub-incisos fundamentales de uno de sus artículos. Esto invalidaría todo el procedimiento de su trámite parlamentario.

El proyecto se tramita bajo el expediente legislativo 16.144 y es parte según el Gobierno de la agenda de implementación del TLC. Fue publicado en La Gaceta el 12 de mayo de 2006, tal y como lo remitió el Poder Ejecutivo.

El diputado Merino dijo en el plenario que advertía este vicio sustancial del procedimiento de buena fe, ya que considera se violentan los principios constitucionales de publicidad y participación democrática, a la vez que afecta el derecho de enmienda y de control político de las personas legisladoras.

El texto de esta tratado multilateral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ya está vigente en 39 países, y cualquier modificación tendría que tener el aval de todas las partes.

El texto que se tramita en Costa Rica estaría modificando el Tratado por omisión, al no aparecer en la copia certificada que se encuentra en el expediente legislativo 13 subincisos del inciso 1 del artículo 3.

El diputado Merino solicitó detener el trámite de discusión de mociones de reiteración, por ser un ejercicio inútil en virtud de la gravedad de los hechos, y varios diputados y diputadas presentaron un moción para suspender el debate, sin embargo ninguna de estas dos gestiones prosperó, en virtud de la posición de la fracción de Gobierno, que finalmente se vio obligada a levantar abruptamente la sesión.

Seguidamente, incluimos parte de la argumentación jurídica del Diputado José Merino:

SOBRE EL TEXTO DEL TRATADO SOMETIDO POR EL PODER EJECUTIVO A APROBACIÓN POR PARTE DE ESTA ASAMBLEA

El expediente legislativo 16.144 bajo el cual se tramita el proyecto de ley de “Aprobación del Tratado sobre el Derecho de Marcas” consta en el texto certificado de 84 folios, que van de la portada del Tratado, que sería el folio 7 al folio 90 del expediente, distribuidos, en lo que interesa, de las siguiente manera:

Los primeros folios contienen el texto que remitiera el Poder Ejecutivo del Tratado indicado para su aprobación, el cual fue publicado en La Gaceta Nº 91 del 12 de mayo del 2006 tal y como consta en el expediente. El texto del Tratado fue certificado por el Jefe de la Oficina Asesora de Tratados de la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Jorge Arturo Aguilar Castillo (visible a folio 91 del expediente).

RESPECTO AL ARTÍCULO 3 DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

El artículo 3 inciso 1) apartado a) del Tratado establece los requisitos que nuestro país podrá exigir que contengan las solicitudes de registro de una marca. Dichos requisitos se establecen, de conformidad con el texto sometido a discusión por el Poder Ejecutivo, en tres incisos, siendo que el primero de ellos contiene cuatro subincisos (según la versión del Tratado que envió el Poder Ejecutivo y que es la que se publicó y se ha tramitado en esta Asamblea.

El inciso 1) del artículo 3 es precisamente el que contiene los requisitos que deberán presentar los interesados a efecto de registrar una marca, siendo que del texto que consta en el expediente solo se establecen cuatro requisitos, a saber: 1) la petición de registro, 2) el nombre y la dirección del solicitante, 4) el Estado del que es nacional el solicitante, o en el que tenga su residencia, o en el que tenga su establecimiento industrial o comercial, y 4) si se trata de una persona jurídica su naturaleza y el Estado donde se haya constituido.

Como podemos ver el texto remitido por el Poder Ejecutivo solo establece requisitos sobre el titular de la solicitud de inscripción y ninguno sobre el producto o servicio a registrar ni sobre la marca misma. Lo que me ha llamado poderosamente la atención, ya que el Tratado lo que busca es uniformar los requisitos para la inscripción de marcas en los distintos países.

Por otra parte, el texto de las disposiciones: inciso b) del artículo 3, subinciso a) del inciso 4 del artículo 3, subinciso b) del inciso 4) del artículo 3, inciso 6) del artículo 3 y el punto vi) del subinciso a) del inciso 1) del artículo 5 del Tratado, remite a puntos del subinciso a) del inciso 1) del artículo 3 que no constan en el texto remitido por el Poder Ejecutivo y tramitado por esta Asamblea Legislativa. Asimismo, el Reglamento al Tratado, que también se tramita en este expediente, en la Regla 3 incisos 1), 3), 4) y 5) remite a puntos del subinciso a) del inciso 1) del artículo 3) que no están en el texto.

