DIPUTADO MERINO DENUNCIA INTERESES COMERCIALES EN EL TLC DEL EMBAJADOR MARC LANGLADE

El embajador de los Estados Unidos, Marc Langlade, tiene intereses comerciales directos en la aprobación del Tratado de Libre Comercio en las áreas del turismo y las telecomunicaciones, denunció el diputado José Merino del Río.

Recordó Merino que la primera aparición de Langlade en Costa Rica fue como miembro de la delegación oficial norteamericana a la toma de posesión del Dr. Abel Pacheco, siendo presentado en aquel momento como presidente de la empresa Posadas USA, Inc.

Parecía entonces un favor a Langlade en virtud a que aparece en las listas de los mayores contribuyentes a las campañas del presidente Bush, con sumas superiores a los 50 mil dólares.

Cuando arribó a Costa Rica como embajador de los Estados Unidos, la legación diplomática informó que antes y durante los anteriores 16 años, Langlade fungió como presidente de la compañía Posadas USA, Inc., que es una subsidiaria del Grupo Posadas, una corporación de la poderosa familia mexicana Azcarraga, con inversiones en el sector hotelero en la América Latina, que se expandió también hacia el Norte, después de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (conocido como NAFTA).

Según Merino el embajador norteamericano, que ha hecho declaraciones injerencistas “apareciendo en los últimos tiempos como jefe de fracción de hecho del bloque parlamentario pro-TLC”, también ha estado vinculado a la empresa CapRock Commnications Corp, “un proveedor integrado de comunicaciones dedicado en su momento a la construcción de redes de fibra óptica”.

Langlade fue cofundador de esta empresa que luego ha evolucionado a las comunicaciones satelitales para las industrias de transportes (marítimos y aéreos) y militar. Además se conoce que la familia Azcárraga es inversora en el campo de las infocomunicaciones a través del grupo Televisa.

“El embajador Langlade debe dar explicaciones públicas sobre sus intereses comerciales en la aprobación del TLC, al parecer más que un diplomático es un agente de los intereses de poderosos grupos empresariales vinculados a la texana familia Bush y a la mexicana familia Azcárraga”, concluyó el diputado Merino.

Comunicado de Prensa, 28 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

NICOYA: CIENTOS DE TRABAJADORES AFECTADOS POR EL NEMAGON ANUNCIAN MEDIDAS DE PRESION EN DEFENSA DE SUS DERECHOS Y CONTRA EL TLC

El diputado José Merino del Frente Amplio, y Orlando Barrantes, presidente de CONATRAB, denunciaron al gobierno y a las transnacionales bananeras por la permanente burla a los derechos de miles de familias.

Este sábado 24 de marzo en el barrio San Martín de Nicoya, más de trescientos trabajadores y trabajadoras afectados por el nemagón en las plantaciones bananeras, acudieron al llamado de CONATRAB para participar en una emotiva y combativa asamblea, que tomó diversos acuerdos para obligar al INS y a la Caja a otorgar las indemnizaciones y las pensiones que le deben a miles de familias envenenadas y estafadas por las transnacionales, con la complicidad de los gobiernos de turno. La asamblea se pronunció también contra el TLC y denunció las políticas corruptas y antipopulares que las mafias neoliberales siguen imponiéndole al pueblo.

El compañero Orlando Barrantes explicó a los trabajadores las diversas gestiones y luchas que están dando para que el INS y la Caja cumplan con un deber de justicia y de legalidad, reconociendo los derechos de los trabajadores. También informó de la lucha jurídica que se libra en tribunales estadounidenses, para que condenen a las compañías responsables de haber afectado irreversiblemente la salud de miles de trabajadores bananeros, a pagar indemnizaciones justas. Dijo el máximo dirigente de CONATRAB que continuarán peleando en todos los terrenos, hasta conseguir que se haga justicia a los trabajadores. Alertó asimismo sobre las amenazas que el TLC representa para los campesinos y trabajadores, para el derecho a la salud y a la educación, para instituciones como el ICE y el INS, así como para el agua y los recursos naturales del país.

El diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, fue recibido con grandes muestras de afecto por los trabajadores, que le agradecieron sus gestiones en el parlamento para la aprobación de la ley del Nemagón, así como su lucha constante en defensa de los pobres y del país.

"Es una vergüenza-dijo Merino-- que enciende la sangre, que mientras unos pocos se llenan los bolsillos robando y amasan fortunas en detrimento del bien común y del interés nacional, miles de trabajadores tengan que sufrir la constante humillación y el olvido del poder político y económico, para recibir una indemnización de menos 680 mil colones, después de haber sufrido trastornos graves en su salud por el uso criminal del nemagón y otros pesticidas en los banales, así como la traición de los gobiernos cuando reclamaron en los tribunales estadounidenses a las empresas transnacionales".

El diputado Merino, que también participó hace dos semanas en otra asamblea celebrada en Guápiles con más de dos mil trabajadores, hizo fuertes denuncias contra lo que llamó "mafias político-empresariales" que se dedican a saquear el país a costa de las condiciones de vida y trabajo de las mayorías populares, y del robo de recursos nacionales como el agua y las tierras. Merino se comprometió a ir hasta el final con los trabajadores, hasta que obtengan sus derechos.

"Sé-agregó-- que es muy doloroso que estemos luchando por una suma tan pequeña, cuando hay tanto sufrimiento y muertes acumuladas, y también sé que a ustedes como a mí les indigna saber que lo que valen hoy las tierras de El Jobo, adjudicadas a campesinos y que hoy están en poder de los hermanos Arias, se podría mejorar ya la vida de miles de ustedes; pero esa es la lucha que tenemos por delante, derrotar estas políticas criminales contra la gente pobre y trabajadora, impedir que el TLC sea aprobado, decir no a los nuevos filibusteros que quieren entregar el país a sus propias ambiciones y a los grandes capitales extranjeros".

El diputado Merino volvió a señalar que está dando la lucha en el parlamento, pero que también la da en las calles y allí donde sea necesario defender la dignidad de la gente, su derecho a la vida decente, así como la soberanía y el honor de Costa Rica.

La Asamblea finalizó con vivas a Costa Rica y fuertes manifestaciones en contra de los corruptos y del TLC.

