jueves, julio 20, 2006

CONSULTA A INDIGENAS TENDRA QUE ESPERAR

Diputado José Merino critica la consulta a fuentes externas como forma de desacreditar el informe de Servicios Técnicos.

JAVIER CÓRDOBA MORALES
Semanario Universidad

Edición 498, del 20 al 26 de julio 2006

Al menos una semana más tendrá que esperar la resolución definitiva sobre la consulta del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos a los pueblos indígenas con base en el convenio 169 de la OIT.

En la sesión del lunes 17 de julio , el diputado del Frente Amplio, José Merino, reiteró una moción en la Comisión de Asuntos Internacionales, encargada de dictaminar el TLC, para que se haga la consulta a nuestros primeros pobladores, tal y como lo recomendó el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (UNIVERSIDAD, N° 1674).

"En un estudio de aquellos aspectos del tratado que podrían ser susceptibles de consulta obligatoria para las comunidades indígenas, Servicios Técnicos concluye que: "el Tratado de Libre Comercio, en virtud de contener disposiciones normativas que pueden afectar directamente a los pueblos indígenas, debe ser consultado a estas comunidades", citó el diputado.Merino rechazó la idea de solicitar dos opiniones adicionales sobre el tema, hecha por la presidenta de la Comisión, Janina Del Vecchio, ya que "eso busca desacreditar los argumentos presentados por Servicios Técnicos".

Los especialistas citados por la presidenta fueron el despacho del Ministerio de Comercio Exterior y el abogado constitucionalista Rubén Hernández, quienes emitieron su opinión contraria a la consulta.

"Ha llegado a la comisión una correspondencia particular (...), que parece ser prácticamente copiada una de otra, son prácticamente iguales en sus argumentos, pero vienen a esta comisión como argumentos de autoridad para tratar de desacreditar el informe del Departamento de Servicios Técnicos," dijo Merino.

"Ojalá que este mismo celo fuera aplicado cuando Servicios Técnicos dijo que se necesitaban 29 votos para aprobar el Tratado de Libre Comercio, y hay fuerzas que creen que ese es un informe tallado en piedra", advirtió Merino.

Además del Convenio 169, Merino presentó la opinión de Rubén Chacón, especialista en legislación indígena e investigador de la Universidad de Costa Rica; así como una consulta hecha por la Asamblea Legislativa a la OIT en el 2002, respecto de la ratificación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV).En su respuesta a los entonces legisladores, la especialista de OIT, Gabriela Olguín, no duda en recomendar la consulta a los pueblos indígenas con base en el Convenio 169, siempre que alguna medida pueda afectar a esta población.

MOCIÓN EN ESPERA

Al someter la moción a votación, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Lorena Vázquez, solicitó a Merino retirar su propuesta para formarse un mejor criterio antes de votar, ya que desconoce el informe de Servicios Técnicos.

"Desafortunadamente no estudié el informe, no quiere decir que no me haya llegado. Yo le sugiero retirarla a efectos de poder estudiarla y ver mi valor del voto, porque no lo tengo claro", argumentó Vázquez.

Ante esta solicitud, el diputado del Frente Amplio la retiró pues considera que puede ser importante ganar un voto más para la consulta; por eso esperará un par de sesiones más para asegurarse de que estén todos los documentos y se pueda realizar al votación.

En caso de que la consulta sea rechazada, Merino afirmó que enviaría el caso a la Sala Constitucional en su momento, ya que se estaría incurriendo en un serio error de procedimiento.

lunes, julio 17, 2006

TRAMITE ACELERADO DEL TLC SERIA FRENADO POR PUEBLOS INDIGENAS

-Convenio de OIT obliga a consulta

Informa-tico.com
Edición #108, 17-07-06

El trámite acelerado del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos que impulsa la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa podría ser frenado por una consulta obligada a los ocho pueblos indígenas de Costa Rica, de acuerdo con una solicitud realizada por el diputado del Frente Amplio (FA), José Merino.

El pedido de Merino no fue acogido por la Comisión de Asuntos Internacionales, encargada de tramitar el TLC, pero días después, el 29 de junio, el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso declaró que los indígenas deben ser consultados.
El documento de 15 páginas del Departamento de Servicios Técnicos fue firmado por su directora, la ex diputada Gloria Valerín, quien se mantiene en su puesto, pese a versiones que al principio del gobierno de Oscar Arias señalaban que el Nobel de la Paz la había tentado con un cargo diplomático para que no "estorbara" en el trámite del controvertido tratado.


Aunque la recomendación de Servicios Técnicos no es de acatamiento obligatorio para la Comisión de Asuntos Internacionales que dirige la jefa de la fracción del PLN, Mayi Antillón, Merino podría recurrir a la Sala Constitucional para que obligue a cumplir tratado internacionales que cobijan los derechos de los pueblos indígenas, según fuentes legislativas.