Es por ello, que consulte el texto del Tratado directamente de la página de la OMPI y pude constar que el artículo 3 inciso 1, subinciso a), consta de 17 puntos indicados en números romanos en minúscula, y no únicamente de los 4 que constan en el expediente.

Los puntos que faltan en el texto que se tramita consisten precisamente en los requisitos establecidos para efectos de la solicitud del registro de marcas referentes a aspectos tales como la representación, el domicilio, la prioridad de solicitudes anteriores, de características propias de las marcas a inscribir, de colores, de reproducciones, de los nombres de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro, sobre la firma, y sobre la intención de usar la marca.

La omisión del Poder Ejecutivo al enviar incompleto el texto del Tratado para su aprobación, constituye un vicio sustancial de procedimiento ya que se trata de un convenio internacional adoptado por la OMPI, organismo multilateral, cuyo texto no permite modificaciones de ningún tipo, salvo que sean acordadas por la Partes. Al Poder Ejecutivo también le está vedado alterar el texto de un Tratado Internacional, ni siquiera por omisión, como es el caso. Al respecto, la Sala Constitucional en Voto Nº 1508 del 2001 ha resuelto:

“El Poder Ejecutivo elaboró un documento en que se transcribe el texto del proyecto, momento a partir del cual ya se genera la primera irregularidad, en razón de que dicha transcripción contiene algunas diferencias con el texto original, lo que, desde luego, es improcedente, habida cuenta de que una vez negociado en el ámbito internacional, el texto adoptado debe ser remitido al Poder Legislativo para su aprobación, respetando íntegramente el documento suscrito por los representantes de los Estados Parte. (...) el texto debe guardar absoluta identidad con el documento emanado en la Asamblea de Gobernadores...” (El destacado no es del original)
El no incluir en el texto del Tratado 13 subincisos del punto a) del inciso 1) del artículo 3, constituye un vicio sustancial del procedimiento, que a estas alturas del tramite, donde el proyecto de aprobación del tratado ya fue dictaminado por la Comisión correspondiente, ya venció el periodo de presentación de mociones, en fin ya se ha dado toda una discusión en torno a un documento sin que los y las legisladoras tengamos conocimiento no pudiéramos incidir respecto a los requisitos que se omitieron por parte del Poder Ejecutivo, los cuales forman parte integral del Tratado toda vez que otras disposiciones de ese instrumento internacional remiten a los temas omitidos, así como las disposiciones del Reglamento al Tratado que conjuntamente se tramita en este Parlamento. En ese sentido, la Sala Constitucional en el voto citado dispuso:

“ (...) se debe insistir en que ni siquiera leves correcciones gramaticales u ortográficas pueden introducirse al aprobar el proyecto, en atención a las limitadas facultades que el legislador ostenta en esta materia. Sea por correcciones de forma introducidas por un especialista en filología (...) o sea por un error de transcripción, es lo cierto que las alteraciones de que se ha hecho recuento, cobran especial importancia en tanto el acto de voluntad legislativa expresado al aprobar en primer debate el proyecto, se rindió sobre el texto dictaminado por la Comisión (...), que es sobre el que ha tenido conocimiento y en el que esta Sala ha encontrado alteraciones respecto del texto original remitido por el Poder Ejecutivo (...) el texto que se convierta en ley de la República debe ajustarse en forma íntegra y fiel a las disposiciones emanadas del foro internacional, lo que no ocurre en el caso analizado” (El destacado no es del original)

Nótese que al texto base que se tramitó en esta Asamblea, se le incluyo una nota al final la cual expresamente indica:

“Este texto es copia fiel del expediente N. 16.144. Se respetan literalmente la ortografía, el formato y la puntuación del original, según lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución N.º 2001-01508, de las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del 23 de febrero de 2001.”