VIA RAPIDA PARA ENTREGAR BIODIVERSIDAD

Alerta a la opinión pública

“Ante las presiones del embajador de los Estados Unidos, Mark Landglade, que demandó acelerar la aprobación del TLC y los proyectos de la agenda de implementación, los 38 diputados que según ese diplomático tiene a favor de estos proyectos repudiados por la mayoría de los costarricenses, hoy se ha presentado una moción para aplicar la vía rápida al proyecto de ley de las obtenciones vegetales”, informó el diputado José Merino del Rio.

“Este proyecto ha sido dos veces archivado y pretende patentar las semillas y plantas, para entregárselas a las transnacionales de los Estados Unidos y robárselas al patrimonio del pueblo de Costa Rica”, explicó el representante del Frente Amplio.

El proyecto, conocido como UPOV, es fuertemente rechazado por las universidades públicas del país, las organizaciones campesinas, los grupos ambientalistas y una amplia mayoría de la sociedad costarricense, por entregar al lucro privado la biodiversidad, poner en peligro la agricultura y amenazar la soberanía alimentaria, agregó el legislador.

Este proyecto de ley pretende que una semilla o planta no se pueda guardar, intercambiar o resembrar a no ser que se pague a la transnacional dueña. Tampoco se puede reproducir, vender, importar o exportar o simplemente tener la semilla o la planta. Aunque el agricultor o agricultora compren las semillas la primera vez, si quieren volver a sembrarlas tienen que volver a pagar. Quien incumpla puede incluso ir a la cárcel.

El diputado Merino además condenó “este nuevo asalto a la democracia parlamentaria y el bien común, del bloque aglutinado por el embajador de Estados Unidos y el gobierno de Arias Sánchez” y concluyó diciendo que “Es necesario que la población se movilice para derrotar está agresión contra los recursos fitogenéticos del país”.

Comunicado de Prensa, 22 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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LA OTRA CARA La noticia soberana

Esta semana:

-TLC por 38 votos

-El TLC no generará empleo

-Mayi Antillón, jefa de fracción del Partido de Gobierno no podrá votar el TLC



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EL ESCENARIO DEL TLC SE HA COMPLICADO*

Entrevista Por Ismael Venegas C.









José Merino del Río Diputado del Frente Amplio opuesto al TLC Afirma que los defensores del TLC han incurrido en errores de conducción política y de procedimiento. Ve difícil que el acuerdo y las leyes paralelas se aprueben en marzo del 2008

Trayectoria: Politólogo y sociólogo, de 56 años de edad. Nació en Burgos, España, y que repite en el Congreso (1998-2002).

¿Cómo ve el panorama para el TLC y las leyes paralelas?

El Gobierno y el bloque de diputados que apoyan esos proyectos están desconcertados porque pensaban que habían dado pasos muy certeros para que todo transcurriera con determinada velocidad. Ese escenario se ha complicado por sus errores de apreciación, de conducción política, y de procedimiento.

¿Qué tipo de errores de conducción?

La conducción ha estado en la Casa Presidencial y percibo que hay una ausencia del presidente de la República, que creo no tiene la suficiente motivación, el empuje, y las ganas para gobernar. Ha cedido la labores de Gobierno al ministerio de la Presidencia y me parece que don Rodrigo Arias, aunque ha establecido con ese bloque de partidos una relación constante y ha estado pendiente de la agenda parlamentaria, él no ha sido bien informado y no ha podido ver la complejidad del entramado legislativo.

"La traducción de esa conducción en el Parlamento tiene fisuras. Me parece que ese bloque se ha ido conformando sobre la base de demandas al Gobierno, que casi rozan con el chantaje, porque el Gobierno es amenazado de que podría perder algún apoyo para el TLC.

"Han aparecido contradicciones en cuanto a la vía rápida y la responsabilidad de cada uno para cumplir.

"Es una agenda muy dura, que requiere de muchas horas de sesión, de tener aquí a todo el mundo, pero siempre alguien falla. Hay una gran presión psicológica que ha minado la cohesión de este grupo, con jefaturas de fracción ya cansadas. Por ejemplo, la jefa del Movimiento Libertario ha perdido autoridad en el grupo, y sordamente en el PLN, Mayi Antillón tiene una personalidad ejecutiva, pero con defectos políticos de no comprender que los puentes hacia la oposición no se deben dinamitar .

"Los fallos para aplicar la vía rápida ha creado cierta desmoralización y la presión de la calle juega un papel importante.

"Hay muchos diputados que están tirando el tapón".

¿Esperaban una estrategia más agresiva de los defensores del TLC?

Sí, pero creíamos que iban a cometer menos errores. No esperábamos que después del dictamen de diciembre llegáramos a marzo en esta situación. Creí que iban a empezar el debate para darle una señal al país. Usted conoce bien el Reglamento.

¿Es mejor la vía rápida que la ordinaria?

Formalmente sí, pero eso no está resuelto. El artículo 41 bis tiene lagunas y no hay práctica de aplicación. Tiene un plazo de votación, pero tiene una duda de constitucionalidad: ¿qué pasa si quedan mociones pendientes de discutir?

¿Y la vía ordinaria?

Puede ser muy larga porque ya la oposición ha anunciado que va a usar las posibilidades reglamentarias que tenga.

El Gobierno tiene que certificar en marzo del 2008 la aprobación del TLC y de las leyes paralelas. ¿Es posible?

Lo veo muy difícil, de todos modos pienso que el Gobierno necesita una definición política antes. Haber consumido un cuarto del tiempo de su gestión (en el TLC) puede ser un lastre fatal para el resto de la administración. "Creo que si el Gobierno le pide a EE. UU. una prórroga y si se la da, los gobiernos centroamericanos no tendrían inconveniente, pero me parece que en los próximos meses algo va a pasar. No descarto que el presidente Arias renuncie al TLC".

* Entrevista publicada en La Nación del sábado 17 de marzo de 2007

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DENUNCIAN A LA NACION POR NO INFORMAR CON VERACIDAD*

BETANIA ARTAVIA
bartavia@diarioextra.com

El malestar de dos ciudadanos contra el diario La Nación llegó hasta la Sala Cuarta, donde interpusieron un recurso de amparo por considerar que lesionaron sus derechos a recibir información veraz y fidedigna.

William Ulloa Bonilla y Ana Cecilia Trejos acudieron ante ese órgano en busca de sentar un precedente para que de alguna forma se exija a los medios de prensa difundir información veraz, por considerar que específicamente en la publicación sobre la marcha contra el Tratado de Libre Comercio no se cumplió con ese precepto.

