DEFENSORA DE LOS HABITANTES ADVIERTE AMENAZAS DEL TLC

Dice que habrá más desigualdad y exclusión social si no se hacen cambios

Informa-tico.com

La Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, analizó el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos desde la perspectiva de los derechos humanos y el estilo de desarrollo costarricense, y concluyó que el acuerdo trae muchos peligros y generará mayor desigualdad y exclusión social, si antes no se hacen muchos cambios.
Si la aplicación del tratado "no va a acompañada de mecanismos compensatorios y de redistribución de la riqueza efectivos, dadas las características del modelo de desarrollo actual, se puede esperar un incremento de la desigualdad social y una mayor exclusión de los grupos de menores ingresos" en la sociedad costarricense, advirtió Quesada.

La magistrada de conciencia compareció el pasado miércoles 23 de agosto ante la comisión de asuntos internaciones de la Asamblea Legislativa, para fijar la posición de la Defensoría ante el convenio comercial, pendiente de ratificación en Costa Rica.
"Preocupa mucho el agua", dijo Quesada, porque en la lista taxativa de recursos naturales que da el tratado el agua queda por fuera.

Y es que el problema es que en vez de una lista positiva en el tratado se negoció una lista negativa. Es decir, en lugar de decir 'se negocia 1, 2 3, 4 y 5', se dijo 'se negocia todo, menos 1, 2, 3, 4 y 5', ejemplificó la Defensora, y el resultado es que -afirmó- en este momento nadie, ni la Asamblea Legislativa, ni la Defensoria y mucho menos el pueblo tiene una idea clara de que es lo que está incluido en la negociación.
¿En qué país pensaban los negociadores?

Una de las preocupaciones, dijo la defensora, es que, a diferencia del resto de países signatarios del tratado con Estados Unidos (Centroamérica y República Dominicana), en la negociación Costa Rica no hizo reserva de protección de minorías.
"¿En qué clase de país estaban pensando los negociadores cuando no hicieron la reserva?" Como si no tuviéramos 60.000 indígenas que proteger, como si en Costa Rica no hubiera una población discapacitada, como si hubiera madres pobres jefas de hogar, cuestionó Quesada.

Señaló que en el tratado los demás países centroamericanos y el mismo Estados Unidos establecieron una "reserva general", aplicable a cualquier sector para proteger su derecho a adoptar o mantener (dentro del anexo II "medidas a futuro") cualquier medida incompatible con las obligaciones del Trato Nacional (en servicios e inversiones), que otorgue derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja.

Pero Costa Rica no protegió la capacidad del Estado para aplicar medidas de protección a minorías que choquen con las del Trato Nacional, quedando con ello mucho más limitado que el resto de los países signatarios, en sus posibilidades de diseñar políticas de desarrollo.

Amarras

La defensora ubicó limitaciones que impone el tratado en cuatro campos de política económica: política sectorial, política de inversiones, política arancelaria y política fiscal.

El país renuncia al uso de algunos instrumentos de política sectorial tales como aranceles, ayudas directas, subsidios, créditos preferenciales e incentivos fiscales, los cuales son utilizados tradicionalmente en las políticas de promoción de desarrollo, basadas en el apoyo o el fomento de sectores o ramas productivas o la promoción del desarrollo de regiones particulares.

En política fiscal, el acuerdo conlleva una pérdida de grados de libertad en cuanto al uso discrecional del gasto público, como un instrumento de desarrollo y de redistribución del ingreso.

En cuanto a política de inversiones, el tratado no permite al país imponer a las empresas requisitos de desempeño, lo que priva al gobierno de una importante herramienta para la definición y fomento de programas nacionales de desarrollo. Al limitar la posibilidad de realizar una política interna de desarrollo, convierte la atracción de inversión extranjera en un fin en sí mismo y no en un medio de desarrollo, lamentó la defensora.

Finalmente en cuanto a limitaciones en política arancelaria, una vez que entre en vigencia el tratado, los compromisos de desgravación arancelaria condicionarán los márgenes de acción para el manejo de la política arancelaria con respecto a los demás socios comerciales.