Convenios internacionales obligan a consulta

La obligatoriedad de la consulta a las ocho etnias indígenas costarricenses, que suman alrededor de 75.000 personas, asentadas en 24 regiones del país, se debe a que Costa Rica es suscriptora de del Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dicho Convenio ha sido considerado por la Sala Constitucional como un instrumento internacional jurídico exigible, mediante el cual se garantiza el goce pleno de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, y les reconoce condiciones económicas, sociales y culturales, de acuerdo con el pronunciamiento del Departamento de Servicios Técnicos.

Según el Convenio, los indígenas deben ser obligatoriamente consultados cuando se vaya a dictar alguna ley, tratado o convenio que "pueda afectar directamente a las comunidades indígenas en su identidad de pueblos, así como en los derechos y libertades que le pertenecen".

A tenor del Convenio de la OIT, los indígenas no solo gozan de los derechos y libertades que consagra la Constitución, sino que se les reconocen como derechos que le son propios por su grupo étnico y cultural, tales como: el derecho a la libre determinación; derecho a la propiedad control y gestión de sus territorios, tierras tradicionales y recursos naturales; derecho a ejercer sus costumbres y su derecho consuetudinario; derecho a ser representados y consultados a través de sus propias instituciones; derecho al desarrollo de sus tierras; y el derecho a controlar sus conocimientos tradicionales y participar en los beneficios de su uso.

Según el Departamento de Servicios Técnicos, la ratificación del TLC por el Congreso representaría un duro golpe para una comunidad de 75.000 indígenas que ya de por sí sobreviven en difíciles condiciones.

El TLC, según el estudio, podría poner en manos de transnacionales el derecho exclusivo sobre semillas y especies vegetales, que los pueblos indígenas utilizan para cultivo alimentación y medicina.

Además, las semillas no se podrían guardar, intercambiar ni resembrar, y el mejoramiento tradicional de las plantas realizada por los indígenas mediante la conservación de la semilla de su cosecha, e intercambio, no será posible si sobre esa semilla o especie vegetal existe un derecho de propiedad intelectual, denominado en el TLC como derecho de fitomejorador.

El estudio señala también que las empresas transnacionales que se hagan el control del mercado de las semillas podrían "apropiarse indebidamente, mediante derechos de 'obtentor', de los conocimientos, derechos y recursos de los pueblos indígenas, si no se les brinda una efectiva protección a estos grupos étnicos".

Servicios Técnicos subraya que "un indígena hoy tiene derecho a guardar, mejorar, intercambiar y reutilizar sus semillas, a tener acceso a las plantas para efectos medicinales y a los recursos biológicos", pero con el TLC todo eso estaría en peligro.
"De acuerdo con el estudio del contenido normativo del TLC, existen disposiciones o medidas legislativas que con susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, en los capítulos referidos a: Inversión; Comercio Transfronterizo de Servicios; Derechos de Propiedad Intelectual y en el capítulo Ambiental", señala el análisis.

Complicado trámite

El trámite de consulta a los ocho pueblos indígenas (bruncas, cabécares, teribes, chorotegas, guaymies, hüetares y malekus), que viven en 24 territorios, no luce tan fácil como lo sería el de tramitar una comparecencia en el Congreso.

El Convenio 169 de la OIT, señala claramente la consulta se tendría que realizar "mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas (de los indígenas), cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente..."

El Convenio establece además que "dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional...".

Resoluciones judiciales indican que la Asamblea Legislativa tendría que consultar a las organizaciones de desarrollo integral de los pueblos indígenas, así como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y la Mesa Nacional Indígena.

jueves, julio 06, 2006

EL TLC Y LA IMPORTACION DE ARMAS*

José Merino del Río
Diputado Partido Frente Amplio

Los defensores del TLC con EE.UU. afirman que este tratado no afecta las potestades del Estado costarricense para regular o restringir el comercio de armas; sin embargo cada vez son más las dudas sobre lo negociado. Hay una en particular que hasta la fecha no han podido explicar. Si el TLC no lesiona la capacidad del Estado de limitar la importación de armas: ¿Por qué El Salvador, Honduras y Guatemala, excluyeron expresamente del tratado los “controles sobre las importaciones de armas y municiones”, establecidos en su legislación nacional?

En el Capítulo 3 del TLC se imponen a los países firmantes una serie de obligaciones como brindar “trato nacional” y no imponer “restricciones a las importaciones” de bienes (artículos 3.2 y 3.8). Como el tratado tiene fuerza superior a la ley, tales obligaciones prevalecen sobre la legislación interna de cada país, salvo aquellas normas contenidas en la lista del Anexo 3.2. Esta incluye leyes o reglamentos nacionales que serían incompatibles con las obligaciones citadas, pero que a los países firmantes se les permitió mantener.