"Lo presentamos porque muchas personas que participamos en la marcha del 26 de febrero nos quedamos extraordinariamente sorprendidas con la información que leímos en el titular de La Nación y en la nota interna del día posterior a la marcha, donde decía que eran 23.500 las personas que habían participado, ni una más ni una menos, y esto generó un sentimiento de malestar entre quienes estuvimos ahí y entre quienes lo vieron en las imágenes de otros medios", comentó William Ulloa, uno de los recurrentes.

Detalló que tomaron la decisión luego de que en muchos correos electrónicos, llamadas telefónicas y páginas de Internet con un sentimiento de disconformidad y molestia por la forma en que se quiso presentar a la ciudadanía la marcha, y coincidieron en que debía hacerse algo.

"Acogiendo el malestar de muchas personas, pero a título personal, acudí a la Sala Constitucional, los fundamentos legales del recurso los aportó el licenciado Gerardo Trejos, ex diputado de Fuerza Democrática", comentó Ulloa.

"Nos quedó un sentimiento de indignación, de saber que no se da información veraz. En estos casos de marcha uno sabe que es muy difícil establecer la verdad y los medios de prensa no están obligados a hacerlo, usualmente lo que se recurre es a hacer una estimación de diferentes fuentes, como cuánto dicen los organizadores y cuánto la contraparte, pero en este caso no se presentó así, sino que se hizo una estimación, que consideramos pseudocientífica y que evidentemente aparece como mentirosa si se contrasta con lo que muestran las imágenes de DIARIO EXTRA de la primera página y las fotos interiores, y las fotos de los otros medios así como las tomas aéreas de televisión", explicó Ulloa.

Sostiene que la manifestación era como una serpiente humana que tenía la cabeza en Cuesta de Moras y la cola en el San Juan de Dios, por lo que la estimación de esa enorme cantidad de masa de gente moviéndose hecha por La Nación no parece correcta.

*-¿No cree que esta denuncia es algo similar a David contra Goliath?*
-Sí. Uno sabe que es así, pero el primer paso es el más difícil, y es que admitan el recurso porque la Sala es restrictiva en esas peticiones.

*-¿Usted lo hace en representación de las personas que se sintieron afectadas?*
-Lo hago a título personal, pero sé que en este caso represento la insatisfacción de muchísima gente que lo ha expresado por muy diferentes medios, en listas de correos, en páginas web, en "blogs" y por mensajes de teléfono y llamadas.

*-Si este es el primer paso, ¿qué sigue?*
-Hay otra gente que está haciendo un llamado a no leer La Nación, es el grupo Costa Rica Solidaria.

*-¿Cree que desvirtúa la acción el hecho de trabajar como asesor del diputado Merino?*
-No, porque yo lo hago en mi condición de suscriptor de La Nación y como lector puede ser que no esté de acuerdo con algo, pero sí espero que por lo menos esa información cumpla con el principio de veracidad, que es lo que me tutela, según mi opinión, el artículo 46 de la Constitución.

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Juan Diego Castro, abogado
"ESTE TIPO DE MANEJOS NO SON RAROS EN LA NACIÓN"

El abogado Juan Diego Castro considera importante que los magistrados conozcan el recurso de los ciudadanos porque sentaría un precedente que podría ayudar a que algunos medios de comunicación informen con veracidad y no sesgando o manipulando la información. Consultado sobre el tema, el abogado Juan Diego Castro, uno de los pocos que le ha ganado una disputa judicial a La Nación, dijo esperar que la Sala no sea tan formalista y conozca el fondo del recurso para sentar un precedente.

"Yo creo, y así se estima en todos los países democráticos del mundo, que el derecho a la información sea un derecho de dos vías: una es que los medios tienen derecho a informar todo y los ciudadanos tenemos el derecho de ser informados, pero esa información que recibimos los ciudadanos debe ser veraz. Incurre el medio o el periodista en una grave falta profesional y ética cuando publica notas falsas o sesgadas y se está violando el principio de la veracidad. Ese tipo de manejos en La Nación no son nuevos, ni raros, La Nación y su equipo de periodismo supositivo son muy hábiles en ese tipo de manejos que provocan una desinformación profunda. Quienes hemos sido víctimas de las mentiras de La Nación sabemos cuánto daño producen esos ataques antiperiodísticos", aseveró Castro.

El abogado detalló que aunque los lectores de un medio se sientan afectados por no recibir una información veraz, nunca habían acudido a la Sala Constitucional para reclamar por el derecho a recibir información veraz, de allí la importancia de éste recurso, y espera que los magistrados lo estudien, en vez de rechazarlo de plano.

"Me parece muy interesante que estos ciudadanos acudan a la Sala Cuarta pero no creo que los magistrados les den la razón, porque ellos van a argumentar que no utilizaron el mecanismo del derecho de rectificación y respuesta, que permite precisamente cuando el periódico no le publica la rectificación o respuesta en el término de la ley de jurisdicción constitucional que sea la Sala la que ordene la rectificación y respuesta. Espero que la Sala no sea tan formalista y conozca el fondo del recurso y siente un precedente, que de todas maneras a La Nación no le importaría, porque siempre la han condenado y ha seguido mintiendo", aseveró Castro.

"La postura de los sumos sacerdotes llorentinos no solo debe ser abordada desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista político y psiquiátrico, porque el daño que ellos provocan a nivel social, tergiversando y confundiendo a la población tiene orígenes y consecuencias psicológicos", recalcó el jurista, quien en el pasado logró ganarle una contienda judicial a ese medio de comunicación.

* Diario Extra del sábado 17 de marzo 2007

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JUEZ Y PARTE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE MEDICAMENTOS

El 23 de noviembre del 2006 la señora Laura Chinchilla, vicepresidente de la República, ministra de Justicia y presidenta de la Junta Administrativa del Registro Nacional, procedió a juramentar como miembro en calidad de propietario de la Junta Administrativa del Registro Nacional, para el período comprendido entre el 1º de diciembre del 2006 y hasta el 30 de noviembre del 2008, al señor Luis Enrique Pal Hegedus.