Ninguna de las partes podrá incrementar los aranceles existentes, o adoptar aranceles nuevos sobre los bienes y servicios negociados en el acuerdo, lo que impide el uso de los aranceles como instrumento para el desarrollo de áreas o industrias de interés nacional.

La defensoría manifestó preocupación por el impacto de estas limitaciones de la política económica en el sector agropecuario, la reconversión productiva, la seguridad alimentaria y el beneficio del consumidor nacional.

En particular, mencionó que los agricultores nacionales podrían ser eliminados por las prácticas desleales, como los subsidios, con los cuales se verán obligados a competir, mientras en el país estos son prohibidos.

Mencionó el ejemplo de México, que luego de una década de vigencia del TLC con Estados Unidos ha dejado de ser autosuficiente en la producción de maíz, producto básico de la dieta popular, y ahora tiene que importar el grano del vecino país.
En materia de la reconversión productiva, que se promete a los agricultores que no puedan mantenerse en su actividad tradicional, Quesada preguntó ¿cuál es la estrategia del país para la reconversión productiva?

Dijo a fin de consignarlo en el informe, la Defensoría consultó al Consejo Nacional de la Producción, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria y Comerico, pero ninguno logró demostrar que programas de esa naturealeza estuvieran listos para entrar en acción a partir de la eventual aprobación del TLC.

Por otro lado se dice que el consumidor es el más beneficiado con la apertura comercial, pero la Defensoría duda que ello sea verdad, al menos en el caso de los productos básicos, como el frijol.

La desgravación arancelaria iniciada en la década de los ochenta del siglo pasado ha dejado a los productores nacionales de este grano sujetos al vaivén de los precios internacionales, originados en un mercado de excedentes. La producción interna, luego de tener una tendencia creciente hasta la década de 1980, pasó en la segunda mitad de los años noventa a un deplome para dar cabida a una importación que crece aceleradamente (hoy solo se produce el 23% del frijol que consume el país, y, al contrario de lo que se dijo, la tendencia de los precios internos ha sido al alza.
Y es que la Defensoría ha llegado al convencimiento que un mercado tan pequeño como el nuestro no es competitivo, y más bien la tendencia que se ha venido observando es la 'cartelización' de las actividades productivas (grupos que controlan la producción y venta de los productos).

David y Goliat

¿Pero todo esto no ocurre lo mismo con otros tratados comerciales ya firmados por Costa Rica?, se preguntó la defensora.

Es que en el caso del TLC con Estados Unidos -señaló- la pérdida de grados de libertad puede ser significativa, porque se trata de un acuerdo entre naciones con diferente nivel de desarrollo, y porque es suscrito por cinco países subdesarrollados con su principal socio comercial, que a la vez es la economía más desarrollada del mundo.

"No se puede descartar que el tratamiento comercial homogéneo entre países con desiguales niveles de desarrollo y tamaño de mercado pueda contribuir a una profundización de las diferencias de desarrollo entre las naciones y a los interno de éstas", observó.

El informe de la defensora también incluyó, entre otros puntos, un análisis de aspectos jurídico-constitucionales del tratado, el tema de la propiedad intelectual y el costo de los medicamentos, el tema ambiental, laboral, la actividad aseguradora, las telecomunicaciones y la agenda complementaria.

La funcionaria subrayó que su informe es un estudio técnico hecho desde la perspectiva de los derechos humanos, y no es exhaustivo, pues aún quedan muchos temas por analizar.

Cuando la Defensoría aborda el estudio del TLC desde la perspectiva de los derechos humanos, ello implica que se parte de la premisa de que todo instrumento de política económica, como lo es un acuerdo comercial, también debe buscar la efectiva realización de los derechos humanos.

Y, a contrario sensu, un acuerdo comercial no debería representar una amenaza a la realización de los derechos humanos, indicó.

"La Defensoría espera que el informe lleve a la reflexión y a la conciencia de que, para obtener algunas cosas, puede que el país tenga que sacrificar otras, así como que es necesario estar conscientes de que el país tiene que organizarse y hacer muchos cambios para que los beneficios de unos habitantes no impliquen lesiones a los derechos humaos de muchos otros", concluyó Quesada.