Siendo lo cierto que el texto remito por el Poder Ejecutivo no respetó el texto original del Tratado sobre el Derecho de Marcas adoptado por la OMPI, que ya está vigente en 39 Estados Parte, por lo que se ha presentado un vicio sustancial del procedimiento que ha violentado el principio de publicidad, el de participación democrática, ya que impidió el sano ejercicio de discusión política y el derecho de enmienda de los y las legisladoras, ya que al desconocer el texto completo del Tratado no hemos podido ejercer nuestros derechos, ni el control político que nos es propio.

En cuanto al principio de publicidad debemos decir que el mismo no se violentó solo con respecto a nosotros, los y las legisladoras, sino que también en relación con la ciudadanía en general, ya que la omisión de 13 requisitos por parte del Poder Ejecutivo, no ha permitido conocer lo que se estaría aprobando. Al respecto la Sala Constitucional en Voto 4527-2000 ha resuelto, tratándose de un documento tramitado en idioma extranjero, aunque completo:

“En protección del principio de publicidad del procedimiento legislativo y de los actos de él emanados, es claro que la Asamblea Legislativa de Costa Rica no puede aprobar ningún documento escrito en idioma extranjero, a menos que el mismo haya sido traducido por parte de traductor oficialmente reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Lo contrario atentaría indefectiblemente contra la posibilidad de todo ciudadano de conocer el texto íntegro del proyecto y ejercer así su derecho de participación ciudadana, exigiendo de sus representantes una determinada actitud. Impediría también el sano ejercicio de la discusión política que realizan los diputados. Sin embargo, aun si el documento de referencia hubiera sido traducido, lo cierto es que el mismo nunca formó parte del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, ni dictaminado por la Comisión respectiva (...) El hecho de que tal protocolo no formara parte del texto del proyecto sometido a ratificación de la Asamblea Legislativa ni del texto dictaminado por la Comisión Permanente Ordinaria (...) ha impedido que los diputados supieran con certeza qué estaban aprobando...”

La omisión del Poder Ejecutivo al no remitir el texto completo del Tratado, al no incluir 13 requisitos para la solicitud de registro de marcas, máxime cuando el mismo Convenio dispone que las Partes no podrán exigir más que los que allí se detallan, tiene consecuencias gravísimas para nuestro país, pues ese “error” no podría ser llenado mediante ninguna ley ordinaria, ya que el mismo Poder Ejecutivo renunció a establecer más requisitos de los indicados en este Tratado de Marcas. Al respecto el propio artículo 3 del Tratado establece:

“7) [ Prohibición de otros requisitos ] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan respecto de la solicitud requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 4) y 6)...”

Es por lo anteriormente expuesto, que consideramos que la tramitación del proyecto de ley 16.144 “Aprobación del Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento” es contraria a lo dispuesto en los principios constitucionales de publicidad, participación democrática, derecho de enmienda y control político. En virtud de que la Asamblea Legislativa no estaría aprobando los elementos esenciales del Tratado sobre el Derecho de Marcas, que son precisamente los requisitos que el Estado estaría autorizado exigir a los solicitantes de la inscripción registral, contenidos en los subincisos del v al xvii, inclusive ambos, del inciso 1) del artículo 3 del texto que consta en la página de la OMPI, y a los que otras disposiciones del propio Tratado hacen referencia.

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"SE APLICA 'MEMORANDO DOS' A LA AGENDA DE IMPLEMENTACION

Entrevista a José Merino

LORNA CHACÓN
redactora Semanario Universidad

El diputado José Merino del Río, del opositor partido Frente Amplio, considera que existe una gran presión en la Asamblea Legislativa para votar a golpe de tambor los proyectos de ley de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pero es enfático al afirmar que los diputados no están obligados a aprobar dicha legislación.

Merino lamenta que se estén violentando cotidianamente los procedimientos legislativos en el Congreso y que se restrinjan cada vez más los derechos de los congresistas y de las personas, quienes han visto convertirse las barras del público en una "mini-cárcel".

El legislador argumenta que así como durante el proceso del referendo se aplicó un memorando escrito por el exvicepresidente Kevin Casas y el diputado Fernando Sánchez, que impulsaba una estrategia del miedo para que ganara el "Sí" en la consulta popular, ahora se estaría aplicando un "memorando dos" para aprobar las 13 leyes de la agenda de implementación.

Según Merino, el grupo de 38 diputados que apoya el TLC quiere aprovechar deliberadamente la cercanía de las fiestas navideñas con el objetivo de que la ciudadanía esté desmovilizada.