Los tres países centroamericanos incluyeron sus respectivas leyes con “controles” sobre la importación de armas en el mencionado anexo. Mientras tanto, Costa Rica no lo hizo con su Ley de Armas y Explosivos, a pesar de que esta también establece limitaciones al libre comercio de armas.

El asunto se complica si comparamos nuestra Ley 7530 con la respectiva legislación de El Salvador y Guatemala, pues se comprueba que todas contienen disposiciones similares.

Los tres países establecen prohibiciones sobre la importación de armas de guerra (o “armas ofensivas”), químicas y biológicas. Es falso que solo Costa Rica lo haga. De hecho, Guatemala y El Salvador prohíben también el ingreso de otros artefactos como silenciadores, miras telescópicas y nocturnas, balas de goma, etc. Una prohibición de importar determinada mercancía es una forma extrema de restricción a las importaciones. Si las medidas que restringen parcialmente la importación de armas son contrarias al TLC, también lo serán aquellas que la impiden del todo.

Los tres países establecen excepciones a las prohibiciones anteriores en beneficio de entidades públicas (“nacionales”). La diferencia es que Guatemala y El Salvador autorizan a sus fuerzas armadas a importar todo tipo de armamento no prohibido en convenios internacionales y Costa Rica solo autoriza a sus cuerpos policiales y al OIJ ciertas armas prohibidas.

Los tres países establecen “controles” a las importaciones de armas permitidas, ya sea permisos, licencias o autorizaciones previas. Aquí, más bien, la legislación de Costa Rica, contiene mayores restricciones que las de sus hermanos centroamericanos. Se establecen requisitos adicionales en función de la cantidad de armas y municiones importadas (artículos 72 y 44). Además se prohíbe el ingreso de armas de “mala calidad”, según el criterio del Ministerio de Seguridad (artículo 71). De hecho, la Ley de Guatemala es mucho más permisiva que la nuestra.

De lo anterior se concluye que si los controles sobre la importación de armas (prohibidas y permitidas) contenidos en la legislación de El Salvador y Guatemala, pueden ser incompatibles con las obligaciones de “acceso a mercados” y “trato nacional” impuestas en el Capítulo 3 del TLC, con mucha más razón lo serían los controles establecidos en la Ley de Costa Rica.

Estos países tomaron las precauciones necesarias para resguardar sus controles en esta materia porque podrían ser cuestionados por las obligaciones impuestas en el TLC. No existe, pues, justificación válida para que nuestro país no lo haya hecho, salvo que lo que se pretenda con el tratado sea facilitar el ingreso de armas a nuestro país.

* Artículo publicado en los periódicos La República, La Prensa Libre, Extra y el Semanario Universidad.

miércoles, julio 05, 2006

LOS QUE NEGOCIARON EL TLC NO SABIAN NADA DE SEGUROS

-Las condiciones históricas que explican el surgimiento y la existencia del monopolio de seguros en Costa Rica, las ventajas de los servicios sociales que brinda el INS a la población y los efectos negativos que produciría una eventual aprobación del TLC con los Estados Unidos, fueron los temas principales de la exposición de la representación de la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior el lunes 3 de julio.

-Luis Salas Sarkis, Secretario General de UPINS y la CGT, dijo a los diputados que: "Si ustedes aprueban el Tratado de Libre Comercio, se rompe el monopolio de seguros en una forma total y absolutamente irresponsable. ¿Por qué? Porque el mismo Tratado establece que hasta enero del 2007 tiene que estar, o sea, para enero del 2007 tiene que estar la Superintendencia de Seguros ya creada. Pero eso sí, si se aprueba el Tratado de Libre Comercio mañana, simple y sencillamente, el mercado queda abierto sin superintendencia".

-El diputado José Merino intervino en el debate para rescatar la experiencia y las conclusiones de don Germán Serrano Pinto, ex presidente ejecutivo del INS, durante las negociaciones del TLC. A continuación sus palabras:

"Hay un libro de don Germán Serrano Pinto: “El TLC y los Seguros”, que debía de ser de lectura obligatoria para todos los habitantes de esta República, para saber qué es lo que se negoció y qué es lo que se entregó. Precisamente en esta Comisión, creo que ha habido miedo de aprobar que don Germán Serrano, que era presidente ejecutivo del INS cuando se negoció este Tratado, venga aquí y le explique al país y discuta con nosotros, él sabe de este tema.