Se trata de un evidente nombramiento político, ya que entre los miles de notarios inscritos en el país se escogió al señor Pal, cónyuge de la jefa de fracción del PLN diputada Mayi Antillón, quien además es apoderado en materia de propiedad intelectual, específicamente de inscripción y defensa de patentes de invención de medicamentos, de varias compañías transnacionales de Estados Unidos, entre ellas la Pfizer Inc., que es una de las empresas que más tramitaciones de este tipo hace en el país.

Entre las atribuciones de la Junta Administrativa del Registro Nacional, donde participa el señor Pal Hegedus, está la de seleccionar y proponer a tres de los cinco miembros que integran el Tribunal Registral Administrativo, creado en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Dentro de las competencias de este Tribunal Registral Administrativo según la ley mencionada, se encuentra la de resolver los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictadas por todos los registros que conforman el Registro Nacional, lo cual incluye al Registro de Propiedad Industrial, lugar donde se inscriben las patentes de invención de medicamentos.

De manera que el cónyuge de la Diputada Antillón no sólo representa los intereses de empresas farmacéuticas que se beneficiarían con la eventual aprobación del TLC, sino que además forma parte de la Junta Administrativa del Registro, que para efectos de decisiones que les afecten, tiene injerencia directa en la integración del órgano que debe resolver las apelaciones que se formulen en materia de patentes. Asimismo, una vez que el Poder Ejecutivo nombre a los tres miembros del Tribunal Registral Adminitrativo, que le compete sugerir a la Junta Administrativa del Registro, será la Asamblea Legislativa la que los ratificará, donde es parte la diputada Antillón Guerrero.

Además, desde el punto de vista de la injerencia en aspectos administrativos, se informó recientemente de una serie de medidas que según la Ministra de Justicia, tienen el propósito de poner el Registro Nacional “a tono con los tratados internacionales”; incluyendo la inversión de $3 millones para la renovación del equipo tecnológico, la creación de nuevas plazas y la capacitación del personal vinculado a la inscripción de archivos.

En la información se consigna que se trata de superar el rezago en la realización de estudios de fondo, por lo que según la Ministra se han acumulado entre 1996 y 2006 un total de 329, de los cuales 138 análisis (41%) corresponden al área farmacéutica. Parece evidente el interés del señor Pal, meramente administrativo, de que se avance en este proceso de adecuación a las normativas de propiedad intelectual.

A lo anterior se suma lo que podríamos llamar la influencia en la orientación de las reformas, ya que por ejemplo en la presente semana se efectúa en el Hotel Radisson Europa el Seminario sobre Derechos de Propiedad Intelectual, convocado por el Registro Nacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde comparten tribuna el señor Wayne Roberts, por Pfizer Nueva York y don Luis Pal, en su condición de abogado. El primero de ellos diserta sobre “Falsificación de marcas en productos farmacéuticos”, mientras el segundo sobre “Régimen de acciones administrativas y judiciales en materia de patentes en Costa Rica”.

No hay duda de que en este caso el señor Pal actúa como juez y parte, que beneficia a las transnacionales farmacéuticas que representa, mientras se hace más evidente el conflicto de intereses de la diputada jefa de fracción del PLN, con el TLC.

Comunicado de Prensa, 14 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SOLICITARA A OPS ESTUDIO SOBRE IMPACTO DEL TLC EN MEDICAMENTOS Y SALUD PUBLICA

La Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, comunicó al diputado José Merino del Río que la Institución que encabeza solicitará directamente a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un estudio sobre el impacto de las normas de propiedad intelectual incluidas en el TLC con los Estados Unidos, en el sistema nacional de salud pública y el derecho humano de acceso a los medicamentos.

De esa manera fructifica con éxito la gestión del parlamentario del Partido Frente Amplio, que antes había intentado que dicho estudio fuera pedido por la Comisión de Relaciones Internacionales y el Directorio de la Asamblea Legislativa, asunto que fue bloqueado sistemáticamente por la fracción oficialista y sus aliados.

Según el diputado Merino el estudio que la OPS efectuó en Colombia, sobre el impacto de fortalecer las medidas de propiedad intelectual en los TLC en el mercado de los medicamentos y en los sistemas de seguridad social, muestra hallazgos alarmantes; ya que establece que si ese país “acepta condiciones similares a las de los países centroamericanos para mantener el consumo de medicamentos tendría que incrementar el gasto en $940 millones hacia el año 2002, la industria colombiana sería desplazada del mercado por las transnacionales farmacéuticas, y los gastos de la seguridad social se incrementarían en $163 millones”.

Igualmente los resultados para Perú según el estudio de la OPS para ese país serían desastrosos, pues según Merino del Río, “se ha establecido que 10 años después de la eventual entrada en vigencia del TLC, tendría un gasto adicional en medicamentos de $200 millones, de los cuales $110 millones tendrían que ser cubiertos por las economías familiares”.

La doctora Quesada indicó en su respuesta al legislador del Frente Amplio que este estudio técnico que solicitará “proveniente de una organización del prestigio de la OPS, tendiente a constatar la forma en la cual la eventual firma del Tratado de Libre Comercio pueda incidir sobre el derecho a la salud de los habitantes de la República y el sistema de seguro social costarricense, merece todo el interés y el respaldo por parte de esta Defensoría”.

Comunicado de Prensa, 14 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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LA OTRA CARA - NUEVA ENTREGA

Videos Kamuk, 12 de marzo de 2007



Titulares:

* Golpe a la coalición de gobierno pro TLC

* Adip defiende su derecho al desarrollo de la comunidad

* Costarricenses no creen en empresas encuestadoras

* Reprimen a manifestantes en Siquirres, provincia de Limón

La Otra Cara
Noticiero Virtual
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NUEVO BLOQUEO DEL GOBIERNO A DISCUSION DEL TLC

Al llegar hoy la agenda legislativa al lugar donde se encuentra el proyecto de ley del TLC, la “mayoría mecánica” solicitó varios recesos con el fin de evitar que continuara su trámite en el parlamento.

El diputado José Merino explicó que el PLUSC paralizó el plenario legislativo durante más de una hora, con el propósito de evitar la discusión sobre un tratado indefendible ante la opinión pública.

Resulta evidente, agregó Merino, que se trata de impedir a toda costa el debate, mientras esperan una vía rápida que les permita recortar las posibilidades de la oposición que puede criticarlo con fundamento.