RECHAZAN CONSULTA A LAS COMUNIDADES SOBRE TLC*

"Mayoría mecánica” no acepta petición de la Iglesia Católica

Atendiendo la solicitud del arzobispo de San José, Monseñor Hugo Barrantes, de llevar las consultas sobre el TLC “pueblo por pueblo”, y de la Conferencia Episcopal a un diálogo que llegue “a todo el país y a más escenarios”, el diputado José Merino del Río presentó una moción ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, para convocar un ciclo de foros informativos en las comunidades del país.

La “mayoría mecánica” (PLN + ML + PUSC) se expresó rechazando la moción del representante del Partido Frente Amplio con seis votos en contra, durante la sesión del miércoles 16 de agosto. La realización de los foros regionales sólo tuvo el apoyo de los tres integrantes del PAC en la comisión.

La moción pretendía que participaran en los foros personas en contra y a favor del TLC y se efectuarían inicialmente al menos en quince ciudades: Liberia, Cañas, Puntarenas, Ciudad Neily, Limón, Guápiles, Ciudad Quesada (San Carlos), San Ramón, Turrialba, Paraíso, San Isidro de El General, Santiago de Puriscal, San Ignacio de Acosta, San Marcos de Tarrazú y Santa María de Dota.

La semana anterior la “mayoría mecánica” también había rechazado de nuevo una moción para efectuar una consulta del TLC a las comunidades indígenas, incumpliendo de esa manera los compromisos asumidos por el país en convenios internacionales y de derechos humanos.

Debates sobre el impacto del TLC en educación y salud

Por otra parte durante la comparecencia de los sindicatos agrupados en “Magisterio en Acción”, y ante las declaraciones del Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz que les acusó de “mentirosos”, el diputado José Merino les lanzó el reto de participar en un debate sobre las implicaciones del TLC en el sector educativo, a lo cual accedieron. Habrá que ver qué responde el jerarca del COMEX.

El diputado del Frente Amplio dijo que ante las declaraciones del representante de la Cámara de Productos Genéricos, Román Macaya, en el sentido de que sus posiciones no han sido recibidas ni escuchadas por la Caja Costarricense del Seguro, planteará igual reto al presidente ejecutivo Eduardo Doryan, para efectuar un debate sobre los impactos en el sector salud del TLC con participación de los empresarios de genéricos y la dirigencia sindical.

Oficialismo sin argumentos ante contundencia de sectores sociales

El diputado Merino del Río comentó que las últimas comparecencias de los sectores sociales, incluyendo a las organizaciones campesinas UNAG, Mesa Nacional Campesina y MANA, y las organizaciones de educadores reunidas en “Magisterio en Acción”, han sido contundentes en su argumentación sobre las consecuencias nefastas del TLC para la sociedad costarricense en muy diversos aspectos sustanciales, más allá de intereses sectoriales que representan, la cual no ha podido ser contestada por la representación oficialista.

Merino resaltó la seriedad y rigor con que los sectores sociales se han tomado la tarea de dar a conocer sus posiciones, lo cual prácticamente ha dejado sin argumentos “a la mayoría mecánica”, que únicamente atina a intentar acelerar las comparecencias para terminar este periodo de consultas lo más rápido posible.

Ha quedado también evidenciado, agregó el representante del Frente Amplio, que los intereses de determinados sectores productivos fueron negociados muy mal y algunos de ellos, como los arroceros y los ganaderos, vieron como los negociadores traicionaron sus propuestas. “A pesar de la resignación de algunas cúpulas empresariales y la confianza extrema en ayudas y reconversiones que seguramente nunca llegarán, ahí abajo donde quema el sol, el pequeño y mediano agricultor de leche, papa, cebollas, frijoles y otros productos, sabe que este TLC significará su ruina y se dispone a resistir”, concluyó Merino del Río.

Comunicado de Prensa, 17 de agosto de 2006
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Fracción Partido Frente Amplio

MEDICINAS Y AGROQUIMICOS MAS CAROS CON TLC

Boletín Legislativo del 10 de agosto de 2006
Elaborado Orietta Vargas Cavallini

Las medicinas y los productos agroquímicos aumentarán de precio, si se aprueba el Tratado de Libre Comercio, pues los productores de genéricos no podrán entrar en el mercado, por los derechos de propiedad intelectual, dijo Román Macaya, Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Productores de Genéricos.