A continuación, un resumen de la conversación realizada en su casa de habitación el pasado 16 de noviembre.

¿Cómo analiza lo que pasa en la Asamblea Legislativa?

-Lo que ocurre es muy grave porque sobre la base de una lectura falsa y manipuladora sobre el significado del referendo sobre el TLC, están reformando arbitrariamente muchas disposiciones del reglamento legislativo, con la justificación de que el 29 de febrero es la fecha de expiración para aprobar estas leyes.

Los 38 diputados que apoyan el TLC dicen que es vinculante para la Asamblea Legislativa aprobar las leyes de la agenda de implementación antes de esa fecha y que, por lo tanto, están autorizados a reducir todo lo que consideren conveniente para el trámite.

¿Cómo afectan estas reformas el desempeño de los diputados?

-El tema es que le están aplicando a los proyectos procedimientos tan perentorios que es imposible que la Asamblea Legislativa, y fundamentalmente los diputados de oposición, podamos tener una reflexión serena.

Es absolutamente imposible defender propuestas de cinco minutos. Si varios diputados quieren defender lo mismo, entre todos tienen que distribuirse los cinco minutos, o sea, que a mí me va a tocar defender una moción en un minuto.

Esto también imposibilita el proceso de publicidad y de participación de la ciudadanía.

Al final, esto es una terapia de choque sobre proyectos muy controversiales con el objetivo de aprobar el mayor número posible en diciembre.

Aquí no va a haber tregua navideña, sino que deliberadamente quieren que la ciudadanía esté en otra cosa, de vacaciones, para en esos días poder votar los proyectos más conflictivos.

Pero, ¿cómo se vive esta situación en el parlamento?

-Estamos en un estado casi de facto, se ha violentado el estatus jurídico de los diputados en muchos aspectos y hay un estado de sitio en la Asamblea Legislativa.

Es un estado de sitio contra los diputados de oposición y contra la ciudadanía porque convirtieron las barras (del público) en una minicárcel polarizada hacia el plenario y realmente invisibilizada también hacia fuera.

Además, la seguridad no está en manos de la Asamblea sino que han tenido que acudir a la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado (DIS) y hay una presencia policial permanente.

Hay una situación que refleja el grado de degradación que está viviendo nuestra democracia y eso es muy peligroso.

¿Fue algo que comenzó en el proceso del referendo? -

Lo vivimos en el proceso del referendo y ahora se está aplicando como un "memorando dos" a la agenda de implementación.

Es decir, aplicaron el uno al referendo y ahora vemos la segunda fase aplicada a la aprobación a golpe de tambor de las leyes de la agenda de implementación.

Es un panorama muy lamentable y muy peligroso.

¿Considera que es viable aprobar todas las leyes de la agenda de implementación antes de que finalice febrero?

- Creo que a pesar de que se estén violentando los procedimientos legislativos lo tienen complicado, pero, obviamente, eso depende de los 19 diputados del bloque de oposición.

No sé si es que le han consultado a algún magistrado de la Sala Cuarta porque en el trámite de otros proyectos, como el combo del ICE o el plan fiscal, la Sala dijo que se habían adoptado trámites inconstitucionales y esto que están haciendo ahora es exactamente lo mismo.

Entonces, una de dos: o no les importa y están en un plan aventurero; o esos diputados y el Gobierno consideran que la Sala les va a dar la razón.

Pero alguna gente interpretó que el triunfo del "Sí" en el referendo de algún modo obligaría a los diputados a aprobar la agenda de implementación.

-El mismo Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue tajante al decir que en la consulta popular lo único que se estaba sometiendo a consideración ciudadana era un proyecto que tiene un número de expediente en la Asamblea y es el TLC.

Dijo que los otros proyectos (de la agenda complementaria), aunque podían tener relación, cada uno tenía su propio expediente y no estaban sometidos a la consulta del pueblo.

O sea, que es una presión que ejerce el Gobierno para que se voten esos proyectos en este clima de tensión, pero no hay ninguna obligación. La Asamblea de ninguna manera está obligada a aprobar esto.

¿O sea, que podría la Asamblea rechazar alguno de esos proyectos?