“Esto demuestra la necesidad de redoblar las protestas y las movilizaciones del pueblo, ante las maniobras antidemocráticas del gobierno y sus cómplices que quieren meter el TLC por la puerta de la cocina, a espaldas de un verdadero debate democrático y del control de la ciudadanía”, concluyó el legislador del Frente Amplio.

Comunicado de Prensa, 12 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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PROCURADURIA DE LA ETICA ACLARA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES

Se trata de vínculo directo personal y patrimonial

El diputado José Merino afirmó que la Procuraduría de la Ética Pública refutó claramente el intento por confundir a la opinión pública de quienes minimizaron el conflicto de intereses de determinados diputados y diputadas con el TLC y los proyectos de la agenda de implementación.

“En su resolución sobre el caso de la diputada Arguedas, la Procuraduría establece que no se puede equiparar el conflicto de intereses, determinado por el interés directo personal y patrimonial, con la situación de una diputada que sea profesora o de un diputado que sea agricultor”, dijo el representante del Frente Amplio y agregó que “quedó demostrado que no se trata de situaciones similares, como de forma absurda se ha intentado hacer creer a la opinión pública”, dijo el diputado del Frente Amplio.

En relación con el argumento del diputado Méndez, subjefe de fracción del PLN, y de otros legisladores de la “mayoría mecánica”, sobre la existencia de "educadores legislando sobre educación" o "agricultores legislando sobre agricultura" o "abogados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos", la Procuraduría de la Ética Pública se pronunció en los siguientes términos:

“...La situación de conflicto se produce únicamente cuando el interés que está de por medio es realmente personal, no así institucional o gremial en términos genéricos. Lo anterior significa que un funcionario puede tener ligámenes de naturaleza laboral, académica o de organización social que no necesariamente le representan un impedimento para participar en una discusión o manejo de un asunto en ejercicio de su cargo, toda vez que aunque pueda tener esa clase de vínculos, ello no le significa una afectación ni la obtención de un beneficio a nivel de sus intereses personales, sino que ello sigue siendo un asunto de interés institucional o de un gremio o sector, de ahí que se trate de un interés que no le "pertenece" al funcionario ni incide directamente en su patrimonio o sus negocios, lo cual lo libra de colocarlo en una situación de conflicto que le inhiba para esa participación” (Resolución N° PEP-RES N° 013-2007, página 18).

“Queda claro entonces que el conflicto de intereses se presenta por la participación del diputado/a en la aprobación de leyes que implican beneficios económicos para empresas personales o de sus familiares, y que no lo existe cuando un diputado educador aprueba una ley que beneficia a la educación y no está recibiendo un beneficio económico para si, salvo el general que recibirá toda la sociedad, o cuando una diputada que labora para una institución aprueba una ley para fortalecerla y no está recibiendo un beneficio económico directo, pues ni es dueña de esa institución ni representa sus intereses económicos”, concluyó el diputado Merino.

Comunicado de Prensa, 12 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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EL SECRETO DE COMEX

José Merino del Río*

El Ministro de Comercio Exterior se niega a entregar un proyecto de reglamento ejecutivo, que es parte de la “agenda de implementación” del TLC con los Estados Unidos. Sorprenden los argumentos para intentar justificar este proceder. Comex declara “secreto” el proyecto de reglamento. En opinión del ministro Ruiz informar podría “entorpecer” la labor del Gobierno, generar “expectativas” en la población y permitir que los sectores interesados presionen.

¿Por qué tanto hermetismo? La verdad es que Comex intenta aprobar, vía decreto, las reformas más polémicas exigidas por el Capítulo de Propiedad Intelectual del TLC: la creación de un derecho exclusivo sobre el uso de datos de prueba requeridos para aprobar la comercialización de medicamentos y agroquímicos (por plazos de 5 y 10 años respectivamente), así como la cláusula conocida como “vinculación patente-registro”, que obliga al Ministerio de Salud a convertirse en “policía” de las compañías farmacéuticas, rechazando el registro de medicamentos genéricos cuando éstas aleguen que se infringen sus patentes.

Estamos ante una maniobra que busca sustraer el debate sobre estos temas de la Asamblea Legislativa, impidiendo que se discutan a fondo las implicaciones sobre el derecho a la salud de las normas sobre patentes del TLC. Mientras algunos diputados plantean proyectos de ley que -según ellos- ayudarían a paliar los efectos negativos sobre la Caja y la producción de medicinas genéricas, el Gobierno pretende resolver el tema en la oscuridad, sin participación de quienes resultarán directamente afectados y sus representantes.

Pero hay más. El trámite atropellado de este reglamento marca el inicio oficial del “proceso de certificación” exigido por el Gobierno de Estado Unidos como condición para la entrada en vigencia del TLC, a pesar de que este no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa.

Lo ocurrido en naciones como Guatemala y República Dominicana muestra que la gran “piedra en el zapato” de este proceso son las normas de propiedad intelectual sobre medicamentos y agroquímicos donde Estados Unidos exige -y obtiene- concesiones que van mucho más allá, no solo de las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sino de lo negociado en el TLC. Si quedaba un margen de flexibilidad para interpretar las obligaciones asumidas de una forma más favorable para el derecho de acceso a los medicamentos, es aquí donde tiende a cerrarse.

Ni siquiera Chile ha podido salvarse de la voracidad de las compañías farmacéuticas estadounidenses. El Representante Comercial de EE.UU. acaba de ubicar a Chile dentro de la Lista de Vigilancia Prioritaria 301 (8 de enero de 2007). Esta lista es un mecanismo unilateral de la legislación estadounidense que faculta al Gobierno a imponer sanciones comerciales a los países que, en su opinión, no respetan las normas de propiedad intelectual.

Según las trasnacionales farmacéuticas y el Gobierno estadounidense, las leyes de implementación del TLC relacionadas con medicinas genéricas aprobadas por Chile, no cumplen con las “obligaciones” impuestas en dicho Tratado. ¡Precisamente las mismas normas de implementación que el Comex pretende copiar en Costa Rica para “minimizar” el impacto negativo del TLC sobre el derecho humano de acceso a las medicinas!

Se empiezan a entender ahora las razones de fondo del Gobierno de Oscar Arias para mantener en secreto el trámite de las normas de implementación del TLC en esta materia, excluyendo al Parlamento. Una sociedad democrática como la costarricense no toleraría las imposiciones y abusos que se han dado en países hermanos. Mejor ocultarlos. Además es la forma más fácil de modificar constantemente las normas propuestas, hasta que finalmente se adapten a las desproporcionadas exigencias de EE.UU.