Macaya junto con Marvin Martínez, Presidente y Lorenzo Céspedes, Asesor de la Cámara, participaron en la comparecencia en la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, y se refirieron al capítulo 15, que se refiere a la propiedad intelectual.

Agregó que el país no está preparado para lidiar con las reglas que se estipulan en el tratado, el cual impone reglas hacia el exterior, pero no las ejecuta internamente y con ello cerrará las puertas a las mercaderías.

Esto por cuanto los nuevos productos vienen con las reglas que dictan las normas de propiedad intelectual y no se podrán adquirir los genéricos.

Macaya dijo que en relación con las medicinas se corre el riesgo de desaparecer la cobertura total de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues estos desaparecerán del cuadro básico de medicinas.

Agregó que una de las preocupaciones de la Cámara de productos genéricos es promover la investigación, para hacer crecer este tipo de industrias pero no se cuentan con los recursos económicos.

Para ello han propuesto que por cada solicitud de patente se cobre un canon de $10 mil y crear con ello un fondo dedicado a la investigación y expandir este tipo de empresas.

PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFECTADOS CON EL TLC

"Aprobación o rechazo del tratado se definirá con el referéndum de las calles"

Boletín Legislativo, 9 de agosto 2006
Elaborado por Armando Alonso González

Lorenzo Cambronero, Presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, y José Oviedo Chávez, representante de esa organización, advirtieron a los diputados que integran la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, que con la ratificación del TLC con los Estados Unidos, muchos de los sectores productivos agropecuarios se verán muy afectados y otros desaparecerán de la economía nacional.

Cambronero manifestó su rechazó del TLC, porque -según dijo- liquida la agricultura nacional, fomenta la pobreza extrema del sector campesino y rural del país, lesiona gravemente la soberanía nacional, atenta contra nuestra culturalidad, y además deja claramente establecido que hubo una conducta inmoral, sin escrúpulos por parte de quienes negociaron dicho tratado.

En este sentido, indicó que las negociaciones fueron totalmente en secreto. Reconoció sin embargo que sí se consultó con su sector, pero advirtió que eso es muy diferente a ser informados. “Nosotros hicimos nuestro planteamiento, pero nunca fuimos escuchados, mucho menos fueron atendidas nuestras inquietudes y propuestas”.

El Presidente de la organización señaló que en el caso del arroz, por ejemplo, en el tratado se establece que a partir del vigésimo año de vigencia, se elimina el requisito de desempeño. Además desde el primer año entrará un contingente de 51.000 toneladas métricas del grano libres de aranceles, y lo que es peor, -sostuvo-, en el vigésimo año, ese ingreso será ilimitado.

Otro de los sectores que se verá afectado indicó, es la leche, pues el ingreso de productos lácteos al país, será ilimitado a partir del vigésimo año. Informó también que el ganado porcino será otro de los sectores en debilitarse, ya que sin haber sido aprobado el tratado, se ha visto envuelto en serios problemas por la ineficiencia institucional, debido a la falta de capacidad para abrir la oficina de prácticas de comercio desleal.

El azúcar es otro de los productos que no quedó bien negociado, aseguró. En el TLC, la cuota de ingreso a Estados Unidos se aumenta de 15.000 a 28.000 toneladas métricas, pero ese país no sometió este sector a un proceso de desgravación arancelario.

“En estas circunstancias lo que estamos acatando es una orden para la protección de transnacionales, que son las que quieren adueñarse de nuestras plantas, nuestras semillas criollas y autóctonas”, violentando con ello nuestra soberanía, expresó el Presidente de la agrupación.

Finalmente, indicó que la aprobación o el rechazo del tratado se definirá con “el referéndum” de las calles, “aquí si no se toman medidas de carácter inmediato, se nos avecina un caos social irreversible y entonces no habrá tiempo para arrepentirnos y volver atrás”, concluyó Cambronero.