-La Asamblea es soberana y un proyecto de ley se discute de acuerdo con cada procedimiento.

Nosotros podemos rechazarlos y si alguno de los otros gobiernos firmantes del TLC protesta, pues el Gobierno tendría que abrir un espacio de negociación sobre cada asunto concreto mediante el capítulo de solución de controversias.

Creo que hay un bloque de poder, estoy hablando de la administración (del presidente estadounidense George) Bush, del gobierno de (Óscar) Arias, de las transnacionales interesadas en el negocio y de la oligarquía regional centroamericana.

Este bloque considera que, a pesar de que la sociedad costarricense está dividida y cada día más polarizada, mejor se la juegan y terminan de apretar todas las tuercas a ver si logran pasar toda esa agenda ultraliberal y que el mejor momento es este fin de año.

¿Cuál es la opción para los legisladores de oposición?

-Creo que los diputados podemos resistir, estamos obligados a resistir y a denunciar lo que está ocurriendo.

Estamos en capacidad de defender no sólo la oposición a los proyectos, sino las mociones que presentamos con una posibilidad de que los aspectos más nefastos de los proyectos no prosperen.

Pero esa resistencia parlamentaria tiene que vincularse con la resistencia que la gente hace en la sociedad con sus derechos constitucionales como la huelga, la protesta, la manifestación.

Es efectivamente un panorama complejo, pero creo que el país y las fuerzas vivas que se pusieron en movimiento en el referendo deben comprender que tienen la legitimidad moral y política, e incluso la legalidad, para saber que estamos autorizados. A nadie hay que pedir permiso para oponernos a leyes nefastas.

Este ritmo tan atropellado que vive la Asamblea Legislativa, ¿indirectamente no ejerce una gran presión sobre la Sala IV?

-Indudablemente. Incluso esta presión, además de los plazos tan estrechos y perentorios, van más allá porque en estas mociones de orden o resoluciones del presidente del Parlamento, se hacen ya aseveraciones sobre obligaciones constitucionales que realmente solo la Sala las puede interpretar.

Si usted lee con atención estas mociones, vienen con un preámbulo que parece que fuera redactado por un magistrado de la Sala IV -yo no digo que sea así- pero ellos hacen una interpretación de la Constitución que realmente se podría interpretar también como una forma de presionar a la Sala.

El quebrantamiento del orden democrático como pasó en el referendo es un tema que a mí me preocupa incluso más que la misma suerte de un proyecto de ley, porque pueden empujar a esta sociedad a situaciones de grave conflictividad.

Sin embargo, en perspectiva, el pueblo va a terminar ganando una pelea que es justa. No sé en qué plazo, pero creo que hay fuerzas intelectuales sociales, políticas y morales en Costa Rica para cambiar esto.

http://www.semanario.ucr.ac.cr/

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VIA ULTRA-RAPIDA PARA APERTURA DE TELECOMUNICACIONES

Intervención del Diputado José Merino del Río en el plenario de la Asamblea Legislativa, el jueves 15 de noviembre de 2007, en contra de la moción de orden para tramitar el proyecto de "Ley General de Telecomunicaciones", mediante un procedimiento ultra-rápido, amparado en el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo.

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ACELERAN TRAMITE DE LEY DE OBTENCIONES VEGETALES

Alerta al Movimiento Patriótico Nacional

El proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales se tramita aceleradamente en el plenario de la Asamblea Legislativa. Después de cumplirse con el conocimiento de las 900 mociones presentadas por la vía del artículo 137 del Reglamento durante 4 sesiones de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, se han empezado a conocer las mociones de reiteración.

Según el procedimiento de la vía rápida en las mociones de reiteración el legislador o legisladora proponente únicamente puede intervenir durante 5 minutos y las mociones de revisión se votan de inmediato sin posibilidad de defenderlas.

El Diputado José Merino del Río haciendo uso máximo de las posibilidades que le brinda en este momento el Reglamento Legislativo, presentará a la consideración del plenario un total de 70 mociones de reiteración, lo cual significa que podrá hacer uso de la palabra durante aproximadamente 6 horas.