¿Habrá ya funcionarios estadounidenses destacados en el Comex revisando los artículos de este reglamento? ¿Le habrán denegado su “visto bueno”? ¿Qué más están pidiendo? ¿Serán estos los motivos por los que su texto se declaró secreto? Preguntas que el Ministro debe responder. No a este diputado, sino al pueblo de Costa Rica, para que pueda ejercer su legítimo derecho de participación ciudadana en el trámite de normas de carácter general, tutelado en el artículo 9 de la Constitución Política.

* Diputado del Frente Amplio. Artículo publicado en los periódicos Extra y La Prensa Libre del 10 de marzo de 2007 y en La República del 12 de marzo de 2007.

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DIPUTADO MERINO PIDE A DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SOLICITAR ESTUDIO A OPS

Sobre implicaciones del TLC en el acceso a los medicamentos

El diputado José Merino del Río solicitó a la Defensora de los Habitantes, Lizbeth Quesada Tristán, interponer sus buenos oficios ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el fin de que se efectúe un estudio sobre el impacto para el sistema nacional de salud pública y el derecho humano de acceso a los medicamentos, de las normas de propiedad intelectual incluidas en el TLC.

El legislador del Partido Frente Amplio recordó que la representación de la OPS en Costa Rica ha manifestado su disposición de efectuar una investigación similar a la efectuada en Colombia y Perú, sin embargo “de forma inexplicable las gestiones han recibido una respuesta negativa, tanto de parte del Directorio de la Asamblea Legislativa como de las autoridades de Gobierno que han guardado absoluto silencio”.

“Hay que esclarecer el probable impacto negativo del capítulo sobre la propiedad intelectual del TLC, sobre la producción nacional de medicinas genéricas, la capacidad de compra de medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social y el derecho de la población a la salud”, manifestó el diputado Merino.

En el estudio efectuado en Colombia por la OPS se demostró que, de aceptar condiciones similares al TLC de Estados Unidos con los países centroamericanos, para mantener el consumo de medicamentos habría que incrementar el gasto en $940 millones hacia el año 2020, la industria colombiana sería desplazada del mercado, mientras los gastos de la seguridad social se incrementarían en $163 millones.

El Cardenal Pedro Rubiano afirmó ante el Congreso de Colombia que “El TLC constituye una amenaza seria para el derecho a la salud” y la Conferencia Episcopal de ese país advirtió que este tratado demora la oferta de medicamentos genéricos de buena calidad y bajo precio.

Mientras tanto en Perú se ha establecido que, 10 años después de la eventual entrada en vigencia del TLC, tendrá un gasto adicional en medicamentos de $200 millones, de los cuales 110 millones los tendrán que cubrir los hogares peruanos.

Esperamos que la Defensoría de los Habitantes, como entidad pública creada para defender los derechos de la población, solicite este estudio a la OPS para contar “con información seria, actualizada y de carácter técnico que permita tomar una decisión con fundamento y no únicamente por las presiones de transnacionales interesadas”, concluyó el diputado Merino.

Comunicado de Prensa, 9 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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FRENTE AMPLIO REPUDIA INJERENCIA DE EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS

En La Prensa Libre del lunes 5 de marzo, bajo el título “Rechazar el TLC es perder una oportunidad de oro para el país” se publica una extensa entrevista al señor Mark Langdale, embajador de Estados Unidos en Costa Rica. En esta entrevista el señor Langdale se entromete de manera abusiva e ilegal en los asuntos internos de nuestro país, que solamente competen a las autoridades y pueblo costarricense.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961, en su Artículo 41 establece lo siguiente:

“1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades (se refiere a los diplomáticos) deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.” (El subrayado no es del original).

A un mes de celebrarse el 151 aniversario de la Batalla de Santa Rosa, donde el ejército campesino costarricense derrotó las tropas del esclavismo filibustero norteamericano, nuestro pueblo redobla su lucha contra el TLC, un tratado oprobioso que atenta contra nuestro Estado Social de Derecho y pretende cercenar el derecho a decidir soberanamente nuestro futuro como Nación.

El Partido Frente Amplio rechaza y censura esta intromisión del representante de los intereses de los Estados Unidos y demanda de las autoridades costarricenses la aplicación de medidas que impidan que en el futuro se repitan estas acciones que atentan contra nuestra soberanía.

Comunicado de Prensa, 06 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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FRENTE AMPLIO PROTESTA POR CIERRE DE PROGRAMA "DIAGNOSTICO"

El diputado José Merino del Río denunció en el plenario legislativo el cierre del programa “Diagnóstico”, que se emitía en el Canal 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).

Para el legislador del Frente Amplio el cierre de esta programa significa un “gravísimo atropello a la libertad de expresión y a los fundamentos de la ley del SINART, que suponen el respeto al pluralismo”.

El diputado Merino responsabilizó directamente por esta decisión arbitraria al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y al presidente de la República, Oscar Arias. “No toleran el pensamiento crítico”, argumentó.

Agregó que esta medida se suma a otras que vienen ocurriendo donde, por presiones políticas del más alto nivel, se cierran espacios de comunicación alternativa. “Lo que el presidente Arias llama la ‘tiranía en democracia’ es en realidad la dictadura del pensamiento único”, dijo.

El programa “Diagnóstico” ha sido conducido en el Canal 13 durante muchos años por el destacado intelectual costarricense Alvaro Montero Mejía, y ha merecido varios premios por su aporte significativo a la cultura nacional, entre ellos el Pío Víquez.

Comunicado de Prensa, 6 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio


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UN TRIUNFO POLITICO Y MORAL

A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE LA REFORMA PARCIAL AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

¿QUIÉNES VIOLENTAN LA DEMOCRACIA?

La Sala Constitucional dispuso por unanimidad declarar “que constituye un vicio sustancial del procedimiento legislativo la inadmisión ad portas de las apelaciones formuladas por algunos Diputados y Diputadas, tanto en la Comisión como en el Plenario”.

Con esta resolución se comprueba que la presidenta de la Comisión de Reglamento y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, Mayi Antillón, así como el presidente del directorio legislativo y del PLN, Francisco Antonio Pacheco, son los responsables de atropellos antidemocráticos en perjuicio de diputados y diputadas que vieron violentados sus derechos democráticos constitucionales, en medio de la desesperación del gobierno de Oscar Arias por acelerar la tramitación del TLC.