Algunos diputados realizaron consultas, entre ellas Lorena Vázquez, quien preguntó cuál era la posición con relación a la agenda de desarrollo del sector agropecuario. En este sentido, José Oviedo Chávez, dijo que conocían nada al respecto, y en cuanto a la agenda de competitividad, se preguntó si el sector puede ser competitivo o no.Evita Arguedas externo su duda en el caso del sector azucarero pues preguntó acerca de los estudios técnicos que demuestren que se verá afectado con el TLC. Cambronero dijo que responden como agricultores y no como comerciantes.

"PRESIDENTE ARIAS QUIERE OBLIGAR A TRAMITAR TLC A GOLPE DE TAMBOR"*

Diputado José Merino considera poco ética presión
para aprobar negocio para unos pocos

“Rechazo enérgicamente las declaraciones del presidente Arias donde responsabiliza a la oposición parlamentaria por el poco avance del país en los primeros cien días de la administración liberacionista”, declaró el diputado José Merino del Río.

Según la opinión del legislador del Partido Frente Amplio: “Las agresiones del presidente Arias a la Asamblea Legislativa son parte de la guerra psicológica, para obligar a tramitar el TLC y los proyectos de privatización a golpe de tambor”.

El representante del Frente Amplio considera que se trata de una campaña “para tratar de intimidar al parlamento y reducirlo a la función de fábrica maquiladora de leyes”.

El diputado Merino sostiene que en todo caso el partido del Presidente ha tenido abundantes fracciones parlamentarias durante los últimos lustros, por lo que serían los principales responsables de cualquier entrabamiento del Poder Legislativo y del poco avance del país.

Finalmente el legislador comentó que “Es poco ético que se presione para aprobar un TLC que es un negocio para unos pocos, y es poco estético que se pierdan los modales y se termine agrediendo a los comunicadores y al Parlamento”.

* Comunicado de Prensa, 9 de agosto de 2006
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Fracción Partido Frente Amplio

OBTENCIONES VEGETALES CADUCO

Poder Ejecutivo convocó proyecto archivado

El proyecto de “Ley de protección a las obtenciones vegetales” (expediente 13.640) fue convocado por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, a pesar de que su plazo de vigencia caducó y ya estaba archivado.

“El movimiento ecologista y otros sectores sociales que lo adversan, pueden estar tranquilos porque el proyecto ha sido archivado, aunque deben mantenerse alerta porque seguramente lo presentarán de nuevo” dijo el diputado José Merino del Río al comentar el error del Gobierno, e indicar que evidencia alguna descoordinación con la Fracción del PLN.

El proyecto archivado desarrolla las disposiciones del Convenio UPOV y es requisito para la “certificación” de Costa Rica por parte de los Estados Unidos en el trámite de un eventual TLC, y ha tenido la férrea oposición de organizaciones indígenas, campesinas y ecologistas.

Según una resolución de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, del 22 de mayo del 2006, se dispone que todo recurso de revisión u otro tipo de proposición que se presente y a la cual se le venza el plazo de vigencia que otorga el artículo 206 del Reglamento, será archivado por la Secretaría del Directorio sin más trámite.

El expediente 13.640 tenía una moción de revisión pendiente sobre la votación que rechazó darle una nueva prórroga al proyecto, presentada desde el 13 de junio del 2005, un periodo mucho mayor al de cuatro meses que establece el Reglamento Legislativo en el artículo citado.

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR ADMITE QUE ENMIENDA AL TLC SE HIZO A ESPALDAS DE COSTA RICA*

El Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, reconoció que Costa Rica nunca fue consultada sobre la enmienda al artículo 22.5 del TLC, pactada por EE.UU. y El Salvador el pasado 10 de marzo de 2006, a pesar de que afecta a todos los países firmantes del Tratado.

El jerarca del COMEX compareció en la sesión del jueves 3 de agosto de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, en respuesta a una moción presentada por el diputado José Merino del Río, para que rindiera cuentas sobre la mencionada enmienda.

Aunque en un inicio el Ministro intentó justificar la omisión, argumentando que nuestro país no tenía derecho a ser consultado por no ser Parte del TLC y estarse discutiendo aún en la Asamblea Legislativa, después admitió que Costa Rica sí tenía ese derecho. Incluso se comprometió a realizar gestiones ante la Organización de Estados Americanos (depositaria del Tratado) a fin de exigir explicaciones sobre el trámite seguido por esta enmienda.