¿Y qué es lo que nos dice don Germán Serrano? Nos dice que los seguros fueron negociados en nocturnidad y alevosía, sin luces y sin taquígrafos, que un 23 de diciembre, a la una de la madrugada, el grupo de "yupis” que negoció el TLC o que entregó los seguros, los recibieron media hora, a la una de la madrugada de un 23 de diciembre, a informarle al Presidente del INS lo que habían negociado.

Conclusión: dice don Germán Serrano: “Se negoció sin transparencia” y dice que parece increíble, en sus conclusiones, porque aquí está todo, es un señor que conoce, un señor honesto, un señor que conoce el negocio de los seguros. Dice: “A partir de lo expuesto, la conclusión...”, costarricenses, los que están en las barras, los que están escuchando ya estas horas, ya casi están a punto de dormirse, porque está sesionando esta Comisión, casi como los negociadores del TLC. “A partir de lo expuesto en este estudio, la conclusión general a que llegamos nos indica, que producto de ese proceso hermético de negociación caracterizado por el desconocimiento técnico de la materia por parte de los negociadores”. Los que negociaron no sabían nada de seguros, que vengan aquí ¡hombre!, a rendirle cuentas al país, cómo negocian una institución de 80 años y lo único que saben de seguros es el seguro que tienen ellos de automóviles o de seguro contra incendios en sus hogares.

Aquí está la verdad, don Germán Serrano Pinto está dispuesto a venir aquí a debatir con quien sea. Diputado Fernando Sánchez, usted tiene inquietudes muy serias, y me parece que muy honestas, pero hay que traer a esta Comisión a la gente que puede ayudarnos a tener un debate y entender qué es lo que se está discutiendo sobre el TILC. Lo que se negoció del TLC, dice que nosotros negociamos peor que el resto del Centroamérica, no teniendo ningún país de Centroamérica nada parecido a lo que es el INS.

Dice: “Solo en Costa Rica, en la democracia de Centroamérica, solo aquí nuestros negociadores nos dieron poca participación —solo aquí— e ignoraron las observaciones técnicas que les remitimos y que desarrollamos en pocos días con casi ninguna información sobre los textos en discusión”.

Esto es bochornoso, esto debe llamar a la indignación de los habitantes de la República. Dice, don Germán Serrano Pinto: “Nos parece inconcebible que los negociadores costarricenses hayan actuado con complacencia, permitiendo la inclusión del sector de seguros en el Tratado unos días antes de la fecha prevista como final, para el cierre de negociación”. Incluir una actividad económica que genera al año casi trescientos veinticinco millones de dólares americanos y que representa casi un 2% del Producto Interno Bruto nacional, a pocos días de negociación en una decisión apresurada. Decidir en esos pocos días la transformación de un sistema que por más de 80 años se ha consolidado en el país y cuya sensibilidad política requiere de análisis y consultas profundas, es un irrespeto —dice don Germán Serrano— a nuestra soberanía, los negociadores se halaron una gran torta, y el Parlamento de Costa Rica, no sanciona esa gran torta y que haga algo para evitar que se consolide, es lo mínimo que puede pedir el pueblo de Costa Rica a los diputados y diputadas si actuamos con seriedad y sentido de responsabilidad ante la historia y ante el país."


-Ante la petición de UPINS de ampliar el tiempo de exposición, el diputado José Merino presentó una moción para que comparecieran de nuevo la cual fue rechazada.

-El diputado Tinoco del PLN intentó, sin éxito, contraponer a las dirigencias sindicales. Salas Sarkis replicó de la siguiente manera: "Con respecto al referéndum de la calle. Mire, nosotros como organización sindical, vamos a hacer lo que nos obliguen a hacer para defender la seguridad social, es que ya nos han quitado demasiadas cosas, es que ya nos quitaron Fertica y se la vendieron a unos chilenos, se llevaron la tecnología y nos dejaron cuatro tarros herrumbrados ahí. Ya nos quitaron CEMPASA, se la vendieron a los trabajadores para democratizarla y ahora las acciones están en manos de mexicanos y se llevan todo el dinero para su país y nos quitan a nosotros nuestra Empresa CEMPASA; CATSA igual, y si vemos los estancos del Consejo Nacional de Producción, desde el momento en que desaparecen, los precios quedan a merced de dos grandes cadenas de supermercados. El problema es que ya nos han quitado demasiado, entonces ¿qué tenemos que esperar para salir a defender esto?, tenemos que esperar a que le pongan un candado a la Caja y que le pongan un candado al INS y que nos cierren todo... que volvamos otra vez a la “Ley de la Selva”. No queremos eso, nosotros no queremos, ni creo que la ANEP, ni nosotros, ni ninguna organización sindical esté fomentando la violencia, ni vaya a recurrir a la violencia, sino es obligada a ello."
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