Ha quedado demostrado que la diputada Antillón en Comisión y el diputado Pacheco en el Plenario, han hecho un uso abusivo y arbitrario de las limitadas potestades de dirección del debate que les da el Reglamento de la Asamblea. Estas actuaciones de abuso de poder se expresaron en el más absoluto irrespeto de derechos básicos de otras fracciones legislativas y por eso fueron condenados por la Sala.

Ha quedado demostrado que es la mayoría mecánica que impulsa a golpe de tambor el TLC la que violenta la institucionalidad del país e irrespeta el principio democrático. Son las Fracciones del PLN, del Libertario, del PUSC, de los diputados Echandi y Massey dirigidas por Rodrigo Arias desde Casa Presidencial quienes violan la Constitución, al pisotear los derechos de los diputados en el Parlamento. Si antes de este fallo el pueblo estaba legitimado para hacer oir su voz en las calles, ahora con más razón, pues se ha probado que hay un grupo de diputados que no quieren que haya debate y que buscan ponerle una mordaza a los legisladores por los que votaron miles de costarricenses.

Lo ocurrido en el trámite de esta reforma al Reglamento no fue un pequeño “error” como se ha tratado de hacer creer a la opinión pública en algunos medios de prensa. El pueblo de Costa Rica debe saber que aquí no hay error alguno. Fue la prepotencia de una mayoría autista que no está dispuesta escuchar razones la que ocasionó que la Sala anulara lo actuado en el trámite de esta reforma. Tal y como consta en el siguiente extracto del acta respectiva, el diputado José Merino advirtió oportunamente en la Comisión sobre las arbitrariedades que se estaban cometiendo y estas advertencias fueron ignoradas por la Presidenta de la Comisión:

“DIPUTADO MERINO DEL RÍO: (...)
Ustedes me están amordazando, simplemente para que yo no pueda intervenir sobre un asunto que tiene que ver con la Ley que rige mis derechos como Diputado en esta Asamblea Legislativa.
El derecho de apelación siempre se ha reconocido en el caso de que, incluso, una presidenta de comisión realiza, pretende agrupar mociones, ese es un derecho de apelación, ¿cuál es el criterio de la Presidenta para agrupar un número de mociones y ella calificar su contenido? (...)

DIPUTADO MERINO DEL RÍO: (...)
He presentado una moción de apelación, quisiera saber si usted la va a recibir o no, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA:
No señor Diputado, no la recibo.

DIPUTADO MERINO DEL RÍO:
Muy bien. Entonces, señora Presidenta, usted me impide aquí defender mis mociones, yo no puedo aceptar que arbitrariamente... esto no es una lotería ni es un bazar donde yo voy a escoger una moción, ante esta interpretación que hace la Presidencia de la Comisión.
Me parece un atropello muy grave, que se pretende reformar el Reglamento ni siquiera darle a un diputado la posibilidad de hablar, de apelar, de revisar, de presentar mociones y ya ni siquiera de poder defender sus mociones de fondo en esta Comisión.

Protesto, no voy a retirar ninguna de mis mociones y es una acción unilateral de la Presidencia de esta Comisión, la que de hecho las está anulando. Trataré de defenderme en las instancias donde sea posible hacerlo, pero por lo visto no en esta Comisión, donde usted está imponiendo, autoritariamente, una interpretación reglamentaria, que va más allá de sus atribuciones, señora Presidenta. (...)

DIPUTADO MERINO DEL RIO:
Señora Presidenta, yo insisto, me están dejando en absoluta indefensión, usted ni siquiera admite que se puede equivocar, usted está con un criterio que podría ser erróneo por lo menos en algunos términos.

Podría haberse equivocado, no todas las mociones son agrupables en esos paquetes que usted ha organizado, pero ni siquiera me permite apelar, la apelación no es solo el derecho al “berrinche” del Diputado, es la posibilidad procesal de que haya una reflexión que también pueda llevar a corregir una decisión equivocada o no, para eso es la apelación, para que el cuerpo legislativo pueda votar una decisión, incluso, insisto, en la misma moción de orden, fíjese que crea un recurso en la Sala por ser un procedimiento tan expedito, tan especial, crea el procedimiento de que el apelante una vez terminada la intervención, la Asamblea votará el asunto en discusión.

¿Qué es la Asamblea? La Asamblea es todo, pero para el efecto de votación es el Plenario Legislativo, entonces yo insisto, me están dejando en una situación de indefensión, insisto, en un asunto que afecta quizá lo más importante de mis derechos en este Parlamento, como lo es una reforma al nuestra ley interna, al Reglamento. (...)

LA PRESIDENTA: (...) no estoy emitiendo ninguna resolución por que yo he actuado en esta noche, apegada a una moción 208 bis en la cual se define cuál es el procedimiento que rige a esta Comisión. Por lo tanto yo no puede aceptarle la apelación de un apego estricto a lo que dice esta moción. No puedo aceptar una moción de un hecho en el cual no he resuelto en contra de usted sino que he actuado de acuerdo a la legalidad que me dio esta moción 208 bis. No he sumado ni restado absolutamente nada, no hay fruto de mi interpretación, hay un apego estricto a lo que dice esta moción.”

Con esta resolución se ha rescatado el derecho de apelación de los diputados. Esta importante garantía se encontraba sumamente deteriorada la reiterada negativa de diputados del oficialismo que ocupan transitoriamente las presidencias de órganos legislativos a permitir que los demás legisladores apelen sus resoluciones. Atrás quedó esa mala costumbre del presidente del Plenario y de los presidentes de algunas comisiones de responderle a los diputados que apelan sus resoluciones: “no estoy emitiendo ninguna resolución” o “no estoy interpretando, solo estoy aplicando el Reglamento al pie de la letra.”