El diputado Merino interpeló al Ministro Ruiz, denunciado que en el procedimiento seguido para modificar el TLC, se habían irrespetado los derechos que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados le otorga a nuestro país, en su condición de Estado Contratante, a ser consultado y participar en las negociaciones de cualquier enmienda que pueda afectarle, aún cuando no haya aprobado el TLC.

De acuerdo con el diputado del Partido Frente Amplio quedó demostrado que era “una falacia” la afirmación de varios diputados de Gobierno, en el sentido de que Costa Rica tenía que aprobar el TLC para poder exigir participación en este tipo de negociaciones.

“Más bien, el que no se nos haya consultado es una prueba más del irrespeto y la poca transparencia con que el Gobierno estadounidense ha manejado la negociación del TLC, así como de la complacencia y negligencia de los funcionarios del COMEX en la defensa de los intereses nacionales”, concluyó.

Durante la comparencia surgieron importantes dudas de las diputadas y los diputados presentes sobre los alcances del llamado “proceso de certificación”, que realiza el Gobierno de EEUU como requisito previo para la entrada en vigor del Tratado, y que ha sido incorporado al texto del TLC a través de la citada enmienda.

El diputado Merino, manifestó la preocupación de que nuestro país siga los pasos de Guatemala donde este procedimiento fue utilizado “para ejercer presiones indebidas sobre el proceso interno de aprobación de las leyes, llegando a exigirle a este país, como condición para entrar al TLC, que realice reformas que van más allá de los compromisos adquiridos en el Tratado.”

* Comunicado de Prensa, 4 de agosto de 2006
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Fracción Partido Frente Amplio

SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA DEL MAGISTERIO NACIONAL GRAVEMENTE AMENAZADA POR TLC

Alerta a las educadoras y los educadores

José Merino del Río
Diputado Partido Frente Amplio

¿Sabía Usted compañera educadora y compañero educador que no sólo el Instituto Nacional de Seguros (INS) corre un grave peligro en caso de aprobarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC)?

También la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional sufrirá las consecuencias de las obligaciones en materia de seguros, impuestas al país a última hora y sin consulta alguna durante la ronda final de negociaciones del TLC.

Esta importante institución social se encuentra regulada actualmente en los artículos 496 a 508 del Código de Educación (Ley No. 181 del 18 de agosto de 1944 y sus reformas). Fue creada en 1920 como un mecanismo para dar protección a las familias de las y los educadores en caso de muerte o inhabilitación para laborar, a través de la constitución de un fondo para financiar seguros de vida, en una época en que no existían ni la Caja Costarricense del Seguro Social ni las Garantías Sociales.

Sin embargo, en el Capítulo 12 del TLC “Servicios Financieros” se le impusieron a Costa Rica una serie de obligaciones, que podrían ocasionar su desaparición.

Los seguros de vida que presta la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, expresamente fueron incluidos en el tratado (artículo 12.20), de manera que su prestación quedará sometida a las obligaciones de apertura y desregulación que éste establece. Al igual que ocurrió con los seguros sociales que presta el INS, no se hicieron diferencias en razón de si se trata de actividades de naturaleza social o puramente mercantiles. Todas serán afectadas por igual.

A su vez, los negociadores de Costa Rica no incluyeron ninguna excepción o reserva que resguarde la actividad especial que realiza dicha Institución.

El TLC utilizó al sistema de “listas negativas” para determinar cuales actividades se encuentran sometidas a las obligaciones del Capítulo 12 y cuales no. Según este sistema tales obligaciones les son aplicables a todas las actividades relacionadas con “servicios de seguros” y a la normativa que las regula; salvo las que expresamente se encuentren mencionadas en las listas del Anexo III (“Medidas Disconformes de Servicios Financieros”). En este sentido, todas aquellas normas del país relativas a una determinada actividad de seguros que no estén listadas expresamente deben ser “conformes” con el tratado o, de lo contrario, tendrán que ser derogadas o modificadas. En la Lista de Costa Rica del Anexo III, nada se dice sobre el Código de Educación y la demás normativa que regula la actividad de la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional.