De esa manera, aunque al día de hoy, 13 de noviembre, el proyecto se encuentra en su sétimo día de trámite en el plenario, es posible que el conocimiento de las mociones de reiteración y de revisión finalice antes del total de 22 que contempla la vía rápida (incluyendo las intervenciones por el fondo que son de 20 minutos).

La sesión ordinaria del plenario ha sido extendida más allá de las 6 p.m. y es probable que esto siga ocurriendo, así como la convocatoria de sesiones extraordinarias en los próximos días.

En estas condiciones informamos a los Sectores Sociales y los Comités Patrióticos que es posible prever que la votación en su primer debate de este proyecto de ley, que forma parte de la agenda de implementación del TLC, ocurra durante la próxima semana.

Partido Frente Amplio
Despacho Diputado José Merino del Río
Asamblea Legislativa

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SOLIDARIDAD CON DIRIGENTES SINDICALES DE UPINS

San José, 12 de noviembre de 2007
JMR-JFFA- 0309-2007

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica
Casa Presidencial
S.D.

Señor Presidente:

El despido de dos dirigentes de la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), Luis Salas Sarkis y Alicia Vargas Obando, constituye una verdadera afrenta a la libertad sindical, consagrada en la Constitución de la República.

Contraviene además esta decisión el Código de Trabajo y Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica, como el 87 y el 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En momentos donde se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que facilita la apertura privatizante del Instituto Nacional de Seguros, esta decisión de la Administración Superior sólo puede ser interpretada como un acto de represalia contra la organización sindical, que no solo defiende los derechos laborales de las personas asociadas, sino también la existencia de esa Institución solidaria.

El ambiente de persecución sindical existente en el Instituto Nacional de Seguros, evidenciado en este despido injusto y arbitrario, constituye una evidencia más de la crisis democrática y el debilitamiento del Estado Social de Derecho.

Le solicito respetuosamente dar marcha atrás y pedir a la Administración Superior del INS detener este procedimiento de despido de los dirigentes sindicales de UPINS.

Atentamente,

José Merino del Río
Diputado
Fracción Frente Amplio

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COMEX PRESUPUESTA 1.350 MILLONES DE COLONES PARA ARBITRAJES INTERNACIONALES EN 2008

Casi un 40% del presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior para el año 2008, esta constituido por partidas destinadas a la atención eventual de los arbitrajes internacionales que se derivan de los tratados comerciales y de inversión en los que participa Costa Rica, denunció el diputado José Merino.

Al iniciarse la discusión del Presupuesto de la República para el año 2008 en el plenario de la Asamblea Legislativa, el representante del Frente Amplio indicó que el presupuesto asignado a COMEX alcanza la suma de 4.129 millones de colones, y que de esta cantidad se dedicarán 1.539 millones de colones a partidas que tienen que ver con los juicios a que se puede ver sometido el país, como resultado de la incorporación a los tratados de libre comercio y de inversión.

La Contraloría General de la República, dijo el Diputado Merino, ha resaltado que el mayor gasto de COMEX se encuentra en la partida de Servicios, que pasa de 613,9 millones de colones en el 2007 a 2.044 millones de colonesen el 2008. Este aumento se explica, continuó, por la incorporación de la subpartida de “Servicios Jurídicos” por la suma de 1.350 millones de colones, para el pago de “honorarios de asesores jurídicos expertos en comercio e inversión internacional”, con el supuesto fin de “defender los intereses comerciales del país” en el marco de los tratados de comercio e inversión vigentes.

A esa cantidad indicada de 1.350 millones de colones se sumaría otra transferencia por la suma de 189 millones de colones para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a fin de pagar el costo de arbitrajes, gastos administrativos y procesales de las solicitudes de arbitraje que se presentan en contra de nuestro país.

Finalmente comentó el Diputado Merino que debe tomarse en cuenta que estas millonarias sumas son nada más para los gastos jurídicos y administrativos, y que si Costa Rica pierde en esos arbitrajes, las cantidades que tendrá que cancelar toda la ciudadanía a las grandes transnacionales, será exorbitante.

Comunicado de Prensa, 1 de noviembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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LAS PROMESAS DEL PRESIDENTE ARIAS

Así se consiguieron los votos para el TLC. Política tradicional y clientelismo. Chantaje a las comunidades e intercambio de votos por obras públicas.

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