DIVISIÓN DE OPINIONES

La Sala Constitucional, al igual que la sociedad costarricense, está partida. En relación con otros temas de procedimiento la votación resultó dividida en forma estrecha. En la conformación circunstancial de la mayoría de la Sala se incluye el voto del magistrado Mora, que como se recordará sostuvo una cuestionable reunión con la jefa de fracción del PLN, mientras estaba reunida la Comisión de Reglamento. Hay una magistrada y dos magistrados que consideran que las personas consultantes tenían razón sobre otros asuntos de procedimiento. Así se lee en la parte dispositiva que:

“Por mayoría de votos -Magistrados Solano, Mora, Jinesta y Certad- que no existen los otros vicios de procedimientos alegados. La Magistrada Calzada y los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto, y estiman que hay vicios sustanciales en cuanto lo siguiente: 1) el trámite de la moción para fijar el procedimiento especial, por infracción de los principios de publicidad y del derecho de enmienda propios de la función legislativa; 2) las limitaciones arbitrarias y excesivas del derecho de enmienda y de participación de las minorías, tanto en el procedimiento seguido ante la Comisión dictaminadora , como ante el Plenario de la Asamblea; 3) falta de fundamentación de la resolución de la Presidencia de la Comisión que rechazó las mociones de fondo; 4) el rechazo injustificado de mociones de reiteración presentadas ante el Plenario.”

AL TLC NO LE PUEDEN APLICAR EL 41 BIS

La magistratura en minoría considera inconstitucional la reforma al reglamento “en cuanto autoriza la aplicación de ese trámite a los tratados y convenios internacionales”, mientras la mayoría considera que no es inconstitucional siempre y cuando se exceptúe los contemplados en el artículo 7 párrafo 2 de la Constitución. La mayoría de los estudios críticos legales del TLC indican que este afecta la integridad territorial y la organización política del país, por lo que no se podría tramitar

Por mayoría de votos -Magistrados Solano, Mora, Jinesta y Certad-, en cuanto al fondo, se estima que no es inconstitucional la reforma propuesta del artículo 41 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa en lo relativo a los tratados públicos y convenios internacionales, excepto en relación a los contemplados en el artículo 7°, párrafo 2°, de la Constitución, que tienen un procedimiento pautado en la Norma Fundamental. La Magistrada Calzada y los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y declaran inconstitucional la reforma parcial del artículo 41 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa en cuanto autoriza la aplicación de ese trámite a los tratados y convenios internacionales.

El voto por el FONDO. El Gobierno y algunos medios de prensa están diciendo que la Sala NO encontró ningún vicio por el fondo del proyecto de reforma al artículo 41 bis del Reglamento. ESTO ES FALSO. La Sala sí encontró aspectos de constitucionalidad por el fondo. Por votación de 4 a 3 (con un suplente en la mayoría) dijo que no es inconstitucional aplicar la vía rápida a tratados internacionales EN GENERAL (sin referencia expresa al TLC).

Pero la Sala dijo que SÍ es inconstitucional aplicarle la vía rápida a los tratados que están mencionados en el artículo 7 párrafo segundo de la Constitución, es decir aquellos que afecten la soberanía y la integridad territorial del país. Aquí hay que recordar que, tal y como habíamos denunciado, esta reforma pretendía aplicarle la vía rápida a TODOS LOS TRATADOS INTERNACIONALES, sin excluir estos últimos. Por lo tanto sí hay vicios por el fondo.

Nosotros creemos que el TLC está dentro de estos tratados, porque el TLC afecta la soberanía y la integridad territorial del país. Por lo tanto, ES FALSO que la aplicación de la vía rápida a este Tratado ha quedado fuera de discusión. La Sala NO ANALIZÓ el caso específico del TLC.

LO QUE VIENE

Los efectos del fallo. El voto de la Sala es contundente. Hay un “VICIO SUSTANCIAL EN EL PROCEDIMIENTO”. De acuerdo con la Ley lo resuelto por la Sala en esta materia es VINCULANTE para la Asamblea. Y la existencia de un vicio sustancial se sanciona con la NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad absoluta de un acto del procedimiento implica que todos los actos realizados con posterioridad a la comisión del vicio también están viciados de nulidad. Por lo tanto, para subsanar el defecto, el procedimiento debe retrotraerse al momento anterior a la comisión de los vicios encontrados por la Sala.

1. La sentencia de la Sala Constitucional integral, y no solo su parte resolutiva, debe ser recibida por el Plenario Legislativo. 2. Esta se traslada a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que sugiere al Plenario el camino a seguir. 3. Es de presumir que la sugerencia sea reiniciar el trámite del expediente en la Comisión de Reglamento con el fin de que sea dictaminado de nuevo. 4. Después de ser dictaminado ingresaría al plenario para su aprobación en primer debate. Este proceso podría tardar 2-3 semanas.

LA REFORMA SE PUEDE CONSULTAR DE NUEVO A LA SALA CONSTITUCIONAL

En relación con las declaraciones del presidente legislativo a los medios, donde afirmó que la reforma no puede ser consultada de nuevo a la Sala Constitucional hay que aclarar que es absolutamente falso. Hay proyectos que han sido consultados en varias ocasiones, por ejemplo el que penaliza la violencia sobre las mujeres, que ha revisado cuatro veces la Sala Constitucional. En todo caso no es el señor Pacheco quien puede decidir si una consulta se presenta, lo que corresponde a los legisladores y legisladoras, ni tampoco establecer su admisibilidad, ya que es responsabilidad de la Sala. Hay que considerar también que en la votación de esta consulta intervino un magistrado suplente, la opinión del magistrado propietario puede variar la opinión mayoritaria existente. La Sala puede cambiar su opinión tal y como ocurrió en la votación sobre la reelección presidencial.

VALORACION POLÍTICA

Para las fuerzas parlamentarias y extraparlamentarias que resisten el TLC la resolución de la Sala Constitucional representa una victoria política y moral. Ha quedado demostrado que quienes violentan los procedimientos democráticos son los abanderados principales del TLC. La defensa de la Constitución y la democracia es asunto que se empieza a resolver en las calles y otros espacios extraparlamentarios con la participación activa de cientos de miles de costarricenses. La táctica parlamentaria de la “mayoría mecánica” está en entredicho, el dictamen forzado del TLC ocurrió el 12 de diciembre, dos meses y medio después no ha continuado el trámite y la posibilidad de aplicarle la vía rápida sigue en entredicho. Todo parece indicar que, si no se vuelven a violentar derechos constitucionales, el trámite del TLC continuará en las sesiones ordinarias que se inician el 1 de mayo.

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¿ES POSIBLE UNA VIA RAPIDA PARA EL TLC?

LA OTRA CARA Edición del 5 de marzo de 2007


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NO TLC Marcha del 26 de febrero 2007