En la Sección H del Anexo 12.5.1 del Capítulo 12 “Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Seguros”, nuestro país adquirió la obligación –aplicable a todas las líneas de seguros- de permitir “sobre una base no discriminatoria” a los proveedores de servicios de las otras Partes “competir efectivamente para suministrar directamente al consumidor servicios de seguros transfronterizos” y a establecerse para suministrar dichos servicios en el territorio nacional (artículo III, “Compromisos Graduales de Apertura del Mercado”).

Actualmente, el Código de Educación establece una deducción salarial obligatoria a las y los educadores, que será administrada por la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, para la prestación de servicios de seguros -como “proveedor exclusivo”- a esta población, en condiciones altamente favorables.

Tales disposiciones serían incompatibles con la obligación de “acceso a mercados” de seguros antes citada. Cualquier empresa transnacional dedicada al comercio de seguros de vida –incluso las dedicadas a la venta de seguros transfronterizos- podrían alegar que se les está “discriminando” y que no se les está permitiendo “competir efectivamente” si no se les autoriza a vender estos seguros a las y los educadores a partir de las contribuciones obligatorias que hoy administra de manera de exclusiva la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.

En este sentido, es importante recordar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional referida a esta Institución “la sociedad no es una asociación a la que se está obligado a pertenecer, es por el contrario, un mecanismo jurídico elegido por el Legislador para la administración de los fondos que los afiliados allegan por medio de contribuciones salariales, para fines estrictamente sociales”. (Voto No. 5033-97)

El TLC también le impone a nuestro país la obligación de “trato nacional” en el comercio de servicios financieros, que, de conformidad con el artículo 12.2, inciso 2 y en lo que interesa, implica que Costa Rica se compromete a otorgar “a las instituciones financieras de otra Parte y a las inversiones de los inversionistas de otra Parte en instituciones financieras un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propias instituciones financieras y a las inversiones de sus propios inversionistas en instituciones financieras, con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de instituciones financieras e inversiones.”

La principal consecuencia de esta disposición es que el Estado Costarricense queda imposibilitado de brindarle condiciones más favorables o un trato preferencial a determinadas instituciones que presten los servicios regulados por este capítulo –incluidos los seguros- en atención, por ejemplo, a su naturaleza o a los fines que persiguen. Así las cosas, las normas del Código de Educación que crean un régimen especial a favor de la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, así como cualquier otra norma dictada que le otorgue algún beneficio o ventaja a esta institución que no se le conceda también a las empresas extranjeras que vengan a prestar servicios de seguros al amparo del tratado, sería calificada como violatoria de la obligación de trato nacional.

En tales casos, se obligaría al Estado a eliminar las disposiciones que establecen un tratamiento diferenciado en beneficio de la Sociedad de Seguros del Magisterio, o bien, a otorgarle las mismas condiciones y beneficios a las empresas trasnacionales dedicadas a las comercialización de seguros. En ambos supuestos, la consecuencia final es que se desnaturalizaría por completo esta institución social, amenazando severamente su permanencia.

¿Fueron informados las y los educadores costarricenses sobre las graves amenazas que se ciernen sobre sus conquistas sociales con el TLC?

¿Fue consultado el Magisterio Nacional por los negociadores del TLC, de previo a adquirir obligaciones como las citadas que afectarán directamente a sus afiliadas y afiliados?

SECTOR ARROCERO: TODAS LAS RONDAS Y TODOS LOS CUARTOS ADJUNTOS FUERON UNA GRAN FARSA

La Corporación Nacional Arrocera (CONARROZ) en su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, manifestó su oposición al Tratado de Libre Comercio negociado con los Estados Unidos.

Oscar Campos, dirigente de CONARROZ, indicó que “...el sector arrocero nacional no avala lo acordado por el Gobierno de la República en este Tratado y lo pactado hoy por el Gobierno en este Tratado, atenta no solo contra el sector arrocero nacional, sino que compromete el futuro, la seguridad alimentaria básica de todos los costarricenses”.

El representante de CONARROZ denunció que los intereses del sector productivo arrocero no fueron tutelados en el proceso de negociación: "El cuarto adjunto fue la más artera forma de engañar a los sectores que ahí participaron. En el caso de los arroceros, los tuvieron hasta las diez de la noche del último día, de la última ronda, para decirles a esas horas de la noche que no se iba a poder acordar nada de lo pactado. Entonces, todas las rondas y todos los cuartos adjuntos fueron una gran farsa", dijo.

Durante la exposición Oscar Campos criticó "La renuncia explícita que se hace en el TLC a la posibilidad del uso de la salvaguarda especial agrícola, el Acuerdo 5 del Acuerdo de Agricultura", el cual sostuvo "reduce la capacidad de defensa del sector agrícola sensible, no solo arroz, sino de todos los sensibles”.

PROTESTA ANTE COMISION

En la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del viernes 28 de julio, el diputado José Merino protestó, ante las declaraciones públicas del ministro de Comercio Exterior. A continuación sus palabras:

"Yo quisiera, en primer lugar, dejar sentado, en esta Comisión, mi protesta categórica contra el señor Ministro de Comercio Exterior, a quien la prensa le atribuye hoy unas declaraciones ofensivas para esta Comisión, para diputados que formamos parte de esta Comisión.

El señor Marco Vinicio Ruiz anuncia que va a gastar en los próximos días cientos de millones de colones para emprender una campaña de desprestigio contra los sectores y los diputados que nos estamos oponiendo al TLC, y me acusa a mí, también al diputado Alberto Salom, de estar orquestando una campaña contra el TLC.

El único que está orquestando una campaña contra el TLC, con el dinero de todos los costarricenses, es el Ministro. COMEX y PROCOMER han gastado, en los últimos tres años, mil trescientos millones de colones en una campaña publicitaria, con tesis solamente a favor del TLC, con dineros que todos los contribuyentes de este país pagamos.

Señor Ministro, venga aquí, yo le reto a tener un debate conmigo, a ver quién está orquestando campañas a favor o en contra del TLC y con qué recursos.

Yo espero incluso que esta Presidencia le llame la atención para que el señor Ministro no se entrometa de manera tan grosera en los trámites que lleva a cabo otro Poder de la República sobre el Tratado de Libre Comercio."

COMEX DEBE ABSTENERSE DE INTERVENIR EN DEBATE LEGISLATIVO SOBRE TLC*

“Es absolutamente inaceptable que se dediquen recursos del presupuesto público para desatar una ofensiva mediática contra los diputados, instituciones y sectores sociales que cuestionan la ratificación legislativa del TLC con Estados Unidos” afirmó José Merino del Río.

El Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, arremetió en particular contra los diputados Alberto Salom y José Merino, al hablar de una supuesta “campaña orquestada” por ambos, mientras anunciaba “una nueva ofensiva por el TLC”.

José Merino afirmó que “el único que está orquestando una campaña es el ministro a través de COMEX, utilizando para ello el dinero de los costarricenses”. Agregó que “Mientras COMEX y PROCOMER han gastado más de 1.300 millones de colones en la promoción a favor del TLC, por otra parte la Contraloría General de la República denunció que el COMEX no ha cumplido con la ley que le obliga a evaluar el impacto de los tratados de comercio vigentes, y el Ministro aduce que para eso no tiene dinero”.

El diputado del Frente Amplio dijo que es necesario analizar a qué sectores defendió el actual Ministro, cuando participó en las negociaciones del TLC como dirigente de la cúpula empresarial.

“El momento de COMEX pasó con más pena que gloria” siguió diciendo Merino y explicó que “las autoridades anteriores mal negociaron el tratado” sin respetar las sugerencias u opiniones autorizadas de sectores productivos, profesionales, académicos, sociales y políticos, y esto va quedando evidenciado cada vez con mayor claridad en las comparecencias ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

“Trato de entender la desesperación del Ministro y el Gobierno en una situación donde las razones del sí van perdiendo fuerza, pero eso no justifica una multimillonaria intervención del Poder Ejecutivo en un debate que corresponde a la Asamblea Legislativa y mucho menos cuando está dirigida contra determinadas instituciones académicas o representaciones sociales y parlamentarias”, agregó.

*Comunicado de Prensa del Frente Amplio